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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 3 añosComo si no hubiese un mañana, los funcionarios de alta jerarquía no miden las consecuencias de sus actos. Dos alcaldías –las de Panamá y Colón– han aumentado sus planillas, no solo en cantidad de empleados, sino en el monto que se paga. Por el mismo camino va la alcaldía de San Miguelito, donde no aumentó el número de funcionarios, pero sí el monto a pagar, es decir, el alcalde ha ordenado aumentos salariales, una decisión que, incluso, ha adoptado la Contraloría General de la República con algunos empleados de confianza ligados a la política. Estos no son más que actos de clientelismo, porque está comprobado que cuando se avecinan las elecciones, poco se hace en los despachos públicos, pues allí están más ocupados en mantenerse en el cargo que en ganarse el salario. Estos aumentos de planilla son altamente cuestionables, irresponsables e injustificables a la luz de las circunstancias. Los gastos han aumentado irracionalmente en el Gobierno central –lo mismo que en los gobiernos locales– y es muy probable que sean saldados con más deuda pública, pues las recaudaciones no dan para más. ¿Merecen reelegirse estos botaratas? Eso depende de nuestros votos.

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Hace 3 añosA la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) no le han importado en lo más mínimo los llamados de diversos sectores de la sociedad, incluso de magistrados del Tribunal Electoral (TE), para que detengan la incorporación de modificaciones y nuevos artículos al Código Electoral, cuando faltan menos de siete meses para la celebración del próximo torneo electoral. Han introducido cambios en el sistema de postulación de diputaciones por residuo –a fin de hacerlo a su justa medida– y a espaldas del TE, que ha estado ausente en las discusiones de estas reformas trasnochadas y oportunistas. Los diputados oficialistas y sus aliados en la dizque oposición, tienen más reformas en ciernes que moverían el tablero político a su favor, cambiando las reglas para darse ventajas sobre los demás. Es por ello que los magistrados del TE hicieron un llamado ayer para que la AN cese en sus pretensiones de reformar la ley electoral a estas alturas. Todos esperamos que detengan esta ola de reformas, cuya legitimidad es nula cuando el objetivo es darle ventaja a una de las partes y poner en desventaja al resto. Lo que están haciendo es, sencillamente, legalizar algo que huele a fraude electoral.

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Hace 3 añosEn un guiño al candidato presidencial designado corrupto, el oficialismo en la Asamblea Nacional ha empezado a dejar ver porqué hay tanto peso pesado en la Comisión de Credenciales, lugar donde se deciden los méritos para enjuiciar al presidente de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ayer decidieron ver el primer caso que tenían pendiente, uno que, precisamente, interpuso el candidato con el que algunos altos personeros del PRD quieren una alianza para garantizarse una reelección. La primera denuncia es contra la magistrada presidente de la Corte, a quien el mencionado aspirante presidencial le declaró la guerra desde el primer día que llegó a ese órgano del Estado. Es una maniobra burda, tan elemental que la única conclusión es que están desesperados porque el triunfo en 2024 se les va de las manos. Y, en un intento tan predecible como irracional y grosero, pretenden acomodar el tablero político –con efectos electorales– para que la maleantería se imponga a como dé lugar. Por más que intentan enmascarar sus intenciones, la manipulación del torneo electoral para ajustarlo a su medida no lo pueden ocultar, es más que evidente.

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Hace 3 añosUn expresidente que prometió que jamás se uniría al Parlamento Centroamericano ha roto su promesa, porque, convenientemente, busca un privilegio, uno que había descartado… hasta que se vio imputado en el caso Odebrecht. Es irónico, pues criticó a otros políticos por esta misma acción, y ahora él hace exactamente lo mismo. Y por más que trate de justificarse, los efectos de ser miembro del Parlacen son los mismos para todos: tanto para los que él criticó como para si mismo.

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Hace 3 añosCon sus excentricidades de siempre, el alcalde capitalino, que ha desarrollado una labor menos que mediocre al frente de esta comuna, nos ha salido ahora con que obras que debió terminar hace años nos costarán más de la cuenta ahora. Y hoy, para mostrar algún resultado de su gestión, a fin de capitalizarla en votos, terminará las que se iniciaron en el periodo anterior, pero con un valor muy superior, tanto como más del 50% del valor original. Mediante adendas a los contratos vigentes, los capitalinos terminaremos pagando unos $10 millones más que el precio pactado años atrás, como, por ejemplo, por el Parque del Norte, Mi Pueblito Interiorano o Sabores de El Chorrillo. Tan elevado es el costo final que seguramente habrá que revisar si la Ley de Contrataciones Públicas lo permite, ya que solo se admite un aumento de hasta el 40% por encima del precio original. Este alcalde, por haber sido un completo chasco, carece de los méritos para reelegirse. El electorado debería exigir a las autoridades que le pidan cuentas por su injustificada negligencia y que se haga responsable de estos sobrecostos.

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Hace 3 añosLa advertencia de la calificadora de riesgo Fitch Ratings no es algo para tomar a la ligera. Rara vez una agencia de calificación entra en detalles tan específicos, como mencionar el riesgo que implica reelegir un partido político o la incertidumbre que representa para el país el triunfo de un determinado candidato presidencial. En cuanto al desorden en las finanzas públicas y el presupuesto del Estado, es algo que todos sabemos y que muchos han advertido, pero los gobernantes miran para otro lado, porque, aunque conocen los riesgos, su prioridad es quedarse en el poder, cueste lo que cueste. La calificadora está advirtiendo con tiempo lo que ocurrirá si seguimos por este camino. La población debe aprender a pensar como un colectivo, no individualmente. Lo que es bueno para unos no necesariamente es bueno para todos. En otras palabras, no porque unos se hagan ricos significa que todos los serán. Por el contrario, es posible que se hagan más pobres y todos sabemos a dónde conduce eso. De poco vale tener riqueza en un país inseguro, donde no se puede vivir por el temor y la ausencia de políticas de Estado. La advertencia está sobre la mesa. La decisión, en nuestros votos.

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Hace 3 años“Procedimiento especial” para la carrera administrativa. Con ese término, el PRD nos pretende dejar en herencia a una tanda de funcionarios que han demostrado ser de todo, menos profesionales o competentes para ejercer un cargo público. Sabemos perfectamente cómo se nombran: basta una carta de recomendación de un diputado, donante o dirigente político igual de mediocre para obtener un puesto. Lo que urge es adoptar un mecanismo para contratar personal, en base a sus méritos. De esa forma se podría hacer un balance entre ineptos elegidos por el voto popular y técnicos y profesionales que saben lo que hacen y pueden trazar planes de desarrollo, ejecutarlos y darle continuidad en cada gobierno. Lograr una carrera administrativa basada en la meritocracia le daría legitimidad. Pero tal como está redactado el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de la Presidencia, no hacen falta dos dedos de frente para deducir lo que buscan. Los diputados siguen menospreciando nuestra inteligencia con proyectos que están hechos a la exacta medida del partido gobernante: pretenden quedarse así en el poder, después de perder las elecciones, y que todo el Gobierno sea su cuartel de invierno. A nadie engañan.

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Hace 3 añosLa Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (AN) decidió suspender, mediante la aprobación de una resolución, la discusión del proyecto de ley que enmarca el nuevo contrato con la minera de Donoso, que incluyó, además, una recomendación para que el Ejecutivo retire el documento. Si bien es una decisión sana, que podría calmar momentáneamente la animosidad contra ese contrato, lo cierto es que el procedimiento para suspender la discusión del proyecto está fuera de toda norma. El rechazo de una propuesta legislativa por la vía de una resolución no está contemplado en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la AN y, por tanto, esa iniciativa no tendría ningún sustento legal. El presidente de la referida comisión debió haber sometido el proyecto de ley a votación y, en caso de ser rechazado por la mayoría –que parece que es lo que pasaría–, debía ser devuelto con un informe explicando las razones de esa decisión. Los diputados no respetan ni su propio reglamento interno y son estos actos, que no tienen fundamento ni sustento, lo que luego provoca problemas legales por su conducta autoritaria y antojadiza. Si toman una decisión, deben hacerlo en regla y cumpliendo las leyes que ellos mismos aprueban.

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Hace 3 añosComo un barco sin brújula, sin guía ni rumbo. Así es cómo navega la nave del Estado. Pero ese no es un asunto que les robe el sueño a los gobernantes; por el contrario, puede provocarles un gran bostezo, porque su prioridad nunca ha sido la gente, sino ellos mismos. En este momento, Panamá carece de estadísticas básicas, cifras, estudios o puntos de referencia que puedan utilizarse para trazar de forma científica las políticas de Estado. Sin eso, lo que hacen los gobernantes es improvisar y practicar la complacencia clientelista. Han abandonado la prevención y solo actúan empujados por las crisis que provoca, precisamente, esta ausencia de dirección, de planes y de políticas públicas. Tan mal están las cosas que el propietario de una abarrotería planea mejor sus necesidades que esta pandilla de zánganos. Es por ello que todo está haciendo crisis: salud, seguridad, deuda, educación. Todo está fuera de control, porque no hay forma de medir sin información ni números. El colmo es que a la poca data disponible tampoco le hacen caso. Urge que se generen cifras, al margen de que nos den malas noticias. Al menos así sabremos qué tan profundo es el abismo al que nos dirigimos.

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Hace 3 añosMuchas explicaciones nos deben las autoridades, así como la Asamblea Nacional, responsable de una actividad en la que ha resultado agredida sexualmente una jovencita de 17 años de edad. Es intolerable que sucedan estas cosas, cuando padres de familia han confiado la custodia temporal de sus hijos. Lo menos que esperamos del Ministerio Público es una investigación diligente, prolija y con apremio, que dé a la brevedad posible con el o los responsables de haber destrozado emocionalmente a una adolescente, sin contar el cobarde acto de agredirla sexualmente, por lo que también deben pagar. Y ojalá los políticos no se metan en este asunto ni protejan al que resulte responsable, porque si se llega a saber, también serán objeto de la más enérgica condena pública por su complicidad.

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