Hace 11 añosPara mantener una sociedad democrática es necesario tener una ciudadanía informada y organizada. La opinión pública y la sociedad civil aunaron esfuerzos para conseguir lo que la simple ética y el sentido común debieron haber procurado desde el comienzo: que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia se apartara de la causa de Financial Pacific. Esta acción no debe aplacar a las organizaciones y a los ciudadanos vigilantes de la transparencia y la integridad del aparato de justicia. Por el contrario, la Corte mantiene una deuda impostergable con la nación, ya que sigue sin derogar la infame Ley 55 de 2012, la norma del nefasto blindaje de los diputados. Además, el rejuego judicial que auspicia la impunidad de un miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá tuvo su origen en las entrañas de este tribunal. Las tareas pendientes de sanear la justicia y de hacer viable nuestro Estado de derecho solo son posibles si los ciudadanos, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación mantenemos vivo el compromiso con Panamá. Esa es la fórmula que siempre funciona.
Hace 11 añosEl Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el brazo técnico del sistema de las Naciones Unidas dedicado a fomentar el desarrollo sostenible y la buena gobernanza de los países. En su reciente visita a Panamá, la administradora general del PNUD nos recordó la importancia de las políticas públicas comprometidas con el desarrollo equitativo para todos, y que nuestro país tiene las potencialidades para alcanzar las nuevas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así acabar con la pobreza y desigualdad en nuestra nación. Esta verdad nos recuerda las oportunidades perdidas: ¿Cuánto daño se le causó al país con los alimentos deshidratados, los “Piso y Techo”, las jumbo ferias, los jamones y el despilfarro a manos llenas? La respuesta es desconocida. Todas las formas de corrupción, clientelismo y paternalismo distorsionaron las instituciones y sacrificaron las políticas sociales en favor de los intereses de una mafia que pretendió que el Estado fuera una fuente de negocios, y no un medio para alcanzar fines nobles. Esa tragedia explica nuestro subdesarrollo y por eso jamás debemos olvidarla.
Hace 11 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) ha sobrevivido al parasitismo del Gobierno central y a una sucesión de administraciones mediocres. A la institución le han cargado la planilla de funcionarios insensibles a la necesidad ajena. Además, las prácticas peculiares de compras y contrataciones de la entidad presentan un panorama dantesco de obras faraónicas y de medicamentos a precios exagerados. ¿Cómo se explica que la CSS carezca de estados financieros actualizados? Ni siquiera sabemos si el programa de Invalidez, Vejez y Muerte tiene fondos suficientes. La conclusión lógica es que a la CSS no le faltan recursos, sino liderazgo, integridad y, sobre todo, un sentido de respeto a la misión y el mandato de la institución. Para salvarla de la burocracia y de la politiquería, hay que rescatarla de su perenne junta directiva, de los gremios que la controlan y de los proveedores corruptos que la saquean.
Hace 11 añosLa línea 2 del Metro debe servir para devolverle calidad de vida a los panameños que enfrentan un sistema de transporte inhóspito. A pesar de la objeción de amplios sectores de la sociedad, la actual administración decidió arriesgar su imagen, y la capacidad de ejecución de esta obra, para favorecer a la empresa brasileña Norberto Odebrecht. A esto se suma el impacto directo causado por este proyecto en forma de tranques y tardanzas, y en la reducción significativa de la productividad laboral en el área metropolitana. Lo menos que pudo hacer el Gobierno fue prepararse para mitigar este gigantesco dolor de cabeza que, a diferencia de otras situaciones, no llegó de sorpresa, sino que estaba programado con antelación. La práctica de los políticos de enfocarse en hacer “sus obras” contra viento y marea durante su período de gobierno debe ser superada. El interés público no puede supeditarse al beneficio partidista o a la vanidad de cortar cintas. Ojalá lo único negativo de la línea 2 sea el recuerdo de los embotellamientos que causó y no los sucesos inesperados que surjan por la falta de transparencia e integridad.
Hace 11 añosMucho cuidado hay que tener con los potenciales beneficiarios de lo que en este momento es un proyecto: la Ley Colón Puerto Libre. Y hay que tenerlo, pues uno de los que se puede beneficiar es la compañía brasileña Odebrecht, que forma parte del consorcio que hará la renovación urbana de Colón. El proyecto de ley traslada los beneficios fiscales de otra ley aprobada en la pasada administración a la Ley Colón Puerto Libre. Voceros del consorcio aseguraron que “actualmente” las constructoras (Odebrecht y Cusa) “no mantienen beneficios de la citada iniciativa legislativa”, lo cual es obvio, pues aún no es ley de la República. Pero no olvidamos que en el proceso que se le sigue a Odebrecht en su país por el presunto pago de coimas, esta mintió sobre las sociedades de donde salió el dinero que se pagó en sobornos, las cuales eran de su propiedad. Con esos antecedentes, y la forma oscura como ha manejado dineros del Estado panameño, es difícil que a Odebrecht le creamos lo que dice. De ahí que se hace obligatorio vigilar si esta empresa pretende apuntarse como beneficiaria, porque esto ya sería el colmo: premiarla, mientras es investigada por corrupción.
Hace 11 años“El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así”. Este es el texto del artículo 13 del Código de Ética Judicial, aprobado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2008. Para cualquier observador, las actuaciones que realizó como procurador general de la Nación, en los asuntos vinculados a Financial Pacific (FP), despojan de toda imparcialidad al magistrado presidente de nuestra más alta corporación de justicia. ¿Por qué insiste en desconocer las causales que justifican su impedimento? Día con día, más actores de la sociedad civil, exmagistrados de la Corte, y distintas voces de todos los sectores reclaman que se aparte como magistrado juez de garantías del caso FP. Para que sea eficaz, la administración de justicia tiene que tener legitimidad, producto de la credibilidad de quienes actúan en ella. La participación del presidente de la Corte en el caso FP levanta un telón de sospechas que el país no puede tolerar. Mantener este curso de acción, lleva a la justicia a un callejón sin salida.
Hace 11 añosEl rey Luis XIV de Francia afirmaba que “en Dios y no en el pueblo está la fuente del poder”. Esta frase demuestra que la razón de la religión es absoluta, no admite cuestionamientos y por lo tanto es un dogma. La democracia es falible, sujeta a críticas y a mejoramiento permanente. Ambas no son compatibles como fórmula de gobierno, de allí la necesidad de separar al Estado de la Iglesia. Nuestra tradición constitucional ha establecido que todas las religiones, e incluso la negación de estas, tienen espacio dentro de la sociedad. La fe de nuestros gobernantes es parte innegable de sus biografías personales, pero la imposición de su virtud a los gobernados transforma en hipócritas a los ciudadanos que buscan obtener favores del poder, o peor aún, convierte en demonios a quienes osan cuestionarles. Existe un enorme retraso ocasionado por razones religiosas en nuestras políticas públicas, afectando desde los temas de salud sexual y reproductiva hasta el combate a la corrupción. Panamá no se puede permitir que los dogmas secuestren el Estado laico. Si la religión es el fundamento de la acción de gobierno, entonces estamos muy cerca de la creencia de que “El Estado soy yo”.
Hace 11 añosSegún la Constitución Política de la República de Panamá, el Tribunal Electoral “... interpretará y aplicará privativamente la Ley Electoral...”. Es decir, que con respecto al tema del fuero penal electoral, la opinión de esta entidad es ley. Así las cosas, debería quedar claro para la jefa del Ministerio Público el alcance de esta figura. Lo contrario dejaría en la población el sentir de que la procuradora general escoge cuáles normas son obligatorias y cuáles son de aplicación opcional. Las acciones del Ministerio Público, y en especial de sus fiscales, han demostrado un manejo en estricto derecho. Sería imperdonable permitir que la mala influencia de la actuación irresponsable del poder judicial en los casos de alto perfil sea contagiosa. En estos momentos no hay lugar para incertidumbres y dudas sobre las estrategias y tácticas que lleva a cabo el Ministerio Público. Los medios y la sociedad civil son los mejores aliados de los fiscales, pero si sus actuaciones dejan de seguir la letra y el espíritu de las leyes, se puede perder la confianza y credibilidad que tenemos en la institución. La hoja de ruta a seguir requiere de mayor transparencia y rendición de cuentas para que la lucha contra la corrupción logre un triunfo seguro.
