Hace 6 mesesEl juicio que inicia hoy por el caso de la “máquina pinchadora” no solo reabre un expediente judicial; también vuelve a poner en evidencia una deuda pendiente con la verdad. Han pasado más de 12 años desde que se denunció el uso ilegal de equipos estatales para interceptar comunicaciones de opositores, dirigentes sociales y ciudadanos en general. El tiempo, lejos de cerrar heridas, ha operado como un aliado de la impunidad que rodea estos hechos. Lejos de aclarar lo ocurrido, ha erosionado pruebas, diluido responsabilidades y debilitado la confianza en la justicia. No hay mayor controversia sobre la existencia de las escuchas ni sobre la participación de quienes operaban el sistema. Lo que falta —y probablemente seguirá faltando— es una reconstrucción completa de cómo y por orden de quién se ejecutó esta práctica. La expectativa de que los acusados aporten detalles es baja, sobre todo por las conexiones políticas que rodean su defensa. Esa ausencia de verdad no es neutra. Refuerza la sospecha de que no se trató de hechos aislados, sino de un engranaje estatal. Cuando el poder se utiliza para vigilar al ciudadano, el daño trasciende lo judicial: erosiona la democracia.
Redacción de La PrensaHace 6 mesesEl Decreto Ejecutivo 10, lejos de ordenar el transporte con plataformas digitales, ha abierto un frente de inconformidad. La reacción de usuarios, conductores, empresarios y hasta sectores políticos evidencia que la medida nació sin el nivel de consulta que exige un cambio de esta magnitud.
Redacción de La PrensaHace 6 mesesGrupos de funcionarios se han convertido en ciudadanos privilegiados, castas que reciben del Estado beneficios exclusivos, como si fueran superiores al resto de los panameños.
Redacción de La PrensaHace 6 mesesEl presidente de la República ha optado por presentar la irrupción del contralor en una fiscalía anticorrupción como un simple desencuentro entre funcionarios. No lo es. Lo ocurrido el 9 de abril es un hecho grave que pone a prueba los límites institucionales y el respeto al Estado de derecho.
Hace 6 mesesLa designación de un magistrado del Tribunal Electoral no es un trámite más del Órgano Legislativo: es un nombramiento que define el nivel de confianza sobre el que se sostiene la democracia. Quien ocupe esa silla no solo interpreta normas, sino que administra la legitimidad del poder político. Sin confianza en el árbitro, cualquier resultado electoral queda bajo sospecha. Las entrevistas han dejado claro que existe consenso sobre la necesidad de reformas, pero el debate elude el fondo del problema. Las advertencias sobre presiones constantes evidencian que la independencia no puede depender únicamente del carácter personal del magistrado. Algunos aspirantes han sostenido conversaciones con la mayoría de los diputados, lo que abre la discusión sobre la práctica de “buscar votos” en procesos de designación. Estas dinámicas trasladan decisiones clave a espacios privados, alejados del escrutinio ciudadano, en un proceso sin participación ciudadana. Se exige imparcialidad en un entorno atravesado por influencias económicas, políticas y sociales. Una democracia sólida no descansa en héroes, sino en instituciones. Así, los 71 diputados —o la mayoría que decida— deben asumir la responsabilidad histórica de este nombramiento. Y quien resulte electo debe preservar la independencia, fortalecer la transparencia y sostener la confianza ciudadana como eje central.
Hace 6 mesesEl contralor general de la República, Anel Flores, actúa sin que haya un Ejecutivo ni una Asamblea Nacional que lo frene. La semana pasada irrumpió en una diligencia del Ministerio Público, un hecho que ya investiga la Procuraduría General de la Nación y que, por sí solo, exige explicaciones. Pero no es un caso aislado. Aunque la Contraloría sostiene que no interfiere en investigaciones, los hechos dicen otra cosa. Antes ya había cruzado una línea delicada: en la crisis de la basura en San Miguelito, admitió haber llamado a la alcaldesa para “facilitarle” un contacto con una representante de Revisalud, empresa con intereses contractuales. El presidente de la República guarda silencio. Y la Asamblea tampoco actúa: ni siquiera logró que asistiera a una cortesía de sala, mucho menos a una citación con preguntas específicas. Lo que está en juego no es un episodio puntual, sino la normalización de excesos. Cuando quien debe fiscalizar opera sin control, el problema deja de ser individual y se vuelve institucional. Entonces la pregunta es mandatoria: ¿quién lo frena?
Hace 6 mesesPanamá no solo es cifras de crecimiento y desarrollo. También carga con una realidad más silenciosa, pero profundamente dolorosa: la pobreza que marca la vida de miles de niños desde sus primeros años. No es un dato abstracto. Es un niño que no come bien, que no aprende en igualdad de condiciones o que crece sin oportunidades reales. Ayer, durante la Cita Eucarística, el arzobispo metropolitano puso palabras a esa herida abierta frente al país y ante quien asumirá la Defensoría del Pueblo. No se trató de un discurso más, sino de un llamado a mirar de frente una realidad que persiste. La pobreza infantil no es solo una estadística: es una deuda moral. Y también es una advertencia. Un país que no protege a su niñez compromete su propio futuro. Así las cosas, cada centavo cuenta. Eso deberían tenerlo presente todos los que reciben fondos públicos, incluidos ministros, diputados, magistrados, representantes de corregimiento, alcaldes y dirigentes sindicales. A muchos no les agrada que se les pidan cuentas, pero esos recursos existen para atender, precisamente, esa lacerante realidad.
Redacción de La PrensaHace 6 mesesEl dinero de la corrupción no distingue entre partidos, aliados ni adversarios. De vez en cuando, las vueltas del destino nos reiteran esa lección que, aunque es tan evidente, siempre puede resultar un poco más incómoda.
Hace 6 mesesLas diferencias entre el contralor de la República y el procurador general de la Nación son un secreto a voces. Pero el incidente ocurrido el pasado jueves y sus consecuentes actos superan los límites de lo trágico, así como los del ridículo y, muy gravemente, los de lo legal. En medio de este bochorno surge una pregunta inevitable: ¿está la población condenada a padecer las consecuencias de la animadversión mutua entre dos jerarcas poderosos, cercanos al presidente de la República e incapaces de aparcar sus diferencias personales? Ojalá que no, por el bien del país. Pero, para eso, hay que actuar con celeridad. Una forma de evitar caer en una espiral de actos que terminan sin llegar a nada es que la autoridad competente investigue seriamente y con rapidez lo sucedido, con el propósito de determinar si hubo delito y, en su caso, quién fue su autor, de forma que esa investigación llegue al Órgano Judicial para que se impongan las sanciones previstas en la ley. Paralelamente, si bien el presidente no puede ordenar nada al procurador general de la Nación, sí puede conminar al contralor a que rinda cuentas de su actuación, que resulta inaceptable por ser contraria a cualquier idea de Estado de Derecho. El país será testigo de si el presidente realmente cree en el cumplimiento de las leyes o si, en contra de sus palabras, tiene un círculo cercano inmune a la observancia de la ley.
