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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 añosEl presidente de la República -que hace poco dijo que no sabía cuánto devenga- no puede responder por los $213.5 millones en consultorías gastadas por su gobierno, porque no ha “revisado la lista”. El ministro de Economía tampoco da cuenta de estas asesorías, porque aunque sí autorizó los desembolsos, dijo que no maneja la información correspondiente. Y el contralor, pues anda ocupado asesorando a alcaldes y representantes sobre cómo hacer uso del renglón de gastos “imprevistos”. Manejando un país así, ¿cómo van a tener idea de asuntos como la salud pública, el desabastecimiento de medicamentos y la atención a pacientes con enfermedades crónicas? La CSS no debería perder más tiempo y examinar su ineficiente y burocrático procedimiento de compra y contratación de servicios, cuál es su incidencia en el costo de los medicamentos y cómo afecta esa situación a los asegurados y a la población en general. Aquí la gente se muere por falta de atención, de tratamientos y de insumos, pero hay que ver cuántos medicamentos y equipos se podrían adquirir con lo que gastan en planillas, doble salarios, alquiler de flotas, gastos de movilización, consultorías y anuncios publicitarios para decirle al país que los medios de comunicación mienten cuando transcriben cifras proporcionadas por el MEF. ¡Vergüenza!

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Hace 4 añosDécadas atrás, los panameños decidimos que el Canal de Panamá sería un santuario de neutralidad política, a fin de que nuestra criolla y muy particular política no invadiera una empresa estatal de estatura mundial. Es evidente que al estudiar la gobernanza del Canal y la del resto de las instituciones del Estado, saltan a la vista enormes e insalvables diferencias. Comparar el Canal de Panamá con el Gobierno es como comparar la institucionalidad con el pandillerismo. Sin embargo, con el transcurrir de los años, los políticos han dejado atrás ese pacto y cada vez es más frecuente ver nombramientos en la junta directiva del Canal que responden a intereses partidistas, incluso, particulares. Si bien en esta nueva jornada de nombramientos algunos merecen ocupar un puesto, otros dejan muchas dudas, no por su capacidad, sino por sus compromisos, por los intereses, si no personales, sí familiares. No solo ha sido este gobierno el que lo ha hecho; quizá las peores designaciones fueron bajo aquella administración profunda y abiertamente corrupta, empezando con el que por entonces fue presidente de la República. Una vez más, la Asamblea Nacional fracasó en su labor de corregir el rumbo torcido que se manifiesta en designaciones dudosas.

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Hace 4 añosLa propuesta legislativa para modificar el Código Electoral en lo que concierne a la revocatoria de mandato de los diputados ha sido apoyada tanto por oficialistas como por opositores, a pesar de que es una clara maniobra con la que los diputados buscan eludir los lineamientos de sus respectivos partidos. Precisamente, en este momento, la gran mayoría de los diputados de Cambio Democrático está en un proceso de revocatoria de mandato por desatender directrices de su colectivo, y de ahí la necesidad de aprobar modificaciones que los deje intactos a futuro. Este oportunismo es el que hace que los ciudadanos dejemos de creer en lo que hacen los diputados, porque cuando legislan, no lo hacen pensando en la colectividad, sino en acomodarse mejor, actuar con impunidad y sin tener que rendir cuentas a nadie. Actúan sin ética, mostrando su peor cara, pero sin importarles, pues a la hora de obtener votos, lo que le importa a muchos votantes no es lo que los diputados pueden hacer por el país, sino cuánto están dispuestos a pagar por su voto. Y mientras el elector participe en una operación mercantilista en vez de un ejercicio democrático, tendremos diputados de la peor calaña, como los de ahora.

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Hace 4 años¿Cómo puede explicar o justificar el señor alcalde de la ciudad capital un gasto de más de $40 millones en consultorías? ¿Cómo puede ser posible tanto despilfarro, en especial cuando cientos y cientos de negocios tuvieron que cerrar por la pandemia? Es que ni siquiera se puede visualizar ese gasto, ya que no hay algo tangible que podamos señalar como para decir que hay evidencias –buenas o malas– de que el dinero se ha gastado en algo. La supina irresponsabilidad del alcalde es una razón más –y muy poderosa– para revocarle el mandato. Todas sus ideas son un completo desastre, incluyendo este gasto, que supera, incluso, los del Ministerio de la Presidencia, la institución que más plata le ha metido a las consultorías en lo que va de gobierno. José Luis Fábrega no merece seguir ocupando el cargo de alcalde, pues es evidente su incapacidad como buen administrador; sus decisiones son cuestionables desde todo tipo de vista; ha destruido y desecho cosas que funcionaban bien; su estilo al frente de la comuna más grande del país es el de un autócrata y no hay una sola obra que hable bien de su gestión. Su incompetencia es sencillamente absoluta.

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Hace 4 añosCentenares de millones de dólares han sido destinados por el actual gobierno al pago de asesorías, un gasto, en muchos casos, superfluo, considerando que nunca antes un gobierno ha ejercido el poder de forma tan desastrosa como el actual. Son más de $200 millones. Con menos de un cuarto de esa cantidad podría cerrarse la brecha digital para que todos los estudiantes del país tengan acceso a internet. Pero causa dolor y frustración saber que es el Ministerio de la Presidencia una de las entidades que más ha gastado –más de $36 millones– y que ha tenido como objetivo temas como comunicación, mercadeo y mercadeo digital. ¿Qué puede mercadear la Presidencia que no sea su propia gestión o al Gobierno o a sus funcionarios? Y la gran mayoría de este gasto se ha hecho durante la pandemia, sin considerar que el país ha atravesado durante todo este tiempo una crisis de salud sin precedentes, que ha afectado, incluso, hasta los ingresos del Gobierno, endeudándonos como nunca antes Administración alguna lo ha hecho. No ha habido programa vinculado a la pandemia y a la economía nacional que no lleve el nombre de solidaridad, pero, por lo que vemos, no es más que una palabra hueca.

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Hace 4 añosLos diputados siguen creando el escenario para que los alcaldes puedan, a su discreción, echar mano del dinero de los presupuestos municipales. Primero fue la propuesta del diputado Javier Sucre (PRD) de modificar la Ley 37 de 2009, de descentralización, a fin de que los municipios no solo reciban los fondos recaudados del impuesto de los bienes inmuebles, sino también el 6% de los ingresos corrientes del Estado. Ahora, este mismo diputado presentó una iniciativa para reformar la Ley 106 de 1973, sobre el procedimiento de contrataciones menores en los municipios, juntas comunales y consejo provinciales. Lo que se busca, según la Procuraduría General de la Administración, es excluir a las mencionadas entidades del alcance de la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas. La Procuraduría indicó que el proyecto de Sucre establecería procesos distintos a la Ley 22 de 2006, haciendo menos transparentes las compras menores de los gobiernos locales, y otorgando un nivel de discrecionalidad que riñe con lo vigente. Son estas excepciones lo que provoca la suspicacia y la sospecha, pues lo que deben hacer los diputados es dotar de mayor transparencia estos procesos.

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Hace 4 añosParece una cosa de la prehistoria que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos desconozcamos detalles de quiénes nos gobiernan. Ese oscurantismo deviene en sospechas –y muy justificadas– sobre la honestidad de los políticos. Por ejemplo: ¿por qué las declaraciones juradas de bienes patrimoniales no se pueden divulgar, si el propósito es, precisamente, vigilar que el patrimonio no haya crecido de forma desproporcionada mientras una persona ocupa un cargo público? ¿Qué esconden? Si alguien decide ser servidor público, debe considerar que perderá parte de su privacidad, por lo que no puede aspirar a mantener en secreto ingresos o bienes —antes y después de salir del Gobierno— ni puede considerarse un ciudadano cualquiera, pues es parte del engranaje que gobierna el país y, en consecuencia, los ciudadanos tenemos todo el derecho de practicar lo que se conoce como due diligence o “diligencia debida” sobre su pasado y su presente, incluso, sobre lo que piensa en algunos temas. Es lo que los bancos practican como la política de “conoce tu cliente”. Pues bien, los ciudadanos necesitamos constantemente “conocer a tu gobernante”. Pero no lo podemos hacer por falta de transparencia, por lo que, en esa materia, seguimos en el siglo XIX.

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Hace 4 añosLa historia de Bagatrac como contratista del Estado es singularmente preocupante. Ha estado en escándalos de todo tipo y sus directivos han recibido clemencia judicial al confesar delitos de corrupción, en el que están acusados altos cargos del gobierno 2009-2014. Su pasado es altamente controversial, sus actuaciones, en muchos casos, sospechosas y cuestionables. Por ejemplo, el gerente y dueño de esta empresa se ha rehusado –con su silencio– responder preguntas de este medio sobre transacciones millonarias; sobre la venta de una finca al presidente del PRD, y sobre proyectos adjudicados a su favor. Esta misma actitud fue la que adoptó, durante toda su vida como contratista del Estado, Odebrecht, y ahora sabemos por qué. Las relaciones de Bagatrac con algunos exministros vinculados a las obras adjudicadas a su favor han sido blanco de investigaciones que han resultado en delitos graves y, coincidencia o no, esos mismos exfuncionarios están acusados en el caso Odebrecht. No se pueden negar las similitudes entre estas dos empresas, pero el gobierno de Laurentino Cortizo no tiene reparos en darle a Bagatrac obras de forma directa o sin competencia, por montos que llaman la atención considerando sus relaciones y circunstancias. Negarlo no tiene caso. Los hechos dicen más que las palabras.

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Hace 4 añosLas reacciones, en general, al reportaje sobre la casa en Boquete que el diputado Benicio Robinson (PRD) niega que sea de su propiedad generaron diversas reacciones, la mayoría de rechazo. Eso fue entre los ciudadanos, mientras que entre los políticos –especialmente los de oposición– generó silencio. Este medio le preguntó a varios, y cuando no fue una excusa, fue un no respondo, expresado de diversas maneras, pero casi nadie tenía un criterio ni siquiera un simple comentario. Esta noticia es una asunto relativamente sencillo, pero lo preocupante es que, ante los grandes problemas del país, ese silencio de la oposición es ensordecedor. Tal parece que los políticos, de lo único que tienen opinión, es sobre su turno al poder, pues son especialistas en dos cosas: identificar los problemas y prometer sus remedios. Pero una vez en gobierno, el diagnóstico y la solución pasan a segundo y tercer plano, y entonces surge el verdadero propósito: el poder y, en especial, el disfrute de sus mieles. Tendremos que ser los ciudadanos los que impulsemos los cambios si, en cosas tan obvias, nuestros políticos, sin importar el color de su partido, no tienen opinión de nada. Es una realidad tan dura como decepcionante.

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Hace 4 añosEl diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) es un rotundo y completo fracaso. Fuimos testigos de cómo el gobierno nombró a un coordinador sin liderazgo alguno, que permitió la paralización del diálogo desde el primer día y que los integrantes se enfrascaran en discusiones de temas pasmosamente triviales. Ese fracaso es corroborado por el que hasta hace pocos días fue el subdirector de la CSS, quien renunció por la decepción que sufrió a causa de un diálogo sin conducción ni propósito. Las soluciones para la CSS a corto y mediano plazo no parecen posible y es una lástima que no haya exteriorizado todo lo que pensaba y sabía cuando estuvo en el cargo. Algo se habría podido hacer desde adentro. Sin embargo, sus razones revelan el enorme desapego de los partidos oficialistas con el pueblo, ya que sus intenciones de alcanzar una solución al gigantesco problema que se avecina solo es un discurso vacío para tratar de maquillar un gobierno cobarde e incompentente, cuyo único propósito es enriquecer a una pandilla de políticos. Los líderes de esta administración se han cruzado de brazos frente al inminente colapso de una institución que es el sostén de miles de jubilados y pensionados. Así de ineptos son.

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