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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 5 añosEl proyecto de ley para legalizar el cannabis para uso medicinal, que otorgará licencias para procesar y cultivar la marihuana, es algo que debe ser visto con ojos más críticos. Si los pacientes sienten que sus derivados medicinales sirven para su alivio, bastaría con importar estos productos de los países donde se fabrican. Es un trámite que es relativamente corto y solucionaría el problema de esta población. Sin embargo, cabe preguntarnos si el país —hablando técnica e institucionalmente— está preparado para vigilar y controlar lo que seguramente serán cientos de hectáreas de cultivo de esta planta. Solo hay que ver que una empresa interesada en estas licencias decidió pagar el viaje a funcionarios que tomarán decisiones al respecto, y estos lo aceptaron, como si no hubiese conflicto de interés. Nuestras instituciones atraviesan su peor momento: los políticos no respetan la ley y mucho menos la ética, por lo que tenemos que preguntarnos por qué este apuro, habiendo alternativas para los pacientes. ¿Acaso tenemos el mejor proyecto de ley para que la actividad que pretende regular no entre en conflicto con los esfuerzos para detener la actividad ilegal? Lo que hemos visto hasta ahora no son los mejores ejemplos.

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Hace 5 añosAl margen de si el cannabis es un remedio para enfermedades, el proyecto de ley que se discute actualmente en la Asamblea para aprobar legalmente su uso con fines medicinales no responde a la necesidad de pacientes, sino a iniciativas de empresas extranjeras que han hecho lobby no solo en la Asamblea, sino en el Ministerio de Salud (Minsa), cuyos funcionarios –que serán claves en lo concerniente a las regulaciones del negocio del cannabis– han aceptado viajes pagados a Estados Unidos por una empresa que luego deberán regular. ¿No es esto un claro conflicto de interés... y otra vez en el mismo lugar? Es evidente que los funcionarios del Minsa poco respetan la ética, pues ya hemos visto recientes casos que reflejan el mismo problema. En el caso del proyecto de ley del cannabis, una empresa interesada en obtener licencias para comercializar el nuevo “oro verde”, eligió cuidadosamente a funcionarios de varias dependencias del Gobierno que serían los que tomarían las decisiones sobre el cultivo, comercialización, importación y exportación de cannabis y sus derivados. A nadie le importa lo delicado del tema, pese a que hay de por medio intereses de empresas y servidores públicos cuyas acciones reflejan poco escrúpulo ético y moral.

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Hace 5 añosEl gobierno de Laurentino Cortizo vive aislado de la realidad. En solo un año aumentó el número de empleados públicos, algo que solo es justificable —por las actuales circunstancias que sufre el país— para el Ministerio de Salud, pero el resto es enteramente cuestionable. El conteo hasta junio pasado era de 251 mil 929 funcionarios, cifra que representa un aumento de 12 mil 469 empleados respecto a junio de 2020. El crecimiento registrado equivale nada menos que al 125% de la fuerza laboral del Canal de Panamá. ¿Por qué aumentó la planilla del Ministerio de Educación o la de la Asamblea Nacional? Esas son preguntas que deberían responder —antes de que se le pregunte— las autoridades que registran estas contrataciones. Como era de esperar, el monto de la planilla varió al alza: $29.5 millones más, elevándose a $406.3 millones mensuales en junio pasado, cantidad récord pagada en la historia de las planillas del Estado. Todo esto en pandemia, con serias secuelas para la economía nacional y cuando el desempleo alcanza cifras sin precedentes inmediatos, especialmente en el sector privado. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad? ¿Cuándo terminará esta voracidad que socava los pocos recursos del Estado?

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Hace 5 añosEl turismo, uno de los pilares de nuestra economía, ha sufrido pérdidas que se calculan en más de $3 mil millones, producto del daño colateral producido por la pandemia de la Covid-19. Pero, además, el Gobierno ha contribuido enormemente en retrasar su recuperación. En muchos casos, la política del Gobierno en cuanto a este sector ha sido errática, improvisada y discrecional. El turismo en Panamá ha sido de los peor tratados por las autoridades. Son demasiados los casos en los que extranjeros que vinieron de visita al país se quejan repetidamente de malos tratos, abusos, del precio de las pruebas en el aeropuerto –y hasta para ir a Taboga–, de la calidad de los hoteles donde los obligan a quedarse, de la poca seriedad de los laboratorios contratados por el Gobierno para hacer las pruebas, de la descortesía, de la falta de información; de normativas confusas y el autoritarismo en la aplicación de las reglas. En fin, son muchos los perjudicados y ello seguramente traerá consecuencias para el turismo, golpeado por lo estricto que han sido las cuarentenas locales, sin contar las internacionales. ¿De que sirven los incentivos para construir obras para el turismo si no habrá turistas? Este es el país de lo absurdo.

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Hace 5 añosEl Ministerio de la Presidencia prohibió el acceso a las actas, notas y archivos del presidente y vicepresidente de la República y del Consejo de Gabinete, salvo lo relacionado con la aprobación de contratos con el Estado. Aunque lo permite la Ley de Transparencia de 2002, ¿es necesario hacer esto? Las dos administraciones anteriores no lo hicieron, lo que nos lleva a preguntarnos por qué sí lo necesita Laurentino Cortizo y por qué antes lo ordenó la presidencia de Martín Torrijos. Ambos del PRD. Este gobierno puede restringir el acceso a temas muy precisos, en vez de ocultar todo el caudal informativo por diez años, tiempo suficiente para evitar investigaciones o condenas por potenciales delitos, ya que cuando se levante el velo, cualquier actuación delictiva seguramente habrá prescrito. Es inevitable la suspicacia, afianzada con declaraciones como la que hizo días atrás el propio Cortizo, cuando pidió “pruebas” a los medios de comunicación sobre las cuestionadas actuaciones de sus funcionarios. Tiene razón en que en un Estado de derecho se respeta la presunción de inocencia, pero también exigimos que se acabe el estado de impunidad, porque aquí los políticos, ni confesando sus delitos, son condenados.

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Hace 5 añosEl ministro de Comercio ha revelado que el equipo que renegociará el contrato con Minera Panamá se ha reunido ya siete veces. Esto se ha sabido gracias a la presión que ha supuesto para el Gobierno que uno de los miembros de esta comisión haya renunciado públicamente y revelado la existencia de una propuesta que está en proceso de afinación. Una vez más, el Gobierno pretende negociar a espaldas de la sociedad panameña, como lo hizo con Panama Ports Company, porque es ahora que nos enteramos de una propuesta que, a juicio del negociador renunciante, es desventajosa para Panamá. Esta es la segunda vez que esta administración se burla de la voluntad de los panameños, haciendo planes sin considerar los mejores intereses para el país, sino únicamente el de ellos. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Informarnos solamente de sus tratos de recámara? ¿Regalar el patrimonio nacional de esta y las siguientes generaciones? Basta de tomar decisiones arbitrarias, desconociendo la voluntad de un país harto de ser un convidado de piedra en “negociaciones” que se reducen a aceptar las migajas de una actividad tan destructiva como la minería. Respeten y empiecen a rendir cuentas de lo que buscan con este nuevo contrato.

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Hace 5 añosLa entrega del cuarto puente sobre el Canal estaba prevista para el 3 de diciembre de 2023. Y a pesar de los retrasos usuales en este tipo de megaproyectos, era probable que el presidente Laurentino Cortizo pudiese inaugurar el puente junto con la línea 3 del metro. Los cambios radicales a un contrato multimillonario ya adjudicado y con orden de proceder dada en diciembre de 2018 han generado retrasos de muchos años. Tras la confirmación, por parte del ministro Obras Públicas, Rafael Sabonge, en febrero de 2020, de que el proyecto se dividiría en dos, un puente para los automóviles y un túnel para el metro, han tenido que pasar 18 meses para lograr adjudicar el contrato de diseño del túnel a una empresa cuestionada por actos de corrupción. No solo se quedará Cortizo sin línea de monorriel, sino que a los residentes del área oeste les quedan más años de tranques para ir y venir de sus hogares. Mientras tanto, persiste la gran incógnita de cuánto más costará al erario esta modificación. Un cambio de esta envergadura en un proyecto tan grande requeriría mejores explicaciones, fundamentadas en criterios técnicos y financieros. Sin embargo, las justificaciones dadas a estas alturas parecen espurias.

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Hace 5 añosUna vez más, la Asamblea Nacional provoca preocupación en varios ámbitos de la economía al insistir con la aprobación del proyecto de ley que fija topes a las tasas de interés bancario. El tope propuesto es una tasa ridícula para préstamos de tarjetas de crédito, hipotecarios y de automóviles, que virtualmente harían más costoso conceder préstamos que cobrarlos, ya que un banco —como cualquier empresa— tiene gastos que son sufragados con parte del costo del financiamiento que pagan los prestatarios. Ante un panorama así, sencillamente el acceso al crédito será extremadamente limitado, pues los costos de la operación bancaria no podrían ser solventados y el efecto que pretende el proyecto de ley —acceso a créditos de bajo costo— sería lo opuesto, ya que seguramente los bancos no podrían seguir prestando dinero con esas tasas. Parafraseando el dicho, no habrá crédito más caro que el que no hay. Por otro lado, sin acceso a financiamiento bancario, la recuperación económica del país será utópica, gracias a leyes absurdas como esta. Los diputados —cegados por el clientelismo y el populismo— son incapaces de ver lo que a todas luces provocará graves daños a la economía de sus electores, a los bancos y al país.

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Hace 5 añosEn 2012, en la administración de Ricardo Martinelli, Panamá recibió la donación, de parte de Taiwán, de un avión para uso de la Presidencia de la República. El costo de la aeronave fue de $22 millones y desde entonces, los gobiernos que lo han usado han tenido que hacer uso de fondos para su mantenimiento que hasta ahora suman $16.4 millones, el equivalente al 75% del valor del avión. Los $16.4 millones de mantenimiento incluyen un nuevo contrato de $6.4 millones que cubrirá los próximos cinco años. Bajo otras circunstancias, este contrato no sería mayormente cuestionado, pero Panamá atraviesa momentos económicos difíciles y tener un avión con estos gastos –sin contar combustible, uso de aeropuertos, pilotos, etc.– constituye un lujo difícil de justificar. Los ciudadanos estamos sorprendidos, pues no hay una sola iniciativa en el Gobierno para hacer ahorros, en contraste con el resto del país, que ha tenido que ajustar su presupuesto; otros muchos han visto su jornada de trabajo reducida o han perdido su trabajo o fuentes de ingresos, y muchos más han pasado a la informalidad, con lo cual, las deudas se acumulan, pero eso no pasa en el Gobierno porque sencillamente, está desconectado de nuestra realidad.

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Hace 5 añosEl dictadorzuelo de Nicaragua, Daniel Ortega, no contento con el cierre de hecho de la edición impresa del diario La Prensa de ese país, envió funcionarios de su gobierno para allanar ayer la sede del periódico, que había informado que, aunque no podría circular pues las autoridades aduaneras mantienen secuestrado el papel para que el periódico no llegue a sus lectores, mantendría a su audiencia informada a través de su plataforma digital. Lo que busca Ortega está lejos de las absurdas acusaciones de defraudación aduanera y lavado de activos formuladas contra directivos de la empresa periodística. Lo que pretende es callar definitivamente un medio independiente, que no se presta para la farsa que él llama democracia. Cual vulgar déspota, Ortega está desesperado por mantener el poder y para ello necesita electores desinformados y medios cerrados, que no sean obstáculo a sus insaciables apetitos de poder. Daniel Ortega no engaña a nadie. Entrará a la historia de su país como el autócrata que es. Triste trayectoria de alguien que combatió otra dictadura: la de la familia Somoza. Pero el otrora guerrillero ha probado ser astilla del mismo árbol del que salieron los que tanto combatió: el de la tiranía.

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