Hace 8 mesesEl presidente de la República lo repite cada vez que puede: la justicia no puede convertirse en una puerta giratoria que favorezca a pandilleros y narcotraficantes. Sin embargo, en este tema, sus propios actos y silencios no siempre sostienen sus palabras. El discurso oficial enfatiza el delito visible, el que se expresa con violencia, armas y territorios controlados, pero deja fuera una dimensión estructural del problema. Quienes más abusan de los servicios financieros no son necesariamente los delincuentes de calle, ni ello implica colaboración o permisividad de los bancos. El uso más sofisticado del sistema corresponde al delito de cuello blanco: quienes reciben coimas, diseñan entramados societarios, usan testaferros y lavan dinero con asesoría legal y contable. Ese fenómeno ha sido central en los mayores escándalos de corrupción del país. Sobre esta realidad, el presidente guarda silencio. Y sin enfrentar el blanqueo de capitales y la impunidad de los poderosos, la lucha contra el crimen organizado queda incompleta.
Hace 8 mesesEl llamado urgente de UNICEF y la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público confirman que la crisis en los albergues no era producto de exageraciones mediáticas ni de oportunismo político, como algunos sugirieron. Los hechos, las inspecciones y los antecedentes judiciales demuestran que el problema existía con independencia del ruido público que lo rodeó. Era, y es, una falla estructural del Estado.
Hace 8 mesesLas reformas al Código Electoral actualmente en debate introducen cambios que van más allá de una simple modificación procedimental. Al restringir la libre postulación en los circuitos plurinominales, esta figura queda relegada, en la práctica, a una opción secundaria frente a las estructuras partidarias. Permitir que un elector vote por varios candidatos de un partido, pero solo por un independiente, rompe la equidad del voto y altera el principio de igualdad política.
Hace 8 mesesPanamá arrastra desde hace años una deuda histórica con los menores y jóvenes que viven bajo custodia del Estado. La ausencia de una política pública sostenida para la protección de niños, niñas y adolescentes en albergues ha transformado estos espacios, concebidos para resguardar derechos, en escenarios recurrentes de denuncias, indignación y dolor. Las autoridades suelen acordarse de esta población solo cuando estalla una crisis; pasada la conmoción, todo vuelve a la inercia. No es la primera vez. En 2021 estalló un escándalo por maltrato y presuntos abusos sexuales en albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), vinculado incluso al ascenso político de una funcionaria cercana al Ejecutivo en ese momento, lo que evidenció omisiones graves en la respuesta estatal. La denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes sobre irregularidades en el Centro de Tocumen expone, de nuevo, alertas ignoradas, condiciones indignas y una cadena de omisiones que deja a los más vulnerables sin protección. La protección de la niñez no puede seguir dependiendo del escándalo de turno. Exige responsabilidad institucional, supervisión permanente y decisiones de fondo. Cada día de retraso es otra forma de abandono. Esta aciaga situación trasciende gobiernos, lo que evidencia que no se le ha dado la importancia requerida. Significa un desprecio hacia los menores en riesgo social.
Hace 8 mesesEl ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha logrado un hito relevante para la estabilidad fiscal del país. Cerrar el año fiscal 2025 con un déficit equivalente al 3.68% del PIB —una reducción cercana al 40% frente a 2024 y una mejora de $2,069 millones en el balance fiscal— no es un dato menor. En un contexto de presiones sociales, desaceleración económica y demandas crecientes al Estado, el resultado refuerza la credibilidad del ministro Chapman y envía una señal positiva a la sociedad panameña y a los mercados. Sin embargo, ese mismo rigor debe extenderse a otros frentes igual de sensibles. La disciplina aplicada para contener el déficit debe servir también para frenar el crecimiento de la deuda pública o, al menos, evitar su escalada. Además, preocupa que mientras se predica austeridad, persistan prácticas asociadas al clientelismo político, como transferencias discrecionales a algunos municipios sin explicaciones claras. La disciplina fiscal debe ser integral y sostenida; de lo contrario, los avances alcanzados perderán impacto y credibilidad.
Hace 9 mesesLa realidad que enfrentan hoy los pacientes oncológicos en Panamá no admite dilaciones ni excusas. Las historias de espera, dolor y trato indigno en el Instituto Oncológico Nacional interpelan al Estado con una urgencia que va más allá de los discursos. La construcción del nuevo hospital representa una esperanza largamente postergada y una obligación moral impostergable.
Pero la urgencia social no puede convertirse en carta blanca. No debe justificar atajos administrativos que produzcan opacidad, menos aún cuando la obra fue adjudicada mediante una adenda a favor de Constructora Riga, S.A., evitando un proceso de licitación pública y los controles, la competencia y los beneficios que esta apareja. Señalar este hecho no debilita la causa de los pacientes; la fortalece.
Panamá puede —y debe— avanzar en infraestructura de salud con rapidez, pero también con transparencia. La dignidad de quienes luchan contra el cáncer exige hospitales modernos, atención humana y decisiones públicas limpias. Resolver una deuda histórica no puede hacerse creando otra: la de normalizar la opacidad cuando más confianza ciudadana se necesita.
Hace 9 mesesLa historia del contrato de Panama Ports Company (PPC) no es la de un error aislado, sino la de una cadena de decisiones públicas que desprotegieron los intereses del Estado. Durante casi tres décadas, funcionarios con nombre y apellido ocuparon posiciones clave y, por acción u omisión, permitieron que un contrato estratégicamente sensible derivara en un esquema profundamente desequilibrado.
Hace 9 mesesLa reciente autorización para que diputados ejerzan la abogacía mientras ocupan una curul vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: no todo lo legal es necesariamente legítimo. La Constitución permite esta licencia otorgada por el pleno del Legislativo, pero no se establece nada respecto a los conflictos de interés que surgen cuando quienes litigan también legislan, fiscalizan instituciones y ejercen funciones cuasi judiciales.
Hace 9 mesesEl embarazo en niñas y adolescentes no es una estadística más; es el síntoma de una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado. Que en Panamá al menos 21 menores queden embarazadas cada día revela una normalización peligrosa, casi cruel, de una realidad que debería indignarnos. Estamos aceptando, con silencio e indiferencia, que la niñez cargue responsabilidades que no le corresponden, mientras el entorno falla en su deber de protegerla.
Redacción de La PrensaHace 9 mesesEl turismo panameño volvió a confirmar por qué se le conoce como la industria sin chimenea: genera empleo, divisas y encadenamientos productivos sin agotar recursos.
