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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 añosEn Panamá cuesta un mundo dar un paso hacia adelante cuando se trata de proteger nuestro patrimonio natural, pero si es para destruirlo –con la excusa del progreso y supuestas plazas de trabajo– el Gobierno corre precipitado a hacerlo. Uno de los grandes atractivos turísticos de Panamá son las aves locales y migratorias. Costa Rica ha logrado apalancar una parte de su turismo en este renglón, y de ello saca un provecho que se cuenta por millones de dólares. En cambio, una de las zonas preferidas de millones de aves migratorias –los humedales de la Bahía de Panamá, declarados áreas protegidas desde hace unos siete años– sigue bajo una tremenda presión. Su zona de amortiguamiento es asediada con la tala de manglares, extracción de arena, incluso, por proyectos urbanos. Un plan de manejo ambiental de esta zonas –que incluye áreas protegidas en Panamá, Chepo y Chimán– debió haber estado listo hace cinco años, pero no es hasta reciente fecha que se llevó a cabo el proceso de contratación para elaborar el mencionado plan. Panamá necesita ser más consistente en sus planes de desarrollo y, ciertamente, este rumbo errático no ayuda a definir nuestra economía ni a conseguir objetivos ni metas.

Hoy por hoy

Hace 4 añosLos procesos para levantar el fuero electoral penal ahora son más engorrosos y tardan más tiempo, pues hay que ir a segundas instancias para dejar sin efecto el privilegio. En la práctica, significa dilatar, algo que lograron los diputados en las recientes modificaciones al Código Electoral. Si bien es cierto que generalmente el fuero es levantado a petición de las autoridades, al tomar ahora más tiempo se facilita la prescripción de los delitos y con ello viene la impunidad. Y eso es lo que querían los diputados desde un inicio, pues ellos —como ya sabemos— no legislan en el mejor interés de los ciudadanos. No, ellos legislan para sí mismos, para obtener beneficios y privilegios, para mantenerse fuera del alcance de la ley, porque muchos de ellos andan en malos pasos: roban dinero del Estado o se apropian de bienes estatales. Por eso se aferran de ese anacronismo electoral, como su tabla de salvación. Centenares de políticos han quedado protegidos de comparecer a juicios o de ser investigados, gracias a los procesos electorales instaurados a lo interno de sus partidos, los cuales pueden extenderse durante meses. El fuero electoral no es más que otra bribonada de los delincuentes que tenemos por diputados.

Hoy por hoy

Hace 4 añosUna vez más, quedan en la impunidad delitos que afectaron la reputación de personas que se vieron afectadas por la maleantería que todavía reina en la Asamblea Nacional. La Corte Suprema de Justicia se negó a admitir una denuncia que hizo una ciudadana que, sin su consentimiento, su nombre apareció en las planillas fantasmas del Órgano Legislativo, pero los salarios eran cobrados por terceros sin prestar ningún servicio. Si el diputado señalado no ocupara un cargo político, seguramente los hechos habrían sido, al menos, investigados para dar con los culpables, pero comprobamos –como siempre– que impera la impunidad cuando se trata de la casta política. A estos casos se suman otros, pues hay varias denuncias –presentadas por el antiguo contralor– que esperan investigaciones, tanto de la Corte como de la justicia ordinaria, dado que varios diputados perdieron el cargo en los comicios pasados. Se trata de hechos escandalosos, como peculado, pero nada camina, todo queda en el limbo. ¿Cómo espera la Corte que la sociedad crea en los cambios que impulsa cuando sus sentencias dicen que nada cambiará? Si quieren credibilidad, no pueden destruir con los pies lo que tratan de hacer con las manos.

Hoy por hoy

Hace 4 añosLa Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura tiene mucha razón al quejarse del escandaloso “despilfarro de fondos” estatales, en medio de los serios problemas económicos que sufre todo el país, incluido el Gobierno, que debe recurrir a cuantiosos créditos para solventar un presupuesto nacional que es de todo, menos realista. El déficit fiscal, que podría disminuir notablemente con un verdadero plan de austeridad gubernamental, no deja de preocupar, pues está calculado en base a ingresos irreales y que al final se cubren aumentando nuestra ya abultada deuda pública. Sin duda, el gobierno de Laurentino Cortizo debe ser el peor administrador de fondos públicos que ha tenido Panamá en las últimas décadas. Se ha cruzado de brazos mientras las autoridades de los gobiernos locales nos roban en la cara y sin ningún control, pues la Contraloría ha decidido emascularse, convertirse en amable corrector, en vez de velar por los mejores intereses del país. El dinero se utiliza con fines clientelistas y electoreros, mientras las planillas de las entidades del Gobierno siguen creciendo, como si el dinero sobrara. La falta de criterios en la administración pública está poniendo en peligro la estabilidad futura del país y el Gobierno –incluido el Presidente– será el único responsable de lo que suceda.

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Hace 4 añosSi bien las autoridades han debido ser más diligentes, a fin de adelantarse a las excusas que usualmente presenta Ricardo Martinelli para eludir –como está acostumbrado a hacerlo– sus procesos judiciales, lo cierto es que, en este caso, los fueros electorales se prestan para la evasión. Los fiscales y jueces deberían ser más proactivos en este asunto, teniendo en cuenta las conductas anteriores de ese sujeto. Han sido múltiples las excusas y esta no iba a ser la excepción. Pero los procesos de elección en los partidos políticos pueden durar todo el año si cada mes convocan a un torneo interno para elegir a los miembros de comisiones, secretarías y todo lo que se le ocurra al dueño del partido. Es como jugar al gato y al ratón, pues no bien se establece una nueva fecha de audiencia y ya el amo está convocando a alguna elección, por lo que el fuero nunca acabaría. Es por ello que los partidos políticos –y sus más destacados sinvergüenzas– impiden eliminar el fuero electoral, pues temen quedar desprotegidos ante la ley. Quizá sea buena idea que el tribunal considere proseguir el proceso con los otros imputados y a la estrella de este culebrón dedicarle audiencias especiales.

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Redacción de La PrensaHace 4 añosComo era de esperarse, el acusado estrella del caso New Business no acudió a la audiencia de ayer, alegando, como siempre, una incapacidad médica que ya nadie le cree, pues se ha encargado de divulgar él mismo cómo se divierte. En cuanto escucha las palabras “juicio” o “audiencia”, repentinamente enferma o se somete a cirugías. Las autoridades judiciales deberían –a estas alturas– ser menos indulgentes con quien se burla abiertamente de ellas y de las víctimas, en este caso, el Estado panameño. Además, para ser un sujeto que dice no temer a la justicia y que grita su inocencia de los cargos en su contra, hace todo lo posible para que las audiencias donde puede demostrar lo que afirma, no se lleven a cabo. Ayer mismo se aferró una vez más a un principio de especialidad que ya no le es aplicable. También sigue aferrado a fueros electorales, amparos y otros tecnicismos, para impedir que se lleve a cabo la audiencia sobre la sospechosa compra de un grupo editorial, presuntamente con fondos públicos. También se le acabaron los argumentos de la manipulación de la justicia, pues ha sido liberado de cargos en dos ocasiones. Entonces, si la justicia ha sido “imparcial” con él, ¿a qué le teme?

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Hace 4 añosEl gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha batido y batirá todos los récords en materia de deuda. Desde que tomó posesión –en julio de 2019– hasta la fecha, la deuda ha aumentado $13 mil 875 millones, hasta sobrepasar, por primera vez, los $40 mil millones. Ese es un récord que nadie le puede disputar, pues su ritmo de endeudamiento es otro récord: un promedio de $447.6 millones por mes. Consideremos que antes de Cortizo, el que hizo crecer más la deuda fue el presidente Juan Carlos Varela. En en sus 60 meses, la deuda aumentó $8 mil 973 millones, a un promedio de $149.5 millones por mes, es decir, 200% menos que el ritmo de Cortizo, quien, a la mitad de su mandato, lleva acumulado casi el 80% de toda la deuda adquirida durante las gestiones de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Varela. La suma de estos tres periodos alcanza los $17 mil 429 millones, pero al ritmo que va, antes de fin de año, Cortizo sobrepasaría esa cantidad, con lo cual batirá el récord de despilfarro en la historia del país… y todo en la peor crisis económica de las últimas décadas. Si no afloja el pie, para cuando cumpla 60 meses, la deuda habrá aumentado más de $25 mil millones. Y ese será otro récord... y su gran legado.

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Hace 4 añosEl contralor lleva 25 meses en el cargo, suficientes para haberse dado cuenta del descarado despojo que hacen alcaldes y representantes mediante la autoasignación de ingresos, que en algunos casos han alcanzado los $14 mil mensuales, muy superiores a los ingresos del propio contralor. Si, a su criterio, tales erogaciones no tenían justificación, ha debido intentar que la Corte Suprema declarara su ilegalidad. Pero acreditar tales pagos argumentando que los hacen desde hace 15 años y que aumentaron en la administración de su antecesor y del Procurador de la Administración, no es excusa. Pero, de hecho, su antecesor intentó detener estos pagos mediante una demanda de nulidad contra un acuerdo del Municipio de Arraiján, que –si se hubiese resuelto a su favor– habría servido como antecedente para eliminar como costo fijo de los presupuestos municipales los gastos de movilización. Tal postura fue respaldada por el otro funcionario que menciona Solís: el Procurador de la Administración, quien recomendó la nulidad, por su desapego a las normas de administración presupuestaria, pero la Corte no resolvió la demanda. El actual contralor no solo miente sobre los intentos para evitar estos pagos, sino que trata de justificar su incompetencia.

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Hace 4 añosLas necesidades de las juntas comunales –a cargo de los representantes de corregimiento– son muchas, diversas y varían según su ubicación. Pero las autoridades electas han establecido como prioridad recibir elevadísimos ingresos, provenientes de los escasos fondos que manejan algunas juntas comunales, en detrimento de sus habitantes. Un ejemplo de necesidades insatisfechas son sus flotas vehiculares. La mayoría no cuenta con suficientes carros; en cambio, unas pocas poseen tantos que virtualmente no les hace falta nada. En el caso del Municipio de Panamá, donde sus representantes de corregimiento cobran cada uno $5 mil de movilización, hay juntas comunales con 1 o 2 vehículos, pero otras cuentan con más de 20, como la de Tocumen –cuyo representante es un exdiputado–, flota en la que hay buses y equipo pesado. Otros han destinado decenas de miles de dólares para comprar autos para su desplazamiento personal, adquiridos en los momentos más críticos de la pandemia. Tal es el caso de las juntas comunales de El Chorrillo y Las Cumbres. Tenemos entonces representantes beneficiados con favores que les permiten trabajar cómodamente, mientras otros ponen su prioridad en su confort personal. Así, pues, unos gozan de privilegios políticos, y el que no, se autoprivilegia a sí mismo.

Hoy por hoy

Hace 4 añosLa Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha emitido su opinión en torno a las negociaciones con la empresa Minera Panamá. Una de sus conclusiones, a la que nos adherimos, es que el gobierno informe a los ciudadanos los usos que le dará a los fondos que se obtengan de esta concesión, “los cuales, de ninguna manera, deben destinarse a fines politiqueros, sino a áreas de desarrollo estratégico del país con el fin de ser invertidos a largo plazo”. En efecto, ya hay mucho dinero del Estado destinado a la más burda politiquería con fines electoreros. Tenemos muy, pero muy serios problemas con la educación como para estar comprando electrodomésticos para regalar, pues pronto tendremos gente que no sabrá qué hacer con ellos, dada la creciente ignorancia funcional que, por cierto, debe padecerla el 90% de los funcionarios electos. Esto, sin contar lo que se nos avecina con la Caja de Seguro Social. Entonces, el Gobierno debe hacer un plan –quizás acompañado de la sociedad civil– para hacer un uso legítimo de este dinero, que proviene del sacrificio de decenas de miles de hectáreas de bosques. Luego, debe informar a todos para que todos seamos vigilantes del uso correcto de nuestros recursos.

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