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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 5 añosLo que mal empieza, bien no acaba, y eso, precisamente, es lo que ha ocurrido con la nueva terminal de Tocumen, obra que construyó Odebrecht por un monto exorbitante, típico de todos los proyectos de los que sacaba dinero para pagar sobornos a servidores públicos de Panamá y el extranjero. La terminal debió haber sido entregada hace años, pero le han concedido tantas adendas al contrato que, si no hay un alto, terminará entregándola cuando los aviones serán eléctricos. La última modificación al contrato le concedió un plazo de entrega de cinco meses que termina, precisamente, este mes. La obra no pasó una inspección técnica, en la que fueron descubiertas 10 mil 547 situaciones que la empresa debe corregir antes de entregar el proyecto, y que suponen para Odebrecht un desembolso de $9.7 millones. Pero Odebrecht ya anunció que, por enésima vez, no podrá cumplir con el plazo. Así que la paciencia se terminó: Tocumen, S.A. podría resolver administrativamente el contrato, decisión que llega con años de retraso, aunque es mejor tarde que nunca. Se trata de una inversión de casi $1,000 millones, cuya administración ha sido caótica e irresponsable por parte de todos los gobiernos que tomaron parte del proyecto.

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Hace 5 añosUn abogado panameño que dirigió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en la que abordó el tema de la concesión para generación eléctrica en Panamá de la empresa Generadora de Gatún –en la que participa con un 24% de acciones la estadounidense AES Corporation, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York– ha sido blanco de ataques legales de parte de la empresa local que vendió la concesión. Lo acusan de extorsión, le secuestró cuentas bancarias y lo acosa judicialmente tras la publicación de un reportaje en Estados Unidos en el que se describen serias deficiencias en el due diligence sobre la reputación de los vendedores. Es decir, hay represalias; más que eso, es una venganza, porque alguien habló. Y, dicho sea de paso, no se vendió una planta de generación, sino papeles, en los que una vez más, el país es esquilmado y unos pocos se llenan los bolsillos con millones. Esta vendetta –con ánimo de intimidación– puede convertir la sonrisa de la venganza en una mueca de costoso dolor, pues la SEC protege ferozmente a los que colaboran en casos como estos. ¡Mucho cuidado!

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Hace 5 añosUna mesa técnica revisará ahora las reformas al Código Electoral que introdujeron a tambor batiente los diputados de los partidos PRD y Cambio Democrático. Como es sabido, esos cambios introducidos unilateralmente por esos partidos buscan favorecer a los diputados, como permitir la doble postulación a cargos de elección y mantener el fuero penal electoral. Pero, tras las concurridas manifestaciones de ayer en todo el país, en las que miles de ciudadanos dijeron ¡basta ya de corrupción!, todos esperamos que el tema de la mesa técnica no sea una forma de dorarnos la píldora. Ayer, miles dejaron claro que el país necesita de más transparencia, que los políticos deben empezar a respetar a sus electores y sobre todo, que cumplan sus promesas, esas que olvidan apenas tienen un cuartillo de poder. Las protestas demostraron que hay un despertar, que de ahora en adelante no bastarán discursos con palabras huecas. Este ha sido un primer paso, pero es el más importante, marca un antes y un después. Marca protestas en las calles, no en Twitter o Facebook. Y esperamos que los políticos hayan recibido el mensaje, pues es de necios no corregir rumbos cuando ya están claramente advertidos.

Hoy por hoy

Hace 5 añosLas reformas al Código Electoral que ha aprobado la aplanadora del gobierno en la Asamblea Nacional (AN) han despertado el disgusto nacional, no solo porque buscan hacer retroceder la legislación electoral a su conveniencia —pese a que el país exige más transparencia—, sino porque su conducta es un desafío a la voluntad popular en uno de los poquísimos actos en los que el ciudadano decide directamente: emitir su voto y elegir a sus representantes gubernamentales. De ese descontento es que nace la protesta del próximo martes. Los diputados oficialistas buscan torcer el Código Electoral para legalizar su manipulación a las elecciones. Están dispuestos a empañar la transparencia, a fin de que las donaciones a las campañas sean menos visibles. Y estamos conscientes de lo que hay detrás de ello.

Hoy por hoy

Hace 5 añosLa forma en que se han aprobado en primer debate varias modificaciones al Código Electoral, presentadas por los diputados oficialistas, ignorando las propuestas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, son tan sorprendentes como indignantes. Todos hemos podido apreciar cómo se presentan esas modificaciones ya firmadas por la bancada mayoritaria, sin ningún sustento o análisis técnico, para ser aprobadas en la Comisión de Gobierno sin debate ni participación del Tribunal Electoral. Cuando intervienen los diputados del PRD, Cambio Democrático y Molirena, no presentan ningún razonamiento jurídico, salvo anécdotas personales que, para ellos, ya son razón suficiente para cambiar todo un código. La ciudadanía debe prestar mucha atención a lo que ocurra el próximo martes, cuando los magistrados del Tribunal Electoral regresen a la Asamblea, de donde ya se retiraron una vez, precisamente, por la falta de transparencia en estos debates. La bancada oficialista debe deponer la forma gansteril en que han conducido estos debates y cesar de promover un Código Electoral ceñido a sus exactas medidas e intereses.

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Hace 5 añosEl Gobieno de Laurentino Cortizo ha pagado y seguirá pagando a empresas de dudosa reputación, a la luz de la mediocre calidad de las obras que entregan al Estado. Nadie en este gobierno parece preocupado por los elevados y disparatados costos de esos proyectos y mucho menos de que una obra sea recibida cumpliendo con los estándares técnicos y materiales de primera, que es por lo que se paga. El director de Pandeportes debería haber sido despedido por la pésima gestión en el cambio de la grama del Rommel Fernández. No existe ninguna duda de que este proyecto es una completa estafa al Estado. Se pagó una repugnante fortuna y recibimos una obra que no llega a baratija. Pero la pregunta que debemos hacernos no es si el Estado paga por calidad. Lo que debemos preguntarnos es quién está detrás –cual carroñero– de estos empresarios, contratados no porque sean lumbreras en lo que supuestamente hacen, sino porque su deslumbrante brillo proviene de su desvergüenza para ser la fachada que sirve para desvalijar el Tesoro Nacional y entregar el producto de la estafa a sus socios ocultos. Es una lástima que no haya autoridad que pueda contra los nuevos amos del robo y el cinismo.

Hoy por hoy

Hace 5 añosDurante meses, el Tribunal Electoral (TE) lleva a cabo sesiones deliberativas con la finalidad de reformar el Código Electoral, con la activa participación de actores de la sociedad civil y de los partidos políticos. Tras cada elección, las partes son convocadas para revisar y mejorar las normas que rigen los procesos de elección popular. Pero es obvio que los partidos políticos no prestan atención al proyecto de reformas, pues ellos, secretamente, elaboran sus propios cambios, hechos a la medida de sus intereses y obviando los que se discutieron y consensuaron en la Comision de Reformas Electorales. Si bien los diputados tienen la última palabra, su desprecio por el trabajo realizado es un insulto para todos los que participaron desinteresadamente para mejorar el Código Electoral. Apoyamos la postura de los magistrados del TE que, ante el retroceso que plantean los diputados, prefieren que las reglas de los comicios de 2019 rijan en 2024. De esta forma, expresan su rechazo, no solo por el irrespeto del que fueron objeto de parte de los diputados durante la discusión de las reformas, sino por el preocupante contenido de sus propuestas y lo precipitado de su aprobación. La decepción que causa esta Asamblea no puede ser mayor, al igual que la preocupación que genera la absoluta ausencia de sentido común de sus miembros.

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Hace 5 añosTodo hace pensar que el Gobierno —violando la Ley de Transparencia— ha adoptado una política de opacidad respecto a negociaciones de contratos y concesiones, negando información que es estrictamente pública a ciudadanos y medios de comunicación. Tal es el caso de una nueva negociación para la cesión del contrato de construcción del llamado corredor de las playas, a cargo de la empresa de origen español FCC, con la que este país ha tenido serios problemas de corrupción y pago de sobornos a servidores públicos. El ministro de Obras Públicas no entiende que los contratos de obras estatales no son confidenciales ni que su información se puede restringir. ¿Por qué el Gobierno tiene que negociar a puertas cerradas? ¿Qué esconde? Las lecciones de Odebrecht no han trascendido entre la clase política panameña que hoy nos gobierna; se comporta igual que ese montón de funcionarios que hoy enfrentan la justicia. Revelar el nombre de la empresa con la que el MOP podría negociar el mencionado contrato haría una gran diferencia con el injustificado empecinamiento en ocultar. ¿O es que lo que se negociaría no es solo un trato entre el Estado y la empresa? ¿O es que también en esto imperará el qué hay pa’mí?

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Hace 5 añosEl gobierno de Laurentino Cortizo adolece de serias deficiencias, como su compromiso de combatir la corrupción y la opacidad en la gestión gubernamental a todo nivel. Pero, irónicamente, el presidente presume de estas como si fueran sus más brillantes logros, cuando todos podemos listar hechos que desmienten tales conquistas. Sus palabras son insuficientes para completar un gramo de verdad cuando se examina, por ejemplo, el creciente número de conflictos de interés entre sus funcionarios; la nada transparente negociación con Panama Ports; los opacos procesos de compra de insumos, equipos y medicamentos para la pandemia; el clientelismo rampante y el descarado tráfico de influencias. Todos estos hechos van en dirección contraria a lo que dice el presidente. Entonces, la vehemencia del discurso, la fuerza de sus ideas y el calor de sus promesas no significan nada cuando todo ello choca de frente con la simplicidad de los hechos. Parafraseando la realidad que transmite una imagen, un hecho acaba fácilmente con mil palabras. Eso significa que hemos escuchado con paciencia y durante décadas promesas que solo son eso: el ropaje con el que se viste la mentira. Por eso, ya no basta con escuchar lo que queremos oír; queremos ver que cumplan lo que prometen. Actuar en vez de solo hablar.

Hoy por hoy

Hace 5 añosLa Asamblea Nacional pareciera que necesita ser vigilada las 24 horas del día, pues no hay ocasión en que nos sorprenda su capacidad para hacer las cosas al revés. Si la Ley 41 de 1998 prohíbe que las áreas protegidas puedan ser tituladas –por ser de dominio público– para evitar, precisamente, que pasen a ser privadas, ¿qué se pretende al proponer exactamente lo contrario en una nueva ley? ¿El diputado proponente no ha pensado que una vez reciba el sí de sus colegas provocará un nefasto efecto cascada? Estos diputados carecen del más elemental sentido común, pues, de otra manera, no estarían proponiendo que, por ley, ahora zonas de dominio público se privaticen. Dice el proponente que se usarán para proyectos ecoturísticos y siembra de productos agrícolas no tradicionales. O sea que él también le ordenará, por ley, a los nuevos dueños qué hacer con sus tierras, qué sembrar o qué criar allí. El diputado proponente de este disparate, ¿podrá garantizar al país que su propuesta no se extenderá a otras zonas protegidas con proyectos de ley que copien el suyo? ¿Cómo evitará que sus pares en la Asamblea lo hagan? La puerta que se abriría no es para una zona protegida; es para todas.

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