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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 años“Estamos en un momento crítico para América Latina en cuanto a la necesidad de transparentar y de investigar lo sucedido en los últimos años con los fondos y los recursos públicos”, nos ha dicho Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nombres como Javier Valdés, Hugo Spadafora o Berta Cáceres son un recuerdo del alto costo que ha tenido la libertad de pensamiento y expresión en nuestra América. La tendencia más reciente es la de criminalizar las opiniones críticas en los casos de corrupción que, desde México hasta Argentina, nos han sacudido por igual. Panamá no es la excepción. Es muy obvio lo que se intenta hacer cuando se querella penalmente y se demanda civilmente por millones de dólares a voceros de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación. La intención es producir miedo y autocensura. Callar a la opinión pública. El resultado que buscan aquellos con suficientes recursos para ocultar sus grandes secretos es cubrirse con el manto de la impunidad. Nuestro deber ciudadano es denunciar la corrupción a todo nivel, defender la verdad, exigir rendición de cuentas y jamás guardar silencio ante la injusticia. ¡Callar jamás!

Hoy por hoy

Hace 8 añosLa implementación del SPA en el Primer Distrito Judicial cumple dos años. Colón, Darién, Panamá y Panamá Oeste, junto con las comarcas Guna Yala y Emberá, constituyen la última región en la que se aplicó el modelo garantista de justicia penal y un servicio ininterrumpido las 24 horas. En términos generales, el balance es positivo. Las decisiones son rápidas, el sistema es más transparente y hay mayor participación ciudadana. Todas las actuaciones y peticiones que los jueces de garantías deben resolver, se adoptan en audiencia pública. Se aprecia un respeto a los principios de oralidad, simplificación de trámites, contradicción y publicidad. La víctima y el imputado son informados de sus derechos desde su primera intervención en el proceso, teniendo a su alcance métodos de resolución de conflictos alternos, buscando una reparación inmediata del daño causado y sin el requerimiento de un juicio oral. Pero hay algunas falencias que debilitan el SPA, como -por ejemplo- la falta de personal calificado, equipo y tecnología en el Imelcf y la ausencia de presupuesto para implementar la ley de carrera judicial. Tampoco es tolerable que los jueces conviertan una pena de prisión en medidas alternas. Que un pederasta cambie años de cárcel por un puñado de dólares, o que la fama de un boxeador se sobreponga a todos los criterios de justicia, demuestra la debilidad del sistema y su fragilidad frente al poder. El SPA evolucionará en un sentido positivo o negativo. Todo depende del compromiso que mantengamos con la justicia y el combate a la corrupción.

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Hace 8 añosEl diputado Carlos Agustín Afú Decerega ha sido uno de los protagonistas más conspicuos de nuestra historia parlamentaria. En la administración de Mireya Moscoso (1999-2014), él mismo reconoció ante la opinión pública haber sido víctima de un soborno y hasta mostró $6 mil que -según él- eran el adelanto de un pago de $20 mil para votar a favor del contrato ley del Cemis. Varios cambios de partidos políticos más tarde, pero manteniendo su hegemonía en la provincia de Los Santos, Afú fue protagonista de una encarnizada batalla en las urnas. Entonces el Tribunal Electoral tuvo que anular su elección como diputado y convocar a un nuevo torneo, pero con los mismos actores y el mismo resultado. La base clientelista de los electores de Afú es sumamente leal y nunca le ha importado con el comportamiento de su protector. Después de cuatro años, la investigación penal derivada precisamente de los hechos que justificaron la cancelación de la elección de Afú en mayo de 2014, ha sido remitida al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Tanto el Tribunal Electoral como el Ministerio Público encontraron fuertes evidencias que sugieren la comisión de un posible delito de peculado, utilizando fondos públicos canalizados a través de juntas comunales, con el único propósito de seducir a los votantes. Otra vez la Corte Suprema de Justicia acogerá una causa penal contra uno de los intocables de la política panameña. No esperemos sorpresas.

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Hace 8 añosLa administración del doctor Alfredo Martiz al mando de la Caja de Seguro Social acaba en el día de hoy, y con esta fuimos testigos de otra oportunidad perdida para cambiar el rumbo de esta institución. A su llegada en mayo de 2017, el médico que tenía importantes credenciales como galeno, administrador y diplomático, fue visto por la opinión pública como una bocanada de aire fresco en la jefatura de la Caja. Lentamente, los bríos e ímpetus del señor director se fueron apagando, apaciguados por las fuerzas internas de la burocracia, los gremios de la salud y la presión de actores externos, incluidos algunos políticos y proveedores que defienden el statu quo . Se pudo preparar el camino para la gran reforma sanitaria del Estado panameño, que necesariamente requiere la integración de los servicios de salud, pero no se hizo. Se esperaba conocer la realidad del fondo de pensiones y que se establecieran las bases para enfrentar este desafío, pero esto tampoco se logró. Ni los de adentro, ni tampoco los de afuera, lo dejaron trabajar. Martiz fracasó en su gestión, pero el gran perdedor ha sido el país. Ahora la CSS vuelve a las mismas manos que han creado sus problemas.

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Hace 8 añosEn el orden de prioridades del Municipio de Panamá, la forma siempre va por delante del fondo. Para que la ciudad se vea más agradable durante el fin de año, el Municipio convocó a una licitación de 1.7 millones de dólares para la iluminación, por unas cuantas semanas, de algunas zonas específicas de la urbe. Esta actividad se viene realizando desde 2016, por lo que el Municipio ya debería haber adquirido su propio equipamiento, en vez de alquilarlo todos los años. Con lo que cuesta este proyecto de decoración se podría sufragar la ampliación de la red de videocámaras de seguridad, que tanto éxito ha tenido. Como si fuera poco, a esta licitación solo se apareció un postor, el mismo que ha tenido este contrato desde 2016, y ofertó un precio superior al que estipuló el Municipio. El paso lógico sería convocar a una nueva licitación, pero seguramente no habrá otros postores, porque ninguna empresa va a guardar millones de dólares en iluminación, a la espera de que aparezca algún contrato gubernamental. Más allá del afortunado proceso de licitación, queda claro que el Municipio de Panamá, tanto las autoridades que lo encabezan, como la gran mayoría de los miembros del Consejo Municipal, insisten en festinar con recursos públicos en falsas prioridades, y no en las verdaderas necesidades de una atribulada ciudad de Panamá.

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Hace 8 añosEl Ministerio de Ambiente debería tener muy clara su función como custodio de los recursos naturales que nos quedan. La explotación descontrolada de las áreas boscosas de Darién refleja la desidia e indiferencia hacia nuestros ecosistemas y a la gente que allí vive. Miambiente ha autorizado talar árboles de madera preciosa -muchos de ellos vulnerables por su exagerada explotación- en decenas de miles de hectáreas en Panamá este y Darién, a través de permisos de extracción -en algunos casos, con vigencia de hasta 25 años- sin siquiera verificar la reforestación. Más grave aún es que este ministerio extienda los permisos de tala en zonas de bosques protegidos. Para nadie es un secreto que la explotación de especies nativas está acabando con Darién. Tal parece que con una motosierra quisieran abrir el ya fisurado tapón del Darién y acelerar el cambio climático. Panamá no tiene una política forestal que fomente el desarrollo responsable de la industria maderera. Las políticas existentes se han convertido en el principal enemigo del futuro ambiental del país. Nuestro patrimonio natural no es eterno ni infinito. Solo es un préstamo que las generaciones futuras nos han hecho. Pero con su comportamiento, Miambiente hará imposible que podamos pagar nuestra deuda.

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Hace 8 añosPor medio del acuerdo 1 del 24 de julio de 2015, se estableció un aumento salarial a los empleados administrativos de la Caja de Seguro Social. El director saliente completó lo que su predecesor, Estivenson Girón, comenzó, y le comunicó a la junta directiva de la institución que se debía someter a evaluación el aumento a más de 14 mil administrativos de esa institución. La calidad del servicio, la eficiencia y atención a los usuarios no son precisamente los aspectos más fuertes de la burocracia de la CSS. Los recientes escándalos de afiliación ilegal de extranjeros, la evasión de cuotas por medio del Sistema de Prestaciones Económicas, y, por supuesto, la letanía de quejas y lamentos sobre el trato cruel que algunos funcionarios le ofrecen a los usuarios, no hace meritorio este aumento. Es justo que la junta directiva administre de forma celosa los recursos de la CSS. ¿Dónde están las métricas de mejoramiento de la calidad y de la eficiencia del servicio? La ciudadanía no las conoce, y en ausencia de estos elementos, todo aumento de salario sería visto como una forma ilegítima de comprar lealtades y acallar conciencias. Panamá se merece algo mejor.

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Hace 8 añosLa promesa de una nueva forma de hacer política a través de las candidaturas por la libre postulación se está convirtiendo en una nueva versión de politiquería criolla por otros medios. Las frustrantes reformas electorales del año 2017 limitaron a la cantidad de tres los posibles candidatos por la libre postulación para cada cargo de elección popular. Esto transformó el ejercicio de recolección de firmas en un negocio, en el cual hay denuncias públicas que señalan que las firmas ciudadanas no son gratis y que el proceso de certificación que hace el Tribunal Electoral de las mismas tampoco es muy claro y transparente. Condimenta este panorama la proliferación de candidatos híbridos, que para un cargo se postulan dentro de un partido político y para el otro utilizan la recolección de firmas para presentarse por la libre postulación. Esto no es serio y desnaturaliza el concepto de independencia que debería tener esta opción. El Tribunal Electoral ha permitido con laxitud que el abuso de la libre postulación sea una puñalada más a la endeble democracia panameña. Solo los votos honestos salvarán a esta institución.

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Hace 8 añosEn el año 2016, la Caja de Seguro Social pagó mil 509 millones de dólares en pensiones y jubilaciones. En contraste, el aporte en cuotas ese año fue de apenas mil 302 millones de dólares. A esto se suman aportes que paga anualmente el Estado para reforzar las finanzas del subprograma de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Al ritmo actual, los 3 mil 980 millones de dólares que posee el IVM en reservas -y con menos ingresos y más gastos cada año- se agotarán en 2025, o sea, siete años a partir de este momento. Esto no es una sorpresa; es el resultado de una década perdida con los dos últimos gobiernos, que se negaron a actuar responsablemente con los cotizantes. Se aprobaron aumentos a los pensionados y jubilados, mientras se evita informar a la población sobre el verdadero estado actuarial de la entidad. Esta es la amenaza más grave para la economía panameña y las finanzas públicas. Frente al panorama de inestabilidad económica que enfrentarán miles de jubilados y pensionados, es obvio que este debe ser un tema prioritario para los aspirantes a gobernar este país. La irresponsabilidad y la demagogia de comprometer el futuro con los malos manejos del presente y el clientelismo exasperado, se han convertido en un cáncer que nos persigue a todos. Este es el momento de ser responsables y tomar decisiones serias.

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Hace 8 añosLa Caja de Ahorros es una institución del Estado. Su junta directiva, el gerente y subgerente general son designados por el presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional. Este banco cuenta con la supervisión permanente de la Contraloría General de la República. La ley que rige a la Caja de Ahorros afirma explícitamente que el Estado responde por las obligaciones que contraiga esta institución. Por todo lo anterior, se hace incómodo especular sobre la decisión que tomó la jueza, que reemplazó a última hora a la jueza original del caso del centro de convenciones de Amador. En este embrollo se desviaron fondos procedentes de la Caja de Ahorros hacia Financial Pacific, entre otros destinos distintos al propósito del préstamo, y si este banco no aplica la jurisdicción coactiva, no recobra sus fondos. Adicionalmente, nadie ha explicado por qué una funcionaria judicial, asistente del magistrado José Ayú Prado, estuvo presente en las audiencias de este caso. La administración actual de la Caja de Ahorros no quiso constituirse en querellante porque supuestamente no hubo pérdidas con ese préstamo. Se nos quiere hacer creer que esto era una mera transacción comercial común y corriente en los bancos locales. Eso no es cierto. Este caso merece que jueces de verdad analicen sus hechos y decidan en base a la ley. Los ciudadanos no podemos aceptar que se juegue con el patrimonio de todos.

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