TEMA: Hoy por Hoy


Hoy por hoy

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Hace 5 añosEn Nicaragua ya no habrá medios impresos de circulación nacional. La Prensa de ese país –con el que este diario mantiene fuertes lazos de amistad y afinidad– no circulará desde hoy, pues el régimen de Daniel Ortega mantiene secuestrado su inventario de papel en Aduanas. Con esta acción, deja de circular el único diario impreso de Nicaragua –fundado hace casi una centuria–, ya que en 2019 también tuvo que cerrar El Nuevo Diario por las mismas razones. El ensañamiento de Ortega lo ha llevado, incluso, a detener a dos hijos de la exdirectora de La Prensa y expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), Pedro Joaquín y Cristiana, mientras que el menor de sus hijos, Carlos Fernando, ha tenido que abandonar el país. Con todo, La Prensa mantendrá informado al pueblo nicaragüense a través de su plataforma digital, de modo tal que los esfuerzos del dictadorzuelo por limitar la libertad de expresión en Nicaragua fracasan una vez más. Duele –en especial para nosotros– ver desaparecer un medio impreso, cuya exdirectora fue nuestra madrina cuando inauguramos en 1980. Nuestra voz de aliento para La Prensa y para el noble pueblo nicaragüense, que sufre el gobierno de un perfecto déspota.
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Hace 5 añosLa deuda de Panamá ha llegado a un nivel de preocupación. Los gobiernos no se han medido para pedir crédito y ahora enfrentamos circunstancias apremiantes. La actual administración tendrá que pedir prestado para pagar deuda. Y a ello hay que sumar el hecho de que los diputados y otros políticos siguen abusando con presupuestos que están por encima de las posibilidades de recaudación del Gobierno; aprueban leyes que hacen más onerosas las planillas, creando nuevos corregimientos con fines puramente electoreros, y encima de todo, nadie de esta Administración parece dispuesto a hacer ahorros en los gastos del Gobierno, cuando atravesamos unas de las peores crisis económicas de las últimas décadas a causa de la pandemia. Y como si todo eso no fuera suficiente, Panamá, en corto tiempo, puede perder su grado de inversión, lo que haría más costosa la deuda del país. Pronto se sumarán las presiones para solucionar el grave problema de las finanzas de la Caja de Seguro Social. Este panorama debe analizarse, buscarse alternativas, crear fuentes de ahorro, pero nadie en el Gobierno presta atención a lo que en corto tiempo seguramente será el más acuciante problema del país: nuestra economía.
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Hace 5 añosEn noviembre pasado, el presidente Laurentino Cortizo anunció con bombos el diálogo del pacto del Bicentenario. Hubo escepticismo, pero la autonomía y los recursos que recibió la coordinación del diálogo están dando frutos. Los avances hasta la fecha son alentadores. Se recibieron cerca de 180 mil propuestas y estas han sido evaluadas en 44 comisiones temáticas y regionales que generaron consensos. Ahora, las comisiones nacionales trabajan sobre estos acuerdos para producir líneas de acción en cada ámbito. Como señala su coordinadora, Paulina Franceschi, el proceso ha construido ciudadanía, en tanto ha servido para escuchar las preocupaciones de distintas regiones y sectores socioeconómicos y para analizar las soluciones nacidas desde abajo. El resultado final será una radiografía del país y sus problemas, pero también de propuestas. Tristemente, también pone de manifiesto el fracaso institucional del país. Los espacios políticos donde están supuestos a ser discutidos los problemas nacionales y locales, como la Asamblea o los consejos municipales, son disfuncionales. Una y otra vez se ha requerido crear diálogos por separado para poder examinar seriamente los retos que enfrentamos.
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Hace 5 añosEl Estado da en concesión unas tierras a cambio de $7 millones al año. La misma concesionaria subarrienda a 5 empresas parte de estas tierras. De solo una de ellas, la concesionaria recibe $9 millones en ingresos de alquiler. Es como si usted pagara $1 por un raspado y el raspadero, además del raspado, le diera también $1.25 centésimos. No solo le salió gratis, sino que ganó más ingresos que lo que le costó. Para rematar, quienes están supuestos a velar por el bienestar del raspadero y la rentabilidad del carrito, tras una somera evaluación, determinan que eso está perfectamente bien, y le permiten seguir haciéndolo por 25 años más. Al Estado le saldría mejor dar la concesión de puertos gratuitamente, pero quedarse con el derecho de alquilar las tierras subarrendadas a terceros. La incompetencia y deshonestidad en el cuidado del patrimonio del Estado implica que, esencialmente, al dejar de cobrar por el derecho de uso de su activo lo que le corresponde con base en un valor razonable de mercado, el Estado está pagándole a la concesionaria para que esta siga siéndolo.
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Hace 5 añosLa Asamblea Nacional espera recibir en 2022 un presupuesto de $135.5 millones. Esto es $28.5 millones más que el ejercicio fiscal presente. De esos $135.5 millones, solo $8 millones son para inversiones, si no es que terminan trasladados para funcionamiento también. Se aumentarán el presupuesto en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes y cuando el país enfrenta la virtual pérdida del grado de inversión, lo que haría más costoso el creciente endeudamiento del país. La codicia, al parecer, produce ceguera voluntaria, pues lo que para muchos está más claro que el agua, para nuestros diputados no existe, porque se hacen los ciegos. Lo importante para esta gente es llenarse los bolsillos sin importar los peligros para el país. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, avala una vez más el atraco. El país necesita de esos fondos para que la economía empiece a funcionar con normalidad, pero terminarán en los bolsillos de unos pocos. Cada vez más el PRD se parece a Cambio Democrático, y llegará el momento en que no podrán negar que son gemelos. No debería extrañarnos si este y el nuevo partido terminan unidos en las elecciones de 2024. Son tal para cual.
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Hace 5 añosLa Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que modifica normas de incentivos para el turismo, es un atraco al Estado maquillado como estímulo económico. Ya su nacimiento da mala espina: primero, la presenta el diputado Raúl Pineda (PRD), que no da puntada sin hilo, y luego, es sancionada por el Ejecutivo, nada menos que en la víspera de un año nuevo. Semejante pillaje legalizado debía pasar agachado, porque de qué otra manera se justifica que el Estado deba pagar el 100% del valor de una inversión turística, a través de créditos fiscales a sus inversores. Esta ley no es para incentivar; es para repartir el fisco. Y ya empezaron a especular, pues hay promotores que, amparándose en esta legislación, proponen costosas facilidades residenciales, acicaladas con fines turísticos. Es inverosímil que las firmas del presidente de la República y del ministro de Comercio e Industrias aparezcan en esta ley, avalando tal despojo. ¿Cómo pudieron acceder a esta rapiña? Si en esas estamos, no nos sorprenda que algo semejante pidan los inversores de hospitales, universidades, industrias, centros comerciales, plantas de energía, puertos, minas, etc. Entre políticos y empresarios inescrupulosos, pronto seremos extranjeros en lo que una vez fue nuestro país, porque lo que no se roban, lo regalan.
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Hace 5 añosLa ley de intereses preferenciales data de 1985. Esta, sin duda, ha sido un gran impulso para permitir que incontables familias adquirieran su primera vivienda. Sin embargo, sus modificaciones y extensión en el tiempo más allá de lo previsto —como siempre ocurre con todo subsidio— han creado distorsiones en el mercado que, a su vez, han generado otros problemas. La propuesta del diputado independiente Gabriel Silva para modificar dicha ley resolvería muchos de ellos. Primero, reenfoca la legislación para posibilitar la adquisición de una vivienda sin que esté condicionada a que sea nueva. Segundo, asegura que el mercado de propiedades de segunda mano, en ese rango de precios, no se vea deprimido por no tener el mismo incentivo que las nuevas. Tercero, permite que se puedan reparar y reconstruir viejas edificaciones para poder venderlas con este incentivo, motivando la residencia en el centro de la ciudad, al tiempo que reduce la disgregación del núcleo urbano. La vivienda, además de satisfacer una necesidad básica, también debe convertirse en parte del patrimonio familiar, pero si el valor de ese bien se ve desmejorado frente a las ventajas que ofrece una vivienda de reciente construcción, esto claramente es un error. Y ya es hora de corregirlo.
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Hace 5 añosDesde su fundación, La Prensa se comprometió a luchar por la libertad y en contra de la corrupción. Hoy se cumplen 41 años y las batallas han sido demasiadas. Panamá recobró su democracia más no la decencia. La corrupción patrocinada desde los cuarteles se mudó a Palacio, y reina con la misma impunidad que gozaba al amparo de los fusiles. No parece haber pasado el tiempo, solo las cuantías. Y la justicia permanece idéntica, cómplice vergonzosa del latrocinio interminable. La corrupción es hoy la peor amenaza que pesa sobre nuestra democracia. En vano parecen haber caído los años de luchas, exilios, sangre e incontables sacrificios, porque los civiles roban y mienten con la misma impunidad que siempre protegió a los militares y su círculo de serviles. La corrupción dejó de calzar botas y viste de cuello y corbata. Y la lección de estos 41 años es que no importa si visten uniformes verde olivo o ropa de marca, nuestros funcionarios deben ser vigilados de cerca. Y es lo que hace La Prensa cada día, y seguirá haciendo, a pesar de las amenazas, del acoso judicial y de los ataques que aprendieron de los militares.
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Hace 5 añosSi bien el Ministerio de Salud (Minsa) lleva a cabo una gran labor en la campaña de vacunación contra la Covid-19, la comunidad científica local tiene reclamos válidos al seguimiento que esta institución le da a los casos de personas contagiadas. Es data que no es recopilada y, si se hace, está dispersa, que es equivalente a no tenerla disponible de forma inmediata, lo que dificulta hacer estudios sobre el comportamiento del nuevo coronavirus en Panamá. Los científicos locales no solo se quejan de la falta de estadísticas de los enfermos y muertes por la Covid-19, sino que es notable la falta de data de otras enfermedades. El Minsa debería tener disponible de forma centralizada estos datos y mantenerlos al alcance de todo ciudadano que desee verlos, pues se trata de información pública y abierta. El Gobierno está lleno de empleados sin funciones o de escasa preparación académica que pueden ser reemplazados por esos necesarios técnicos que requiere el país bajo estas circunstancias. Bastaría con que el Ministerio de la Presidencia se desprenda de tanto “coordinador de planes y programas”, cargo que en la mayoría de los casos se lo dan a personas en pago por favores políticos. ¡Por favor, tengan conciencia!
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Redacción de La PrensaHace 5 añosEs una persona que se autodenomina respetuoso de la ley; que oficiosamente se constituye en el defensor del fisco nacional y el mayor generador de empleos del país; que nadie puede acusar de nada, porque automáticamente comienza a cacarear una supuesta persecución política en su contra. Pero resulta que cuando fue presidente —del país y de Cambio Democrático—, ese colectivo político no pagó la cuota obrero patronal de sus trabajadores, a la Caja de Seguro Social (CSS). Todo sucedió entre enero de 2010 y octubre de 2015, aunque ahora la responsabilidad (más no la culpa) la carga la junta directiva actual de CD, donde Martinelli ya ni siquiera milita. La CSS ha sancionado a CD por hechos que ocurrieron cuando su representante legal era Martinelli y ahora el partido debe pagar casi medio millón de dólares. Así de importante para el expresidente es la gente que trabaja para él. Esta sanción deja al descubierto la hipocresía de este sujeto, al que evidentemente le importa muy poco su entorno, salvo aquellos individuos que podrían servirle como escalones para trepar y alcanzar sus objetivos. Más allá de eso, para él solo son tontos útiles.

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