Hace 5 añosEl Órgano Judicial, en un intento por adecuar las conductas de sus funcionarios dentro y fuera de los tribunales de justicia, ha distribuido entre sus colaboradores un borrador de manual de nuevas prácticas judiciales. El documento pretende que los funcionarios eviten comprometer la competencia, independencia e imparcialidad de sus procesos. Es una iniciativa loable y una guía que quizás llenen un vacío. Sin embargo, el respeto a los principios no es algo que emane de la lectura de un manual como el que se ha puesto a circular, cuando en la práctica, la guía es otra, una en la que se premia el irrespeto a la ley y a la impunidad. El día en que jueces y magistrados empiecen a honrar la Constitución; el día en que dejen claro que el imperio de ley ha vuelto a reinar, los hechos impondrán una nueva guía de prácticas judiciales. Y es que en nuestro país existen leyes que castigan la corrupción; que sanciona conductas delictivas de todo tipo contra el Estado, pero lo que no hay es voluntad para hacerlas cumplir. Para eso no hace falta un manual, hace falta coraje, decisión, arrojo. Si alguna vez alcanzan esa meta, los funcionarios honestos del Órgano Judicial serán un ejército que adoptará la misma conducta. Lo demás serán solo palabras en un papel.
Hace 5 añosLas propiedades que tiene a su nombre; las que tiene a través de sociedades y de terceras personas –en especial bienes inmuebles–, así como los pequeños negocios que tiene la diputada Yanibel Ábrego (CD) no son poca cosa. Su caso, indudablemente, no es el único. La gran mayoría de los diputados de esta y de asambleas pasadas no pueden explicar el origen de tanta riqueza. Son los nuevos ricos: viven como millonarios, casas y carros de lujo; ropa y joyas costosas; viven como los que ellos tanto critican, precisamente, porque alegan que tienen dinero, pero no pierden detalle de su estilo de vida para luego replicarlos. La diputada Ábrego no es la simple hija de un pescador, como repite incansablemente. Ella, al igual que otros tantos, insultan a diario a los ciudadanos que sí viven en pobreza y que deben al sudor de su frente cada dólar que se ganan. Que trabajan de sol a sol, con tal de llevar el sustento a sus familias y, aun así, sufren grandes precariedades. Aquel viejo discurso que abanica la lucha de clases no es otra cosa que la repetición de viejas arengas populistas, porque en el Panamá de hoy, la clase política hace muchísimo tiempo que dejó de ser pobre, por más que intenten engañarnos.
Hace 5 añosLa Asamblea Nacional (AN) sigue poniendo a prueba la paciencia de los panameños. Somos testigos de aumentos salariales para funcionarios de este órgano del Estado; incluso, han pedido prestado millones de dólares –en plena pandemia– para pagar su abultada planilla. Hemos descubierto que tienen a la familia metida tanto en la planilla de la AN como en sus negocios particulares, pero pagados con fondos del Legislativo. Se prestan para aprobar leyes que son atracos al Estado; que sustraen dinero del Tesoro Nacional a través de organismos no gubernamentales; que tienen privilegios legales que los colocan por encima del ciudadano común; que hacen proselitismo político con fondos públicos y que tuercen las leyes para buscar su propio beneficio. Y ahora también tenemos que darles de comer. Esto parece una trivialidad, pero lo cierto es que no hay justificación alguna para gastar miles en alimentar sátrapas, cuando hay panameños que reciben miserias del Gobierno para enfrentar la pérdida de empleos o la reducción de sus salarios. Mientras unos pocos engullen botanas y pasteles, hay miles preguntándose si podrán o no llevarse algo de comer a la boca.
Hace 5 añosLas juezas del tribunal del caso de los pinchazos accedieron a varias medidas de seguridad, a fin de proteger la identidad de un testigo, pues, como es natural, lo que está revelando no le hace ninguna gracia al acusado, el señor Ricardo Martinelli Berrocal. Así que prohibió a los presentes que divulgaran no solo su nombre, sino también lo que declarara en el juicio. Pero no bien lo prohibió, el acusado ha salido a hacer de las suyas en las redes sociales, expresando con su actitud el profundo desprecio que siente por el tribunal y sus integrantes. Es por ello que, completada la lectura de las carpetillas confidenciales con la información de las víctimas, se hace necesario que la sociedad pueda ser testigo de este juicio y no solo los asistentes. Como hizo en la Corte en el año 2018, se requiere la transmisión en directo de lo que ocurre en el tribunal, que todo el mundo pueda escuchar lo que pasa en su interior. Ojalá el tribunal ordene que, por transparencia, se pueda seguir el juicio desde cualquier punto del país y no a través de las versiones de los interesados, como es el caso de lo que escribe el acusado y su defensa técnica.
Hace 5 añosLos panameños quizá seamos las personas más pacientes de la tierra. Escuchar a los políticos decir tantas mentiras en nuestras narices es algo que pareciera ser parte del paisaje. Lo hacen por igual el alcalde de la ciudad capital, ministros de Estado y la gran mayoría de los diputados. Hasta al presidente de la República hemos escuchado diciendo cosas que sabemos perfectamente que no son verdad. Incluso, en sus discursos de campaña prometió cosas que sabíamos que no cumpliría y lo hemos comprobado con todo lo que está pasando hoy día. Es así como los ciudadanos reciben mensajes nada edificantes y poco a poco adoptan este patrón de conducta y empiezan a comportarse igual. ¿Ejemplos? Un ministro que dice que los huecos en las calles están en nuestra imaginación y otro que repite que no hay inseguridad; diputados que claman ser tan pobres como un pescador artesanal; un alcalde que en su plan de gobierno prometió un nuevo mercado y cuando llegó al poder pregunta “¿de qué mercado me habla?” Un gobernante que promete una constituyente y luego se distancia del tema. Funcionarios de la Asamblea Nacional que prometen transparencia, rendición de cuentas, contención del gasto, menos privilegios y todo es cuento. Mentiras y más mentiras.
Hace 5 añosLa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) –que su presidente Benicio Robinson (PRD) ha convertido en su feudo personal, junto con otros impresentables de la AN– se ha convertido en una trampa para el chantaje. La mayoría de sus diputados solo esperan a que asistan funcionarios del Ejecutivo para tramitar la gestión de sus presupuestos, cuando le caen en pandilla, porque en esa comisión el lema es “que hay pa’ mí”. Los diputados abiertamente practican el chantaje político: primero, suelen hacer reclamos de lo abandonado que están sus circuitos y luego, a cambio de sus votos, esperan que los funcionarios se comprometan a hacer obras en sus respectivos circuitos o, de lo contrario, los diputados niegan lo que hayan ido a pedir. Y lo cierto es que ese rol corresponde a otros actores, pero los diputados lo usurpan para que esas obras le sirvan de trampolín para reelegirse, haciendo ver al electorado que, sin su intervención, no habría parques ni calles ni veredas ni hospitales o cualquier otro tipo de proyecto. La Comisión de Presupuesto de la AN es el escenario donde los diputados se quitan la careta y nos dejan ver el taimado rostro del facineroso político.
Hace 5 añosCada acción, cada declaración, cada iniciativa que toman los diputados nos llevan a concluir que vivimos en una dictadura parlamentaria. Todo lo que hacen es acomodar las leyes para que sus fechorías tengan apariencia de legalidad; manejan el dinero del prespuesto del Estado a su conveniencia, pues no es que busquen el bienestar de sus electores, sino, por el contrario, lo que tratan de buscar es su reelección, promoviendo obras en sus circuitos, rol que le corresponde a otros funcionarios; la opacidad es el norte en sus declaraciones a los medios y en la discusión de las leyes –como las reformas al Código Electoral, que insisten en pasarlas a cómo de lugar y a espaldas de los votantes–; pierden legitimidad porque se han convertido en una aplanadora que destruye, en vez de construir; que impone, en vez de consensuar. Actúan como verdaderos pandilleros, y una pandilla que solo busca perpeturarse en el poder, que actúa en su propio beneficio y que sus miembros no pueden justificar las riquezas que ostentan, sencillamente no merecen nuestro respeto. Y siendo el pueblo el soberano, puede seguir exigiéndoles que cumplan con la Constitución; que den cuenta de lo que hacen y no hacen, pero, especialmente, mostrarle ahora —tal como miles lo hicieron hace unos días— el hartazgo en las calles y un “hasta aquí” en las próximas elecciones.
Hace 5 añosUn conductor, que al mismo tiempo es alcalde; que cobra sus dos salarios, aunque esté de licencia en uno de sus trabajos, o asistentes administrativas que comparten directivas con la diputada Yanibel Ábrego y que atienden negocios de la funcionaria y de sus familiares, son solo algunos de los hallazgos en la planilla del personal permanente de la oficina de esta diputada. Ábrego, con 28 servidores públicos a su servicio –cuyos salarios suman la friolera de $51 mil al mes– aparentemente nos ha visto la cara de tontos, pues parte de su personal, además de lo ya descrito, trabaja en sus campañas políticas y electorales, en vez de dedicarse a los asuntos por los que se les paga miles de dólares al mes. Incluso, hay personas que sostienen que han recibido dinero y comida a cambio en engrosar las filas del colectivo político de Ábrego. ¿Es la única que tiene su personal metido en sus empresas y campaña? Es muy posible que no sea la única. Así se gastan nuestros impuestos: es la caja menuda del juegavivo.
Hace 5 añosAún cuando faltan más de dos años y medio para las elecciones, ya hay movimiento electorero, al tiempo que fuerzas políticas se aseguran dinero de las arcas nacionales para su provecho personal y electoral. Por eso, precisamente, es necesario proscribir la reelección en el Código Electoral, aunque es una lucha perdida de antemano, pues estos diputados no harán caso a la voluntad popular y están dispuestos a llevar el país al caos, porque lo que poseen –incluyendo lo que obtienen debajo de la mesa– no es suficiente. Sabiendo eso, compran el voto de los electores, quienes, incapaces de ver la estafa –un voto por un jamón– hipotecan su futuro y el de su descendencia, condenándose a sí mismos a ser dependientes de migajas, cuando su voto es la llave que los libera de sus amos políticos. Sufrimos –hay que decirlo con claridad– un régimen parlamentario en el que un par de sinvergüenzas son los que mandan en este país, torciendo leyes para poder sobrevivir a su propio desastre, y para ello necesitan comprar conciencias que, desgraciadamente, se consiguen baratas. O los panameños despiertan y exigen respeto o verán su porvenir tirado a la basura a cambio de un trozo de cerdo.
Hace 5 añosHay decisiones de la Corte Suprema que merecen un examen por sus contradicciones. Por ejemplo, los magistrados admitieron un hábeas data promovido por este medio y ordenaron a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, entregar toda la información solicitada por La Prensa, concerniente a las planillas de la AN, pero la diputada, en vez de cumplir la orden, entregó lo que le dio la gana. A su turno, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información solicitó también la información de las planillas, pero Ábrego tampoco la entregó, por lo que la institución inició un proceso administrativo sancionador contra la funcionaria, como le permite hacer la ley. Pero ahora resulta que la sanción por este tipo de acciones la debe imponer la Corte. Es la misma Corte que previamente declaró que aunque la diputada no entregó la información que se le ordenó proporcionar, el desacato no estaba probado. La Corte ignora sus propios fallos y reclama su derecho a sancionar, pero es un derecho que ni ejerce ni permite que otros lo ejerzan. Resultado: impunidad rampante.
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