TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 7 añosLas políticas públicas exitosas son aquellas que están fundamentadas en evidencias científicas que miden su efectividad y validan su impacto. En el caso de la educación primaria, premedia y media del país, la beca universal parece que ha contribuido a aumentar la retención o permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, según revela un estudio de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). La investigación detalla que se alcanzó el 94% de retención de la población estudiantil en primaria, y de un 51% en media y premedia. Este estudio es un valioso ejemplo de por qué las instituciones gubernamentales deben mantener estadísticas robustas, que midan la efectividad de sus programas. Con esta información, es el momento para analizar en detalle las razones de la deserción escolar. Resolver este desafío debe ser una de las primeras metas de las nuevas autoridades educativas del país. Igualmente, toca valorar que la beca universal tuvo un costo de $17 millones cuando se inició, en el año 2010, y para este año su presupuesto es de casi $190 millones, o sea, que aumentó más de 11 veces en una década. ¿Se justifica el gasto? ¿Hay mejores formas de invertir estos recursos en educación? Panamá necesita más estudios para validar los resultados de tantos programas de subsidios. La ignorancia sobre el efecto real de estos programas nos impide resolver los problemas sociales del país.
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Hace 7 añosLos países occidentales usan alguna variante del testigo protegido para permitir que personas que conocieron de primera mano la actividad criminal colaboren con la justicia. Ayer, el testigo protegido de la fiscalía del caso de los pinchazos dio la cara relatando cómo funcionaba la operación ilegal que ocurría en el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno anterior. La defensa del expresidente de la República está en su derecho de cuestionar al testigo y su declaración. Descalificarlo como un “delincuente” es paradójicamente la afirmación de que se cometió un delito. Lo cierto es que participó de los pinchazos y colaboró con los tribunales. Por su parte, la defensa ha invocado a un prófugo de la justicia como testigo para sus argumentos. Nos quieren hacer creer que si la persona fue parte actora de los hechos, su declaración es buena cuando es a favor de la defensa, pero mala, si es contraria. Las autoridades están en la obligación de proteger a este testigo y a su familia, sobre todo si su identidad es divulgada por las redes sociales o por el aparato de propaganda servil que trabaja incansablemente a favor del huésped en El Renacer.
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Hace 7 años¿Cómo funciona el Estado de derecho en Panamá? En muchos casos pareciera que la respuesta depende de quién es el beneficiario o perjudicado de la acción de la ley. Después de varios años de disputas ante instancias administrativas, por la construcción del PH Bouna Vista en Carrasquilla, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia reconoció la pretensión de los vecinos del barrio al determinar que el complejo residencial desarrollado en la calle Los Bambús necesitaba de una evaluación ambiental más amplia. Al final de cuentas, la obra lleva ya un importante avance traducido en una inversión millonaria por parte de los promotores y la adquisición de compromisos financieros para sus clientes. Por su parte, los afectados por la obra han vivido en primera persona la desidia de las autoridades que ha impactado sustancialmente la convivencia pacífica a la que tiene derecho todo ciudadano, sin mencionar los posibles perjuicios económicos, emocionales y hasta de riesgo para su seguridad personal. Hecho el daño, el desenlace de esta historia terminaría afectando la inversión privada, la seguridad jurídica y los intereses comunes de la ciudadanía. Justicia sin resultados se llama impunidad.
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Hace 7 añosEn 2019 celebramos los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá. Esta conmemoración ha sido el mejor pretexto para lanzar una iniciativa cultural revolucionaria: el Museo de la Ciudad. Esta propuesta consiste en llevar las exhibiciones a la calle, a diferentes partes de la ciudad de Panamá, y eventualmente, al interior de la República, para interactuar de forma viva con el paisaje y la vida ciudadana. Así, diversas exposiciones explicarán la evolución del asentamiento urbano indígena que existía mil años antes de la llegada de los españoles, hasta la ciudad confusa, conflictiva y caleidoscópica que tenemos en la actualidad. En un país en el que la cultura no ha sido una prioridad, la última semana ha sido testigo de la inauguración del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, posteriormente de la apertura de los últimos pabellones del Museo de la Biodiversidad, y ahora, el lanzamiento del Museo de la Ciudad en su primera locación, el majestuoso edificio de los Archivos Nacionales. Los panameños tenemos el deber de respaldar estos proyectos para demostrarle a propios y extraños nuestra sed de arte y cultura, peldaños necesarios para una mejor sociedad.
El arma del terror
EDITORIAL

El arma del terror

Hace 7 añosEn el transcurso del juicio por violación a la intimidad y las comunicaciones privadas, conocido como el caso de los pinchazos, ha emergido una corriente hasta ahora subterránea que busca despojar a los panameños de derechos fundamentales como la libertad de expresarse libremente y de estar informados. Esta corriente no solo pretende silenciar medios de comunicación críticos, sino intimidar a servidores públicos que hacen su trabajo, y amenazar a cuanto ciudadano ose discrepar de los intereses de su patrocinador. Es más que evidente que el causante de todo esto no busca justicia ni ejercer su derecho a la defensa, sino evadirse de la acción de la justicia.
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Hace 7 añosEl proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos ha caído en una fase de estancamiento, con consecuencias devastadoras para la ribera canalera y un posible conflicto contractual entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa contratista. Desde sus inicios, este proyecto, que pretendía aumentar a cuatro carriles la importante avenida, encontró resistencia por parte de actores clave y, sobre todo, de la comunidad, que se escandalizó por la destrucción de bosques con una enorme importancia histórica, cultural, ambiental y estética. Ante los hechos, las autoridades, especialmente las que asumirán el poder el próximo 1 de julio, deben tomar en cuenta que hay una afectación ambiental que debe ser corregida. Este es el resultado de obras que se hacen sin la debida planificación y evitando la amplia consulta ciudadana.
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Hace 7 añosMientras los panameños disfrutan de dos líneas del Metro y de un sistema de transporte urbano bastante cordial, operado por Mi Bus, que sustituyeron a los infames “diablos rojos”, no se puede olvidar el negociado de la indemnización de estos transportes públicos. Entre los años 2010 y 2014 se compensó a un total de 2 mil 649 propietarios de certificados de operación de estos vehículos. Las indemnizaciones tenían un rango entre los 25 mil y 75 mil dólares, de acuerdo con el tipo de vehículo y la ruta asignada. El Estado desembolsó 94.8 millones de dólares en la operación, que rápidamente devino en una compleja maraña de investigaciones y un larguísimo caso judicial que todavía no tiene condenas a la vista. La justicia panameña ha demostrado grandes flaquezas, y el caso de las compensaciones de los “diablos rojos”, que involucra por igual a políticos, empresarios y transportistas, es un ejemplo muy claro de lo que está mal con nuestra justicia. Es imperdonable que, transcurridos tantos años, jueces y magistrados se hayan prestado al abuso de las medidas dilatorias que abogados defensores han interpuesto de forma generalizada. A pesar de esto, queda claro que la lección más importante de este caso es que la opacidad siempre favorece al conflicto de intereses y, por ende, se fomenta la gran corrupción. Eso es lo que nos queda de la manera en que los “diablos rojos” salieron de nuestras calles.
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Hace 7 añosEl Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional surgió en 1991, como un mecanismo protector de la joven democracia. Entonces, como ahora, el Consejo debía detectar, identificar, analizar y darle seguimiento a las amenazas más serias y graves contra la estabilidad democrática, el Estado de derecho y el bienestar de los panameños. Esta entidad es la única institución oficial que puede tener equipos de espionaje y de inteligencia en nuestro país. Precisamente por esta razón, el marco institucional del Consejo es sumamente importante para la democracia. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli se decretó que el Consejo perdiera su naturaleza interinstitucional para convertirse en una agencia que respondía directamente al presidente de la República. Ahora, el ministro de Seguridad designado por el gobierno entrante ha indicado que se harán reformas legales para que el Consejo no pueda judicializar información. El muy loable propósito confunde la enfermedad con la sábana, ya que el problema del Consejo no es su capacidad de generar información, sino quién la controla y lo que hace con esta. Este debate debería incluir a la Unidad de Análisis Financiero, principal ente de combate del blanqueo de capitales, y que también está adscrito a la Presidencia de la República. Una sociedad abierta necesita de instituciones de inteligencia civiles que funcionen bajo el imperio de la ley y para hacerla cumplir.
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Hace 7 añosEl escándalo de las donaciones que Pandeportes remitía a distintas organizaciones ha entrado en una nueva fase. El Ministerio Público emprendió una pesquisa preliminar para validar el desvío de unos 9 millones de dólares que debieron ser utilizados para la compra de implementos deportivos y otras actividades relacionadas. Como ya ha publicado este diario, el destino de esos fondos pasó por las manos de diputados y otros altos funcionarios de la Asamblea Nacional. Aunque el 1 de julio venidero, varios de los presuntos implicados perderán sus curules, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia tendrá que asumir la investigación de diputados en funciones. La fiscalía pudo verificar 17 ubicaciones supuestamente beneficiarias del financiamiento estatal, sin encontrar rastro alguno de donativo en ninguna de ellas. Es una tragedia lo que han sufrido el deporte y los atletas panameños por este ultraje. La nueva administración puede enmendar esto exigiéndole responsabilidades a los políticos de su propio partido, y así demostrar que su código de honor y su lucha contra la corrupción son verdaderos: prohibido mentir, robar y traicionar al país y a los panameños.
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Hace 7 añosLlegado el final de su administración, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, efectúa un último intento por hacer valer su derecho constitucional de designar posiciones clave en el engranaje del Estado. En el caso de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, coloca sobre la mesa dos perfiles profesionales sólidos, en especial uno de ellos, pues difícilmente se puede poner en duda la capacidad o la trayectoria de quien ha sido parte de la evolución positiva de la vía interoceánica en los últimos años. Algo similar sucede en el caso de los suplentes de los magistrados, pues se trata de figuras que ya fueron presentadas con anterioridad y sobre las cuales no hubo cuestionamiento alguno. A pesar de lo anterior, dada la coyuntura que el mandatario ha escogido para llevar a la Asamblea estas designaciones, no está claro si realmente espera lograr la hasta ahora evasiva ratificación, si tan solo aspira a dejar la vara alta al presidente electo, o si lo que quiere es dejar en evidencia las motivaciones de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que da pena ver cómo se dejan para el final asuntos que merecían una discusión profunda y un tratamiento serio.

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