TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 3 añosTal como lo reconoce el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Colón, esta provincia no figura en las prioridades de casi ningún gobierno y, aunque sus ciudadanos busquen un cambio, la oferta electoral sigue siendo igual de perversa cada cinco años, por lo que tampoco pueden impulsar cambios desde plataformas políticas, pues elegir a los mismos va en dirección contraria a los necesarios y profundos cambios que necesita Colón. En consecuencia, si los habitantes de Colón están agobiados por el desempleo, por la delincuencia común y organizada y por la desidia de los gobiernos, les toca ahora a ellos hacerse cargo de su destino e involucrarse seriamente en ello. De lo contrario, la migración desde la provincia no se detendrá y los grupos delincuenciales que amenazan la seguridad de los ciudadanos, de las empresas y del propio gobierno habrán ganado una batalla que los hará más fuertes, con potencial de expandir sus actividades al resto del país. Basta que las cosas sigan como están en Colón para que la delincuencia termine de tomarse la ciudad, sus suburbios y sus costas. O hacen algo –sin esperar mucho apoyo del Gobierno– o terminarán sus días lamentando no haberlo hecho a tiempo.
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Hace 3 añosEl manifiesto de la Autoridad Nacional de Descentralización, en el que justifica el desvío de más de $200 millones para juntas comunales y alcaldías al margen de lo que establece la legislación vigente, es una vergüenza y evidencia la poca importancia que le acredita a la ley que debe guiarlo y a la opinión pública, que exige explicaciones del uso de esos fondos y los criterios con los que fueron otorgados. En su lugar, divulga una explicación plagada de falsedades y elogia un papel de fiscalización de la Contraloría que nunca ha existido, al menos en estos misteriosos gastos. De hecho, no señala una sola obra que se haya hecho con esos fondos; no especifica cómo ni porqué fueron entregados los dineros y mucho menos da una prueba de transparencia en todo el proceso. Tal parece que esa explicación fue escrita con el único propósito de decir algo, pero no la verdad. Una vez más, instamos al contralor a cumplir con su deber de fiscalización de los recursos públicos. El mal uso de esos fondos ya lo vivimos una vez con las revividas partidas circuitales en el gobierno de Ricardo Martinelli y ahora experimentamos una situación similar con la “descentralización paralela”, ambas perdidas en el metaverso del contralor.
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Hace 3 añosTodavía no sabemos qué pasó con las 19 mil ampollas de fentanilo que “desaparecieron” -en palabras del propio director- y ahora nos enteramos de que otro medicamento, usado para combatir el dolor, ya no está en la Caja de Seguro Social (CSS). Esta institución es manejada de forma tan negligente, que es un milagro que siga prestando algún tipo de atención médica o servicio administrativo. Una vez más, es obligante exigir que el director de la CSS salga de la institución, que renuncie de una buena vez, pues tanto desgreño es imperdonable y mucho más que se crea que todo está bien y que no tiene que rendir cuentas sobre lo que hace o no en la CSS. A ello tenemos que agregar que los problemas financieros de los programas de la institución siguen ahí, agravándose, sin que intervenga nadie, ni siquiera los miembros de la junta directiva, que deberían velar por los asegurados, pero se comportan como políticos que quieren repartirse un pastel y tapar -como si eso fuera posible- la grave situación que se acumula en la institución. Si este sujeto sigue al frente de la CSS, no esperemos nada bueno. Todo indica que estos asuntos empeorarán.
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Hace 3 añosCuando falta más de un mes para elegir al próximo presidente y la junta directiva del Órgano Legislativo, el presidente del partido con mayor representación en la Asamblea Nacional ha convocado a los colegas de su colectivo para elegir a los candidatos. El próximo será el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional correspondiente al quinquenio 2019-2024, un año preelectoral en el cual, para colmo, suelen ocultar las cosas mal hechas o los actos poco ortodoxos que distinguen a nuestros diputados, como pagar los favores que deben o reclutar al personal –con cargo a la Asamblea, por supuesto– para que ayuden en las campañas de reelección de algunos diputados o se desempeñen como coordinadores de actividades con dinero del Estado con fines proselitistas. Es muy sospechoso que, con tanta antelación, se elija al candidato a presidente de la Asamblea, cuando de antemano sabemos que el resto de los partidos minoritarios no tiene oportunidad frente a la aplanadora de la alianza oficialista, a la que se le unen con regularidad algunos diputados que se denominan de oposición, aunque no lo son. Así, pues, no cabe duda de que algo trama el presidente del PRD y, por sus antecedentes, seguro no es nada bueno.
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Hace 3 añosSi hay algo que ha quedado muy claro en el juicio que se inició ayer en el caso New Business, es el deseo de al menos uno de los acusados de que no se celebre bajo ninguna circunstancia. Tanto así que ayer, en un intento por detener el juicio, se buscaron a un abogado que no guarda ni una relación con este proceso, pero que hace 17 años mantuvo una relación con la juez de la causa. Este abogado –cuya única carta de presentación es ese hecho fortuito– también pidió absurdamente posponer el juicio para conocer el expediente, sin contar el patético papel que representó al reconocer que no conocía el caso o, en medio de la audiencia, pedir recesos para sus necesidades fisiológicas. A cualquiera de los abogados de su “dream team” seguramente le paga en un día lo que gana el fiscal en un mes, para supuestamente obtener la mejor defensa, pero lo que vemos son bribonadas legales de pésimo gusto; ruines acciones que delatan una cobardía sin parangón; faltas elementales a la ética, y una ausencia de dignidad y de actuación profesional que raya en lo vomitivo. Sus abogados dejarán huellas, sí, pero no por lo brillante de su defensa, sino por convertirse en clones de su pusilánime e impresentable cliente.
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Hace 3 añosLa consistencia de la institucionalidad en Panamá es tan débil que continuamente los gobiernos no pueden hacer frente a sus obligaciones –incluso, las consignadas en la ley–, pues las prioridades se han redireccionado, no para beneficio de la población, sino de unos pocos políticos que ponen por encima del bien colectivo sus propios intereses. Y es así cómo, del presupuesto de la Nación, se destinan cientos de millones de dólares a fines que desconocemos y sobre los cuales nadie rinde cuentas. Este es el caso, por ejemplo, del hemocentro nacional, creado mediante ley en 2018, para captar donantes, almacenar y distribuir hemocomponentes a los servicios de sangre de todo el país. Por ahora todo parece indicar que el proyecto, que fuera iniciativa del propio Ministerio de Salud, como tantos otros, ha quedado en nada. El próximo 30 de mayo se cumplirán cinco años sin que las disposiciones de esa legislación se hayan cumplido. De hecho, todo apunta a que no tendrá presupuesto en el futuro inmediato. El Minsa ha informado que este es un proyecto que, para ponerlo en marcha, necesita $36 millones que no tiene. Pero para hacer política, sobran los millones. Es la descarnada deshumanización en su más pura expresión.
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Hace 3 añosRendición de cuentas y transparencia es lo que le falta al Gobierno en todo lo que hace, incluyendo el manejo y asignación de los fondos de la Autoridad Nacional de la Descentralización. Son más de $200 millones en subvenciones, pero sin constancia de su destino final. Lo que sí se sabe es que el grueso de ese dinero fue entregado a las juntas comunales y alcaldías bajo control del PRD, que fue repartido fuera del procedimiento que dicta la Ley de Descentralización, que se entregó con criterios abiertamente arbitrarios y muy lejano de la equidad que exige la legislación vigente. Este escenario no es nuevo. Ya habíamos visto algo muy parecido en el gobierno de Ricardo Martinelli y, aunque el actual contralor recibió luz verde de la Corte Suprema de Justicia para auditar los cientos de millones de aquel entonces, se ha negado a hacerlo, como tampoco ha movido un dedo para averiguar en qué se han gastado ahora las asignaciones hechas fuera de los procedimientos de la Ley. La Contraloría quedará como cómplice de todo lo que se sepa sobre el mal uso de estos dineros, pues es inaudito que se porte como un cadáver: no ve, no oye, no siente ni hace nada.
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Hace 3 añosUn grupo de 18 funcionarios del Órgano Judicial y ciudadanos que actuaron como jurados de conciencia ha sido condenado en primera instancia, por recibir sobornos a cambio de decisiones judiciales favorables a imputados, incluyendo presuntos homicidas. Los incitadores de estas ilegales prácticas eran conductores asignados a un tribunal superior que, entre sus tareas, figuraba trasladar a los jurados de conciencia, lo que facilitó la oportunidad para delinquir. Imaginen todo lo que se puede conversar en medio de un tranque vehicular. Estos conductores tenían su propio quiosco de ofertas judiciales, sin importarles liberar a sospechosos de asesinato. A pesar de las confesiones de los jurados condenados, aún se desconoce si las sentencias producto del pago de sobornos serán revisadas, algo que debió hacerse desde el momento en que confesaron su delito. El Órgano Judicial ha debido actuar, pero no ha sido así, lo cual establece un precedente nefasto para futuros casos como este. Precisamente, este es el problema: el ejemplo. Para poner su propio “negocio” de sentencias y medidas cautelares, seguramente esos conductores han tenido que ver y oír lo suficiente como para haber pensado que, si jueces y magistrados hacen eso, por qué ellos no.
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Hace 3 añosEl Ministerio Público (MP) ha acreditado un delito de peculado en la ejecución del contrato para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra adjudicada a la empresa Transcaribe Trading (TCT) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2004-2009). Entre los acusados hay dos de sus ministros de Obras Públicas. No es la primera vez que estos personajes serán enjuiciados, pues también están entre los acusados del caso Odebrecht, empresa que en ese gobierno –así como en los de antes y después– obtuvo contratos (coima mediante) que sumaron miles de millones de dólares. El MP presentó no uno ni dos, sino tres informes de auditoría, los cuales tienen en común la acreditación de sobreprecios en la ejecución de la obra y el incumplimiento del pliego de condiciones, por lo que también se acusa a los exministros de incumplir sus deberes en la fiscalización de la obra. Su negligencia prueba que estos “servidores” estaban más ocupados en servirse a sí mismos que en atender sus deberes. Esos casos deberían ser vistos como advertencias para los ministros de hoy, cuya falta de rendición de cuentas podría contar una historia con un final similar al de sus excolegas.
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Hace 3 añosNo parecen ser coincidencias las recaídas del expresidente Ricardo Martinelli, por supuestas enfermedades. Más bien revelan un patrón, ya que parecen estar perfectamente sincronizadas con las fechas de los juicios de sus procesos legales. Cada vez que el exgobernante debe acudir a una audiencia, nunca falta alguna dolencia, una cirugía o un certificado médico, con la nada velada intención de ausentarse de los juicios y así dilatar sus procesos judiciales. Parece que su equipo de defensa no solo está compuesto de abogados, sino también de médicos, dispuestos a jurar que este imputado está a punto de viajar al más allá si alguna vez es obligado a acudir ante un juez. El Órgano Judicial ha sido flexible, generoso y complaciente con este sujeto que, cuando no tiene un juicio en agenda, brinca, baila, canta y rumbea como pocos. Su actitud es claramente un desafío a jueces, magistrados, fiscales y al país entero, quienes soportan estos comportamientos sin que haya alguien que ponga fin a tantos abusos. Y Martinelli, además, no esconde nada: la burla está a la vista, pues no tiene problemas en jactarse de sus actuaciones escénicas en las redes sociales. Y si es verdad que su salud está tan comprometida, no debería siquiera considerar postularse para un cargo que demanda tanta entrega y compromiso.

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