TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 7 añosLa Contraloría General de la República publicitó el hallazgo de presuntas “botellas”, funcionarios que supuestamente cobraban sus salarios sin trabajar, en una institución muy poco examinada por la ciudadanía: el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop). Esta institución es clave para la buena gestión de un importante sector de nuestra economía; sin embargo, esto le importó bastante poco a los políticos que aparentemente la convirtieron en un botín. Pero esta planilla, a diferencia de la 002 y la 080, no le pertenece a la Asamblea Nacional. Por el contrario, está controlada por el Ejecutivo. Cada centavo que gasta el Gobierno nos pertenece y nos cuesta a los ciudadanos en forma de impuestos, tasas y otros tributos, que bien pudieran orientarse a finalidades más productivas, edificantes o de interés común. El hallazgo también refleja un segmento de la cultura del trabajo en el país: hay personas que prefieren vivir como parásitos de los fondos estatales, que trabajar y esforzarse en desarrollar nuevas capacidades laborales para obtener un empleo digno. Esos son los resultados del clientelismo y del paternalismo. Por eso, en la inimaginable jungla de la burocracia panameña, cientos de millones de dólares se desperdician en empleos fantasma y en una creciente organización gubernamental aturdida por la ineficiencia. Las “botellas” son un robo y una traición a la gente que sí trabaja.
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Hace 7 añosVenezuela espera que se cumpla la cuenta regresiva para el inicio del flujo de ayuda humanitaria al país. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido cerrar las fronteras con Brasil, limitar los movimientos marítimos y colocar en alerta la zona fronteriza con la ciudad colombiana de Cúcuta, en la cual se realizará un gigantesco concierto por la paz. La comunidad internacional le ha tenido demasiada paciencia al régimen de Maduro, y una vez más le ha tendido un puente para que su población reciba alimentos y medicinas que son escasos por la catastrófica gestión de la economía del gobierno bolivariano. Cualquier escalada de violencia, provocación, incidente o confrontación que se manifieste en las próximas horas, es total responsabilidad de Maduro y de la cúpula militar que lo apoya. El pueblo venezolano merece tener la esperanza de un futuro mejor. La ayuda humanitaria ofrecida por las más diversas naciones y entidades, es un gesto de solidaridad y de respeto. Los dictadores gustan de convertir la comida en armas para tener el hambre de su pueblo como un instrumento de control. Una Venezuela libre empieza con alimentos para todos.
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Hace 7 añosDesde la Grecia clásica, el debate se convirtió en el elemento fundamental de la sociedad democrática. El evento de anoche no fue un debate, sino un foro en el que los siete candidatos presidenciales expusieron sus grandes coincidencias en materia educativa, salud y producción agropecuaria, y sus grandes diferencias, sobre todo en materia de reforma constitucional. Los panameños presenciamos el atisbo de un debate cuando los candidatos de los principales partidos políticos se reprocharon entre sí su legado y trayectoria en materia de política agropecuaria. La sociedad panameña necesita de más deliberación e intercambio crítico entre los candidatos presidenciales, para que la elección del 5 de mayo sea producto de un voto informado. El gran ganador de la noche fue el electorado, ya que, a pesar de las limitaciones del evento, fue una oportunidad para conocer el pensamiento, análisis, sentimientos y la capacidad de comunicación de quienes aspiran a dirigir el Estado. Grandes temas nacionales como la seguridad pública, el crecimiento económico, las preocupaciones ambientales y la geopolítica estuvieron ausentes. Los candidatos no necesitan que se les obligue a debatir, es su decisión darle esa oportunidad a los votantes.
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Hace 7 añosLa iniciativa que advierte a los ciudadanos que “pelen el ojo” sobre la gestión de algunos funcionarios de elección popular es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho que tiene la población a estar debidamente informada. En el pasado, con muy buen tino, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral han fallado en favor de estos principios que también están consagrados en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. El acto de exigir que un candidato a un puesto de elección popular rinda cuentas por sus acciones u omisiones jamás debe ser censurado ni por el aspirante a dicho cargo ni por autoridad alguna. Lo ocurrido recientemente con una serie de vallas que buscaban alertar a la población sobre serios cuestionamientos, que ya son de carácter público, a ciertos políticos, debe encender la alerta ciudadana. En una democracia, silenciar la voz que cuestiona es simplemente inaceptable, más aún en momentos en que el país se prepara para escoger nuevas autoridades a todos los niveles. La libertad de expresión y el derecho a estar informados no son negociables. Esto lo deben tener muy claro no solo las instituciones, sino aquellos que aspiren a llegar al poder.
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Hace 7 años¿Cuál es la calidad de la oferta electoral para los distintos cargos? Al parecer los partidos políticos no han encontrado a los mejores panameños y panameñas, por lo que han tenido que recurrir a cuanto procesado por delito imaginable se encuentre disponible. Hay, además, un reciclaje de veteranos de múltiples cargos públicos, que ahora se cambian la camiseta y prometen que de verdad sí saben hacer las cosas. El álbum de candidaturas se condimenta con algunas celebridades, cuya fama fue pasajera, pero que se resisten al ocaso. Por si esto fuera poco, las nominaciones al Parlacen son en buena parte, dignos especímenes de una colección de horrores. Estas candidaturas opacan los avances de las últimas reformas electorales: los partidos han sabido neutralizar la transparencia con la “reserva” de cargos, y dominar los topes de donaciones con alianzas oportunistas. Parece que en política se ha perdido el decoro, y la ambición de poder siempre supera el asco que producen ciertos acompañantes. En la tierra de los antivalores, el corrupto le reclama al honesto que respete su reputación, mientras a manos llenas se roba la nación.
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Hace 7 añosEl centro de convenciones de Amador, una pieza fundamental en plan turístico del país, enfrenta una nueva adversidad. Se trata de una cantidad absurda de fallas estructurales que el contratista, un consorcio chino-panameño, no ha logrado subsanar a pesar de que la obra lleva ya 80% de avance. Este proyecto fue una de las obras faraónicas que comenzó el gobierno de Ricardo Martinelli y que heredó la actual administración, con una gran cantidad de situaciones que hubo que resolver. Pero nada justifica que, en estos momentos, cuando debió entregarse en diciembre del año pasado, nos enteremos de que su construcción se encuentra plagada de ineficiencias en el concreto, el acero y hasta en el sistema contra incendios. ¿Cómo llegamos a este punto sin que las autoridades alertaran sobre esta irresponsabilidad, que no solo podría costarle millones de dólares al erario, sino que además arriesgaría a las 25 mil personas que puede alojar esta estructura? Situaciones como esta menoscaban la confianza de que el Estado pueda tomar decisiones oportunas garantizando el interés público, aun cuando se trate de temas espinosos. Ojalá que este no sea otro ejemplo de que lo que empieza mal, termina mal.
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Hace 7 añosOcurre todos los años. La sequía que afecta el llamado arco seco de Panamá no da tregua nunca en el verano, pero nadie en el Gobierno hace nada para prevenir sus devastadoras y costosas consecuencias. Este año será aun peor, porque los efectos del fenómeno de El Niño empiezan a sentirse con fuerza. Ya hay escasez de agua en Azuero, donde los cultivos y la ganadería serán –como siempre– las primeras víctimas de esa falta de visión de las autoridades del sector y de la que se quejan –con justificada razón– los agroganaderos. En Panamá llueve nueve meses del año. Entonces, ¿cómo es posible que no se hayan hecho reservorios para almacenar el agua de lluvia? Sencillamente no hay justificación a tanta negligencia, pues las sequías –como lo sabe todo el mundo– no son esporádicas, son usuales durante estos meses. De hecho, todos los años, los medios de comunicación muestran imágenes sobrecogedoras de cultivos perdidos, de reses que caen abatidas sin agua ni pasto, y de la pobreza que todo ello genera. Pero, por alguna razón, las autoridades salen entonces a improvisar sobre lo que ya es habitual. Y todo, en medio del olvido en el que está sumida nuestra producción nacional. Hace falta ser incompetente o inhumano para cruzarse de brazos durante los nueve meses de la estación lluviosa, para luego improvisar, cuando seguramente hay poco por hacer o la crisis sea irreversible.
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Hace 7 añosLa junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, a pesar de los cuestionamientos muy serios contra algunos de sus miembros, fue capaz de darle una lección de esperanza al país. El economista Ricaurte Vásquez fue designado como nuevo administrador del Canal de Panamá. Vásquez tiene una impresionante hoja de vida profesional, que combina una amplia experiencia gubernamental con sus años de trabajo como subadministrador de la vía interoceánica, y un tiempo valioso en la empresa privada. Junto a la ingeniera Ilya Espino de Marotta, quien fungirá como subadministradora, a partir del 1 de enero de 2020, le dan tranquilidad y confianza al país, al sector marítimo y a la comunidad internacional. El proceso metódico y técnico con el cual se realizó la escogencia de Vásquez y de Espino de Marotta debe servir de modelo para partidos políticos, universidades y altos cargos de gobierno, ya que no se puede improvisar el liderazgo ni la capacidad de trabajo. Los nuevos designados representan lo mejor que la ACP es, una meritocracia, para la que el talento y el trabajo son las claves de la superación. Los desafíos que enfrenta el Canal de Panamá son vastos y complejos. Pero estas designaciones nos dan la mejor oportunidad de superarlos. Este ejemplo debe ser copiado ampliamente, ya que el país entero se merece un mejor destino producto de la recompensa al mérito y al mejor talento.
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Hace 7 añosFrente a hechos similares, con iguales derechos invocados, el dictamen de los tribunales debe ser el mismo. En Panamá no lo es. El errático comportamiento de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia evidencia la inseguridad jurídica que sufre el país. El 3 de julio de 2017, el magistrado Abel Zamorano rechazó la admisión de una demanda que pretendía que el Banco Nacional pagara una indemnización millonaria, por un fideicomiso constituido con una cadena de almacenes: “...El acto señalado como hecho generador se trata de un acto de naturaleza civil-comercial, cuya revisión no es competencia de esta jurisdicción...”. ¿Qué diferencia existe entre este caso y la demanda actual contra el banco por el fideicomiso de un centro comercial? El mismo magistrado decide de forma totalmente opuesta. Esta es la realidad que enfrentan todos los ciudadanos, cuyas vidas, libertades, patrimonios y derechos están en manos de la justicia panameña. Estos cambios inesperados de jurisprudencia dejan un mal sabor de boca y levantan un terrible halo de sospecha. Todavía la Corte está a tiempo de evitar otra vergüenza, devolviéndole la calma a nuestra economía.
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Hace 7 añosToda persona que se considere agraviada por una acción u omisión del Estado tiene el derecho a exigir la reparación de los daños y perjuicios causados. La Corte Suprema de Justicia ha mantenido directrices claras sobre las demandas contra empresas del Estado que actúan como agentes económicos, limitando la responsabilidad únicamente a los casos en que se viole la ley o se incumpla cualquier obligación. Es por ello que voces autorizadas han cuestionado que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitiera una demanda contra el Banco Nacional de Panamá, en relación con su participación en un fideicomiso mercantil para un notorio centro comercial. En vista de lo actuado, toca a la sociedad estar vigilante de las acciones de los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte. Se trata de un caso en el que un fallo torcido sería, al mismo tiempo, una sentencia a los intereses del país y a la estabilidad del sistema financiero panameño. La jurisprudencia debe prevalecer hoy más que nunca.

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