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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 añosLas investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en torno a los contratos y planillas de la Asamblea Nacional están destapando lo que este medio ya había descubierto: que en ese órgano del Estado existe una organización criminal que se dedica a saquear dineros públicos. La forma es burda, pero efectiva: personas que cambiaban los cheques de contrato o de las planillas, a cambio de un porcentaje. Pero la mayor parte del dinero desaparecía en las manos de personas allegadas a diputados, algunos de ellos con intenciones de reelegirse en las próximas elecciones, porque, además de conservar el dinero y obtener más, esperan el mismo trato de siempre que le han dispensado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: impunidad. Gane quien gane en los próximos comicios, tendrá la obligación de garantizar investigaciones y fallos imparciales, alejados de toda influencia política que buscan favorecer a copartidarios en la Asamblea. Deben recordar que buena parte del desgaste de sus partidos se deriva, precisamente, de la impunidad que gozan sus diputados. Y eso el electorado lo ve y lo siente. No en vano surgió el movimiento #Noalareelección.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa mayor riqueza de un país no está en sus recursos naturales ni en sus estructuras ni en sus carreteras. Es su gente. Y si tiene educación, es doblemente más rica. Nuestra plataforma educativa tiene décadas de atraso. Eso ha convertido a su gente en dependiente del gobierno de turno. El Estado debe destinar cada año miles de millones en subsidios, porque sencillamente los panameños pobres se hacen más pobres porque necesitan de fondos del Estado para poder subsistir. Estamos hablando de subsidios como la beca universal, al gas, a los autobuses, al metro, a la Caja de Seguro Social, la electricidad, las casas, a los ancianos sin jubilación, etc. Y es probable que se creen más o los montos aumenten, gracias a las promesas de campaña que están haciendo los candidatos presidenciales. En otras palabras, la intervención del Estado en las vidas de las personas es más notoria, y cuenta con la anuencia de los afectados, que ahora creen tener derecho a reclamar estos subsidios y los que vendrán después. Durante décadas, ha sido clamor de la sociedad que se introduzcan reformas a la educación para hacer de los ciudadanos personas productivas, con lo cual nuestra economía mejoraría cada año. Pero, lejos de ello, los gobiernos han sido los alcahuetes entre el dinero fácil y los que reclaman que el Estado les resuelva la vida. Solo la educación hará posible que los ciudadanos recuperen la dignidad que le han arrebatado los gobiernos.

Hoy por hoy

Hace 7 añosPanamá es un país rico, pero empobrecido por elección propia. Los recursos naturales del país hacen posible negocios tan productivos como el Canal interoceánico; la posición geográfica es un activo poco explorado y menos aún explotado, pero con un potencial extraordinario y prometedor. Las hidroeléctricas son posibles gracias a los ríos, y el sol y el viento son capaces de generar electricidad limpia y renovable, incluso desde cada hogar. Entonces, ¿por qué no incentivar este tipo de generación eléctrica en vez de quemar gas o bunker? En el verano hay abundante sol y viento, que es la materia prima para la generación a pequeña escala y con ello evitaríamos la dependencia de otras fuentes no renovables y altamente contaminantes. El Estado, si en verdad quisiera fomentar el uso de energías limpias, debería incentivar a los consumidores a emplearlas. Así como hay incentivos y subsidios para comprar casas, debería haberlos para utilizar nuevas fuentes de energía y no solo para las empresas que están en este negocio, sino para todas aquellas personas que quieren aportar para que nuestro país dependa menos de la generación contaminante. Todos podemos hacer nuestra contribución, pero el Estado tiene un rol que hacer a fin de que estas inversiones no sean tan costosas para el que quiere poner una pequeña planta en su hogar. Podemos ser ejemplo para la región y pioneros en el uso masivo y responsable de recursos renovables y limpios.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa inseguridad ciudadana es una de las grandes preocupaciones que aflige a los panameños. No es casualidad que los siete candidatos presidenciales tengan dentro de sus planes de gobierno el uso de diferentes estrategias de manos suaves, manos duras, aumento de pie de fuerzas de los cuerpos de seguridad, ampliación de los centros penitenciarios, aumento de la cobertura de las cámaras de vigilancia, fortalecimiento de las iniciativas de reinserción social y la reforma de los códigos del país. En gran medida, estos esfuerzos buscan sustituir una grave carencia: la falta de una política criminológica del Estado panameño. Por los últimos tres lustros, se ha ignorado el llamado del Pacto de Estado por la Justicia de consensuar una política pública en esta materia. Así los cuerpos de seguridad panameños están dotados de vastos recursos y cuentan con importantes capacidades de respuestas, pero no cubren efectivamente a la población, que es víctima de la microdelincuencia, la violencia intrafamiliar y el deterioro de su calidad de vida por el desorden público. El gran reto es hacer una política de Estado que nos proteja a todos.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEl fondo de reserva de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene sus días contados. Durante este o el próximo año la Caja de Seguro Social (CSS) empezará a consumir reservas que podrían agotarse en un máximo de 7 u 8 años. La CSS es la empresa más grande del Estado panameño, siendo el volumen de su actividad económica casi el doble que la del Canal de Panamá. Sin embargo, la misma no se ha gestionado con la seriedad con la cual se ha administrado la vía interoceánica. Por el contrario, el clientelismo, la corrupción, la burocracia y la ineficiencia han sido la norma. Esto, sumado a la falta de voluntad política para hacer los ajustes requeridos, nos acerca a ese temido día en que el pago de las jubilaciones y pensiones se convierta en el principal problema de las finanzas públicas y, por ende, de la economía panameña. Nadie esperaba que esta administración resolviera el problema de la Caja, pero sí que, al menos, dejara informes actuariales fiables que permitieran tener un diagnóstico certero del problema. Eso no se hizo y, como resultado, el gobierno que surja el 5 de mayo venidero enfrenta un reto tremendo. Y apremiante.

Hoy por hoy

Hace 7 añosLos siete candidatos presidenciales han tomado claras posiciones sobre la necesidad de cambiar nuestro ordenamiento constitucional. Todos coinciden en que debe realizarse una actualización de la carta magna, sin embargo, las diferencias sustanciales se evidencian en la selección de los métodos de reforma. Mientras que tres candidatos le dan algún grado de confianza a la propia Asamblea Nacional, para que esta sea la gran protagonista del proceso de reformas; los otros cuatro candidatos favorecen una asamblea constituyente. Ambos mecanismos cuentan con ventajas y con riesgos que no pueden ser ignorados. Para voceros de ciertos sectores empresariales, una asamblea constituyente podría afectar la economía y generar incertidumbre. Mientras que para importantes líderes de la sociedad civil, confiar en los diputados para que hagan los cambios necesarios, es una apuesta sumamente riesgosa para la democracia panameña. Este tema se convierte en un diferenciador fundamental entre candidatos y propuestas, que apuntan hacia distintas hojas de ruta. Los votantes tienen el deber de informarse para tomar una decisión razonada el 5 de mayo, esa es la mejor expresión del poder del soberano.

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Hace 7 añosLa narcopolítica es un fenómeno regional que desde México hasta Argentina ha dejado su impronta en las instituciones y las economías de nuestros países. La contaminación gradual de servidores públicos y el contagio a otros sectores de la sociedad, nos ha dejado tremendamente vulnerables. Este fenómeno tiene dos elementos comunes: la corrupción y la impunidad. Por esto queda muy claro la importancia que tiene un sistema de justicia sólido que derrote al crimen organizado y produzca la certeza del castigo para los grandes delincuentes que azotan a la región. La justicia por sí sola no es capaz de enfrentar semejante reto. Así, América Latina y el Caribe se han beneficiado de valientes periodistas y medios de comunicación que han desenmascarado el contubernio entre narcotráfico y política. Pero la gran tarea de salvar a la democracia le pertenece a los ciudadanos : exigiendo transparencia a todas las autoridades, demandando celeridad e imparcialidad de la justicia, y repudiando el dinero fácil y la influencia que vienen de la mano del negocio de las drogas. Una región libre de corrupción empieza con cada ciudadano.

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Hace 7 añosEl diputado del circuito 8-4 Alfredo Fello Pérez, del Partido Revolucionario Democrático, que busca la reelección, se encuentra bajo investigación por la presunta comisión de delitos ambientales, por presuntos nexos con la delincuencia organizada y por la supuesta emisión de múltiples cheques sin fondos. Si bien la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que tiene este diputado merecen una acción pronta y eficaz de parte de la Corte Suprema de Justicia, es deber de los votantes y de los partidos políticos verificar que sus candidatos les ofrezcan los mejores ejemplos de comportamiento a los ciudadanos. Bajo ninguna circunstancia Panamá se puede permitir que perdamos la democracia por la sospecha de vínculos de sus políticos con el crimen organizado, ni tampoco se puede aceptar que la política sea utilizada para encubrir o facilitar la delincuencia. Hay demasiados ejemplos ya en nuestro país y en la región latinoamericana de cómo las organizaciones delictivas penetraron la política, hasta convertirse en inseparables socios de negocios. Presidente Juan Carlos Varela, ya basta de denuncias sin nombres al calor del momento. Los panameños merecen saber la verdad.

Hoy por hoy

Hace 7 añosEn las pocas semanas que le restan al mes de abril, y los primeros días de mayo, se presenta una apretada agenda de inauguraciones y cortes de cinta de proyectos emblemáticos del actual gobierno. Esto incluye la línea 2 del Metro, la terminal 2 del aeropuerto de Tocumen, el centro de convenciones de Amador, la reapertura del Teatro Nacional y una variopinta patronal de entregas de proyectos de vivienda y de otras infraestructuras públicas. Existe un gran denominador común de todos estos cortes de cinta: el tufillo de promoción gubernamental antes del 5 de mayo. Sin embargo, a pesar de lo cuestionable que es este hecho, hay una realidad más preocupante. Muchas de las obras entregadas tienen detalles por terminar o incluso se encuentran incompletas, o, como en el caso del centro de convenciones de Amador, enfrentan la necesidad de corregir centenares de fallas, que reclamarían una decisión sensata de posponer la ficción de una inauguración prematura y con una larga lista de pendientes. La mentalidad politiquera de planificar de manera infantil la gestión del Estado, para que las inauguraciones coincidan con los días anteriores a las elecciones y que no se extiendan del final del periodo del gobierno, nos somete, como país, a la improvisación y al despilfarro. Es decir, nos condena irremediablemente al subdesarrollo.

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Hace 7 añosLa nueva justicia penal panameña está fundamentada en una legislación procesal garantista, cuya expectativa era producir procesos judiciales con celeridad, inmediatez, concentración y, sobre todo, equidad de las partes. Esa aspiración se ha quedado muy limitada en el caso de Ricardo Martinelli. Todo el vértigo procesal de la causa de los pinchazos, incluyendo la traumática conducta de la Corte Suprema de Justicia, el excesivo ejercicio de recursos dilatorios y reiterativos por parte de la defensa, y la multiplicidad de lagunas legales de nuestro ordenamiento jurídico, ha creado desazón y desesperanza en la opinión pública. La decisión del Ministerio Público de anunciar amparos de garantías constitucionales para recuperar el debido proceso en este caso, exige de la Corte Suprema de Justicia actuar con diligencia y rapidez, para corregir las acciones del tribunal de juicio, que solo pueden considerarse como producto de la mala fe. Las pruebas que debían practicarse fueron las aprobadas por el magistrado de garantías Jerónimo Mejía en la etapa anterior. Esa discusión ya estaba superada. El exabrupto del tribunal de juicio de rechazar pruebas a estas alturas no le deja otro camino a la fiscalía que recurrir al amparo de garantías como un escudo para proteger casi cinco años de trabajo, y mantener viva la esperanza de que en Panamá se puede hacer justicia sin trampas y que la ley es igual para todos.

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