TEMA: Hoy por Hoy


Hoy por hoy

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Hace 4 añosDe la misma manera en que una serpiente necesita inyectar su veneno en el animal que ha de comer, de la misma manera los diputados necesitan actuar con villanía para asegurarse de robar, tanto ellos como sus colegas en cargos de mucho menor jerarquía, pero con ingresos equivalentes al de un ministro de Estado o presidente de la República. Su naturaleza no es ser honesto; lo suyo es delinquir, aunque lo grave no es solo que robe, sino que de ahora en adelante será legal. Y es que en uno de sus ya famosos “camarones legislativos”, introdujeron reformas a la Ley de Descentralización para blindar el pago de gastos de representación a alcaldes y representantes, a quienes casi se les ve ahogados porque se quedaron sin oxígeno económico, es decir, sin plata, pues la Contraloría les prohibió cobrar sus exóticos gastos de movilización. Ahora recurrieron a sus colegas de la Asamblea para que les den el vital auxilio que dejaron de percibir. La perversidad de todo esto es que lo hacen en medio de una crisis económica, dejando al desnudo su inagotable codicia. Le tocará al presidente –cuando el proyecto de ley le llegue para su sanción– probarnos que no es el tonto útil o el títere de los diputados.
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Hace 4 añosComo si se tratara de un pastel, Laurentino Cortizo anunció cómo ha dispuesto de cada porción de los aportes que el país recibirá de Minera Panamá. Y al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) le tocó la mitad, o unos $190 millones al año. Tal inyección equivale a contener el colapso de la institución introduciendo el dedo en la rendija del dique por donde escapa el agua. Es un pequeño parche que busca, ilusoriamente, calmar para que sea otro al que le toque tomar las duras medidas que se requieren para que este subprograma de la CSS subsista. ¿En qué se basó para hacer esa asignación? ¿Qué alivio traerá a través de los años? Tal vez nunca conoceremos las respuestas, porque todo lo que hace Cortizo y su gobierno es producto de la improvisación. Y así como desconocemos esos detalles, tampoco conocemos –todavía a estas alturas– el texto del nuevo contrato con la minera, pese a que se llegaron a acuerdos meses atrás. El desprecio del “Gran Gobierno” por la transparencia no es etéreo. Desde su primer día en el Palacio de las Garzas, ha dejado una larga estela de oscurantismo y opacidad.
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Hace 4 añosSobre el escritorio del presidente Laurentino Cortizo reposan cuatro proyectos de ley, cuya sanción tendría consecuencias funestas para el país. Está, por ejemplo, el que permitiría la reelección de la polémica rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, cuyo músculo entre los diputados ha quedado en evidencia. Además, espera sanción –o veto presidencial– el proyecto que modifica las reglas para la revocatoria de mandato de los diputados.
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Hace 4 añosSon tantos los problemas que enfrenta la sociedad, que cuesta definir por dónde comenzar a solucionarlos. Está el tema de la justicia, que parece siempre inclinada a favor del mejor postor o, dicho de otro modo, en favor del de la billetera más gruesa. Por otro lado, algunos diputados, que no por casualidad son siempre los mismos, se empeñan en usar su curul para beneficiar los intereses de los allegados al poder o del que está dispuesto a satisfacer el eterno “qué hay pa’ mí”. Y si le sumamos la profunda crisis económica que vive el país, que cada vez se agudiza más por la falta de planificación y de una estrategia cónsona con la realidad global, así como el creciente mal uso de los fondos del Estado de parte de los gobernantes, no es extraño que muchos panameños comiencen a creer en falsos mesías, que prometen dinero en los bolsillos y trabajo para todos. Las recetas mágicas para solucionar los problemas del país no existen. Debemos comenzar a solucionar nuestros propios problemas, pero no a punta del juega vivo, sino con trabajo honesto. Dejarnos engañar con las promesas de un falso mesías es cosa de humanos; pero permitir que nos engañe por segunda vez, es cosa de tontos.
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Hace 4 añosLas recientes declaraciones del presidente Laurentino Cortizo, son las de un novato. A estas alturas, sigue sin tener un plan claro de qué hará su gobierno respecto al progresivo aumento del precio de combustible, algo que no es ninguna sorpresa, dado el rumbo incierto de su gobierno después de dos años de gestión. Ni siquiera es capaz de adoptar una posición clara sobre el fallo del Tribunal Electoral que mantiene el fuero electoral a Ricardo Martinelli. ¿Qué quiere realmente decir el presidente cuando afirma que en su gobierno se ha fortalecido la institucionalidad? Es bajo su administración que los órganos del Estado han gestionado fondos públicos y luego se han negado sistemáticamente a rendir cuentas. A ello se suma que ha permitido que impere el terrorismo judicial, en especial contra medios, periodistas y gestores de opinión. Su gobierno ni siquiera ha hecho un intento por promover reformas legislativas para frenarlo. Y, por si fuera poco, habiendo tenido la posibilidad de vetar las reformas electorales a fin de eliminar de una vez por todas los abusos que se comenten so pretexto del fuero penal electoral, no lo hizo, más bien, lo apoyó con su sanción. Por lo visto, la institucionalidad le importa tanto como el bienestar de los ciudadanos. Excepto el de los miembros del PRD y sus cómplices políticos.
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Redacción de La PrensaHace 4 añosEl 5 de diciembre de 2019, María Eugenia López Arias -junto a cuatro magistrados suplentes- tomó posesión como miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese día, el presidente de la República dijo: “Ustedes están aquí por sus méritos. Se deben a la Constitución y a las leyes del país. No se deben absolutamente a más nadie”. Como los hechos han demostrado que en la justicia electoral hay quienes no entienden lo mismo, la Corte Suprema tiene la oportunidad de demostrarle al país que aquel reto del presidente de hace dos años y 3 meses prevalecerá. Panamá no tiene por qué seguir existiendo a pesar de sus instituciones, sino gracias a ellas, y que la Corte, a la que sí le compete conocer aspectos como la aplicación del principio de especialidad, sea la que se pronuncie y no quienes se han tomado esa atribución por asalto. Este año, a la CSJ le corresponde designar al reemplazo de Heriberto Araúz, quien termina su gestión como magistrado del Tribunal Electoral en noviembre. La Corte tiene la responsabilidad de asegurarse de que el nuevo magistrado tenga la integridad indispensable para ejercer ese cargo con dignidad. Así como la oportunidad es un factor fundamental para perpetrar fraudes, también lo es para mejorar.
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Hace 4 añosLa propuesta de una diputada del PRD para modificar la legislación existente sobre el derecho a réplica es un intento de amedrentamiento. Este medio, por ejemplo, tiene como política buscar a las contrapartes cuando se va a publicar una noticia, reportaje o investigación. Frecuentemente, nos encontramos con que estas partes se niegan a hablar; se niegan a rendir cuentas; se niegan a hablar de los temas que les incomoda y es así cómo la publicación de reportajes e investigaciones se dilata por semanas y meses, en espera de una respuesta que nunca llega. ¿Acaso ese proyecto de ley considera esta situación? ¿O lo que busca es respaldar la falta de transparencia y rendición de cuentas de aquellos que no responden para, luego, poder hacer uso de una réplica que el medio estuvo buscando afanosamente, desde un principio? ¿Por qué no se legisla para que los funcionarios estén obligados a rendir cuentas, so pena de multa? Por otro lado, las personas no están en indefensión frente a lo que dice un medio: existen tribunales; el derecho a réplica existente; las conferencias de prensa, los comunicados, incluso, las redes sociales que proporcionan un medio de réplica, que no excluye los otros. Lo dicho: solo se busca amedrentar.
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Hace 4 añosEl próximo domingo, Laurentino Cortizo cumple mil días como presidente de la República, en medio de circunstancias quizá inéditas. Aunque es verdad que gobernar durante esta pandemia respiratoria no ha debido ser fácil, no podemos seguir achacándoselo todo a ella (o al gobierno anterior). A pesar de que ha habido algunos aciertos (por ejemplo, en el proceso de vacunación y la modernización de algunos trámites), a medida que pasa el tiempo la incertidumbre en los sectores productivos del país se hace mayor. El crecimiento exacerbado de la planilla estatal, la prolongación inexcusable del regreso a clases presenciales y la existencia de contrataciones de legitimidad cuestionable, son sólo ejemplos que contrastan con las inmensas necesidades que tiene el país, algunas de las cuales han sido atendidas con recursos obtenidos a través de deuda pública. Ahora urgen estrategias para lograr metas indispensables y generar puestos de trabajo para esas 416 mil personas que, dos años después, siguen dependiendo del Vale Digital. ¿Han pensado qué ocurrirá con ellas? Se han gastado $213 millones en consultorías, pero ninguna ha resultado en un plan para la creación de empleos.
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Hace 4 añosLa saga de los prófugos, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal demuestra, con nauseabunda crudeza, cómo los procesos judiciales y los controles administrativos son burlados en nuestro país para acomodar los planes de quienes tienen dinero y poder. Por eso, no terminaremos de salir de las listas negras ni de ser señalados por propios y foráneos de falta de seriedad y transparencia. Mientras que países con jueces rectos y funcionarios correctos, como Estados Unidos y España, llevan a nuestros delincuentes a rendir cuentas, en Panamá al que es prófugo de la justicia se le allanan los caminos, con cualquier subterfugio, se le conceden fianzas sin importar que se hayan burlado de los jueces por años, sin el menor rubor, o se le dan permisos de vuelo para que huyan de la justicia de otras naciones. ¿Qué de humanitario tenía el vuelo de aquellos prófugos, mientras miles de panameños, varados por el mundo, no podían volver a sus hogares durante la pandemia? Pobre país.
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Hace 4 añosDespués de lo que hemos escuchado en la audiencia preliminar por las compensaciones irregulares pagadas a los dueños de los ‘diablos rojos’, queda claro que en este país es muy fácil hacerse rico, a costa del Estado, deshonestamente y, probablemente, sin recibir castigo alguno (al menos por un largo tiempo). Hasta ahora, las modalidades más populares para esquilmar al erario, aunque descaradas, tenían cierta sutileza: contratos llave en mano, sobreprecios, adendas, subsidios, planillas, doble salarios, viáticos, consultorías… en fin, el círculo vicioso en el que giran todas las administraciones gubernamentales. Pero en la audiencia de esta semana en la Arena Roberto Durán, se ha revelado una estructura criminal enquistada y ejecutada desde lo interno de instancias gubernamentales para que, con el visto bueno de Contraloría, numerosos particulares cobraran varias veces por la entrega de un mismo bien y hasta terminaran llevándose algo que ya pertenecía al Estado, para seguir lucrando con él. Con la sustracción de cosas tan grandes como un autobús, el país ha dado un nuevo sentido a la frase “de mano en mano, se perdió un elefante”.

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