Hace 10 mesesLa frontera no es una abstracción geográfica: es soberanía, seguridad y Estado de derecho. Los recientes indicios del avance del Clan del Golfo en la selva del Darién, con minas antipersonales, material de adoctrinamiento y movimientos irregulares cerca de puestos binacionales, constituyen una amenaza directa que no admite ambigüedades.
Panamá no puede permitir que organizaciones criminales transnacionales disputen control territorial ni pongan en riesgo a comunidades, fuerzas de seguridad y países vecinos. El papel de las autoridades es indelegable.
Hace 10 mesesLa influenza nunca se fue. Lo que cambió fue nuestra forma de escuchar a la ciencia. Tras la pandemia, cualquier advertencia sanitaria parece exagerada y cualquier llamado a la prevención genera cansancio o desconfianza. En ese contexto surge una nueva variante de influenza A(H3N2), bajo vigilancia científica por su rápida propagación, y la reacción social oscila entre el temor y la indiferencia.
Las variantes no son una anomalía: forman parte del comportamiento natural de los virus respiratorios. Lo verdaderamente preocupante no es su aparición, sino la persistencia de viejos problemas que amplifican su impacto: baja vacunación, demora en buscar atención médica y una desconexión entre la evidencia científica y las decisiones cotidianas.
En Panamá, la detección de casos y el llamado a la calma de los especialistas muestran un sistema que observa y actúa. Sin embargo, esa capacidad pierde fuerza si no va acompañada de responsabilidad individual y confianza pública. Vacunarse, consultar a tiempo y mantener medidas de prevención no son actos de miedo, sino de madurez social.
Hace 10 mesesLa descentralización en Panamá ha estado marcada por la opacidad, el desorden y, en no pocos casos, por el uso político de recursos públicos. La llamada “descentralización paralela” dejó una huella profunda de desconfianza ciudadana y decenas de investigaciones abiertas. En ese contexto, el lanzamiento de una plataforma digital por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para transparentar las transferencias y proyectos locales constituye un esfuerzo loable por ordenar un sistema que nació con buenas intenciones, pero fue desvirtuado.
Por primera vez, cualquier ciudadano puede conocer cuánto dinero recibe su corregimiento, en qué se gasta y cuándo fue aprobado. Esa información, antes dispersa o inaccesible, ahora está a un clic. No es un detalle menor: la transparencia es el primer filtro contra el clientelismo.
Sin embargo, publicar datos no basta. La verdadera prueba será si esa información se traduce en rendición de cuentas efectiva, seguimiento real de obras y sanciones cuando los recursos no se reflejan en mejoras concretas. Abrir la caja negra es un paso necesario. Mantenerla abierta, el verdadero desafío.
Redacción de La PrensaHace 10 mesesDurante un acto oficial, el presidente de la República dio la palabra al contralor general para responder una inquietud periodística sobre un eventual “negociado” vinculado al etanol. El gesto, aunque comprensible, deja abiertas preguntas institucionales que no deberían pasarse por alto.
Redacción de La PrensaHace 10 mesesAlgunas decisiones que antes parecían excepcionales comienzan a repetirse con una frecuencia inquietante en el sistema penitenciario panameño. El caso del beneficio de trabajo comunitario concedido a Katherine Carvallo, conocida como La Parce, vuelve a exponer un problema estructural: la discrecionalidad sin explicación suficiente. No se trata de prejuzgar ni de negar derechos legales, sino de exigir coherencia institucional. Un trámite que usualmente tarda entre seis meses y un año fue resuelto en apenas 24 días, una celeridad que, por sí sola, amerita escrutinio. Más aún cuando el beneficio fue revocado posteriormente por inconsistencias formales.
Redacción de La PrensaHace 10 mesesLa comparecencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) ante la Comisión de Presupuesto dejó más preguntas que certezas. No solo por la magnitud de los traslados solicitados, sino porque era la segunda vez que acudía: en la primera, ni siquiera se informó el nombre de las empresas beneficiadas. Esa omisión no es menor; es un patrón que debilita la transparencia.
Hace 10 mesesEl caso del Municipio de Chagres vuelve a poner en el centro de la opinión pública un problema estructural del manejo de los fondos públicos: la opacidad. Que el alcalde Eugenio Delgado tenga investigaciones en curso no lo hace culpable ni le impide, por sí solo, que el municipio que gobierna reciba recursos del Estado. La presunción de inocencia no se discute. Lo que sí resulta cuestionable es que, pese al historial reciente y al contexto judicial, no exista información clara sobre la rendición de cuentas de $300,000 transferidos por el MEF en noviembre de 2024. La transparencia no se agota en cumplir trámites legales; exige explicar por qué unos municipios reciben fondos y otros no, bajo qué criterios técnicos se toman esas decisiones y cómo se fiscaliza su uso. Aún no se ha publicado el detalle completo de las transferencias municipales, pese a solicitudes reiteradas. Esa falta de información alimenta sospechas legítimas y debilita la confianza ciudadana. Sin reglas claras y datos públicos, cada desembolso se convierte en un acto político antes que administrativo, y el manejo del dinero público corre el riesgo de seguir siendo sinónimo de discrecionalidad.
Hace 10 mesesEl enriquecimiento injustificado volvió al centro del debate público no por una sentencia, sino por investigaciones en curso que alcanzan a exfuncionarios de distintos niveles. La coincidencia no prueba culpabilidades, pero sí revela una falla persistente en los controles del Estado.
La figura existe desde 1999 y cumple una función clara: permitir que las autoridades examinen patrimonios que crecen sin explicación razonable. El problema es que suele activarse tarde, cuando ya hay cuentas congeladas y procesos abiertos, y no como un mecanismo preventivo.
La declaración jurada de bienes, pilar de este sistema, permanece cerrada al escrutinio ciudadano y depende casi por completo de la voluntad institucional para ser revisada. Así, el control patrimonial se vuelve formal, no efectivo.
A ello se suma la rigidez del modelo actual, que condiciona la actuación penal a auditorías previas. Esa dependencia concentra poder y retrasa respuestas.
Respetar la presunción de inocencia es irrenunciable. Pero también lo es preguntarse si el Estado está vigilando a tiempo.
Hace 10 mesesYa lo advertimos en estas páginas cuando, en los últimos dos años del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), se dio luz verde a leyes con claros propósitos clientelistas: legislar por razones políticas para proteger planillas no solo es mala práctica, sino violación directa de principios constitucionales que rigen la función pública. Una de esas normas —la Ley 429 del 18 de abril de 2024—, impulsada desde la Asamblea Nacional por el entonces oficialismo, no buscó fortalecer la carrera legislativa ni profesionalizar el servicio, sino blindar intereses coyunturales mediante atajos legales.
Hace 10 mesesLa inclusión de Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton no cayó del cielo. Investigaciones de La Prensa ya habían dado a conocer, antes de la sanción, las actividades y vínculos del empresario con el régimen venezolano. Que el gobierno intente ahora marcar distancia puede ser políticamente comprensible, pero no borra los hechos ni disipa las dudas.
