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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosMaría del Pilar Hurtado –la que fuera jefa de los servicios de inteligencia de Colombia y que vivió plácidamente en Panamá, amparada por el gobierno de Ricardo Martinelli– fue condenada ayer por espiar a políticos, periodistas, jueces y magistrados, entre otros. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de aquel país ha solicitado una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, ya que él conocía de estas operaciones. Ese afán de espiar a todo adversario se repitió en Panamá y eso tienen en común Uribe y Martinelli, quienes enfrentarán investigaciones por las mismas razones. Quizás haya sido el malsano gusto por espiar que Martinelli le abrió de par en par las puertas del país a la ahora delincuente, que tendrá que pagar su osadía con 14 años de prisión. Conviene a los acusados locales de esas prácticas mirarse en el espejo de Hurtado. Tal vez aprendan que el poder no es eterno.

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Hace 11 añosEl proyecto de ley 214 que busca reformar la ley blindaje, aprobada finalmente esta semana en primer debate, ha dejado en evidencia las retorcidas intenciones que tienen algunos diputados de la Asamblea Nacional de evitar a toda costa que el blindaje del que gozan –en caso de ser investigados por alguna causa criminal– sea eliminado. Introduciendo cuanta leguleyada sea posible a este proyecto, los padres de la patria intentan, una vez más, engañar a una sociedad que cada vez tolera menos la sinvergüenzura y la corrupción. Curiosamente, estos mismos diputados, que no han hecho otra cosa que buscar excusas banales en contra de la iniciativa, son los que a golpe de pecho defienden públicamente su probidad. Si esto es así entonces, ¿a qué le temen? La justicia ha de ser aplicada de igual forma para todos y quienes cometan delitos deben ser castigados con todo el peso de la ley, sin privilegios ni corazas. Que esta no sea una coartada para evadir futuras investigaciones. Los electores necesitamos recuperar la confianza en los diputados y esta era una buena forma de lograrlo.

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Hace 11 añosEl proyecto de renovación urbana de Colón no es solo una promesa de campaña hecha durante el período electoral pasado. Por lo que el proyecto representa, es también un lienzo en blanco en el que pueden plasmarse una gran cantidad de oportunidades. Proyectos de esta naturaleza generan autoestima en poblaciones marginales, despojadas de oportunidades, empleo y educación cuyas vidas giran alrededor de problemas, muchos de ellos vinculados a la delincuencia organizada y común. Los colonenses con esta iniciativa podrán aspirar a un hogar digno, escuelas en óptimas condiciones e infraestructuras que ayudarán, en especial a los jóvenes, a no caer en la holgazanería y a dedicarse a actividades provechosas. El repunte económico de la provincia no se dejará esperar con la generación de plazas de empleo. Estas razones hacen que la administración de Juan Carlos Varela tenga la gran oportunidad de concretar una obra con transparencia y libre de corrupción. Algo que los panameños casi que hemos olvidado y que fue también otra de sus promesas de campaña.

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Hace 11 añosLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada a mediados del siglo XX con la finalidad de promover y proteger los derechos humanos en el continente, se ha convertido en el organismo de moda para el grupo de abogados del expresidente y sus secuaces. Demostrando gran desconocimiento de cómo funcionan las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estos juristas tratan de desviar la atención de una sociedad que los observa muy de cerca, y que exige que sus clientes respondan ante las autoridades por las graves acusaciones que sobre ellos pesan. Señores exfuncionarios, las peticiones ante la CIDH cumplen un riguroso proceso y solo son admitidas cuando se comprueba que todas las instancias legales en el país de origen han sido agotadas; únicamente así terminan en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los panameños no somos ignorantes. Exigimos respeto.

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Hace 11 añosLa severa crisis de agua que sufre el país, y en particular la provincia de Chiriquí, debería preocuparnos a todos. Los ríos, las quebradas y los pozos se han secado, como consecuencia de la falta de lluvias. La situación que vivimos es preocupante, porque la temporada lluviosa se encuentra retrasada. Los esporádicos aguaceros que han caído no son suficientes y ni siquiera representan un porcentaje mínimo del agua que se necesita para que nuestros ríos, pozos y quebradas puedan servir de fuente de agua para las poblaciones, las plantas y los animales. Estamos en una crisis de grandes proporciones que, de no llegar a variar a nuestro favor las condiciones del tiempo, es probable que las consecuencias que comencemos a sentir sean peores. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ha reconocido que a la fecha ha dejado de llover entre un 60% y un 80% menos en comparación con el año pasado. Son las consecuencias del calentamiento global y del efecto invernadero producto de la inconmensurable contaminación ambiental. Tenemos que valorar más la poca agua que nos queda, y no abusar de su utilización. Es hora de que la principal prioridad del Gobierno sea el agua, adoptando políticas de Estado para el ahorro y buen aprovechamiento de esta.

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Hace 11 añosEl distrito de Arraiján, una de las zonas con mayor crecimiento de población en el país, se ha convertido por estos días en una opción alcanzable para aquellos que ven en los múltiples proyectos que ahí se construyen su futura vivienda. Mucho es lo que promete el área: expansión de carreteras, construcción de un cuarto puente sobre el Canal y hasta su propia línea del Metro. Así pues, no extraña que empresas constructoras y promotoras quieran tomar ventaja e invertir en el sector. Sin duda, la pujanza y el crecimiento económico estarán de visita por Arraiján. No obstante, el criterio de las autoridades municipales al otorgar permisos provisionales para construcción sin el visto bueno del Cuerpo de Bomberos con el pretexto de agilizar los trámites es desafortunado, poner en riesgo no solo la inversión de las constructoras y promotoras, sino también la realizada por las miles de familias es una irresponsabilidad. Los compradores deben exigir a las autoridades, promotores y constructores cumplir con los procesos que garanticen su seguridad personal y patrimonial. Lo contrario sería caer en un juega vivo con posibles consecuencias que lamentar.

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Hace 11 añosEl abuso sexual infantil es sin duda el más escondido de los maltratos y del que menos se conoce, tanto en el ambiente médico legal como en el social. Aunque no se trata de un problema nuevo, sino una de las formas de abuso más antiguas, sigue siendo hoy un tema tabú. Ya en nuestro siglo, incontables estudios han revelado una gran cantidad de trastornos psicológicos y emocionales que pueden afectar el desarrollo normal de aquellos menores que han sido víctimas de semejantes atrocidades. Y aunque en la mayoría de las sociedades, este es un comportamiento severamente reprochado y castigado, todavía hay quienes desde la oscuridad de sus hogares y la soledad de sus computadoras continúan perpetrando sus fechorías. Panamá no es ajeno a las garras de la pedofilia. Las cifras son cada vez más alarmantes. Tan solo en los cuatro primeros meses del año se han iniciado 82 investigaciones de presuntos casos de pornografía infantil. Este es un delito que debe ser castigado de forma ejemplar. Es hora de que este tema sea ventilado como lo que es. Uno de los crímenes más abominables de la humanidad.

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Hace 11 añosLograr que Ricardo Martinelli rinda cuentas sobre el atraco que sufrió el Estado bajo su administración no será cosa fácil. Sentado cómodamente en su condominio en Brickell, (Miami, Estados Unidos), el exgobernante se mueve ágilmente entre las puertas traseras de la ley para tomar ventaja de su condición de político. De eso se trata el nuevo fuero electoral que ahora clama y –“al que no renuncia”– para evitar ser investigado, privilegio este del que carecen sus antiguos ministros, algunos de ellos detenidos, bajo investigación o sospecha, que tienen que afrontar el rigor de la justicia. En cambio, Martinelli vive el retiro soñado: el sol de Miami y todos los placeres y lujos que puede comprar el dinero. Y ahora, se burla de sus juzgadores, ya que la defensa del exmandatario pretende ganar más tiempo poniendo obstáculos que impidan llegar hasta Martinelli. Y es extraño, porque quien parecía ser el más interesado en aclarar las supuestas patrañas en su contra y desvirtuar las acusaciones que se le hacían, era precisamente él. Apelar a estos subterfugios cantinflescos solo alimenta la suspicacia. ¿Por qué no viene y da la cara como sus exministros tienen que hacerlo? ¿A qué le teme?

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Hace 11 añosTodo ciudadano tiene derecho a resguardar su privacidad de cualquier intromisión. Sin embargo, en el pasado reciente, ese ámbito fue violentado en distintas formas por quienes estaban llamados a protegerlo. Clandestinas escuchas telefónicas e intervenciones de correspondencia electrónica eran, sin saberlo, parte del quehacer cotidiano del panameño, de la misma forma que lo eran el día y la noche. La información de los contribuyentes no escapó del apetito de los que adoptaron por costumbre husmear donde no debían. Mientras el gobierno pasado se empeñaba en hacernos creer que éramos uno de los países más felices del mundo, se convertía la violación de la individualidad en una oportunidad de negocios o en un instrumento útil para chantajear a las personas que obstaculizaran el paso del autócrata, fueran adversarios o no. Ojalá que quienes se deleitaron con explotar la privacidad de los demás estén tan felices cuando, en sus casos, sea servida la justicia.

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Hace 11 añosLa transparencia empieza a tener una verdadera acepción en Panamá. Finalmente, hay funcionarios entendiendo que las declaraciones notariadas de bienes no son información confidencial. Mucha culpa del encubrimiento experimentado hasta ahora recae en la Corte, que en 2008 restringió su acceso a personas “interesadas”, limitándola prácticamente a los propios funcionarios vinculados a ella, en una abierta bofetada a la Ley de Transparencia, el Código Civil y la Ley 59 de 1999. De tal modo que Panamá debe ser el único país en el que su presidente autoriza la divulgación de su declaración de bienes, pero el resto –escudados en dicho fallo– se empeñó en mantener su situación fuera del alcance del escrutinio ciudadano. Afortunadamente, semejante ambivalencia ha sido zanjada por el procurador de la Administración quien, ante una consulta del fiscal de Cuentas, aclaró que las declaraciones son documentos públicos y, por tanto, de libre acceso a todo el que pregunte por ellas. Ojalá en la práctica no suceda lo de siempre. Después de todo, Panamá tiene suficiente normativa a favor de la rendición de cuentas. Lo que falta son más funcionarios moralmente comprometidos con su cumplimiento.

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