Hace 5 añosUna vez más, diputados de la Asamblea Nacional pretenden hacer cambios al Código Electoral a la medida de sus intereses, a pesar de que algunas de sus reformas fueron rechazadas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Sin embargo, las volvieron a meter y las aprobaron, violando una prohibición de su propio Reglamento Interno. Una de esas reformas tiene nombre y apellido, y de ello fue a cerciorarse la diputada Yanibel Ábrego a la Comisión de Gobierno, a la que no pertenece. Este cambio –rechazado previamente– pretende introducir en el Código Electoral plazos específicos para elegir a las autoridades de todos los partidos, algo que actualmente es potestad exclusiva de cada uno de los partidos políticos. Y es que una disputa interna de Cambio Democrático (CD) —el partido de Ábrego— busca zanjarse en estas reformas. El cambio permitiría adelantar las elecciones del mencionado colectivo político, pretensión esta que, semanas atrás, el Tribunal Electoral rechazó. Pero el asunto no terminó allí, pues ahora se harían cambios para lograr ese fin, a pesar de que este cambio ya había sido rechazado. Ábrego busca postularse como líder de ese partido, para lo cual es necesario adelantar las internas de CD. Si logra su cometido, se aliaría a su antiguo mentor, el expresidente Ricardo Martinelli, y de esta forma, el político estaría en control, no de uno, sino de dos partidos. Así de burdos son, y es por ello que esas reformas carecen de legitimidad. Los diputados engañaron, una vez más, a todos y esto hay que volver a impedirlo.
Hace 5 añosDos nuevas magistradas estrenarían cargos en la Corte Suprema de Justicia, con lo cual sumarían cinco las que formarían parte del máximo tribunal de justicia. Su designación por parte del Ejecutivo genera sentimientos encontrados, sobre todo para La Prensa en particular, y para la libertad de expresión en general. Una de las designadas fue responsable de una condena, en primera instancia, en contra de este medio, por supuestamente haberle causado daño moral a una exfiscal, fallo que fue revocado en segunda instancia y actualmente se encuentra en casación, es decir, que es muy probable que la nueva magistrada tendría que declararse impedida de conocer este caso. Con todo, los panameños necesitamos nuevamente creer, confiar, y estaría en manos del nuevo grupo de magistrados y magistradas, cambiar el actual curso o continuar hundiéndonos en el fango de la impunidad. Las leyes existen, solo hace falta voluntad para librarnos del pesado lastre de la injusticia que reina hoy. Para las nuevas magistradas designadas, la ciudadanía exige transparencia en sus decisiones, imparcialidad en sus actuaciones y honestidad en el ejercicio de sus funciones. Ahora corresponde a la Asamblea Nacional ratificar a las designadas. Qué el proceso no se condicione a un “qué hay pa’ mí”.
Hace 5 añosPareciera que algunos funcionarios tienen una proclividad natural a los problemas, como, por ejemplo, el alcalde de la ciudad capital, cuyo último desliz conocido es contratar de forma directa publicidad. En primer lugar, es un procedimiento nada transparente en materia de competencia y, en segundo lugar, gastar más de 673 mil dólares en eso refleja una irresponsable elasticidad en el uso del dinero, ya que el país atraviesa duros momentos económicos. El alcalde poco se ayuda y, de hecho, sabotea su propia gestión, pues a estas alturas debería saber perfectamente que las contrataciones directas son muy mal vistas, porque se prestan a la suspicacia. Y es que, al examinar la administración del alcalde, uno puede darse cuenta de que él tropieza con la misma piedra una y otra vez; que sus ideas para la capital son disparates tras disparates y que su gestión es errática y disfuncional. Incluso, este alcalde cree haber inventado una nueva rueda, solo que la suya es cuadrada, que en vez de rodar, permanece anclada en el mismo lugar, con lo cual condena a esta ciudad a vivir un eterno estancamiento, cuando lo que necesitamos con urgencia es progresar. ¡Qué manera de desperdiciar una gran oportunidad!
Hace 5 añosLa investigación que recién comienza a develarse en el denominado proyecto periodístico Pandora Papers no es muestra de una conspiración contra el país, sino que pone de manifiesto las consecuencias de hacernos la vista gorda durante tantos años, de que nuestras instituciones no requerían cambios. No será fácil salir del hueco que nos hemos cavado nosotros mismos al mantener persistentes debilidades de nuestro sistema jurídico, como la falta de controles y la impunidad reinante, incluso producto de la falta de voluntad para hacer cumplir leyes ya vigentes. Los argumentos sobre el afán de destruir reputaciones de panameños o la del país son una manifestación pueblerina, sobre todo considerando las críticas directas que estas publicaciones hacen sobre regulaciones en Estados Unidos. El problema de fondo es que aunque existan paraísos fiscales en el mundo desarrollado, allá hay castigos comprobados contra los que rompen las leyes. Mientras tanto, en Panamá, las leyes parecen adorno. Unamos ello con el cambio en actitudes y principios que un exclusivo club ahora considera han de ser adoptadas para participar en el concierto global. Entonces, es hora de abandonar el papel de víctima. Las lamentaciones no sacarán a Panamá de listas negras ni grises. Se requieren acciones y voluntad.
Hace 5 añosEn Panamá viene dándose , desde hace muchos años un fenómeno que deslegitima algunas leyes, pues no conducen a la igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama la Constitución. Son leyes que aprueban diputados para crear fueros, privilegios y beneficios, que ponen a funcionarios por encima del resto de los ciudadanos. Una de esas leyes es la que permite que funcionarios de elección popular puedan cobrar dos salarios mientras ejercen uno de los dos cargos que tienen. Gracias a ese privilegio, 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento tienen licencias de los cargos que desempeñaban o de los cargos en los que fueron electos. Pero, lejos de cobrar por el cargo que eligen ejercer, lo que hacen es cobrar doble del Estado, porque la ley, sencillamente, se lo permite, con lo cual, una estafa al Estado ha quedado legalizada por una ley injusta e ilegítima. Mientras, producto de esta pandemia, miles de profesionales han quedado sin trabajo o sufren una reducción laboral, mientras sus impuestos alimentan la voraz codicia de funcionarios que tienen la empatía de una hiena frente a un becerro. Son estas leyes las que hacen que nos preguntemos si los que nos gobiernan son servidores públicos o vulgares ladrones.
Hace 5 añosUna vez más, una excusa –que no viene al caso– ha servido para que el Gobierno haga una contratación directa de vehículos. Esta vez, para el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), por un monto que, aunque poco (en comparación con otros gastos millonarios), debió haber ido a licitación. Los principios que rigen la administración pública deben respetarse, sin importar la cuantía, grande o pequeña. Las contrataciones directas son fuente de corrupción, de favoritismo, de tráfico de influencias y eso lo saben todos los funcionarios. Solo hay que recordar el caso Finmeccanica, en el que el gobierno de turno –excusándose en la seguridad nacional, como en este caso– hizo una contratación directa que terminó mal, no solo en los equipos adquiridos, sino en multimillonarias comisiones para terceros que generaron justificadas sospechas de corrupción. La seguridad nacional no es excusa válida para hacer contrataciones directas para arrendar vehículos. Para colmo, no hace mucho la Presidencia alquiló una importante cantidad de automóviles por un monto millonario. ¿Es que no alcanzaron los carros? ¿Por qué no incluyeron desde el principio al CSN? Es increíble que estos escenarios se repitan, como si no hubiesen aprendido del pasado.
Hace 5 añosEl juicio que se celebra actualmente por el caso pinchazos es seguido por la población no por los hechos y declaraciones que se dan durante las audiencias, sino a través de las versiones de las partes, por lo que queda la duda sobre lo que realmente acontece en esas cuatro paredes que aíslan de la atención pública un tema que es, precisamente, público, como es el uso de recursos y personal del Estado para fines políticos y mezquinos. El juicio trata de probar quién ordenó y se benefició del espionaje ilegal. Es por ello que las jueces deben permitir que este juicio pueda ser observado por todo el que así lo quiera, a través de una transmisión directa, como se hizo en las audiencias que se celebraron en la Corte Suprema de Justicia (cuando la competencia la tenía ese ente) o como ocasionalmente ya se hace exclusivamente para los periodistas acomodados en una sala de prensa, habilitada junto al tribunal. Las pruebas del juicio que requerían confidencialidad ya se han evacuado, por lo que no hay razón para que sigamos escuchando únicamente las opiniones de las partes, sino que todos podamos sacar en conclusión qué es lo que realmente pasa, sin intermediarios que mientan o narren lo que les conviene. Este juicio, avanzado como va, ya debe ser de carácter público.
Hace 5 añosTodo parece indicar que Panamá permanecerá en la lista de territorios no cooperantes con países de la Unión Europea en materia fiscal, lista que será actualizada la próxima semana. Panamá lleva años luchando para salir de esas listas negras y grises en materia fiscal, a pesar de que los organismos internacionales suelen cambiar las reglas de sus consideraciones de un día para otro, pero no sale de una cuando ya está en otra. ¿Por qué ocurre tan seguido? Lamentablemente, hay que admitirlo: somos una sociedad abiertamente tolerante y permisiva en todo lo referente a la corrupción. Vivimos y toleramos actos delincuenciales contra el Estado; la justicia no alcanza a los políticos, que invariablemente salen airosos en todo proceso de corrupción o lavado de activos, incluso, en casos de delitos comunes en los que se ven envueltos. En consecuencia, frente a la tolerancia que hemos desarrollado, sencillamente no hay conciencia sobre el alcance de permanecer año tras año en esas listas. El mundo hace mucho que se convirtió en lo que el filósofo canadiense Marshall McLuhan denominó “aldea global”. En consecuencia, Panamá no puede seguir aislada. Formamos parte de esa “aldea” y tenemos que vivir con sus reglas. A las buenas o a las malas, pero un día tendremos que entenderlo.
Hace 5 añosUna vez más, los diputados pretenden salirse con la suya. Se aferran a la figura del fuero penal electoral, una herramienta que en el pasado reciente ha sido abusada por aquellos que son objeto de investigaciones criminales en el Ministerio Público y que deciden correr para un puesto de elección popular, aún sin probabilidad alguna de ganar la contienda. Pues bien, no solo insisten en mantener este privilegio para la clase política, sino que pretenden evitar, sin aparente explicación, que los magistrados del Tribunal Electoral sean quienes decidan sobre este fuero, en primera instancia, y que, en su lugar, ahora lo haga una especie de juzgado electoral, nombrado por la Fiscalía Electoral, una instancia que ha sido hasta encubridora de delitos electorales. Los diputados, evidentemente, quieren mantener el status quo, y esto es, sencillamente, intolerable. Ningún candidato a elección popular debe estar por encima del ciudadano común y mucho menos contar con leyes que los protejan, como ahora lo pretenden estos diputados. ¿Hasta cuándo los políticos seguirán creándose privilegios para protegerse de la Ley? La respuesta dependerá, nuevamente, de nuestra tolerancia a la delincuencia, la corrupción y la impunidad.
Hace 5 añosNo hay duda de que los espacios vacíos tienden a llenarse. Pasado el escándalo de Odebrecht, su lugar parece que ha sido tomado por empresas locales que antes eran pequeñas, pero que ahora son gigantes de la construcción, un cambio de estatus al que bien podrían haber llegado utilizando atajos, como sucedió en el caso Blue Apple, otro gran escándalo en el que empresas locales y extranjeras admitieron haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Una de esas empresas ahora es la estrella en el feudo del diputado presidente del PRD. Ayer, en un acto en el que participó el Presidente de la República y varios ministros de Estado, el diputado bocatoreño Benicio Robinson acompañó en su provincia a su nuevo mejor amigo, el dueño de constructora Bagatrac, a recibir dos nuevos contratos, que suman más de $100 millones. Con estos nuevas obras, ahora Bagatrac acumula –solo en Bocas del Toro y Chiriquí– una cartera de obras públicas que suma más de $270 millones. ¿Por qué un diputado –en este caso Robinson– participa personalmente en la entrega de contratos a una empresa que tiene la reputación de pagar sobornos por obras públicas? ¿Son estos, acaso, los espacios que dejó Odebrecht que ahora llenan las empresas locales?
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Lotería: sorteo dominical cambia de hora por eventos sísmicos. Leer más
Terremoto en Panamá: Cámara de Comercio y Asociación de Cafés Especiales donarán un porcentaje del World of Coffee Panamá 2026. Leer más
