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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosLa supuesta Ciudad de las Artes parece una ruina precolombina a la espera de un rescate arqueológico, mientras que las proyectadas ciudades deportivas de David y Colón se han visto ensombrecidas por litigios y sórdidas historias financieras. A su vez, la esquizofrénica y multifacética Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud ha sido un agujero negro de cientos de millones de dólares de un proyecto que no termina de cuajar. Todavía en julio de 2018, faltando menos de un año para concluir el mandato, los voceros del Gobierno hablan como si estuvieran en 2014. Los errores, omisiones y terribles actos de corrupción del gobierno pasado debieron ser resueltos con prontitud. La incapacidad de las autoridades de deshacer estos entuertos, y de recuperar los dineros perdidos para dedicarlos a obras provechosas, sigue siendo una característica que persigue al gobierno de Juan Carlos Varela, que actúa como si todavía estuviera en campaña. Las acciones y decisiones administrativas que le quedan deben orientarlas a sanear la gestión del Estado, y no a embelesarse con promesas imposibles de cumplir.

Hoy por hoy

Hace 8 añosEn los asuntos de Estado, la politiquería, la negligencia y la falta de planificación suelen pasarle una factura muy costosa a la ciudadanía. Tal es el caso de la tercera línea de interconexión eléctrica, una obra planificada en la década pasada, y que el gobierno de Ricardo Martinelli adjudicó de manera tardía a la empresa Odebrecht. El retraso de la entrega de este proyecto no solo causó que Etesa tuviera que pagar sumas multimillonarias a empresas generadoras de electricidad, sino que también provocó sobrecostos que ahora debemos asumir todos los consumidores, a través de un aumento en la tarifa eléctrica. Es así como vemos un país tachonado de grandes proyectos inconclusos o de infraestructuras vitales mal hechas, provocando que el costo de la vida de los panameños suba injustificadamente. Y aunque estemos ahora en temporada electoral, los votantes carecemos de alternativas viables, porque esta falta de criterio, esa ineficiencia gubernamental proviene de políticos incapaces. La oferta electoral de los partidos políticos -sean de gobierno o de oposición- es mala. Es un círculo vicioso que nos cuesta dinero, bienestar, calidad de vida y ahora hasta el precio de la luz.

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Hace 8 añosPanamá tiene una penosa trayectoria en materia de contrataciones públicas. Las licitaciones tardan lo inaceptable. Cuando finalmente son adjudicadas, aparece un funcionario que altera los plazos, montos y hasta especificaciones de las obras. O sea que los supuestos atractivos que ofrecía el ganador se van al traste. Ciertos proyectos terminan con retrasos y sobreprecios, y otros ni siquiera concluyen. Recientemente se adjudicó la construcción del cuarto puente sobre el Canal. El fantasma de Odebrecht, las circunstancias particulares de esta licitación, así como ciertas publicaciones sobre la empresa ganadora, han despertado justificadas suspicacias. Y es que si con contratistas de países cuyos valores compartimos nos fue mal, con los chinos nos podría ir peor. De un lado, tendremos empresas poderosísimas bajo el paraguas de un gobierno dictatorial y opaco; del otro, un país pequeño, hambriento de obras y débil de instituciones. Dos herramientas tenemos para defender los intereses de Panamá en la relación que ahora comienza: el saber hacer de la ACP en materia de estudios de factibilidad, contratos, monitoreo de obras y manejo de reclamos; y las leyes de transparencia, que obligan a rendir cuentas sobre el uso de los recursos estatales. Hagamos uso de ellas.

Hoy por hoy

Hace 8 añosComo era de esperarse, el pacto legislativo entre el Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático reeligió a la diputada Yanibel Ábrego como presidenta de la Asamblea Nacional. En su discurso, la flamante presidenta hizo gala de un cinismo de alto calibre cuando recalcó su vocación en favor de la transparencia y exclamó a los cuatro vientos que no se oponía a que los diputados fueran auditados. Le hubiese dado más credibilidad a sus palabras ordenar, en ese preciso momento, la publicación de todas las planillas de sus colegas, empezando por la propia. Sin embargo, sus acciones dan indicios de que harán todo lo posible por evitar que el contralor haga su trabajo. Aprobar por insistencia las planillas suspendidas por la Contraloría sería la última prueba de su desfachatez. Pero esto no es todo. También la ciudadanía debe estar alerta ante cualquier intento de manipulación por parte de esta alianza del caso de Ricardo Martinelli o de cualquiera que involucre a sus viejos y nuevos amigos. Parafraseando el discurso de la diputada, no podemos permitir que la delincuencia maneje la agenda del Estado.

Hoy por hoy

Hace 8 añosEn medio de un ambiente turbulento, comienza hoy el quinto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y todo parece indicar que una parte mayoritaria de las bancadas de los partidos opositores PRD y CD apoyará la reelección de Yanibel Ábrego como presidenta. Pocas cosas podrían arrojar más preocupación acerca del destino del Órgano Legislativo que esa noticia, ya que si hay algo que distinguió la anterior legislatura, fueron sus escándalos y despilfarros. La reticencia a entregar información de carácter público que respalde el manejo de planillas que benefician a círculos familiares y políticos de los diputados y la conformación de una Comisión de Credenciales presidida por el Partido Panameñista, que luego fue defenestrada, son apenas una muestra de lo que se han cocido tirios y troyanos en el turbio caldo legislativo. Aunque parece no existir un adecuado sistema de balances y contrapesos que garantice la independencia en el ejercicio del poder por vía de los diferentes órganos del Estado, ello no debe ser excusa para que alguno de ellos transgreda las leyes ni la Constitución, mucho menos aquel que está llamado a ser el más representativo de la población del país. El Legislativo no puede erigirse en una reencarnación contemporánea de Nerón, prendiendo el país mientras entona con su lira la música que solo sus oídos quieren escuchar.

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Hace 8 añosNo fue una licitación común y silvestre. En realidad, se trata del segundo proyecto de mayor costo del gobierno actual: el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. El proceso de esta contratación ha sido prolongado, engorroso y a veces confuso. El ministro de Obras Públicas ni siquiera estuvo presente en la apertura de sobres de las ofertas económicas, evento que en el día de ayer incluyó la propuesta de una empresa que se retiró de esta licitación. No hay cuestionamiento sobre la necesidad de una infraestructura que desahogue el tráfico interurbano entre las dos riberas del Canal, y que constituya la plataforma ferroviaria para la proyectada línea tres del Metro, y hasta de un posible tren rápido a la ciudad de David. Es, sin embargo, la falta de transparencia de una contratación tan delicada, que parecía que iba a ser suspendida, cuyo comité evaluador fue desmantelado y su informe fue desconocido. ¿Qué intereses hay vinculados con el cuarto puente? Más allá del evidente ganador de esta licitación, el nuevo puente fortalecerá la plataforma logística del país, mejorará la calidad de vida de miles de panameños que deben pasar largas horas en un congestionado tráfico urbano. Frente a estos claros beneficios no había necesidad de acelerar la marcha ni de opacar, con la sombra de la duda, una obra tan relevante. El gobierno de Juan Carlos Varela llevará sobre sus hombros estos cuestionamientos.

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Hace 8 añosEl contralor ha hecho lo que todo funcionario en conocimiento de un hecho de apariencia delictiva debe hacer: denunciarlo ante la autoridad competente. Ahora todos esperamos el despliegue inmediato de investigaciones prolijas para llegar al fondo de esta larga cadena de irregularidades en el manejo de fondos estatales de la Asamblea Nacional. Se ha mencionado el nombre de un diputado vinculado a estos hechos sospechosos, pero hay muchos más que seguramente irán saliendo a medida que la Contraloría General de la República audite las planillas del personal asignado a sus respectivos despachos (080) o en el manejo de los contratos por servicios profesionales de la Asamblea (172). Y es que los niveles a los que hemos llegado –entre corrupción e impunidad– empiezan a asquear. ¿Dónde terminará todo? Ciertamente, Panamá no transita por sus mejores senderos. Los mismos actores de nuestra democracia ponen en riesgo el sistema, pues en asuntos de Estado siempre priman sus intereses, olvidando que se deben a las mayorías del país. Ojalá estas denuncias que impulsa el contralor no terminen en saco roto. Hacerlo es seguir pisoteando la democracia.

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Hace 8 añosEl Pacto de Estado por la Justicia ha hecho una labor encomiable con el examen de las credenciales de los abogados que tienen aspiraciones para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, una vez que se concreten las salidas de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Este trabajo, que se toman muy en serio miembros de la sociedad civil, busca elegir a los mejores para el cargo, pese a que sus opiniones no sean vinculantes, pues siempre recaerá en el jefe del Ejecutivo elegir a los candidatos que se presentarán para su ratificación en la Asamblea Nacional. Y, a pesar de que es una labor concienzuda, no pocas veces la selección que hacen termina en el zafacón, porque los políticos prefieren que esos cargos los ocupen amigos fieles, cuyo criterio no responda a su deber de impartir justicia, sino el de garantizarse impunidad. De ahí que el perfil que buscan responda a la medida de sus intereses. Pero hoy, los ciudadanos esperamos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tomen en consideración las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia y que termine esa insana práctica de nombrar en el Órgano Judicial a un incondicional en vez de un juez.

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Hace 8 añosUna acción administrativa ha emprendido la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para sancionar a la presidenta de la Asamblea Nacional por incumplir las normas sobre el derecho al acceso de información pública. Este proceso debe ser apoyado por toda la ciudadanía porque la señora presidenta de la Asamblea únicamente custodia información de carácter público, pero se comporta como si ella y buena parte del resto de sus colegas fueran propietarios de esta información. La funcionaria deliberadamente ha ignorado peticiones de información de medios de comunicación, de la Antai y de la Contraloría, incluso, fallos de la Corte Suprema de Justicia, sobre su obligación de entregar información concerniente a las planillas que administran los diputados. Esta actitud demuestra el poco respeto que los diputados le profesan a las leyes, a los ciudadanos y a la Corte. O actuamos o nos convertimos en mudos testigos de la destrucción de la poca institucionalidad que nos queda. Urge que, como sociedad, exijamos a los políticos que se comporten como servidores públicos, no como un patrón o mayoral. Su deber es rendir cuentas, y si no lo hacen, que entonces enfrenten el rigor de las sanciones que impone la ley.

Hoy por hoy

Hace 8 añosLa audiencia celebrada ayer por el caso de los pinchazos, al que está vinculado un expresidente de la República, estuvo precedida por una serie de actos que llaman a la reflexión sobre la institucionalidad que debe primar en un caso tan serio como este. Muy claro quedó ayer que el reo estuvo haciendo todo lo posible por evitar, con toda clase de subterfugios, ser procesado. Llegó al extremo de provocar daños a su salud –negándose a recibir su medicación–, exacerbando las enfermedades crónicas que sufre. Es evidente entonces que esta actitud no tuvo otro propósito que evadir el juicio, lo cual inevitablemente provoca suspicacias. Han sido la imparcialidad y el conocimiento mostrados por el juez de garantías y el personal médico del Sistema Penitenciario los que han logrado que el proceso continúe, pese a las evidentes dilaciones de las que echa mano la defensa del reo. ¿Es inocente o culpable Martinelli de lo que se le acusa? Por lo que vimos ayer, es el propio expresidente el menos interesado en que todo se aclare. No obstante, si él no quiere, las víctimas del delito sí merecen saber quién y por qué se ordenó espiarlos. Ese es el fondo de este caso y es hacia donde debe encarrilarse la justicia.

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