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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 3 añosEl vale digital, un subsidio de $120 al mes, dirigido a miles de panameños y que empezó a entregarse en la pandemia, ya no tiene razón de ser, pues esta terminó hace bastante tiempo. Sin embargo, siguen destinándose decenas de millones a este fin, cuando atravesamos aprietos tributarios, pues hay un déficit que seguramente será difícil de superar. Con todo, el subsidio sobrevive, como el de la gasolina, que tampoco debería existir a estas alturas. La razón de ello son las elecciones. El PRD se niega a terminar con estos subsidios porque le teme al costo político, sin considerar que solo en el vale digital ya se han destinado más de $2,200 millones, suficiente para construir y equipar dos ciudades hospitalarias de primer mundo. Si seguimos el rumbo del PRD durante el próximo quinquenio nuestra seguridad financiera se verá comprometida pues nos ha endeudado como ningún otro gobierno. Y lo peor es que no hemos visto que se hayan hecho inversiones relevantes con ese dinero; lo usa para pagar gastos corrientes: planillas abultadas e inservibles; botellas y garrafones. Este es, sin duda, el gobierno más incompetente de nuestra historia.

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Hace 3 añosLa Ley de Contrataciones Públicas es de esas regulaciones que parece hacer aguas desde su aprobación, en el año 2006. Está llena de parches que el Órgano Legislativo suele aprobar con demasiada frecuencia, muchos de ellos importantes. Una de las modificaciones más recientes se hizo en los primeros meses de la pandemia, en 2020, con el fin de eliminar el requisito de la fianza de propuesta en todos los actos públicos cuyo precio de referencia no supere el medio millón de dólares. Este cambio tiene repercusión en el 92% ó 93% de los actos públicos del Estado, pues no sobrepasan esa cantidad. Si originalmente todos los proponentes –sin importar el monto del contrato– tenían que presentar fianza de propuesta, ¿por qué ahora no? Según el Gobierno, eliminar este requisito no perjudica al Estado, pues está cubierto con otras regulaciones. Pero es difícil creerle a los voceros gubernamentales, porque este era un instrumento de control y de obligatorio cumplimiento para todos, mientras que ahora el marco regulatorio ha sido relajado y no todos deben someterse a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio para que unos sí lo cumplan y otros no? Esto causa preocupación, porque siempre parece que se gobierna y se legisla atendiendo un criterio antojadizo, sin argumentos sólidos que lo justifiquen, o para hacerlo a la medida de un grupito.

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Hace 3 añosLa Fundación Espacio Cívico hizo un estudio sobre paridad de género en la Asamblea Nacional (AN) y sus hallazgos fueron reveladores, no solo porque tal paridad es prácticamente inexistente. En el estudio salió a relucir que el 82% de los cargos en la AN son “operativos”, mientras que solo el 18% son especializados: técnicos (14%), estratégicos (3%) y legislativos (1%). Estas cifras revelan la pobreza profesional en un órgano estatal que requiere personal altamente especializado, dado que es allí donde se elaboran y discuten leyes complejas y se modifican los códigos. Es probable que lo que pasa en la Asamblea sea el espejo de lo que ocurre con el resto del Gobierno, en el que la mayoría del personal carece de las habilidades que se necesitan en esos cargos, incluidos los de alta jerarquía. Muchos logran un nombramiento solo porque fueron donantes del presidente de turno o son miembros de un partido, pero no por sus méritos académicos o profesionales. ¿Qué pasaría si se hiciera un estudio semejante en el Ejecutivo? Quedaríamos horrorizados, pero explicaría por qué en esta administración hemos dado tantos pasos hacia atrás: porque el país está en manos de políticos y no de profesionales ni de técnicos.

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Hace 3 añosEn Panamá hay un número plural de subsidios creados solo con fines electorales o reeleccionistas. Se manejan con la intención de ganar simpatías pues no son fondos dirigidos, que responden a estudios que determinen la necesidad de quienes realmente los necesitan. Al contrario, están hechos para comprar apegos. Hay modos menos políticos para que las personas mejoren su calidad de vida, pero si alguien sugiere modificar esos programas, la reacción es el miedo de perderlos, porque en el fondo, muchos no calificarían como beneficiarios. Actualmente, hay un ministerio que en tan solo las vigencias fiscales de 2021 a 2024 habrá destinado cerca de mil millones de dólares a estos subsidios. Se trata del Ministerio de Desarrollo Social, que poco hace por el desarrollo social del país, salvo manejar el presupuesto de esos subsidios. Pero en lo que se refiere a la familia, sencillamente no puede estar peor; los números de la pobreza no mejoran, la violencia intrafamiliar y de género aumentan; no hay programas científicamente estructurados para prevenir la delincuencia juvenil o el pandillerismo; la deserción escolar también aumenta. Los subsidios no son sinónimo de desarrollo, sino de estancamiento si son mal dirigidos, como en la actualidad.

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Hace 3 añosSi bien el proceso electoral comenzó, aún no empieza el de la campaña electoral, que es cuando los partidos se enfrentan cara a cara. Aún así, desde ahora ya hay un candidato quejándose de que su mala fama se ventile en redes sociales y otras plataformas. Ya le puso una querella a un periodista porque suele recordarnos a todos lo que este sujeto fue y es, cosa que le molesta, al grado de pretender callarlo para que no lo haga nunca más. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese candidato en la campaña electoral? Basta que le recuerden el juicio de sus hijos en Nueva York, en el que ellos mismos lo delataron, o su polémico proceso por los pinchazos o sus bravuconerías acompañadas de certificados médicos para no ir a sus juicios o el caso Odebrecht, en el que están involucrados varios de sus ministros, delatados por operadores de la empresa brasileña y corroborado en sus cuentas bancarias en el extranjero, o que alguien muestre su foto o video cuando llegó esposado y extraditado de Estados Unidos. Nadie será presa más facil de atacar que el quejoso. Y por más campaña sucia que le puedan llamar, es la pura verdad. Si no le gusta que le asoleen su execrable pasado, haga lo que su esposa hizo con su candidatura a la Vicepresidencia.

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Hace 3 añosLa aplanadora del PRD y sus aliados en la Asamblea Nacional no solo insisten en modificar el Código Electoral cuando restan unos cuantos meses para la celebración de los comicios generales, sino que estos cambios están moldeados a su medida, con el ánimo de garantizarse espacios en la Asamblea y con ello, lograr suficiente apalancamiento que les permite tratar de controlar el Ejecutivo, tal como lo vienen haciendo desde hace años. Estas modificaciones carecen de toda legitimidad y son absolutamente inoportunas. Los partidos políticos tienen representación en el foro de reformas electorales, por lo que pudieron proponer estos cambios hace años, pero esperaron hasta ahora, no porque les interese un equilibrio, como alegan, sino porque responden a cálculos políticos que claramente perjudican a unos, mientras ellos salen ganando. Con estas modificaciones sin importar quien llegue al poder –incluyendo el propio PRD– el Ejecutivo será, una vez más víctima del chantaje y la extorsión. Además, el Tribunal Electoral ya ha advertido que está en contra de estas o cualquier otra reforma al Código por la cercanía de las elecciones. Entonces, ¿no es autoritarismo, imposiciones sin justificación ni legitimidad?

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Redacción de La PrensaHace 3 añosLas maniobras que han hecho los órganos Ejecutivo y Legislativo con el presupuesto nacional del Estado tienen un fin: la campaña electoral. Han inflado artificialmente el presupuesto para poder gastar a manos llenas. Al final, en el Gobierno saben que no podrán reunir semejante cantidad de dinero y se tendrán que hacer ajustes y cubrir gran parte del déficit con crédito o deuda. La careta se la han quitado pidiendo a los contribuyentes que paguen por adelantado sus tributos. ¿Por qué el apuro? La respuesta es bastante obvia: es dinero que necesitarán para financiar una campaña que está en el piso; para comprar las conciencias de los votantes. Y, al mismo tiempo, los diputados pretenden hacer cambios –con las elecciones a la vuelta de la esquina– al Código Electoral para adaptarlo a sus medidas y necesidades. Lo peor es que, frente a todo lo que está pasando, el resto de los políticos poco hace, no reacciona, no presiona frente a hechos tan escandalosos, cuyas consecuencias tendrían que enfrentar si llegaran al poder. La situación actual desafía toda realidad, pues es la primera vez que vivimos unas elecciones parecidas a las que organizaban los militares.

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Hace 3 añosLa denuncia de uno de los candidatos presidenciales contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia podría ser el boleto que pondría en el tablero electoral al PRD, ya que actualmente casi está fuera, pues su delfín está bastante lejos de ser puntero. En cambio, el candidato que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional quiere ayudar –sacando de la Corte a la magistrada presidenta– podría ser la solución a su permanencia en el poder. Desempolvar la denuncia deja al descubierto la maniobra, que aunque parezca jurídica, es decididamente política, dadas las convenientes consecuencias para dos partidos que comparten el ADN de la corrupción. Pero, por otro lado, si la institucionalidad de la Corte se fundamenta en la gestión de una sola persona, ello habla muy mal de nuestro sistema judicial, ya que pareciera que solo ella lleva el peso de administrar justicia. ¿Por qué esos dos partidos están preocupados en solo sacarla a ella y no a los demás magistrados? La maniobra de los oficialistas revela el poco interés que tienen en que se haga justicia y que prevalezca el Estado de derecho. Son una casta que solo busca privilegios, dinero e impunidad.

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Hace 3 añosEl candidato presidencial Ricardo Martinelli pretende que el Tribunal Electoral silencie a dos medios digitales y un periodista. Alega que publican campañas sucias y, en consecuencia, quiere que se les prohíba utilizar su nombre e imagen para ilustrar publicaciones. Tal denuncia es el primer indicio del autoritarismo de este sujeto, quien, de llegar a la Presidencia de la República, representará un serio peligro para la democracia y la institucionalidad. Si desde ahora pretende silenciar medios y periodistas, ¿qué podemos esperar de su gobierno? Y no nos quepa la menor duda de que también lo hará con cualquier ciudadano que lo critique, pues deja claro que solo habrá espacio para el elogio. Sus denuncias son una clara advertencia: si llega al poder, está dispuesto a amedrentar a todo el que le critique y no debemos sorprendernos si en un arrebato se le ocurre cancelar las elecciones de 2029. Empieza con silenciar a sus críticos y así terminará como Maduro en Venezuela o como la pareja de esposos en Nicaragua. La advertencia está sobre la mesa y el ciudadano que quiera engañarse con las evidencias en frente debe tener presente que luego no podrá lamentarse. Eso también será censurado.

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Hace 3 añosEn la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), la transparencia no es, ni de lejos, una de sus fortalezas. Esta semana, sin aviso ni transmisión en redes o YouTube, se aprobaron reformas al presupuesto nacional de 2024. ¿Por qué lo hacen? Nada lo justifica, considerando que las sesiones de las comisiones de la AN son públicas. Desde hace tiempo, se impide la presencia de periodistas en el salón donde se reúne esta comisión. En su lugar, transmiten en circuito cerrado las reuniones para que los comunicadores las vean en monitores situados en otro salón. Pero esta vez ni eso hicieron. Se escondieron, porque nada santo planeaban: en pleno año electoral, aprobaron fondos adicionales –más de $53 millones– para la descentralización, que no es más que plata para el clientelismo. En total, se hicieron ajustes al presupuesto por $780.2 millones, de lo que casi nada ha trascendido. Los diputados del oficialismo insisten en conducirse como delincuentes, sin testigos, ocultos, porque no pueden evitar ser lo que son: bribones y chanchulleros.

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