TEMA: Hoy por Hoy


Hoy por hoy

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Hace 5 añosDesde que Ricardo Martinelli fue elegido presidente, en 2009, el país no ha tenido paz. Su gobierno –desde siempre– fue una mezcla de chabacanería y escándalos que aún retumban, pues, lejos de arreglar sus problemas judiciales por las acusaciones criminales de las que es objeto, ha puesto toda suerte de obstáculos, recusaciones, recursos y de todo a lo que ha podido echarle mano para impedir un desenlace que –según él– proclamaría su mancillada inocencia. Todos los días tenemos un escándalo con este sujeto, que se hace acompañar de gente de su misma calaña, y a la que hay que aguantar por sus espectáculos públicos y hasta privados. Junto a él, hay decenas de exfuncionarios que hacen lo suyo en los tribunales sin tanto aspaviento ni teatro, sin su habitual alharaca y verborrea. En su mundo, las culpas no son suyas, sino de los demás, pues en su enfermiza mente, el mundo entero conspira en su contra, sus hijos y su familia. Todo enemigo –imaginario o no– es culpable de sus malas, pésimas e inconfesables decisiones, cuando solo tiene que verse al espejo para mirar directamente a los ojos al responsable de sus actos. Ya es hora de dejar ser valiente solo con los pies.
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Hace 5 añosLos panameños somos mudos testigos del progresivo deterioro de las instituciones del país, en especial, de nuestro sistema de justicia. No es que no tengamos leyes; tenemos muchas, pero son letra muerta, no se aplican y eso, obviamente, tiene consecuencias para el país, que no sale de esas listas de colores. El World Justice Project ha revelado el estado de nuestra justicia y el estado de derecho, respecto al resto del mundo. Panamá ocupa en el índice global el puesto 71 de 139 países medidos, y el 15 de 32 países de América Latina. Pero cuando se analizan las variables individualmente, las posiciones son de vergüenza. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre la ausencia de corrupción, Panamá cae al puesto 91 de 139, y empeora en el tema de la justicia penal: puesto 110 de 139. O sea, que este país también es un paraíso penal, el paraíso soñado de los corruptos, pues no hay peligro de castigo. Ojalá las dos nuevas designaciones del Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia –cuyo proceso de ratificación en la Asamblea Nacional empieza esta semana– corrijan rumbo, como parecen ser las intenciones de otros magistrados nombrados en 2019. Hay mucho en juego, como la reputación de Panamá, que no es poca cosa.
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Hace 5 añosEn medio de la discusión de las reformas electorales, que tiene buena parte de la atención pública copada, la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional está a toda marcha, en sesiones permanentes, hasta lograr aprobar en primer debate las modificaciones a la Ley de Descentralización. Uno de los artículos más importantes y que supondrá un desembolso multimillonario del Gobierno es el que establece el ya existente traslado de lo que se recaude por el impuesto de bien inmueble a los municipios, pero, además, ahora se sumará el 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Gobierno Central, que irá a un “Fondo de Desarrollo Municipal”. El proyecto hace otras modificaciones cuestionables sobre el uso y destino final del dinero. Esto no es más que un vulgar ardid para acomodar centenares de millones de dólares y hacerlos fácilmente accesibles a las autoridades locales. Solo hay que ver cómo diputados que se postularon para alcalde prefirieron ejercer este último cargo, no por un interés de servir, sino porque tienen acceso a más plata que en la Asamblea. Los diputados se preparan para dar el salto a las alcaldías y desplumar un pollo de centenares de millones de dólares.
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Hace 5 añosLas reformas al Código Electoral siguen acaparando la atención, no solo porque es un asunto que atañe al ya vapuleado poder popular, sino porque los diputados insisten en poner sus intereses y los de sus partidos por encima de los de la colectividad. Uno de los tres magistrados del Tribunal Electoral —al igual que lo exigen miembros de la sociedad civil y miles de ciudadanos que se manifestaron semanas atrás sobre estas reformas— insiste en que los candidatos de libre postulación deben gozar de paridad en materia de subsidios y derechos frente a los candidatos de los partidos; que el arcaico y perverso sistema del cociente, medio cociente y residuo debe ser reemplazado para que los candidatos sean elegidos por mayoría, y no mediante fórmulas matemáticas. La eliminación del fuero electoral sigue siendo tema tabú para los diputados, que se resisten ferozmente a abandonar esta figura de la que se ha abusado para evitar una investigación criminal. Es decir, los temas que importan han sido echados a un lado. Lo que se ha avanzado en reformas es realmente insustancial.
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Hace 5 añosLa crudeza de la historia contada al público ayer por la periodista Castalia Pascual (TVN) es desgarradora. Ella narró una llamada de Ricardo Martinelli cuando era presidente. Describió cómo había ordenado el traslado de un familiar suyo, de un centro de atención para adictos “a la peor celda de La Joya”. Una y otra vez la periodista contó cómo “me tuve que arrodillar a su poder” y suplicarle que enviara a su pariente de vuelta a su tratamiento. A lo que Martinelli –contó Pascual– le respondió que no se metiera con sus hijos y que él no se metería con su familia. ¿Cuántos más han sido víctimas de semejante gala de abuso de poder? Ojalá otros se atrevieran a denunciarlo con la misma valentía que la periodista. Esta conducta y otras ya conocidas no son más que la expresión fiel de cómo el poder político se usa al servicio de la vileza y la villanía.
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Hace 5 añosAl margen de los avances que pudieron haberse logrado en la mesa técnica, en la que se llegaron a algunos consensos en las modificaciones del Código Electoral, el hecho es que hay temas que no deben ser objeto de discusiones laxas, pues los políticos están claramente abusando de la paciencia del pueblo en materia electoral. Nuestra democracia requiere de transparencia absoluta, de reglas claras que permitan que los electores cuenten en una elección y no las alianzas que surgen al calor de una campaña electoral. Ya está bueno de componendas políticas que burlan la voluntad popular; de las artimañas que terminan dándole una curul a uno que no sacó siquiera los votos de su familia. Porque todo eso ha servido para que políticos indeseables lleguen a la Asamblea Nacional, a pesar de que el electorado ha decidido castigar –negándole su voto– a esos que se convierten en voraces parásitos del Estado. Los ciudadanos tenemos que exigir el derecho a elegir libremente a quienes dirigirán los destinos del país y eso se logra empoderándonos, en lograr que los políticos entiendan que aquellos que ponen los votos son los que mandan, no ellos, que son solo empleados de sus electores. Así de sencilla es la cosa.
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Hace 5 añosNo hay duda de que ser diputado en Panamá es alcanzar algo así como el Olimpo. Equivale a llenarse de privilegios para verse por encima del ciudadano común. Los diputados nunca están contentos con lo que tienen y ahora, en la discusión de las reformas al Código Electoral, han decidido mantener el fuero penal electoral, figura cuya propuesta era ser eliminada. Sin embargo, los “luceros” de nuestra democracia han decidido que semejante escudo de la impunidad debe continuar, para que candidatos y directivos de partidos políticos vuelvan a ser intocables por la Ley durante toda la campaña electoral. ¿Por qué recurrir a esa figura si no hay qué temer? Es que, como todos sabemos, muchos de nuestros políticos son delincuentes que encuentran refugio en estas figuras para evadir la justicia. Y qué mejor forma que legalizar una fuga de hecho, permitiendo que sujetos indeseables sean parte del engranaje gubernamental. Sus reformas solo buscan cuidar sus espaldas, legalizando la impunidad. Su actitud delincuencial perjudica la democracia y, en consecuencia, a todo el país. Por ello, estas –sus reformas– carecen de legitimidad, pues no son más que un calzón hecho a su medida. ¡Hasta cuándo vamos a aguantar!
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Hace 5 añosEsta semana, los periodistas independientes María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, fueron galardonados con el premio Nobel de la Paz. Ambos son fervientes luchadores por la libertad de expresión en sus respectivos países, donde las condiciones para ejercer esta profesión son adversas y peligrosas. Ressa ha sido objetivo de demandas judiciales con fines intimidatorios por “denunciar el abuso de poder, el uso de violencia y el creciente autoritarismo en su país”, y Muratov, cofundador del periódico independiente ruso Novaja Gazeta, cuya línea editorial es denunciar la corrupción, ha perdido a seis reporteros, producto de asesinatos. En un mundo tan conectado, es una ironía que aún asesinen a periodistas por tratar de expresarse libremente. Ello prueba que, aunque las redes permiten que un individuo pueda divulgar masivamente sus pensamientos, siempre habrá quien trate de evitarlo, como en Venezuela o Nicaragua, donde medios han sido cerrados y periodistas encarcelados para evitar que puedan disentir. El galardón otorgado a Ressa y Muratov no es solo un homenaje a su lucha, sino a la de miles de periodistas que, pese a los peligros de la profesión, ofrendan su vida por un mundo libre y bien informado.
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Hace 5 añosCientos de personas siguen sufriendo las consecuencias de haber ingerido medicinas producidas por la Caja de Seguro Social contaminadas con dietilenglicol. Esta ha sido una de las peores tragedias médicas del mundo, incluso –por la cantidad de personas envenenadas y por las que han muerto– ha sido mucho peor que la que sufrieron unas cien personas en Estados Unidos en 1938, detonante para la creación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de ese país. Este mes se cumplen 15 años de esta catástrofe, que ha dejado una profunda huella de dolor, a la vez que se ha convertido en un bochorno para nuestro sistema público de salud, que ha tratado a las víctimas de la intoxicación con muy poca empatía. Los pacientes han tenido que pelear con dientes y uñas cada pequeña conquista para recibir tratamiento o una indemnización del Estado. Las autoridades se han olvidado de que tienen una deuda con todas las personas perjudicadas, pero cada año que pasa, el escándalo de 2006 es enterrado bajo el peso de una indiferencia y despreocupación inhumana y por la desvergüenza gubernamental, incapaz de asumir su responsabilidad en este hecho. ¿Este es nuestro Panamá solidario?
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Hace 5 añosUna vez más, diputados de la Asamblea Nacional pretenden hacer cambios al Código Electoral a la medida de sus intereses, a pesar de que algunas de sus reformas fueron rechazadas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Sin embargo, las volvieron a meter y las aprobaron, violando una prohibición de su propio Reglamento Interno. Una de esas reformas tiene nombre y apellido, y de ello fue a cerciorarse la diputada Yanibel Ábrego a la Comisión de Gobierno, a la que no pertenece. Este cambio –rechazado previamente– pretende introducir en el Código Electoral plazos específicos para elegir a las autoridades de todos los partidos, algo que actualmente es potestad exclusiva de cada uno de los partidos políticos. Y es que una disputa interna de Cambio Democrático (CD) —el partido de Ábrego— busca zanjarse en estas reformas. El cambio permitiría adelantar las elecciones del mencionado colectivo político, pretensión esta que, semanas atrás, el Tribunal Electoral rechazó. Pero el asunto no terminó allí, pues ahora se harían cambios para lograr ese fin, a pesar de que este cambio ya había sido rechazado. Ábrego busca postularse como líder de ese partido, para lo cual es necesario adelantar las internas de CD. Si logra su cometido, se aliaría a su antiguo mentor, el expresidente Ricardo Martinelli, y de esta forma, el político estaría en control, no de uno, sino de dos partidos. Así de burdos son, y es por ello que esas reformas carecen de legitimidad. Los diputados engañaron, una vez más, a todos y esto hay que volver a impedirlo.

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