TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 7 añosLa tala ilegal de madera de los bosques y áreas protegidas de Panamá este y Darién es un negocio sumamente rentable. Esta actividad se realiza con total descaro ante la incapacidad de las autoridades, que carecen de los recursos o de la voluntad política para combatir este delito. A tal punto llega esta impunidad, que madera confiscada por parte del Ministerio de Ambiente en la zona comarcal guna de Madugandí fue desaparecida en cuestión de días, ya que las autoridades no fueron capaces de asegurar las tucas decomisadas. En Darién se utilizan todo tipo de estrategias y prácticas para extraer maderas preciosas, devastando la provincia más biodiversa del país, y acabando con un tesoro natural. El sistema de controles y autorizaciones forestales está colapsado. El Ministerio de Ambiente tiene sobre sus hombros responsabilidades demasiado complejas y sensibles que requieren de talento humano y de capacidades ausentes en esa entidad. Por décadas, los panameños hemos sido testigos de cómo se ha deforestado una parte importante de la cuenca del Canal, la costa arriba de Colón, Bocas del Toro, Panamá este y Darién. No es un accidente ni una casualidad que las instituciones que deben prevenir esto sean débiles. Es una vergüenza que el 97% de la madera que se tala ilegalmente en el país provenga de Darién. La naturaleza, como otros bienes públicos, está secuestrada por la politiquería y la corrupción.
Aclaración del ‘Hoy por Hoy’ publicado ayer
DESIGUALDAD

Aclaración del ‘Hoy por Hoy’ publicado ayer

Hace 7 años


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Hace 7 añosUn documento diagnóstico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo describe cómo el milagro económico panameño es esencialmente el éxito alcanzado en la provincia de Panamá. El valioso documento explora cómo la desigualdad social y la inequidad del gasto público hacen que sea tremendamente difícil reducir la pobreza únicamente con el crecimiento económico, como sí sucede en el resto de América Latina. Si se sustrae las comarcas indígenas del análisis, los indicadores de desigualdad no mejoran significativamente, ya que hay una excesiva concentración de la riqueza en la zona geográfica en la que está ubicada la capital de la República. Atender semejante desafío requiere un cambio de mentalidad del Gobierno y de los ciudadanos, y una verdadera democratización del poder a todos los niveles. Una economía sana necesita que los panameños sean escuchados y atendidos por igual, sin favoritismos .
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Hace 7 añosEl clientelismo electoral ha sacado sus colmillos y demuestra su alcance, una vez más, confirmando que los diputados son las figuras clave de un sistema carcomido por la corrupción. En el caso de la diputada Yanibel Ábrego, dama y señora de Capira, el Tribunal Electoral debe verificar que ella, al igual que los otros caciques y gamonales que dominan la política local, mantienen su actividad electoral bajo los cánones de transparencia y de los topes de donaciones existentes. ¿Será que los regalos desinteresados a los posibles votantes son producto de fondos públicos o incluso de fuentes inescrupulosas? La falta de verificación y de control le han abierto la puerta al festín de eventos de campaña, en los que se demuestra la abundancia de recursos con los que cuentan muchos candidatos. En las elecciones pasadas, la llave de las riquezas tenía la forma de juntas comunales, que blanqueaban fondos públicos para fines de los candidatos. Hoy tenemos un clima electoral caliente que no merece el país, en gran parte culpa de diputados que no conocen ni ley ni orden, y que saben que son impunes porque la Corte Suprema así se los garantiza.
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Hace 7 añosLa plataforma de servicios financieros y legales de Panamá ha madurado y evolucionado significativamente en los últimos años. Este proceso no ha sido fácil. El Estado panameño ha tenido que modificar sustancialmente el régimen de sociedades anónimas, fortalecer el marco regulatorio del combate al blanqueo de capitales y tipificar la evasión fiscal como un delito. A cambio, la comunidad internacional ha empezado a reconocer que Panamá no es una plaza de negocios opaca y truculenta, sino un aliado confiable que con sus instituciones ha podido contribuir a mejorar el entorno de transparencia de la industria financiera mundial. Estas son políticas de Estado que no deben estar sujetas al vaiven político, cualquiera que sea el color del Gobierno de turno, porque una inadecuada combinación de actores políticos y/o conflictos de interés pueden obstaculizar el progreso alcanzado hasta este momento. No nos podemos dar el lujo de perderlo. Es vital que los líderes del sector financiero y las entidades regulatorias conformen una coalición que consolide lo ganado hasta la fecha. Es así como se puede avanzar hacia una industria más competitiva y una economía más sólida frente a la nueva realidad internacional.
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Hace 7 añosLos ataque efectuados contra los periodistas del medio independiente Claramente, perpetrados el pasado domingo, no fueron gratuitos. Estas agresiones violentas ejecutadas por una turba de activistas de la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, buscaban alejar miradas ajenas a sus actividades. Ahora, esos hechos han llevado correctamente a varias denuncias que deben ser investigadas a cabalidad, incluso por la Corte Suprema de Justicia. En varios casos relevantes, la Corte le ha perdonado los desacatos a la diputada Ábrego por no entregar la información de sus planillas, y también fue omisa cuando la señora presidenta de la Asamblea Nacional le negó la entrada al personal de la Contraloría General de la República. Existen pruebas suficientes de que la turba al servicio de la diputada es la responsable del ataque a los periodistas. La Corte debe constatar si los facinerosos actuaron por instrucciones de la diputada o si lo hicieron por motivo propio, para evitar mayores descubrimientos negativos para su benefactora. ¿Quedará una vez más la diputada Ábrego por encima de la ley? La Corte debe decidir si hay impunidad o rendición de cuentas.
Hoy por Hoy Especial

Hoy por Hoy Especial

Hace 7 añosEs injustificable que se impida o intente impedir a ciudadanos el derecho al libre tránsito y al ejercicio de la libertad de información, que incluye el derecho de buscar y constatar hechos de valor noticioso. Como si fuera poco, estos ciudadanos fueron atacados y perseguidos por una turba de activistas claramente identificados como parte del equipo de campaña de la diputada Yanibel Ábrego.
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Hace 7 añosHace más de 200 años se llegó al entendimiento de que si los hombres fueran ángeles no se necesitarían gobiernos; y si los gobiernos fueran formados por ángeles, no se necesitarían leyes. Al parecer, los siete candidatos presidenciales nos quieren hacer pensar que son ángeles, ya que en materia de corrupción sus propuestas han sido vagas o contradictorias con la trayectoria que han tenido los partidos políticos que les acompañan. Mientras algunos nos advierten que se necesita una asamblea constituyente para enfrentar la corrupción de raíz, otros suponen que su mera llegada al poder, y por su voluntad expresa, la corrupción se desvanecería gracias a su supuesto “ejemplo de probidad”. Pero no hay propuestas de qué, cómo y cuándo. La opacidad que ha perseguido los procesos electorales viene de la mano de los grandes donantes y de los intereses vinculados a cada candidato. Los candidatos pudieran empezar publicando su declaración patrimonial e identificando sus posibles conflictos de intereses personales, familiares o por vía de sus donantes. Puede que esta exigencia parezca excesiva, pero no estamos en presencia de ángeles, sino de seres humanos que pretenden disponer de nuestros bienes por los próximos 5 años.
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Hace 7 añosEl tren Panamá–David ha estado rodeado de sospechosas ambigüedades. Aunque hace escasos tres meses nuestras más altas autoridades negaban que se había decidido construir el proyecto ferroviario, ayer el presidente de la República anunció, como un hecho, que su construcción costaría 4 mil 100 millones de dólares, lo que contrasta con el proyecto de la ampliación del Canal que, con cifras parecidas, fue explicado a sus usuarios y al país y largamente debatido durante meses, antes de ser sometido a referendo. Además, el estudio de factibilidad que sustenta el costo de este tren fue financiado por el Gobierno de la República Popular China, dueño de empresas con un más que probable interés en desarrollar el proyecto.¿Acaso no es evidente el conflicto de intereses? ¿No hemos aprendido nada de los errores vividos con Odebrecht? O, quizás, ¿será que aprendimos mucho? Al parecer, el presidente Juan Carlos Varela no ha tomado conciencia de que su gobierno ya le deja, al menos, 4 mil 400 millones de dólares en proyectos “llave en mano” a la siguiente administración. Si se le llegase a sumar el tren Panamá-David, serían más de 8 mil 500 millones de dólares en obligaciones legadas. ¿Cuál es el apuro? Una onza de cautela puede prevenir toneladas de problemas y de escándalos.

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