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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 3 añosEl brutal deseo de control del PRD ha empezado a reflejarse en el Canal de Panamá, donde la política empieza a penetrar a su junta directiva. El ministro del Canal, un expresidente que sirvió a la dictadura militar hasta su famoso “gargantazo”, le exigió la renuncia a un miembro de la junta directiva de la ACP. No sabemos si esto ha pasado antes, pero es la primera vez que escuchamos que un director exterioriza que le han pedido que se marche. Y no es que antes no hubiese motivos graves para hacerlo respecto a otros directores, pero eso nunca ocurrió. Nadie se atrevió. Se supone que el Canal debería estar marginado de la política, pero está claro que el PRD está haciendo esfuerzos para quedarse con el control de su directiva por los próximos años, razón por la cual buscan que “renuncie” uno de los miembros designados en el gobierno anterior. La pregunta es si el presidente de la República está al tanto de esta jugada, porque aunque su ministro lo niegue, una maniobra tan delicada y sin precedentes no debería llevarse a cabo sin que él lo sepa. Y si lo ignora, entonces debería detener este atropello y dejar claro a los ciudadanos que no permitirá la injerencia de la política partidista en el Canal. Ojalá esta vez tenga buen juicio.

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Hace 3 añosEn la película Todos los hombres del presidente, que dramatiza el escándalo Watergate, la frase “Follow the money” (“sigue el dinero”) es atribuida a la famosa fuente secreta “Deep Throat” (“Garganta Profunda”), de los periodistas de The Washington Post. Y, efectivamente, para conocer la verdad, hay que saber el origen y destino del dinero.

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Hace 3 añosEl mecanismo ideado para dotar a alcaldías y juntas comunales de fondos públicos por procedimientos que son fruto de la discrecionalidad de algunos funcionarios ha permitido el desvío de decenas de millones de dólares, cuyo reparto, a juicio de varias fuentes, responde a criterios meramente electorales. No es una fórmula nueva, ya que en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) este mismo procedimiento sirvió para hacer llegar más de $400 millones a juntas comunales que el contralor actual se ha negado sistemáticamente a auditar, pese a tener esta prerrogativa, reconocida por la Corte Suprema.

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Redacción de La PrensaHace 3 añosLa ciudad de Panamá –donde está la mayor concentración de vehículos a motor y el mayor relleno de basura del país– carece de una red de vigilancia de la calidad del aire. No es que no tuviera antes, sino que desde hace unos diez años se perdió por su natural deterioro. No habiendo fondos para su mantenimiento ni para comprar nuevos equipos, la red existente ya no sirve. Es increíble que, aunque la red de vigilancia de la calidad del aire tuviera su propia ley, –que data de 1996– lo dispuesto en su texto sobre gastos de instalación, funcionamiento e inversión no se haya cumplido, al punto de que tuvo que ser la Universidad de Panamá la que financiara estos gastos, aunque eventualmente la red colapsó por falta de un sostenimiento económico para el programa. Reponer estos equipos costaría ahora $1 millón, más el costo de contar con personal especializado y un programa de mantenimiento. Pero este gasto se hace necesario, dado que hay pruebas consistentes de organismos internacionales que advierten que la calidad del airte en esta ciudad está lejos de ser óptima. El Gobierno tiene que afrontar estas inversiones cuanto antes, pues no se puede prevenir sin saber qué tan peligrosas son las amenazas.

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Hace 3 añosSi hay una palabra que define el desempeño del actual contralor general es ineficacia. No solo incumple sus deberes de fiscalización como servidor público, sino que ha promovido leyes que le restan autoridad a la institución que él dirige. Su gestión ha sido un vergonzoso fracaso. Es evidente que cuando la Asamblea Nacional le ofreció el cargo hubo un quid pro quo que ya no es un secreto: el cargo a cambio de convertir a la Contraloría en un policía sin placa o un arma sin municiones.

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Hace 3 añosEl Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) –que actúa como brazo ejecutor de la recién reelecta rectora de esa casa de estudios– es una vergüenza y una amenaza contra la libertad de pensamiento y expresión. Se ha atrevido a amenazar a un decano y docente -cuyo pecado fue enfrentarse a la rectora en las pasadas elecciones y expresar públicamente lo que piensa- con echarlo de esta institución, porque en sus entrevistas con los medios de comunicación se ha expresado no contra la Unachi, sino contra su rectora y el perverso sistema que hace que se mantenga al frente de esta universidad pública y donde sus adláteres reciben salarios de primer mundo y nombran a su parentela como si fuera una finca familiar.

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Hace 3 añosPanamá es un país de altos contrastes. Sor Lourdes Reiss, la directora del Hogar San José de Malambo, hizo maravillas con cada escaso dólar que recibió para esta institución que le cambió la vida y rescató a cientos de niños. Fue una persona comprometida con su causa, a la que le dedicó 60 años de su vida. Su muerte es una indudable pérdida para la niñez vulnerable y en situación de riesgo, pero también para el país, pues su ejemplo trascendió las paredes de Malambo.

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Hace 3 añosUna sociedad vinculada a un diputado del PRD ha recibido del Ministerio de Comercio e Industrias una concesión para la explotación de piedra de cantera, que, a propósito, es vendida a empresas con adjudicaciones de proyectos carreteros en su circuito electoral y que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde la hija del diputado de marras es la viceministra. El diputado ha tenido el cuidado de que las sociedades vinculadas a él –y en negocios con el Estado o con empresas que llevan a cabo obras públicas– no figure él, pero los que sí figuran en su lugar no hay duda de que son parte de su círculo familiar o de trabajo. Y es aquí donde debemos preguntarnos por qué, si no hay nada de malo, se deben atravesar una o dos capas de dignatarios antes de poder llegar hasta donde él. ¿Por qué sus negocios se vinculan a obras que llevan a cabo terceros, contratados por el MOP, donde su hija es la segunda al mando? No es difícil adivinar la razón, como tampoco es un problema deducir por qué tiene que esconderse a la sombra de su familia o empleados. Si es valiente para hacer negocios con el Estado, también debería serlo para dar la cara.

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Hace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia es consistente en sus fallos absurdos sobre la denominada “prueba idónea”, necesaria para procesar a los diputados. Y es que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó lo que sus funcionarios presumieron era una operación de lavado de dinero, a través de una empresa en la que una diputada es accionista. El informe de esta operación fue enviado al Ministerio Público (MP), pero como los señores diputados no pueden ser investigados por una fiscalía ordinaria –como sucede con cualquier mortal–, el expediente fue enviado a la Corte, que es donde se procesa a los diputados. Pero resulta que los magistrados reprocharon el hecho de que el MP no realizó ningún tipo de investigación preliminar que revelará una situación más allá de la sospecha que planteó el informe de la UAF. Y he aquí el asunto: si el MP investiga, la causa puede ser anulada por la Corte, precisamente por aquello de que esta es la única instancia que puede investigar a los diputados, pero, al mismo tiempo, la Corte reclama por una investigación que le proporcione la prueba del delito, sabiendo que los fiscales no pueden hacerlo. Y así, en este galimatías legal y jurisdiccional, los magistrados abonan y cuidan que la impunidad florezca sin ningún contratiempo.

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Hace 3 años“Los periodistas panameños críticos con las políticas gubernamentales y los que cubren los casos de corrupción, especialmente los escándalos financieros internacionales, están en el punto de mira de la justicia. La autocensura ha crecido, como lo han hecho los contratos de publicidad que el gobierno asigna a los medios digitales, lo que limita su independencia”. Así describe Reporteros Sin Fronteras, en su informe de este año, la situación del ejercicio del periodismo en Panamá. Las amenazas contra periodistas son de índole económica y judicial, pues medios y reporteros se exponen al secuestro de su patrimonio y a procesos por difamación. Evidentemente, ello hace que, en primer lugar, la libertad de prensa sea ahora una quimera y, en segundo lugar, que los ciudadanos no puedan acceder a información pública, en especial, sobre concesiones estatales, gastos de planilla, inversiones y subsidios; presupuestos de gobiernos locales, etc. El Gobierno ha impuesto el silencio a cada solicitud de información con potencial de escándalo, y ello ha encontrado eco en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El retroceso en materia de derechos humanos es peor cada día. Nos encaminamos a ser un Estado fallido.

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