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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosUn estudio de Naciones Unidas en Latinoamérica coloca a Panamá en el tercer lugar con la mayor población entre 15 y 29 años de edad, que ni estudia ni trabaja. En términos concretos, unos 242 mil jóvenes han dejado de ser parte de la economía formal, el sistema educativo oficial e incluso de la funcionalidad de una familia estable. Estos son los hombres y mujeres sobre los cuales se tiene que construir el futuro de Panamá, el saneamiento de las finanzas de la Caja de Seguro Social y la institucionalidad democrática del país. En muchos casos, la situación de estos jóvenes no ha sido una decisión voluntaria y autónoma. Es justo entender que existen barreras infranqueables a las que los más desafortunados se ven enfrentados –como la falta de escuelas apropiadamente organizadas o la carencia de servicios públicos-, o están en desventaja contra los vertiginosos cambios y transformaciones de la economía panameña. Pero como país, no podemos darnos el lujo de descartar a ese 26% de jóvenes, descalificándolos como ninis. Las inequidades y las desigualdades sociales y geográficas pesan mucho sobre la trayectoria potencial de vida de estos jóvenes. Este es uno de los indicadores más evidentes de que nuestra educación, la red de servicios sociales y la economía, no están incluyendo a todos los panameños. Estamos a tiempo de convertir esta tragedia humana en una esperanza de un mejor futuro.

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Hace 8 añosLa exigencia de las autoridades de Perú de que los periodistas Gustavo Gorriti y Rossana Cueva Mejía divulguen las identidades de las fuentes que les proporcionaron las grabaciones de presuntos actos de corrupción de algunos de los jueces y magistrados de ese país, es una petición absurda y contradictoria. Divulgar esos nombres en nada contribuiría con la lucha contra la corrupción. Por el contrario, silenciaría e intimidaría a otras fuentes temerosas de represalias e, incluso, bajo el riesgo de perder su propia vida. El periodismo investigativo es fundamental para la salud de las democracias. Existen múltiples circunstancias por las cuales las instituciones públicas son incapaces de cumplir su función de tutelar los derechos y libertades ciudadanas o son ineficaces para proteger los bienes públicos. Ese es el vacío que viene a llenar el periodismo investigativo, para el cual la confidencialidad de las fuentes es asunto esencial. ¿Quiénes son esas fuentes? En muchos casos son ciudadanos hastiados de la corrupción, funcionarios impotentes ante las maniobras de otros, y protagonistas anónimos que hacen posible el conocimiento de la verdad. Este diario se une al llamado de la Sociedad Interamericana de Prensa para que las autoridades peruanas respeten la libertad de expresión y el derecho a la confidencialidad de las fuentes de dos periodistas investigativos respetados en toda Latinoamérica.

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Hace 8 añosEl aumento de la tarifa eléctrica ha unido a toda la nación contra el descarado intento de obviar darle solución al verdadero problema. El sistema regulatorio de los servicios de generación, transmisión y distribución de la electricidad es una caricatura de lo que un país que aspira a ser competitivo debería tener. Cuando aumentó exageradamente el precio de los derivados del petróleo, cuyo barril bordeó los 150 dólares, la tarifa eléctrica se ajustó proporcionalmente. Se nos ha prometido a los panameños desde los tiempos del IRHE que las hidroeléctricas iban a garantizarnos energía barata. Esto nunca fue cierto. Teniendo la oportunidad de aprovechar el viento, el sol, las mareas y la basura, se sigue optando por los altamente contaminantes combustibles fósiles. Además, los consumidores deben sufrir los daños causados por los apagones y las fluctuaciones del servicio. Estamos castigados por la falta de luminarias en aceras y áreas públicas, y todos los reclamos deben enfrentarse a un bizantino proceso, que casi nunca los resuelve. Si se concreta la iniciativa del Gobierno de cubrir con fondos públicos parte del tarifazo, solo se estará usando otro bolsillo del mismo pantalón: el de los contribuyentes, para pagar por la misma ineficiencia.

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Hace 8 añosEl ministro de Obras Públicas habló finalmente sobre la controvertida licitación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Esta obra representa el segundo proyecto más costoso de la administración Varela, únicamente superado por la línea 2 del Metro de Panamá. Con los antecedentes de las contrataciones públicas de los megaproyectos de la última década, sería justo esperar que el jefe de la cartera del MOP entendiera laincomodidad causada por la falta de transparencia que ha rodeado a toda esta contratación, y que ha incluido la eliminación de una comisión evaluadora, el nombramiento de otra y una sospechosa mora en las decisiones y tramitaciones, lo que alejó a importantes postores, con ofertas técnicas más completas, y precios más bajos de los propuestos por el consorcio seleccionado como ganador. Aquí no se puede acusar al gobierno anterior o invocar algún pretexto que justifique el apuro y la opacidad. No sabemos por qué es así, pero queda claro que esta contratación tiene un tufillo insoportable, que nos recuerda la agenda pendiente del saneamiento de las contrataciones públicas.

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Hace 8 añosEl aumento de aproximadamente 8% en la tarifa de electricidad, que paga la cuarta parte de los consumidores panameños, ha provocado una molestia generalizada y un hastío ciudadano. Las causas del aumento son harto conocidas, y es claro que la responsabilidad por la tardanza y la mala gestión de la tercera línea de interconexión eléctrica corresponde al gobierno anterior. Sin embargo, la actual administración no ha hecho ningún esfuerzo de austeridad o de frugalidad en el uso de los fondos públicos. Por otro lado, no podemos olvidar las generosas planillas de la Asamblea Nacional y otros despilfarros millonarios de los impuestos, principalmente pagados por la clase media. Hay mucha tela de donde cortar y así evitar el aumento a los consumidores y el recargo de costos a todas las empresas. Esto hace que los panameños paguemos doblemente por ese aumento. Otra pincelada sobre el vasto lienzo de la ineptitud e irresponsabilidad de los gobiernos, que le pasan las facturas de sus errores y actos de corrupción a los ciudadanos, que pagamos sus salarios.

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Hace 8 añosSe levantó el telón. Finalmente, el magistrado fiscal Harry Díaz tuvo la oportunidad de leer su acusación en detalle, los hechos, los testigos, los documentos, los informes y los datos, que han fundamentado por casi tres años el caso de los pinchazos, la extradición y el actual proceso del ciudadano Ricardo Martinelli. Ahora todas las piezas del rompecabezas se integran. Este no ha sido el foro para los disfraces o la pirotecnia judicial, porque el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, ha sido ecuánime, docente y sumamente paciente con todo lo ocurrido dentro y fuera de la sala de audiencias. Mejía sabe que su rol está por terminar, y que la historia lo recordará por el que posiblemente sea el caso más relevante de su carrera. Sus colegas del pleno deberán ponderar pruebas, alegatos y descargos. Todavía puede haber sorpresas o malabarismos dilatorios. No se debe permitir más deslealtad procesal de quienes han querido ahogar a la justicia. La Corte Suprema no tiene justificación ni fundamento para desprenderse de la competencia de este caso. Su deber es continuarlo hasta el final. Los panameños merecemos la verdad y la esperanza de que la justicia es posible.

Hoy por hoy

Hace 8 añosA paso de procesión, la audiencia de la fase intermedia del caso de los pinchazos avanza intermitentemente. Mientras el lujoso equipo de la defensa legal del exmandatario Ricardo Martinelli continúa haciendo todo lo posible para dilatar, por vía de necios e inútiles recursos, la acción de la justicia, el reo continúa arropándose con una manta e invocando una supuesta violación a sus derechos humanos. En ningún momento sus brillantes abogados argumentan su inocencia, quizás porque esperan que el caso no llegue a juicio, o porque el Trespatines criollo sea tan ingenioso que se pueda zafar de esta situación. Lo que no es burla ni sorna es la cantidad absurda de tiempo que pierde la Corte Suprema de Justicia atendiendo, con cuchara de plata, al magnate metido a político. Mientras tanto, el país se encuentra en zozobra esperando el fallo que emitirá el pleno de la Corte -en manos de cinco magistrados suplentes- sobre la competencia de este órgano para continuar conociendo del proceso. A los magistrados titulares, la decisión de sus suplentes no les exime de responsabilidad alguna; el país los mira.

Hoy por hoy

Hace 8 años

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Hace 8 añosDarle una oportunidad seria a los menores de edad infractores o en conductas de alto riesgo social constituye una de las políticas públicas más difíciles de implementar, pero a la vez con resultados potenciales muy significativos. Después del incendio en el Centro de Menores de Tocumen, el 9 de enero de 2011, en el que fallecieron varios jóvenes y que laceró permanentemente la conciencia nacional, se estableció el Centro de Resocialización de Menores de Pacora, que actualmente alberga a 249 jóvenes en distintas etapas de tratamiento y formación profesional. A pesar de que el centro ha sido un notable éxito, la experiencia no ha podido ser repetida en las otras cinco instalaciones similares que están repartidas en el interior del país, ya que a la crónica ausencia de recursos económicos se le adiciona la falta de suficientes profesionales en las distintas áreas del país que puedan servir a los jóvenes infractores. Esta es una política social que devuelve a la comunidad personas con valores y capacidad de trabajo, demostrando que es posible reinsertar exitosamente a estos jóvenes. La miopía de la politiquería criolla que rehúsa invertir en los menores infractores está favoreciendo la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ya que siempre vale más prevenir que lamentar en este caso. Dejar que se pierda más juventud a manos de la delincuencia es el verdadero crimen.

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Hace 8 añosAyer, el pleno de la Corte Suprema no pudo tomar una decisión sobre el amparo de garantías constitucionales al que apuesta Ricardo Martinelli para salvarse. Aunque el magistrado Oydén Ortega preparó un proyecto que quitaría la última barrera para juzgar al expresidente, un puñado de magistrados se habría reunido en el despacho de José Ayú Prado y luego todos expresaron en el pleno sus reservas sobre el proyecto de Ortega. Claramente, no les importan las leyes, la jurisprudencia o los principios de la justicia, ya que ellos tienen que cumplirle a su amo, por encima de los derechos de millones de panameños. Mientras hay miles de reos esperando juicio, en este caso todo lo que se busca es evitar el juzgamiento por el pleno de la Corte. Las magistrales exposiciones y dictámenes de Jerónimo Mejía han sumido en la ignominia la palabrería barata. Como saben que tienen a la Asamblea Nacional en el bolsillo -“hay que tomarse la Asamblea”, decía el reo- ahora pretenden forzar una decisión irracional y desviada de la decencia y el sentido común. ¿Será que la justicia no se hace con el derecho, sino con maletines? Señores magistrados, no jueguen con fuego, porque pueden incendiar todo el país.

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