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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Redacción de La PrensaHace 5 añosA diferencia del diálogo por la Caja de Seguro Social –empantanado en discusiones estériles de forma– el del Pacto del Bicentenario presenta propuestas concretas y a tiempo. Son metas ambiciosas para un gobierno que se distingue por su inoperancia, falta de transparencia y una inaceptable ineptitud en los altos mandos, sin contar la enorme cantidad de funcionarios contratados para cumplir compromisos clientelistas, ignorantes funcionales que reciben salario solo por sentarse en una oficina sin trabajar (y a veces ni eso). Así, por ejemplo, los ciudadanos exigen en el Pacto mayor eficacia en temas de seguridad ciudadana. La delincuencia y la alta tasa de criminalidad ponen al desnudo la carencia de una política seria y planificada en esa materia. Las propuestas dejan ver lo costoso que es mantener las fuerzas de seguridad versus sus pobres y cuestionables resultados. Y eso es un hecho, no una percepción. Los ciudadanos también se quejan de los vicios usuales: opacidad y falta de ética y de rendición de cuentas en la gestión pública, por lo que sugieren elaborar un plan nacional de formación ética pública y de transparencia, así como crear una ley general de administración pública. Si solo alguna de estas aspiraciones se concreta, ya habrá sido buena idea haber convocado al Pacto.

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Hace 5 añosSi bien el caso de los pinchazos parece que está a punto de concluir de forma definitiva tras el fallo absolutorio a favor del acusado, quedó pendiente en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensa del sujeto en cuestión, quien alegó hasta el final que se le había violado el debido proceso porque no se celebró una audiencia formal de imputación. Si bien ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció de manera clara sobre este tema en este mismo proceso, convendría para futuros casos –que no dejan de faltar– aclarar con sus puntos, comas y tildes este asunto de una buena vez por todas y terminar con las interpretaciones, una rendija por la que se coló el hoy absuelto para sacar provecho con la duda que sembró repetidamente. El magistrado Cecilio Cedalise perdió la ponencia del fallo y ha quedado en manos de su colega María Eugenia López Arias redactar uno nuevo, dadas las observaciones que se presentaron al proyecto del ponente original, que incluso iba en contra de su propia decisión, cuando en el pasado apoyó una sentencia que fue en dirección contraria a su nueva postura. Ojalá los magistrados decidan aclarar este asunto y no dejarlo pendiente.

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Hace 5 añosEl caso Odebrecht se ha reactivado, al menos en lo que respecta a una investigación que está incompleta. La Fiscalía Especial Anticorrupción ha obtenido otros seis meses para investigar lo que en su momento fue el diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento de la cinta costera, incluido el tramo que se hizo en la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009) y la misma que su sucesor llamó irónicamente la “cinta coimera”. Aún cuando son buenas noticias, es inevitable el pesimismo, sobre todo tras los patéticos acontecimientos de esta semana, pues si los jueces esperan ver en video el momento en que se pagó el soborno o cuando los acusados metieron o sacaron la plata de la coima en el banco, lo más probable es que desde ahora se pierda el caso, ya que el Ministerio Público difícilmente podrá aportar esas imágenes o audios. No obstante, hay que hacer el esfuerzo, no vaya a ser que le toque a jueces honestos hacer el trabajo que no pueden hacer sus colegas títeres, esos que ni con una confesión encuentran culpables. El de Odebrecht es el más importante caso de corrupción de la historia del país, pero también nunca antes el Órgano Judicial había estado tan carcomido como ahora.

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Hace 5 añosUna vez más, la justicia panameña desilusiona. Este nuevo fallo por el caso de los pinchazos, en el que se probó la existencia de graves violaciones a la privacidad de, al menos, unos 150 personas, entre ellas, periodistas, empresarios, políticos y muchos más, es una completa ignominia, una afrenta no solo a las víctimas, sino al sistema de justicia y a todo el país. Queda probado que tenemos justicia torcida y retorcida para rato. Y eso que existían pruebas de las violaciones; de que se pagaron indemnizaciones a víctimas y de que hay condenados por este mismo delito en calidad de cómplices. Cómo van las cosas, a nuestras futuras generaciones no les quedará de la justicia más que cenizas, pues una banda de mercenarios judiciales sencillamente ha quemado la Constitución. Somos y seguiremos siendo el más patético país en materia de justicia. Pero, a decir verdad, este fallo no fue una sorpresa. El mayor beneficiario de esta decisión lo dejó ver la semana pasada en sus redes sociales, en el propio juicio y en el espectáculo que montó en las afueras del tribunal. Quizá nos quede de consuelo que un proceso judicial se adelanta en otro país –por el caso Odebrecht– en el que, al menos, dos personas enfrentarán a un verdadero sistema judicial y no esta oprobiosa caricatura de jueces que tenemos.

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Hace 5 añosLo ocurrido con la licitación abreviada que convocó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) hace dos años para reparar un deslizamiento de tierra en la provincia de Coclé es un manual para hacer las cosas mal. El acto público por invitación parece haber sido solo una formalidad para rellenar requisitos de ley, pues los documentos evidencian que la empresa beneficiada fue elegida antes de que siquiera presentara su oferta económica; de un día para el otro, la obra pasó de costar $1.3 millón a $6.3 millones; el acto público se concedió a una empresa cuyos dueños son donantes de la campaña presidencial del actual gobernante; no hubo comité evaluador, sino que la empresa fue elegida por un solo funcionario; con un año de antelación, hubo advertencias de que podría ocurrir un deslave, razón por la que se dejó pendiente el trámite de un cambio en el contrato de la empresa responsable de las obras, pero nunca se ejecutó. En fin, está claro que la actual administración del MOP no sirve ni para emparchar las calles; la forma en que se gestiona este ministerio es un completo desastre, pero el presidente, quien parece tener compromisos irrevocables con algunos miembros de su gabinete, no oye, no ve ni es capaz de tomar decisiones.

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Hace 5 añosPara tratar de entender este gobierno hace falta pensar al revés. Significa que hay que despojarse del sentido común y la lógica. Desde hace dos años, el país enfrenta una crisis de salud, de la que se ha derivado un problema económico que nos ha costado endeudarnos hasta las narices. La economía está lejos de ser lo boyante de antaño y el desempleo tiene postrada a nuestra fuerza laboral en el sector privado. Pero en el gobierno no se ha movido un músculo para contener el gasto. Sus presupuestos, planillas y gastos se disparan, y ahora el último grito es aumentar el monto de los viáticos. Parece que la gente del gobierno viviera en Tombuctú, mientras el resto del país está anclado a tierra, sin posibilidad de soñar lo que el Estado sí hace realidad con nuestros impuestos: los sueños de muchos funcionarios. No en vano el gasto en intereses de nuestra deuda aumentó $136 millones de 2020 a 2021. El Panamá Solidario del presidente Cortizo no es con el pueblo panameño, sino con sus funcionarios, especialmente con los altos jerarcas de su gobierno que, una vez vacunados, salieron a los cuatro puntos cardinales para liberar el estrés de tanto “encerramiento”.

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Hace 5 añosEl diálogo sobre la Caja de Seguro Social (CSS) ha avanzado realmente muy poco. Los integrantes se empantanaron durante mucho tiempo en la metodología para abordar los temas, es decir, en asuntos de forma, mientras los de fondo siguen sin analizarse, a pesar de que, si existe este diálogo es por el tema que ha sido relegado para el final de las conversaciones: qué hacer para solucionar los problemas del fondo destinado al programa de pensiones y jubilaciones, que está en grave déficit. En otras palabras, el más urgente de los problemas será la última prioridad del diálogo, con el agravante de que no tendremos opciones de solución ni a fin de año ni, al menos, en los próximos seis meses. Cualquiera que sea la solución a los acuciantes problemas financieros de la CSS, será dolorosa, y no hay duda de que la conveniencia o no de tomar las medidas necesarias para resolver el déficit de forma parcial o total, será analizado bajo el prisma político pues sin duda habrá un costo político que es posible que el PRD se niegue a asumir. Y seguramente, a juicio de los gobernantes, los tiempos políticos no sean los más oportunos para aplicar una solución que les pueda costar votos.

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Hace 5 añosUn diputado de Cambio Democrático —al que muchos sinvergüenzas le deben el favorcito de tener que presentar la prueba sumaria en sus procesos especiales para procesarlos penalmente— apareció con una iniciativa legislativa para modificar el Código Electoral, a fin de introducir la llamada segunda vuelta para todos los cargos de elección popular, es decir, convocar a una segunda elección en los cargos que hayan obtenido menos de la mitad de los votos. Al margen de la conveniencia o no de esta idea, lo cierto es que ha sido presentada de espaldas al Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), y nunca fue mencionada en los debates de las últimas reformas al Código Electoral. Esa decisión debe analizarse no solo en la Asamblea, donde sabemos que el interés de las mayorías es la menor de las prioridades de los diputados, sino por la sociedad civil organizada, representada en los grupos que conforman la CNRE. Eso, sin considerar si este tema es o no un asunto que antes debe ser analizado desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué ahora este diputado presenta el anteproyecto, cuando pudo hacerlo antes? Solo se puede desconfiar de la iniciativa unilateral de un diputado, examinando sus antecedentes.

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Hace 5 añosUn tercio de los 264 candidatos a puestos de elección popular que aún le deben al Tribunal Electoral (TE) sus respectivos informes sobre los ingresos y gastos de sus campañas electorales pertenece al partido gobernante, el PRD. Pero todos los que se encuentran en dicha situación han sido multados por el TE, por lo que ahora queda al descubierto el por qué de la modificación del Código Electoral que pretendía una amnistía para los que no habían pagado su multa. Estos diputados tienen de honorable lo que tiene la bazofia de útil. Utilizan el cargo para legalizar las faltas; para obstaculizar las investigaciones; para protegerse de imputaciones penales; para ponerse fuera del alcance de la ley. ¿Cómo poder sentir respeto por alguien cuyo único fin en la vida es irrespetar? ¿Cómo pueden reclamar tratamiento de caballero cuando se comportan como la cabalgadura? En primer lugar, saben que tienen la obligación de presentar esos informes, pierdan o ganen. En segundo lugar, la nobleza obliga: si no lo presentan, hay que asumir la responsabilidad como buen ciudadano y pagar por la falta. Pero de ninguna manera es digno manipular la ley para librarse del castigo. Su actitud devela de qué está hecha su moral.

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Hace 5 añosLa percepción de inseguridad que siente el ciudadano no es solo eso; es un hecho concreto, aunque el Gobierno intente convencernos de lo contrario. Una organización que investiga el crimen organizado en el mundo entero –Global Initiative– sitúa a Panamá entre los países con un alto índice de criminalidad y con un Estado incapaz de enfrentarla. ¿Por qué el Estado poco puede hacer? Sencillo: tenemos a criminales enquistados en el Gobierno; otros más haciendo leyes para beneficiar a victimarios y abusadores, y a pandilleros en los partidos políticos. Estos colectivos, incluso, brindan protección porque cuentan con cómplices o, peor aún, se enfrentan al Ministerio Público para defenderlos con todo el poder político del que disponen. No hemos tocado fondo, pero, como vamos, terminaremos con un Estado bajo el control de delincuentes organizados de cuello blanco, asociados con pandilleros narcotraficantes. Los números revelan esta realidad: 178 funcionarios de los tres órganos del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos los cuerpos de seguridad– procesados en 2021 por sus vínculos con el crimen organizado. Esos son los acusados. Pero, ¿cuántos más quedan y cuánto poder acumulan?

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