Hace 7 mesesEl hurto pecuario ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una amenaza constante para el campo panameño. Productores de distintas regiones denuncian pérdidas recurrentes, mientras la respuesta institucional sigue siendo insuficiente o tardía. No se trata solo de animales robados. Detrás de cada caso hay inversión, sustento familiar y una cadena productiva que se debilita. Sin embargo, el problema parece moverse en una zona gris: ocurre lejos de los centros urbanos, sin la visibilidad mediática que sí tienen otros delitos. Cuando robar ganado resulta fácil y las probabilidades de sanción son bajas, el mensaje es claro: el delito encuentra espacio para crecer. Y con él, la desconfianza en las instituciones encargadas de prevenirlo y castigarlo. El país debe preguntarse si está dispuesto a seguir normalizando este tipo de delitos o si, por el contrario, asumirá la protección del sector agropecuario como una prioridad real. Porque cuando el campo queda desprotegido, pierde el país.
Hace 7 mesesNo es un reclamo nuevo, pero sí cada vez más grave. Familiares de víctimas de la dictadura denuncian que el Estado ha incumplido compromisos básicos de reparación acordados hace cinco años: indemnizaciones, monumentos, reconocimiento de responsabilidad y actos de perdón. Todo quedó en letra muerta. Mientras se discuten leyes simbólicas, como establecer un día de recordación, las medidas sustantivas siguen sin ejecutarse. No hay cierre judicial, no hay identificación completa de restos ni responsables sancionados. Los casos se archivan, se diluyen o no avanzan con la celeridad que exigen las víctimas.
Hace 7 mesesEl proyecto de río Indio no solo responde a una necesidad estratégica: garantizar agua para la población y la operación del Canal. También se ha convertido en una prueba de cómo el Estado puede ejecutar iniciativas complejas con orden, transparencia y participación.
La Autoridad del Canal de Panamá ha replicado, en este proceso, una fórmula ya probada durante la ampliación: planificación técnica, diálogo con las comunidades y reglas claras antes de la ejecución. En un país donde la desconfianza hacia la gestión pública es frecuente, este enfoque introduce un estándar distinto.
El avance del proceso de reasentamiento, con mesas de concertación, criterios definidos y acompañamiento social, evidencia que es posible hacer las cosas bien, incluso en proyectos sensibles. Aun cuando en el camino no han faltado voces que intentan capitalizar la incertidumbre, el proceso ha mantenido su curso institucional.
Reconocerlo no implica ignorar los desafíos que aún existen. Implica, más bien, entender que la buena gestión pública no es una excepción, sino un modelo replicable. Río Indio, en ese sentido, deja una lección: podemos hacerl
Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino.
Foto: Cortesía Asamblea Nacional
Hace 7 mesesLa decisión del diputado Ernesto Cedeño de solicitar que su proyecto de ley sobre el derecho a réplica en los medios de comunicación regrese a primer debate es una buena señal. Aunque no resuelva el problema de fondo, con esa acción reconoce que una norma que afecta libertades fundamentales no puede avanzar sin escucha ni consenso. No faltan quienes intentan usar este tema para posicionar agendas o construir relatos convenientes, pero conviene volver a lo esencial: el derecho a réplica ya existe en Panamá y funciona. El problema es la forma en que se pretende modificar su aplicación. Convertir un principio ético en un mecanismo coercitivo, con plazos rígidos y posibles sanciones, no fortalece la democracia; la debilita. Introduce incentivos para la autocensura y distorsiona el ejercicio del periodismo responsable. La población debe plantearse algo más profundo: ¿se quiere mejorar el derecho a réplica o convertirlo en un instrumento de presión? Esa diferencia lo cambia todo.
Hace 7 mesesEl conflicto en Medio Oriente ha vuelto a demostrar que, en un mundo interconectado, ninguna crisis es distante. El impacto sobre el estrecho de Ormuz golpea directamente uno de los pilares de la economía global: el petróleo. El alza en los precios del crudo no solo encarece el transporte marítimo, sino que presiona las cadenas de suministro y anticipa un efecto inflacionario que terminará sintiéndose en los bolsillos de los consumidores. En este escenario, Panamá debe actuar con prudencia. Su posición geográfica y el rol estratégico del Canal imponen una obligación jurídica de neutralidad, pero también una responsabilidad política coherente con su vocación histórica de país de paz. Cualquier desliz en ese equilibrio puede tener costos diplomáticos y económicos. Al mismo tiempo, el Gobierno no puede ignorar el impacto interno. Ante un previsible aumento general de precios, se impone una política de austeridad y disciplina fiscal. No es momento de expandir el gasto, sino de proteger la estabilidad económica.
Hace 7 mesesEl cierre de las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional no resuelve el problema de fondo que ha marcado durante años al Legislativo: el uso ineficiente de fondos públicos para sostener estructuras administrativas cuya utilidad nunca quedó claramente demostrada. Según explicó el presidente de la Asamblea, los funcionarios que trabajaban en esas oficinas han sido reubicados en otras entidades públicas, incluidas juntas comunales y alcaldías. Pero trasladar personal de un lugar a otro no corrige el problema si los salarios continúan pagándose desde una planilla que aparentemente excede las necesidades reales de la institución. El cierre de esas oficinas, lejos de zanjar el debate, deja claro algo más profundo: si podían desaparecer sin afectar el funcionamiento del Legislativo, entonces muchas de esas plazas nunca fueron indispensables. Además, surgen preguntas inevitables. ¿Qué funciones concretas desempeñarán ahora esos funcionarios en instituciones que ya cuentan con estructuras administrativas propias? ¿Quién supervisará su trabajo? La discusión no debería centrarse en dónde trabajan ahora, sino en si el dinero público está siendo utilizado con responsabilidad.
Hace 7 mesesLa violencia que hoy sacude al país y las debilidades del sistema educativo no son problemas aislados. Forman parte de una misma cadena social. Mientras Panamá enfrenta un repunte de homicidios asociado a la guerra entre pandillas, el debate educativo revela otra fragilidad estructural: muchos estudiantes aprenden a memorizar contenidos, pero no desarrollan pensamiento crítico ni herramientas para analizar la realidad. Ese déficit tiene consecuencias más allá del aula. Cuando la escuela no logra ofrecer horizontes de movilidad social ni formar capacidades sólidas, miles de jóvenes quedan expuestos a otras formas de pertenencia y poder. El crimen organizado entiende muy bien ese vacío. Las pandillas reclutan donde el Estado llega tarde o llega mal. Las autoridades explican que buena parte de los asesinatos responde a disputas por el microtráfico y los llamados “tumbes” de droga. Pero detrás de esas cifras hay una realidad más profunda: la violencia no es solo un desafío policial. También refleja una deuda educativa que sigue alimentando el ciclo del crimen.
Hace 7 mesesDurante los últimos 25 años, las cifras oficiales indican que entre 50 y 70 personas, en su mayoría niños, han perdido la vida ahogadas al intentar cruzar los peligrosos ríos o quebradas de la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela o regresar a sus hogares. Esta cifra conmovedora es solo un reflejo de la crisis sistemática que enfrenta la región. Los casos más recientes ocurrieron el año pasado con dos niñas que lamentablemente perdieron la vida. Es una crisis donde el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo mortal debido al abandono estatal, la marginación étnica y la falta de infraestructura básica. Como siempre, cuando ocurre la tragedia, las autoridades saltan a dar soluciones. El Ejecutivo prometió la construcción de 100 zarzos. El MOP informa que trabajará en 50 zarzos en la primera fase, con un costo de $18 millones. Ese monto contrasta con otro de mayor cuantía, como los $50 millones adicionales que aumentará el subsidio electoral. Mientras, las comunidades más apartadas siguen esperando la infraestructura que salvaría vidas. Es hora de actuar, y rápido, porque se aproximan las lluvias, y esa población vulnerable espera la respuesta para que ninguna vida más se pierda por la negligencia del Estado.
Banderas partidos políticos de Panamá. LP/Elysée Fernández
Hace 7 mesesHace apenas unos meses el país atravesó un intenso debate para reformar la ley de la Caja de Seguro Social (CSS). Aquella discusión era necesaria para preservar la sostenibilidad de una institución que sostiene el sistema de protección social de millones de panameños. Sin embargo, mientras el país intenta dejar atrás ese episodio, nuevas revelaciones muestran que la crisis de la CSS no es solo financiera: también es institucional.
