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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Redacción de La PrensaHace 5 añosA partir del próximo lunes, la Corte Suprema de Justicia contará con dos nuevas magistradas, que se suman a otras tres, con lo que por primera vez, al menos en las últimas décadas, cinco damas harán la mayoría en el pleno, de nueve miembros. Luego de tomar posesión, la agenda contempla elecciones para renovar las autoridades del Órgano Judicial, en las que también suena como aspirante una de las cinco magistradas. La renovación de la Corte Suprema se produce en momentos críticos, luego de un escandaloso fallo que ha profundizado la enorme desconfianza que hay en nuestra justicia y que pone el país en una encrucijada en la que el caos gana cada vez más terreno frente a la indolencia de jueces que han preferido enlodar sus nombres en la inmundicia de la impunidad. Está en manos de esta nueva Corte Suprema renovar la confianza de los ciudadanos en sus funcionarios, porque ya estamos cansados de que nos hagan creer que el crimen no paga, cuando lo que vemos es todo lo contrario, gracias a una justicia cuya venda la han hecho caer para poder contar el dinero que ganarán a cambio de sus disparates judiciales, que permiten que nos sigan robando sin que haya castigo alguno.

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Hace 5 añosEl Consejo de Gabinete ha dado por concluido el uso de procedimientos especiales para adquirir bienes y servicios, en respuesta a las necesidades inmediatas que surgieron con la pandemia, en marzo de 2020. Dado que ese momento llegó, es tiempo de que el presidente, el ministro de Economía y Finanzas y los funcionarios asignados para tal fin rindan un pormenorizado informe a la Nación sobre estos gastos, no solo de forma verbal, sino por escrito, a fin de que el Gobierno responda por sus decisiones. No basta –de ninguna manera– con la presentación de un informe digital en Panamá Compra. Los funcionarios deben dar la cara, justificar sus decisiones y explicar detalladamente cómo se gastó el dinero. Paralelamente, la Contraloría también debe responder por sus refrendos, aprobaciones, auditorías e investigaciones sobre estos gastos. Y lo mismo para el contralor: dar la cara, no solo por escrito, sino respondiendo las preguntas de ciudadanos y periodistas. El Gobierno se comprometió con la transparencia. Hora de cumplir.

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Hace 5 añosEl Estado panameño se gasta una friolera en la multimillonaria planilla de la Policía Nacional (PN) que, no obstante, tiene un pobre rendimiento en materia de seguridad pública, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los ciudadanos. Pero no todo es su culpa, pues desde hace años este cuerpo de seguridad es manejado con criterios políticos y su institucionalidad no la respetan ni la oficialidad ni los civiles que están a su cargo. El sistema de compensación salarial es perverso, pues se basa en años de servicio, en vez de un sistema de méritos. Al menos así tendríamos oficiales y agentes policiales motivados por hacer carrera, en vez de verlos cómo envejecen desde sus escritorios, en espera de un aumento automático cada dos años, sin que los que pagamos por sus servicios estemos mínimamente satisfechos con su labor. Estos aumentos automáticos deben ser eliminados del servicio público, en especial cuando no se pueden hacer por causas de fuerza mayor, como la que atravesamos en este momento. La Policía Nacional necesita motivación, líderes, apoyo tecnológico y logístico para cumplir su trabajo. Sin nada de esto, sus miembros serán rebasados por la delincuencia, tal como ocurre ahora.

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Hace 5 añosLa Fiscalía Electoral ha dado un tímido paso adelante, y varios hacia atrás en el tema del uso de recursos estatales con fines electorales. En una circular del 13 de diciembre pasado, advertía a los funcionarios de las consecuencias de utilizar el patrimonio estatal con fines políticos, pero evidentemente, nadie la leyó, pues este mes, la repartidera de jamones y bolsas con comida ha sido pública, realizada en sus narices, y divulgada en las redes sociales a través de cientos de fotografías y videos, tanto de los “generosos” donantes, como de ciudadanos, testigos de los hechos. Y por más que la Fiscalía reniegue de la efectividad de los reportes hechos en noticias e, incluso, glosas, no se habría dado cuenta si parte de lo ocurrido no se publica en medios de comunicación. Al parecer, los fiscales electorales no han escuchado de la notitia criminis. Pero es que la comodidad que gozan los fiscales electorales es de envidia: no se mueven ni siendo testigos de actos irregularidades, pues solo bastaba con mirar las redes sociales. El fiscal general electoral, si tuviera algo de vergüenza, debería renunciar, pues para no darse cuenta de lo que ocurría con la plata del Estado, tendría que haberse vendado los ojos y taparse los oídos.

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Hace 5 añosLa Jornada Mundial de la Juventud (2019) costó $20 millones; atender 55 mil migrantes en 2021, $20 millones; este año se asignaron $20 millones para financiar préstamos a emprendedores. Y este mes de diciembre, el Gobierno pagó casi $20 millones para regalar jamones, pollos y piernas de cerdo, a través de contratos sin concurso. Solo uno de estos, excedió el 50% del monto total, adjudicado a una empresa de Penonomé. Tal parece que la pandemia le ha producido al Estado tal extraordinaria bonanza, que nuestros gobernantes no han dudado en celebrarlo, regalando viandas navideñas que seguramente serán más de esos $20 millones. Los anfitriones, como de costumbre, han sido políticos que, en actos y actividades nada tímidas, han repartido y repartido generosamente, convencidos de que sus electores recordarán en 2024 –cuando estén frente a la urna de votación– que ellos fueron los portadores del “qué hay pa’ mí” en estas Navidades, gracias a los tributos que hay pagar a sus majestades. Las migajas que arrojan a sus electores para esta época seguramente cuentan con el visto bueno del Gabinete, cuyos miembros decidieron borrar la palabra ahorro y sustituirla por despilfarro.

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Hace 5 añosQue docentes falsifiquen diplomas para acreditar estudios superiores que nunca cursaron es de las cosas más perversas que hay, pues se trata de profesores que envían el peor mensaje a sus estudiantes y revela lo bajo que ha caído una parte sensitiva de la sociedad panameña, cuyo objetivo es obtener dinero haciéndose pasar por especialistas en alguna materia. Lo peor es que muy probablemente abordaban temas con sus estudiantes de los que no tenían idea, pues ni siquiera hurtaron conocimientos, sino solo un título. El Ministerio de Educación debe expulsarlos sin dilación alguna del sistema educativo nacional, sin posibilidad de dar clases en ningún nivel, ni en el sector privado ni en el público. Su ejemplo es imperdonable y por ello las sanciones deben ser igualmente ejemplares y no solo para ellos, sino para todo el sector educativo –alumnos, docentes y administrativos–, a fin de que tengan claro que este tipo de actitud no es permitida bajo ninguna circunstancia. Por ello es imperativo que jamás puedan volver a pisar un aula de clases. Sus acciones avergüenzan y traicionan la noble misión de un maestro y su ejemplo puede arruinar las vidas de todos esos jóvenes que han sido confiados a su cuidado.

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Hace 5 añosLa iniciativa del Ministerio de Ambiente de hacer una consulta pública a fin de adoptar la Estrategia Nacional Ambiental para los próximos años (2021- 2031) es algo que debe hacerse con todo: salud, educación, transporte, energía, justicia, tecnología, infraestructura, pobreza, etc.

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Hace 5 añosLa diputada Mayín Correa, una fanática del expresidente Ricardo Martinelli, ha hecho alusión a la violencia física contra periodistas, argumentando que en otros países los conflictos con periodistas se arreglan a tiros, mientras que en Panamá, al exgobernante solo le queda el camino de los tribunales civiles para combatir una campaña “inmunda” en su contra. Esta es la segunda vez que allegados de Martinelli convocan la violencia física contra medios y periodistas, ya que meses atrás lo hizo uno de sus abogados defensores, Roniel Ortiz. Se trata de una escalada, puesto que el propio Martinelli ha sido protagonistas de altercados físicos, como cuando meses atrás agredió a un periodista de Foco al tratar de entrevistarlo, mientras que, durante su juicio intentó golpear a uno de los testigos, amén de la violencia verbal de la que continuamente hacen uso él y sus abogados. Esta violencia contra críticos, medios y periodistas de parte de Martinelli y su gavilla tendríamos que esperarse si este sujeto llega a la Presidencia, con todo el poder que ello implica. Su ausencia de tolerancia pondrá en peligro a todo aquel ciudadano –sea periodista o no– que quiera emitir su opinión sobre él y su gobierno. ¿Es eso lo que queremos a partir de 2024?

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Hace 5 añosLas constantes amenazas y ataques a las libertades de expresión e información que han recibido medios, periodistas y ciudadanos fueron contundentemente respondidas ayer por representantes de los gremios periodísticos, quienes expusieron lo grave que es la situación actual. En Panamá no existe el pleno goce de estas libertades —derechos fundamentales de todo individuo— porque aquel que dice lo que piensa o denuncia un hecho irregular se expone a una querella o demanda civil, arriesgando su patrimonio personal sin que autoridad alguna ponga límites. La situación es peor cuando estas acciones las ejercen aquellos que ostentan poder político y/o económico, porque es, precisamente, a través de dichos poderes que obtienen la complicidad de los operadores de justicia. Los ciudadanos no deben permitir que reine el imperio de la desinformación, a través de la tergiversación de los hechos o evitando que la verdad sea conocida. Y dado que los derechos fundamentales son temas de Estado, al presidente Laurentino Cortizo le recordamos su compromiso con las libertades de expresión e información, porque es en su gobierno que se pisotean los pilares de nuestra democracia.

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Hace 5 añosLa Procuraduría de la Administración solicitó una investigación penal y electoral por las ayudas que entregan los diputados con dinero del Estado y con fines electorales. Bastaría una investigación sumarísima para probar los hechos. Pero el juicio a un diputado por este tipo de causas es algo que difícilmente alcanzaremos a ver. Al final, corresponderá a la Corte Suprema la decisión de juzgamiento y condena, si fuera el caso. Pero como una mano lava la otra, seguramente veremos otro teatro, porque en Panamá las instituciones de justicia son inoperantes y, por el precio adecuado, se pueden obtener fallos a la medida. Lo lamentable es que estos “regalos” están corrompiendo la sociedad, es la semilla del “juegavivo” sembrada en el seno de miles de hogares, en donde hay niños, adolescentes, incluso, adultos, que aprenden a ser sátrapas. Razón tiene el presidente cuando dice que en los hogares están las causas de los problemas del país… pero que no olvide que el gobierno –su gobierno– es parte fundamental del mismo problema que quiere combatir.

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