TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 11 años¿Cuánto paga el Estado panameño en dietas y gastos similares? Si viéramos la cifra, seguramente nos sorprendería ver cómo hay servidores públicos que “redondean” sus sueldos con estos pagos. Y se les otorga a funcionarios, entre ellos, ministros de Estado, en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa del contralor general de la República de restringir el pago de dietas es digna de encomio ciudadano, ya que le ahorra a los contribuyentes miles de dólares que pueden servir para otros fines mucho más nobles de la agenda social del gobierno. Estas erogaciones se habían salido de las manos en una enorme cantidad de casos, al punto de que algunos ministros de la pasada administración, así como otros funcionarios, sumaron miles de dólares al año en dietas, a pesar de que existe una norma que regula su pago, solo en horas no laborales. No faltará aquel que proteste por esta “reducción” de emolumentos, pero ellos no deben olvidar que fueron elegidos para servir al Estado y no para se servirse del Estado.
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Hace 11 añosLos datos sobre la actividad crediticia de los panameños son un claro indicador de las aspiraciones de una esforzada clase media que busca su bienestar familiar. Hay que diferenciar entre los distintos tipos de deudas que adquieren los particulares, siendo la hipotecaria usualmente buena, ya que se compra un patrimonio que aumentará su valor con el tiempo; mientras que las obligaciones emanadas de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de automóviles son deudas que en el mejor de los casos se pueden considerar neutrales y en el peor como negativas, porque los bienes adquiridos se deprecian rápidamente. La proliferación de fuentes de crédito y la facilidad con la que podemos endeudarnos en Panamá debe llamarnos a reflexionar sobre la necesidad de vivir de acuerdo con ingresos reales propios, mejorar igualmente nuestro sistema educativo y formación personal para incrementar los salarios e ingresos y fomentar el ahorro, que es la verdadera forma de enriquecer a las naciones.
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Hace 11 añosLa Asamblea Nacional tiene sobre sus hombros nuevas tareas como tribunal de justicia –luego del proceso que llevó adelante con la condena a cinco años de cárcel al exmagistrado Alejandro Moncada Luna– pues en la comisión de Credenciales hay más denuncias contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y no esperamos menos que justicia. Si nuestros magistrados no tienen nada que temer, los procesos deben abrirse y ser debatidos a la luz de la la sociedad, y no como antes, cuando morían en su cuna bajo el manto del secretismo y la complicidad de quienes se sentaban sobre los expedientes a esperar que el tiempo se hiciera cargo del olvido. Si son necesarias nuevas investigaciones y celebrar otros juicios, entonces no hay nada que esperar. Sencillamente hay que acometer estas tareas con diligencia y transparencia, como en el caso Moncada Luna. Los diputados tienen en sus manos su papel en este quinquenio. No serán los parques ni las veredas los que decidan su futuro político. Será el ejercicio de sus funciones, su rol fiscalizador y el equilibrio entre los poderes del Estado. No desperdicien esta oportunidad.
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Hace 11 añosLa lucha por la libertad de expresión es diaria. Nunca acaba, incluso en países con democracias maduras, como Estados Unidos. Es una batalla en la que los periodistas y medios son víctimas, sin contar a los miles de ciudadanos que reclaman respeto a un derecho inherente a la condición del ser humano. Pero hay batallas desiguales, en las que el Estado se torna un terrorista contra esas libertades. Una cosa es leer las noticias y otra escuchar de viva voz a las víctimas. Y después de oír los informes de libertad de expresión de periodistas de Venezuela, Argentina, Ecuador y varios otros países, uno no puede menos que preguntarse: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que esos gobiernos hayan ido tan lejos, mancillando y atropellando los derechos de sus pueblos y libertades elementales del hombre? Esa es la batalla que libran periodistas y sociedades. A todos los que han quedado sin voz, a los periodistas enterrados o los que temen ser asesinados, les debemos solidaridad y respeto. Son héroes y mártires de la libertad de expresión y por más que quieran silenciarlos, nunca lo lograrán, porque todos nosotros seremos el eco de sus voces. Nunca los callarán.
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Hace 11 añosTiene lugar en esta capital la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a más de mil 300 medios de comunicación influyentes del hemisferio, con el propósito de tutelar la libertad de expresión. Que regímenes de diferente signo caracterizados por perseguir al periodismo independiente consideren a la SIP un enemigo del Estado, habla del papel del organismo en las últimas décadas en defensa de las garantías fundamentales, ya fuera frente a las dictaduras militares del Cono Sur, o los arbitrarios de nuevo cuño electoral como Chávez, Maduro, Correa, Kirchner o Martinelli. Honra entonces al país el encuentro aquí de la SIP, hecho subrayado al distinguir en este marco la recién culminada ejecutoria de Catalina Botero Marino al frente de la Relatoría Especial de la OEA para la Libertad de Expresión , y que el mandatario de la nación suscriba la Declaración de Chapultepec, comprometiendo a Panamá en la observancia de los principios que esta consagra y proclama. Significativo también es que esta cita se cumpla bajo el signo de los tiempos nuevos que vive Panamá. Anhelamos que todo ello contribuya al fortalecimiento de la democracia en las Américas.
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Hace 11 añosFue una investigación contundente. El juicio, inédito e histórico, en el que el magistrado Alejandro Moncada Luna admitió ser culpable de dos de cuatro delitos que le imputaron: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en documentos públicos. Aceptó que no fue presionado para firmar el acuerdo de condena y dijo entender el alcance de su decisión. No faltará el que opine lo contrario, pero los hechos hablan por sí solos. Quizás no fue el mejor arreglo, pero lo importante es que este magistrado, carente de toda legitimidad para impartir justicia y cuestionado desde antes de llegar al Palacio Gil Ponce, ya no lo hará más. El fallo es de una trascendencia inconmensurable: es el primer paso para recomponer una institucionalidad hecha pedazos por la pasada administración, con nombramientos justamente como el de Moncada Luna; la Asamblea Nacional –con algunas excepciones vergonzosas– comienza a cumplir el rol que la Constitución y los ciudadanos le exigimos, y no menos importante, envía un mensaje fuerte y claro a los políticos y jueces sobre la certeza del castigo. Es un paso apenas, pero a este seguramente le seguirán otros y nos hace recuperar las esperanzas en un sistema que creíamos perdido irremediablemente.
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Hace 11 añosPor cuenta de un sistema de justicia que apenas estrenamos, la truculenta gestión de abogados que hacen pasar dromedarios por cisnes, médicos que se prestan a componendas ridículas sin sonrojarse y un funcionario del más alto tribunal que reconoce delitos vergonzosos, de los que ahora parece quererse escurrir, a los panameños nos están tomando el pelo. Se teje subrepticiamente un entramado que puede llevarnos a la mascarada más macabra que haya sido montada ante nuestras narices en la historia de Panamá, que registra no pocas, que digamos. Cuando parecía que nos encaminábamos a recuperar algo de cordura en este país maltrecho y a lograr cierta madurez institucional, debajo de las piedras reaparece el monstruo endémico del juega vivo para recordarnos que por comodidad, por omisión y por complacencia siempre hemos permitido que los sinvergüenzas terminen por imponer la ley de la impunidad y que los delincuentes de cuello blanco disfruten sus riquezas con la desfachatez de los cínicos perpetuos. Pero los que sean, están jugando con la paciencia de las personas honestas. Un consejo: no las pongan más a prueba.
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Hace 11 añosHoy, cuando la ciudadanía vive con expectación los primeros pasos que se dan contra la impunidad rampante en el gobierno anterior, un juez sorprende al país al ordenar, sin notificar a las partes, la libertad de un exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores que contribuyó a fraguar uno de los mayores escándalos de la era Martinelli: Financial Pacific. Es prerrogativa de los funcionarios que imparten justicia controvertir y hasta desestimar las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, pero la nación reclama con urgencia mayor transparencia, máxime si la decisión proviene de un juez sancionado y destituido como magistrado suplente del Segundo Tribunal por fallos controversiales. Muestras como esta y la del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, declarado confeso por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos, ponen en entredicho todo el sistema judicial. La población reclama que este poder del Estado deje de manejarse como un feudo político y económico y de una vez por todas administre una real y verdadera justicia.
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Hace 11 años¿Cómo la población podría formarse una percepción siquiera aproximada de lo que realmente pasa en torno al caso Moncada Luna? ¿Cómo saber si el acuerdo alcanzado por el diputado fiscal representaba razonablemente el mejor resultado que podía obtenerse a través de un mecanismo que pone fin al proceso de forma alternativa? ¿Acaso es mejor llevar este asunto al circo legislativo, en donde el caso muy probablemente no sea decidido por los méritos de las pruebas o la defensa, sino al estilo de los que están con calle arriba o calle abajo? Y peor aún, ¿qué será lo que hará que los diputados tomen una u otra dirección: un compromiso con el país o un nuevo aliciente envuelto en sobres de manila? Qué ironía que después de la investigación, a pesar de todo lo divulgado –y admitido – los ciudadanos ignoremos aún tanto lo que ocurre, como en los días en que se cometieron esas fechorías.
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Hace 11 añosCon mucha esperanza, estudiantes, padres de familia y docentes inician hoy formalmente un nuevo año lectivo. Es de esperar del Gobierno que garantice el clima necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin mayores sobresaltos; de los estudiantes y padres de familia, el máximo aprovechamiento de las lecciones y los recursos que se invierten en esta tarea; y de los docentes, la entrega y el desprendimiento que exige su preciada profesión. Porque la educación, como es sabido, no solo influye en el avance y progreso de las personas y sociedades, sino que enriquece la cultura y los valores. Es difícil que un pueblo plenamente educado tolere plagas como la corrupción, la injusticia y el despotismo.

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