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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa brecha que existe entre nuestro sistema educativo y la oferta laboral se hace más profunda con el pasar del tiempo. Las necesidades del mercado, cada vez más exigente, no se ven satisfechas con la formación académica que nuestros estudiantes reciben, razón por la cual las grandes multinacionales y empresas de sectores especializados se ven en la necesidad de importar mano de obra calificada. Modelos como el de Singapur, en el cual la regla de emplear a los mejores sin importar de dónde vengan parece repetirse en Panamá. A la sociedad nos corresponde reflexionar sobre el papel que jugamos en la capacitación de la fuerza laboral, de manera que podamos lograr su competitividad ante las exigencias globalizadas. Como un tema de Estado se debe priorizar el lograr que la juventud potencie sus aspiraciones y capacidades, solo así el país podrá mirar hacia el desarrollo pleno.

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Hace 9 añosLa planilla estatal continúa creciendo con miles de nuevos nombramientos que no responden a un análisis científico de las necesidades de recursos humanos del Estado, como tampoco se fundamenta en el crecimiento orgánico de los buenos servicios públicos que satisfacen a la ciudadanía. ¿Por qué crece la burocracia estatal? Este fenómeno parece encubrir compromisos electorales, al intercambio de empleos públicos como trueques por el respaldo de los diputados y otras prácticas clientelistas que han secuestrado al aparato del Estado. Esto ha transformado a los nombramientos como parte del ajedrez político. Mientras exista la cultura de que los servidores públicos sean parte del botín electoral, el país está condenado al subdesarrollo, al atraso y a la ineficiencia permanente de lo que hace el aparato gubernamental. Ser funcionario debe ser un privilegio reservado para los más capaces y con vocación de servicio.

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Hace 9 añosLas imágenes ayer de miles de ciudadanos esperando para ser atendidos por un médico en el llamado ‘megacenso de salud preventiva’ contrastan con las de este viernes en el gabinete ciudadano, en las que observamos colas y colas de personas atraídas por una estufa, un rastrillo o cualquier cosa que pudiera regalarles el Gobierno. El Estado tiene entre sus deberes la función de velar por la salud física, mental y social de su población. Esto está muy claro. Por ello, hay que resaltar esta acción como algo muy positivo. Pero no es responsabilidad del gabinete, ni de los funcionarios de la Presidencia regalar bienes materiales en nombre del Estado. Por más que el presidente de la República intente convencernos de que lo que se busca es ayudar a la población sin ningún tipo de consideración, es obvio que este tipo de actividades tiene un fuerte tufo de clientelismo puro y duro.

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Hace 9 añosLos renglones torcidos de la justicia panameña tienen un lugar muy especial para los casos que se le siguen a un ex alto funcionario del gobierno pasado, que ha estado internado por casi dos años en un lujoso hospital privado de la ciudad capital. Las fechas de audiencias transcurren una tras otra, sin que haya mayor molestia de parte de abogados defensores, jueces, fiscales o del propio acusado. ¿Cómo es posible que se permita esta desfachatez? Ninguna autoridad sabe a ciencia cierta lo que tiene el paciente, ya que no se le han hecho exámenes recientes por los médicos forenses, o los galenos que le atienden tampoco han sido citados ante fiscalía o juzgado alguno. Cualquier persona normal estaría preocupada por una hospitalización tan prolongada, ya que existen las bacterias nosocomiales, la fatiga de la rutina de permanecer enclaustrado en un entorno carente de las amenidades motivadoras. ¿Por qué no trasladarlo al Hospital Santo Tomás? Allí, seguramente encontrará una terapia efectiva a sus malestares. Lo que queda claro de esto es que en Panamá puede haber médicos dispuestos a todo, incluso a burlarse de la justicia.

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Hace 9 añosTiempo atrás, el sistema educativo era capaz de impartir instrucción en habilidades para la vida de los estudiantes, que los preparaban para ser ciudadanos responsables, de gran conciencia social y adultos productivos. Con la elevada tasa de muertes de jóvenes por accidentes de tránsito, es muy apropiado el esfuerzo de impartir educación vial a estudiantes desde kínder hasta duodécimo grado. Para implementar este proyecto, se capacitó a 30 educadores en cada región, para que ellos a su vez fueran los instructores de sus colegas, con base en unas guías de educación vial. La implementación de programas como este, al igual que el de Panamá Bilingüe, es esencial en la formación integral de los estudiantes en Panamá. Desafortunado sería que quedase en el olvido la educación sexual. Flaco favor le hacemos a los jóvenes si no somos capaces de entender la importancia que tiene este tema en su desarrollo como seres humanos. La buena educación es obligatoria para todos.

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Hace 9 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) es una institución autónoma, con patrimonio propio y personalidad jurídica, y que está administrada por una junta directiva y un director general, quienes son los llamados a liderar esta organización. Una decisión administrativa de terminar la relación laboral con un profesional de la salud debe ser un acto de competencia de las autoridades de la CSS. Sin embargo, el propio director general confiesa que restituyó al profesional que había cesado por petición del Ejecutivo. No hay fundamento en la Ley Orgánica de la CSS para semejante acción de parte del Órgano Ejecutivo. Esa injerencia equivale a un microgerenciamiento de la CSS, y por tanto debilita al director general y a su junta directiva, perjudicando así a toda la población. Una de las razones por la cual la Caja está enferma es por este tipo de actuación del Órgano Ejecutivo. Si el presidente de la República y su gabinete no van a ser parte de la solución, respetando la autonomía de la CSS, es claro que son parte del problema, y harán que esta entidad permanezca en un marasmo.

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Hace 9 añosAproximadamente, 72 casos de corrupción de alto perfil están estancados en las etapas investigativas o judiciales, por carecer de una auditoría de la Contraloría General de la República. Sin la acción puntual de esta entidad, uno a uno los casos de peculado, enriquecimiento ilícito y otros afines están siendo sobreseídos por los juzgados. El contralor general tiene que darle la cara a este asunto, orientando el rol fundamental de la institución que dirige hacia la lucha contra la corrupción. Señor contralor, este no es un tema de matices; si le faltan recursos económicos para cumplir con este propósito, entonces así debe declararlo para lograr el respaldo de toda la comunidad. De lo contrario, los cientos de millones de dólares que podrían perderse por la carencia de las auditorías y la impunidad de los que se aprovecharon del Estado serán su responsabilidad. Este es el momento de la mejor oportunidad que ha tenido el país para combatir la trampa y la robadera del tesoro público. Si persiste la inacción de la Contraloría General de la República, los panameños tendremos bien claros de qué lado está el señor contralor.

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Hace 9 añosLa nueva presidenta de la Asamblea Nacional afirmó, palabras más palabras menos, que no había pruebas de las ilegalidades cometidas por sus colegas con las donaciones provenientes de esa institución. La honorable diputada descartó los cuestionamientos de esta práctica política, como una simple publicación de un periódico. Ese medio es el diario La Prensa. Después de meses de recopilar evidencias, como copias de cheques, testimonios y las asignaciones presupuestarias que tenía el Órgano Legislativo, aquí se publicaron extensos reportajes sobre las corruptas donaciones y contratos de sus colegas. Ninguna persona seria en Panamá puede desconocer la tramoya y la opacidad vinculadas a estas actividades, que solo pueden calificarse como otro abuso de poder de aquellos electos por los ciudadanos de este país. Quizás efectuar un acto de contrición o una propuesta de reforma administrativa para producir más transparencia en la Asamblea Nacional serían mucho más aptos para la opinión pública que negar la verdad. La luz del sol es el mejor desinfectante.

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Hace 9 añosAl atraso que en democracia nos mantiene la deplorable clase política relevada siempre a sí misma en el poder, hay que sumar el drenaje sistemático de recursos económicos por parte de una casta erigida sobre privilegios injustificados dentro del Canal de Panamá. Nadie cuestiona que su personal perciba remuneraciones que compensen su profesionalismo, eficiencia y compromiso, al igual que incentivos por superar las metas establecidas para obtener la máxima rentabilidad posible, sobre todo si ello responde al objetivo de generar cada vez mayores ingresos para el Estado. El país tiene derecho a saber que los beneficios desproporcionados que cubren a un sector de este personal son incrementados de manera periódica mediante presiones sindicales que convierten literalmente al Canal de Panamá y a todos los panameños en su rehén. De allí que cada negociación colectiva sea acompañada de amenazas sobre la seguridad del tránsito marítimo si ellos no ven aumentados sus emolumentos. En el informe que hoy presenta este diario, basado en información solicitada al amparo de la Ley de Transparencia, se constatan las diferencias injustificables que favorecen a quienes llegan a cobrar más de 3 mil dólares por una “asignación”, así no sea a bordo de los buques en tránsito y, en cambio, se les convoque a una reunión sobre temas sindicales o de capacitación, lo que explica que 79 empleados de esta empresa del Estado alcance cada uno ingresos anuales superiores al medio millón de dólares. Tal vez todo esto pase por alto en los Emiratos Árabes, pero en un país cuyo salario básico es de 600 dólares, ciertamente provoca vergüenza.

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Hace 9 añosResolver la situación de la salud pública en Panamá es un esfuerzo que requiere atender múltiples frentes. En el caso de los medicamentos, los procesos de compras son parte de un ritual burocrático lleno de arbitrariedad e incertidumbre, tanto para los médicos como para los pacientes. A partir del pasado viernes 14 de julio, Panamá cuenta con la “Lista nacional de medicamentos esenciales y especializados”, que unifica los criterios de calidad y de clasificación de todos los fármacos a ser adquiridos por el sector público. Los beneficios del listado incluyen la disminución del efecto del mercadeo de las casas farmacéuticas interesadas en promover productos inadecuados. Además, con la existencia de la lista, la Caja de Seguro Social y los hospitales con patronatos podrán optimizar sus propios procesos de compras y de manejo de inventario. Hay mucho que hacer para la solución efectiva de la problemática de salud del país, pero el esfuerzo demostrado con la lista nacional de medicamentos se puede transformar en un ejemplo para atender mayores temas de este sector. Finalmente, la salud pública empieza a curarse.

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