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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa corrupción está por devorarnos en Panamá, como la hidra de Lerna, alimentada en nuestro istmo por la más vergonzosa impunidad. Un recuento desapasionado de los abusos que los políticos han hecho del patrimonio nacional deja tras de sí el retrato del escalofriante monstruo de las siete cabezas. En la inmensa mayoría de los casos, las autoridades llamadas a perseguir los delitos han terminado siendo cómplices del poder. Ante los pocos esfuerzos serios en los que se ha llamado a juicio, han aparecido nuestros jueces prestos (salvo memorables excepciones) a proteger a quienes han atracado las arcas del Estado. Por ello, cobra un valor extraordinario el esfuerzo que adelanta la procuradora con sus fiscales anticorrupción. Nunca habíamos visto la magnitud de casos ni la cantidad de imputados que tenemos hoy. Al fin, decenas de bribones rinden cuentas a la justicia. Por supuesto que queda mucho por hacer y mejorar dentro del Ministerio Público, pero le toca a la sociedad apoyar unos esfuerzos que no tienen precedentes. Más importante aun, exigirle a nuestros jueces y magistrados un ¡hasta aquí! Panamá está harta de tanta impunidad.

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Hace 9 añosA Luis Cucalón, el tristemente célebre director general de Ingresos en la administración de Ricardo Martinelli, se le procesa por la supuesta comisión de delitos como blanqueo de capitales, peculado y abuso de autoridad. Sin embargo, gracias a tretas legales —y quizá con alguna ayuda de abogados, funcionarios judiciales y hasta médicos—, no solo ha logrado posponer dos audiencias —y va para la tercera—, sino que ha cambiado las melancólicas celdas de El Renacer, en Gamboa, por las confortables y refrigeradas camas de un hospital privado en el centro de la capital. Este es el ejemplo más reciente y escandaloso de que nuestro sistema judicial está diseñado para fomentar la impunidad. Si bien la jueza encargada de uno de los casos intenta que el exfuncionario no se salga con las suyas, la realidad es que hasta ahora el Órgano Judicial ha sido incapaz de poner orden en estos asuntos. Todo el sistema de justicia debe unir esfuerzos para sellar los agujeros que permiten que personajes como estos se burlen de todo un país.

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Hace 9 añosCon la reversión del Canal a manos panameñas y la privatización de los puertos terminales de esa vía interoceánica, nuestro país inició un proceso de desarrollo marítimo y logístico sin precedentes. Sin embargo, a pesar de que prácticamente todos los años el complejo portuario panameño alcanza nuevas marcas en cantidad de contenedores manejados, el Estado ha sido un perdedor. Después de 20 años de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, el tesoro público solo ha recibido un millón de dólares en utilidades. Eso convierte los puertos en la empresa menos rentable de las que el Estado panameño es socio. La historia de esa concesión ha sido controvertida, ya que recibió una inmerecida equiparación, y la empresa operadora ha sido uno de los actores que ha bloqueado el desarrollo portuario en Corozal. La concesión se vence en el año 2022, y se puede renovar por 25 años más si el Estado considera que el operador portuario ha sido un buen socio para Panamá. A esta fecha, ese no ha sido el caso, y el Gobierno está en la obligación de empezar a buscar otros operadores. Ninguna empresa es exitosa si uno de los socios pierde siempre.

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Hace 9 añosPanamá ha conocido dos rostros distintos de la justicia. Ayer, el juez federal Edwin Torres emitió su resolución del caso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli. Después de 80 días, Torres validó las evidencias del caso de los pinchazos, reconoció que Ricardo Martinelli ha tenido un debido proceso en Panamá y afirmó implícitamente su confianza en la justicia de nuestro país. Por otra parte, las reacciones de rechazo y repudio al fallo del amparo de los radares, proferido por la magistrada Ángela Russo, después de 11 meses, confirma la desconfianza y desilusión que tenemos los ciudadanos sobre nuestro poder judicial. Las actuaciones de dos jueces distintos reflejan el estado real de la justicia. Es una lástima que aquel togado que cumplió con los dictámenes de la ley y respaldó a los tribunales panameños fuera un extranjero. Ese contraste nos causa un terrible dolor.

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Hace 9 añosLa advertencia que hizo el martes la procuradora general de la Nación empieza a cumplirse al pie de la letra. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han comenzado a poner las rodillas en tierra, haciéndose indignos del cargo que ocupan. ¿Cómo pueden avalar un fallo que declara nulo parte del expediente de los radares de Finmeccanica cuando el mismo fallo admite que no hay una violación de los artículos del Código Judicial que regulan las causas específicas de nulidad? El fallo –con ponencia de la magistrada Ángela Russo– es una pésima caricatura del derecho, un mamotreto para justificar la impunidad. Y el resto de sus colegas –salvo por uno que no estuvo en su discusión– encontró razonable anular lo actuado por los fiscales sin el debido sustento legal. Solo el descaro los mantiene en el cargo, porque lo que debería hacer la magistrada Russo y el resto de sus colegas, después de firmar semejante esperpento, es renunciar.

La impunidad encuentra aliados

Hace 9 añosLa procuradora ha pegado un grito de auxilio al Panamá decente y sensato. ¡Despertemos de una vez por todas! Por primera vez en la historia republicana, nuestro país ha visto un equipo de fiscales que se ha atrevido a enfrentar al monstruo de la corrupción, de frente y con valentía, contra esa casta nauseabunda de políticos y mercaderes, que, con sus cómplices de siempre, se acostumbraron a saquear las arcas del Estado. Pero se trata de una lucha desigual, porque los delincuentes cuentan con códigos deformados, un batallón de penalistas en contra de los fiscales, pagado con los millones hurtados, y lo que es peor, tribunales prestos a servir a los intereses de tan arraigada estructura criminal. Llamemos las cosas por su nombre: estamos hartos de ese infame grupo de jueces y magistrados que ha hecho de la impunidad su sello de garantía. El Órgano Judicial, por acción u omisión, ha logrado que todos los casos de alto perfil estén estancados, porque están protegiéndoles el bolsillo y pellejo a delincuentes disfrazados de víctimas. Basta ya de dejarnos utilizar por las argucias de esos mismos que nos distraen para confundir, desacreditando a quienes por primera vez se han atrevido a exigir cuentas. La labor del Ministerio Público no será perfecta, pero un sistema de justicia torcido por 100 años no se endereza en 3. Los hechos son irrefutables: estos fiscales investigan más casos de corrupción en estos momentos que la suma de todos los casos de corrupción acumulados en los últimos 50 años.

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Hace 9 añosEl Ministerio de Salud está recuperando su vocación de servicio a la sociedad, y está demostrando que con los mismos recursos disponibles se puede hacer mucho más. Con los megacensos de salud se ha podido detectar a miles de personas que requieren de atención preventiva, que bien pudiera evitarles mayores males en el futuro. Los inspectores sanitarios están visitando reiteradamente todo tipo de locales de expendio de alimentos, y sancionando aquellos insalubres. El acuerdo entre 400 restaurantes y el Minsa, para reducir el consumo de sal, que tanto contribuye a múltiples enfermedades, es un ejemplo de cómo se pueden alcanzar metas importantes sin esperar una ley, o evitando un aumento de la planilla. Las instituciones que ofrecen servicios a las comunidades no pueden estar encerradas en oficinas refrigeradas. Tienen que salir a la calle e interactuar con la sociedad, para poder cumplir su misión. Así como lo hace el Minsa.

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Hace 9 añosAl menos 70 escuelas del sector oficial han suspendido parcial o totalmente las clases que imparten a más de 70 mil estudiantes en todo el país. Las razones son varias e incluyen las malas condiciones de infraestructura, contaminación por desechos de palomas o murciélagos, conflictos administrativos de los docentes con los directores, y de los educadores con el Ministerio de Educación, y variaciones de estas causas. Pareciera que existe una predisposición a suspender las clases por casi cualquier motivo. Seguramente hay algunos casos realmente significativos en los cuales no hay otra opción, pero la gran mayoría refleja la incompetencia administrativa, la desidia burocrática, la falta de vocación docente y la frágil cohesión de la comunidad educativa. Nos damos el lujo de que año tras año, nuestros estudiantes se rezaguen, se mantenga la alta deserción escolar, mientras aumenta, sin criterio, la planilla del Meduca. Hemos dejado por mucho tiempo que unos pocos gremios, unos pocos burócratas y un puñado de políticos definan el alcance de la educación panameña. Es tiempo de que todos tengamos la vocación y el compromiso de enseñar y aprender.

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Hace 9 añosEl procurador de la Administración solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que cumpla con la totalidad de lo que el país acordó con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, referente a la controversia de los pueblos indígenas a raíz de la construcción de la hidroeléctrica de Bayano. Por otra parte, una evaluación del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas señala que Panamá todavía tiene que mejorar el trato que reciben los privados de libertad y otros detenidos en manos del Estado. Estos son apenas ejemplos de las importantes responsabilidades internacionales que debe cumplir Panamá y que merecen la atención de todos los órganos del Estado. Las normas y principios internacionales son un medio para que todas las sociedades avancen. Cumplir todas nuestras obligaciones debe ser el fundamento de un Estado de derecho, que nos enorgullezca y tutele a todos los que vivimos en este país.

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Hace 9 añosEl Índice de Basilea mide el riesgo de los países a que sean usados para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En su más reciente informe, este índice clasifica a Panamá como el cuarto peor país de América Latina y del Caribe, solo superado por Paraguay, Haití y Bolivia. Este alarmante resultado no debe ser una sorpresa por el legado de corrupción de alto perfil que Panamá está tratando de combatir. Además, la reticencia de las autoridades financieras y regulatorias a sancionar a los malos actores del sistema financiero, y hacer pública esta información tampoco nos ayuda. El valiente esfuerzo emprendido en años recientes ha logrado sacar a Panamá de las listas negativas de distintos organismos internacionales, pero es finalmente el historial de casos de éxitos y de justicia ejemplarizante en esta materia, lo que definirá a Panamá como un paraíso para inversiones legales, y no con la reputación de ser un refugio para delincuentes de alto vuelo, banqueros cómplices y autoridades indiferentes. Ese es el gran reto que toda la sociedad debe enfrentar para limpiarle el nombre al país.

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