TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 5 añosEl alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábrega, ha tenido la oportunidad de hacer una diferencia o, en el peor de los casos, de dar seguimiento a los proyectos que valían la pena en el Municipio de Panamá. Pero decidió inventar una rueda cuadrada, lo que ha terminado en un desastre: su rueda ni rueda ni es redonda ni es cuadrada. Su gestión –con más dinero que ningún otro alcalde– ha sido rica, pero en proyectos disparatados, defendidos con argumentos aún más absurdos. La ciudad está plagada de problemas, pero él parece que ni los ve ni los siente. Ahora, la insensatez del Consejo Municipal le concede nuevamente un astronómico presupuesto, con aumento incluido, por lo que nos preguntamos –una vez más– en qué se gasta, porque está claro que tenemos –y más graves– los mismos problemas de siempre. Si no hay un golpe de timón para la ciudad de Panamá y sus habitantes, el período de Fábrega será un lustro perdido en su totalidad. Ni siquiera ha podido ejecutar completamente los pasados presupuestos, pero su rebaño de representantes lo premia dándole más dinero, quién sabe para qué fines, pero para nada bueno será. Es difícil elegir quién es más inepto, si el Concejo o el alcalde.
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Hace 5 añosSubsidio. Con esta palabra, los políticos quieren solucionar todos los problemas. En Panamá hay subsidios para todo y para todos. Son cientos de millones de dólares que se van cada año en este rubro, y todo para enmascarar los serios problemas que tiene el país en educación, salud y creación de empleos. Uno de los últimos desembolsos suma más de $56 millones para repartir en los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Alimentario, pero están lejos de ser todos. Estos programas, según la ministra de Desarrollo Social, combaten la pobreza de familias rezagadas. Pero las evidencias dicen otra cosa. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por ejemplo, reveló que la prevalencia de la subalimentación en el país es del 7.5%, y que hay 300 mil personas subalimentadas, situación que se mantiene desde hace siete años. Esos programas –que evidentemente no solucionan los problemas a los que van dirigidos– son vistos ahora como derechos de los que muy pocos querrán renunciar. La razón de ello es otro serio problema: la dependencia. ¿Es así como queremos que el país progrese, creando ciudadanos dependientes en vez de independientes?
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Hace 5 añosLa irresponsabilidad de este Gobierno no tiene parangón. Después de que se comprometió a modificar la reglamentación de la Ley 122 de 2019, que dicta las normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá, los meses han transcurrido sin que se sepa nada sobre dichos cambios, reclamados por la sociedad entera. Mientras, los desarrolladores de proyectos turísticos no se han sentado a esperar que alguien en este gobierno avance o no en las modificaciones. Siguen adelante con sus planes para obtener los desmedidos beneficios de la ley. Desde que aprobaron la normativa –en diciembre de 2019– se han presentado, al menos, 17 solicitudes de aplicación del Certificado Nacional de Turismo, requisito necesario para recibir los beneficios fiscales, ampliados respecto a ley anterior, de 2012. ¿Qué está esperando el Gobierno? Esas modificaciones no se van a escribir solas y los empresarios no van a detener sus planes de desarrollo ni de recibir los beneficios fiscales. Es muy sospechoso que nada se sepa. Solo hay que recordar que esta modificación no provino de los diputados ni del Ejecutivo. Fue enviada a la Asamblea Nacional por interesados en su inmediata aprobación. Y así se hizo.
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Hace 5 añosEs en casos como este –cuando el país empieza a recuperarse de la pandemia– que se necesitan funcionarios creativos, con iniciativa, que crean en lo que hacen, pero lamentablemente es la inercia la que actúa como las ruedas del progreso en Panamá. El turismo es una de las mayores víctimas de la pandemia y de las medidas para mitigarla. Pero la recuperación es inversamente proporcional a la rapidez con la que se tomaron las medidas restrictivas. Los números son decepcionantes si los comparamos con los de otros países, que se han puesto de pie rápidamente. Y es lamentable, porque nuestras ventajas, comparativamente, son mejores que en otros países: una población vacunada casi al 80%; los visitantes tienen los mismos beneficios que los locales en materia de vacunación; una oferta hotelera competitiva en precios y disponibilidad; una buena conectividad; una economía dolarizada, y atractivos turísticos, compras, cercanía y facilidad para los latinoamericanos. Y los turistas están ahí, dispuestos a salir del encierro. Entonces, con todo esto, ¿cómo es que no arranca con ímpetu? Pareciera que estamos anclados a la desidia, pues el Gobierno debería hacer algo más que contemplar cómo es la inercia la que toma las iniciativas.
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Hace 5 añosLa operación en la que participaron los cuerpos de seguridad del Estado, que dio con la captura de 57 personas, la incautación de más de $10 millones, carros e inmuebles de lujo y seguramente la desarticulación de una banda criminal que se dedicaba a la custodia y transporte de drogas por Panamá y Centroamérica —con destino final a Estados Unidos—, es un importante triunfo que fue posible también gracias a la intervención de las autoridades estadounidenses. Este caso deja varios asuntos que analizar. En primer lugar, el Gobierno y las fuerzas de seguridad de Panamá están penetradas por el narcotráfico. Segundo, estas bandas son tan peligrosas como recursivas, pues entre sus miembros había informantes que facilitaban su actividad delictiva. Tercero, que, dada la enorme cantidad de bienes incautados, es necesario que la Asamblea Nacional deje los rodeos y excusas para aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos. Para modificar el Código Procesal Penal o aprobar traslados de partidas millonarias no dan tantas vueltas, pero para frenar el enriquecimiento de estos criminales, tienen más escrúpulos y reticiencia. Esta operación muestra que urge la aprobación de este proyecto de ley.
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Hace 5 añosEs una lástima que Panamá no haya explorado la posibilidad de constituirse en acusador en el caso de lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, en Nueva York. Aunque los fondos transitaron por el sistema bancario estadounidense, lo cierto es que se trata de dinero que pertenece al pueblo panameño, por lo que, al menos, el Gobierno debió interesarse, pero ni para eso ha servido. Perdimos la oportunidad en Italia, con el caso de Finmeccanica, y ahora en Estados Unidos, con el caso Odebrecht. El Gobierno tampoco ha reaccionado al hecho de que los abogados estadounidenses que representan los intereses de Panamá en varios asuntos y arbitrajes, sean los mismos que defienden a este delincuente confeso de conspiración para lavar coimas, en perjuicio del Estado. El Gobierno debería despedirlos, pues no se puede estar al servicio del Estado mientras simultáneamente se presta ayuda a quienes lo atracan. Pero estas “sutilezas” son imperceptibles para nuestros gobernantes, pues en el fondo no son muy distintos de estos bandoleros. Al final de su condena, el confeso será deportado a Panamá y ya lo veremos a él y a su familia diciendo que es un perseguido político. Y nada le pasará en el país del final feliz para los delincuentes.
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Hace 5 añosLas nuevas revelaciones del testigo protegido “Euro 14” dejan constancia de que no hubo presiones o coacción de parte de ninguno de los fiscales que el procurador encargado envió a sus casas tras una denuncia en su contra. El testigo también se reafirmó en sus declaraciones anteriores, que sirvieron para obtener condenas y dineros mal habidos. La verdad, una vez más, es manipulada por personas que vieron una oportunidad para tratar de anular sus casos haciendo ver que el testigo fue llevado a declarar contra terceros en contra de su voluntad. Pero ha sido el propio “Euro 14”, a pesar de sus diferencias con el Ministerio Público, el que ha desmentido lo que fue publicitado como un hecho: supuestas presiones ejercidas sobre él por fiscales anticorrupción. En este caso, no veremos a nadie disculpándose, por el contrario, veremos que seguirán repitiendo sus mentiras con la esperanza de desacreditar las pruebas en su contra, de manchar reputaciones para que sus víctimas sean vistas igual que a ellos, y sembrar la confusión para que perezca la certeza. Será difícil que el procurador corrija el rumbo porque, al final, esto no es un asunto de justicia, sino de política, en la que la verdad, una vez más, es la víctima.
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Hace 5 añosLa educación en Panamá está entre las peores del mundo. El Estado destina cientos de millones de dólares a la educación, pero el país está lleno de ignorantes funcionales, listos para elegir a sus gobernantes haciendo uso del criterio de un vasallo y no el de un ciudadano. Los ministros de Educación de los últimos años no han hecho más que cometer errores, si es que se le puede llamar así, porque es inconcebible que se haya invertido tanto y tengamos resultados que no llegan ni a mediocres, sino a perversos. De qué sirve regalar becas, mochilas, computadoras y útiles escolares si nuestros estudiantes malamente pueden leer y mucho menos comprende lo que leen. Y encima de todo, nos dimos el tupé de salirnos de las pruebas internacionales que miden conocimientos, para volver y darnos cuenta de que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado notablemente. Es así como los políticos quieren el pueblo: ignorante, para que no se queje, para que no exija rendición de cuentas, para que no esté informado, para elegir a rufianes que, en pago por el voto, le arrojan migajas, como los diputados en Navidad o la Lotería Nacional, a sus billeteros. Tanta riqueza... y nunca hemos sido tan pobres e ignorantes.
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Hace 5 añosTodo indica que al Gobierno le parece muy buena idea contratar obras públicas mediante el mecanismo “llave en mano”. Este año, el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto hacer 25 contrataciones de este tipo, de las que ya lleva 16. Se trata de obras que sumarán cientos de millones de dólares que, en esencia, significa comprar ahora y pagar después. Lo irónico es que Panamá –a causa de la pandemia– lleva dos años con terribles déficits fiscales que complicarían esos pagos, probablemente al punto de tener que contraer nuevas deudas para hacer frente a las viejas. A pesar de ello, los gastos operativos del Gobierno siguen aumentando, al punto de tener que pedir prestado para pagar la planilla. Esta situación sencillamente es insostenible y más temprano que tarde esto traerá consecuencias para el fisco y todos los panameños, ya que la única forma de obtener dichos ingresos será con más crédito o aumentando los impuestos, porque demostrado está que del ahorro no saldrá un centavo. Este gobierno está llevando al país a extremos que ya han vivido otros países y con experiencias que no queremos sufrir en Panamá. Pero aquí son ciegos y sordos por elección.
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Hace 5 añosLa fuerza laboral del Canal de Panamá es de 10 mil empleados. Si comparamos esta cantidad de servidores públicos con el aumento de funcionarios en el gobierno durante el último año –contratados en plena pandemia– nos daremos cuenta de que los casi 15 mil nuevos puestos de trabajo superan en 50% todos los trabajadores que tiene la vía acuática. Es decir, el Gobierno podría construir otro canal y le sobrarían 5 mil trabajadores. Entonces, dónde están esos nuevos 15 mil funcionarios. Tenemos un ministro de Obras Públicas incapaz de solucionar problemas tan básicos como emparchar las calles, que están en un estado tan ruinoso que es inevitable creer que no tenemos un ministro o un ministerio para estas tareas. Pero ahí están, por lo que nos preguntamos por qué no vemos un solo trabajador de esos nuevos 15 mil que emparche un hueco. ¿Dónde están, qué hacen? Y la planilla del Estado –que sobrepasa los 250 mil servidores públicos– está en la estratósfera. Sencillamente, es impagable y por ello el Gobierno comete el peor de todos los errores: pedir prestado millones –a lo que hay que sumarle intereses por años– para hacer frente a este gasto. Esta incompetencia supera toda imaginación.

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