TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 7 añosHace un año, el Gobierno de Estados Unidos entregó en extradición a Panamá, al ciudadano expresidente de la República Ricardo Martinelli. Con el sistema penal acusatorio se suponía que la justicia panameña podía ventilar la causa de los pinchazos efectivamente. Un año de retrasos, rejuegos, tácticas dilatorias y el cambio forzado de la competencia de la Corte Suprema hacia un tribunal ordinario, han demostrado la capacidad de influencia del procesado y de su costoso ejército de abogados. El gasto no ha sido solo del expresidente, sino también del Estado, que ha invertido fondos públicos y miles de horas de fiscales, magistrados y otros funcionarios para realizar este juzgamiento. Este es un ejemplo de por qué el sistema de justicia panameño es una fuente de frustración y de amargas insatisfacciones, que les hacen pagar a todos los ciudadanos un alto precio. Sea cual sea el resultado final del caso de los pinchazos, es urgente abocarnos a reconstruir la justicia. Es intolerable que Panamá esté condenada a la impunidad y a la incertidumbre legal, resultado de tribunales y jueces atrapados en una maraña de grandes intereses.
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Hace 7 añosEl consorcio internacional Global Forest Watch nos revela la escala de la deforestación en Panamá. El país ha perdido más de 352 mil hectáreas de cobertura forestal en poco menos de 20 años. Las causas de la deforestación son muy conocidas y se fundamentan en la actitud de complacencia y de indiferencia de sucesivas autoridades del Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Lo revelador de los datos es que indican que Panamá había ganado 32 mil hectáreas de cobertura forestal hasta el año 2012. Sin embargo, a partir de ese año y hasta la actualidad, la pérdida ha sido significativa. Estos datos coinciden con los informes aduaneros que revelan que el país ha roto récords en su exportación de madera. De acuerdo con el propio Ministerio de Ambiente, es ilegal el 97% de la tala que ocurre en Darién, una provincia que ha sido la mayor perdedora de cubierta forestal en estos años. El nuevo gobierno tiene el deber y la gran responsabilidad de comprometerse a enmendar el rumbo que por años lleva la política forestal, la agropecuaria y la de tierras en Panamá. Su objetivo ha de ser uno: proteger los recursos vitales de cuanto depredador busque engordar sus ambiciosos bolsillos a costa de todo un país.
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Hace 7 añosHéctor Gallego va para medio siglo de desaparecido. Sus familiares, con justificada razón, aún reclaman sus restos y la explicación de los hechos que ocurrieron aquel día que se lo llevaron efectivos de la hoy inexistente Guardia Nacional. En memoria del sacerdote colombiano, la población de Santa Fe, en Veraguas, lleva a cabo actividades el día de hoy, pero eso no basta por sí solo. Las desapariciones forzadas perpetradas durante la dictadura militar deben ser aclaradas, incluso judicialmente, para poder llegar a una verdadera reconciliación. Mientras las dudas se mantengan sobre esta y decenas más de desapariciones y asesinatos, no habrá perdón. Las autoridades no han podido completar la identificación de restos humanos –presumiblemente de personas que la Guardia secuestró y posteriormente asesinó– que aguardan a que un gobierno se tome en serio la tarea de terminar esta tarea. Los familiares de las víctimas merecen concluir la incertidumbre, y la sociedad necesita saber qué pasó con todos ellos. Héctor Gallego fue un faro de esperanza para cientos de campesinos en Veraguas, tierra que acogió al sacerdote, para luego ser arrebatado violentamente por inescrupulosos militares, incapaces de reconocer hoy su falta de valentía, no solo por haber cometido un acto abominable, sino por su empeño de ocultar la verdad. Guardar silencio hasta la tumba no es una acción de hidalguía. Todo lo contrario, es un acto de cobardía.
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Hace 7 añosLa revitalización de la vía Argentina es uno de los proyectos emblemáticos de la administración saliente del Municipio de Panamá. La iniciativa, que debe concluir a más tardar a principios del año 2020, constituye una importante intervención en una zona sumamente afectada por el crecimiento urbano desordenado y la circulación intensa del tráfico automovilístico. Para algunos de los vecinos de la zona, el proyecto representó una afectación severa a sus actividades económicas, perjudicando su rentabilidad: por lo menos dos de estos establecimientos ya han demandado al municipio en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la correspondiente reparación de daños y perjuicios. Así, una iniciativa que debió convertirse en un escalón hacia un nuevo urbanismo, ha sido causa de conflictos y es culpada por las inundaciones en las calles próximas al área intervenida. Quizás si las autoridades hubiesen dedicado un poco más de tiempo a consultar e informar a los residentes y a los negocios ubicados en la vía Argentina, otro habría sido el resultado. Por los vientos que soplan, es posible que otras demandas se sumen a estas. A pesar de esto, hay que hacer los correctivos necesarios y asimilar las lecciones aprendidas para seguir transformando y recuperando los espacios públicos en la ciudad de Panamá. Lo sucedido en la vía Argentina debe ser un ejemplo de aquello que no puede repetirse.
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Hace 7 añosLa visita del equipo de transición del gobierno entrante al Ministerio Público debe ser considerada como un acto de cortesía entre poderes del Estado que deben actuar de forma independiente. Es obvio que la Procuraduría General de la Nación y el nuevo Órgano Ejecutivo necesitan coordinar en materia de temas técnicos, como el rol de la Policía Nacional, la ejecución de las extradiciones o, quizás el más importante, una mayor dotación de recursos presupuestarios. El presidente electo ha dicho correctamente que respetará el término de los mandatos de los procuradores, y que la justicia debe actuar independientemente. El país conoce lo traumático que resulta cuando el poder ejecutivo intenta capturar al Ministerio Público y al Órgano Judicial para sus fines. La administración Cortizo debe resistir las presiones, dentro y fuera del PRD, que buscan socavar las investigaciones de casos emblemáticos de corrupción y otros delitos graves, o intervenir para obtener resultados espurios en los tribunales. La paz social de este país depende de la defensa de la legalidad y de que los hombres y mujeres que malversaron fondos públicos respondan por ellos.
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Hace 7 añosHay algo muy atractivo para que tanta gente aspire a representar al país en Guatemala una semana al mes. La delegación panameña al Parlamento Centroamericano para el periodo 2019-2024 fue proclamada oficialmente por la Junta Nacional de Escrutinio. La lista de 40 diputados, entre principales y suplentes, incluye personajes investigados por la justicia y otros que se beneficiarán del blindaje que ofrece tener la misma categoría que un miembro de la Asamblea Nacional. Una vez tomen posesión de sus cargos, a partir del 1 de julio, las diligencias del Ministerio Público se toparán con la muralla de los procesos especiales ante la Corte Suprema de Justicia. Los panameños tenemos claro qué significa eso. ¿Será esta la razón por la que varios exfuncionarios y los dos hijos del exgobernante solicitados en extradición se postularon? Aparte de este beneficio espurio para la clase política, no queda claro por qué Panamá sigue perteneciendo a un ente que no le representa utilidad ni buena reputación. Este juega vivo se convertirá en un innecesario callejón sin salida para la justicia. Es la misma tragicomedia con nuevos actores; ojalá con un final distinto.
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Hace 7 añosLa Fiscalía Anticorrupción allanó ayer la sede de Pandeportes, como parte de la investigación por el presunto manejo irregular de fondos que esa entidad aportó a federaciones y asociaciones deportivas, algunas de estas manejadas por diputados. El descubrimiento de este asunto fue resultado de investigaciones periodísticas que hurgaron en el rejuego político del pacto de gobernabilidad, traducido en planillas y contratos brujos para beneficio de diputados afines o aliados al gobierno de Juan Carlos Varela. La reacción ciudadana de repulsa a este negociado inspiró el reclamo del “No a la reelección”, fuerza detrás de la derrota de una treintena de diputados. Este logro para la democracia encuentra su respaldo en la propuesta de reformas constitucionales, que incluye una prohibición tajante de que los diputados administren fondos públicos. Y aunque las denuncias contra estos están paralizadas por la Corte Suprema de Justicia, el cambio de la cultura política provocado por el periodismo independiente refuerza la noción de que las libertades de expresión y de información son fundamentales para mantener viva la democracia. Un periodismo independiente, veraz y oportuno que seguiremos ejerciendo durante el gobierno que comienza en breve.
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Hace 7 añosLa Concertación Nacional para el Desarrollo alcanzó un consenso sobre su propuesta para las reformas constitucionales en materia del Órgano Judicial. La iniciativa ahora debe ser sometida al plenario de esta organización para que sea aprobada, modificada o rechazada, y así se convierta en el texto definitivo del proyecto de reformas que será entregado al próximo presidente de la República. Después de varias décadas de duros cuestionamientos hacia la justicia y de grandes escándalos en el Órgano Judicial, esta es la oportunidad que la sociedad panameña debe aprovechar para hacer una reforma estructural que fortalezca la institucionalidad y aleje los peligros de la corrupción y los conflictos de intereses de los estrados y tribunales del país. El nuevo gobierno debe convocar a una consulta nacional mucho más amplia para contribuir al trabajo que ha hecho la Concertación. El documento de consenso que pronto nacerá a la vida pública es solo el inicio, una invitación al debate, del que todos debemos participar. Esta es una oportunidad que, libre de toda presión política y apuros injustificados, debe aprovecharse para rescatar y salvaguardar nuestro Estado de derecho.
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Hace 7 años


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Hace 7 añosEstá terminando una administración presidencial que le prometió al país que haría las cosas de forma diferente. Sin embargo, algunos viejos hábitos de la clase política son difíciles de erradicar. Un ejemplo de esto es el uso generalizado de la partida discrecional de la Presidencia de la República. Estos fondos provienen de los impuestos de los ciudadanos, y su uso, ya sea en gastos triviales o en necesidades urgentes para el Estado, debía ser desglosado periódicamente en el sitio web del Ministerio de la Presidencia. Un mes después de vencido el trimestre se publicarían los montos, sus destinatarios y las facturas que respaldan los gastos. Desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2018, la administración Varela gastó, aproximadamente, 42 millones de dólares. ¿Qué pasó posteriormente? Se desconoce, ya que los gastos del último trimestre del año 2018 y del primer trimestre de 2019 no han sido divulgados. En menos de un mes termina el actual gobierno, y los ciudadanos desconocemos el uso de nuestros fondos, que de forma excepcional están a disposición del primer mandatario de la nación. De nada sirven las normas y las promesas si no se cumplen. Todavía el gobierno actual puede publicar sus gastos discrecionales. Sería una agradable sorpresa que, en su ocaso, demostrara frugalidad y sensatez en la exposición de lo gastado. La transparencia no se promete; se demuestra siempre.

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