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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosHoy, cuando la ciudadanía vive con expectación los primeros pasos que se dan contra la impunidad rampante en el gobierno anterior, un juez sorprende al país al ordenar, sin notificar a las partes, la libertad de un exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores que contribuyó a fraguar uno de los mayores escándalos de la era Martinelli: Financial Pacific. Es prerrogativa de los funcionarios que imparten justicia controvertir y hasta desestimar las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, pero la nación reclama con urgencia mayor transparencia, máxime si la decisión proviene de un juez sancionado y destituido como magistrado suplente del Segundo Tribunal por fallos controversiales. Muestras como esta y la del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, declarado confeso por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos, ponen en entredicho todo el sistema judicial. La población reclama que este poder del Estado deje de manejarse como un feudo político y económico y de una vez por todas administre una real y verdadera justicia.

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Hace 11 años¿Cómo la población podría formarse una percepción siquiera aproximada de lo que realmente pasa en torno al caso Moncada Luna? ¿Cómo saber si el acuerdo alcanzado por el diputado fiscal representaba razonablemente el mejor resultado que podía obtenerse a través de un mecanismo que pone fin al proceso de forma alternativa? ¿Acaso es mejor llevar este asunto al circo legislativo, en donde el caso muy probablemente no sea decidido por los méritos de las pruebas o la defensa, sino al estilo de los que están con calle arriba o calle abajo? Y peor aún, ¿qué será lo que hará que los diputados tomen una u otra dirección: un compromiso con el país o un nuevo aliciente envuelto en sobres de manila? Qué ironía que después de la investigación, a pesar de todo lo divulgado –y admitido – los ciudadanos ignoremos aún tanto lo que ocurre, como en los días en que se cometieron esas fechorías.

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Hace 11 añosCon mucha esperanza, estudiantes, padres de familia y docentes inician hoy formalmente un nuevo año lectivo. Es de esperar del Gobierno que garantice el clima necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin mayores sobresaltos; de los estudiantes y padres de familia, el máximo aprovechamiento de las lecciones y los recursos que se invierten en esta tarea; y de los docentes, la entrega y el desprendimiento que exige su preciada profesión. Porque la educación, como es sabido, no solo influye en el avance y progreso de las personas y sociedades, sino que enriquece la cultura y los valores. Es difícil que un pueblo plenamente educado tolere plagas como la corrupción, la injusticia y el despotismo.

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Hace 11 añosContrario a la tendencia regional de los presidentes de perpetuarse en el poder bajo cualquier pretexto –Venezuela, Argentina y Nicaragua, por citar ejemplos–, en la República Oriental del Uruguay este virus corrosivo no ha hecho ninguna mella. Hoy concluye el mandato de cinco años de José Pepe Mujica, quien entregará el poder a su sucesor como lo obliga la Constitución. Con su enorme popularidad y carisma, cualquier político habría tenido la tentación de hacer los cambios necesarios para quedarse en el cargo. Pero bien lo ha dicho: “La reelección consecutiva es un acto monárquico” y como tal no se corresponde con los principios de una República. Claro que se esperaba una posición más contundente de su parte respecto a algunos de sus homólogos de la región. Pero Mujica tuvo el coraje de dar luz verde a temas sensitivos como el aborto, las uniones entre parejas del mismo sexo y la legalización de la marihuana. Su convicción de lo que debe ser el servicio público para liderar los pueblos y su filosofía de vida han trascendido las fronteras como un halo de viento fresco en tiempos de individualismo insensato y búsqueda de riquezas materiales a cualquier costo.

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Hace 11 añosNo hay duda de que los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad causan graves sufrimientos y atentan contra la salud mental y física de las víctimas, por lo que podrían calificarse de lesa humanidad. Dada su trascendencia, la Sala Penal del supremo colombiano condenó a María del Pilar Hurtado y a otros funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe por las llamadas “chuzadas” a magistrados, periodistas, opositores y hasta defensores de derechos humanos. Hurtado debe pagar ahora por sus acciones, una condena que nos atañe de manera asombrosa, no solo porque estuvo asilada hasta hace poco en el país, protegida por el gobierno de Ricardo Martinelli, sino porque altos personeros de esa misma administración son procesados y están presos por los mismos delitos. En los últimos días, incluso, han surgido evidencias y confesiones que apuntan al uso del Consejo de Seguridad para fines aviesos en el escándalo de los pinchazos. El Ministerio Público y la Corte tienen en sus manos un caso de tal magnitud, que podría compararse con el de nuestros vecinos e inclusive con el de la dupla Fujimori-Montesinos, en el Perú de la década de 1990.

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Hace 11 añosLa corrupción de servidores públicos tiene dos componentes básicos: quien corrompe y el corrompido. Ello sin menoscabo del triste papel que han jugado –consciente o inconscientemente– los bancos y negocios que se prestaron para recibir o blanquear millones de dólares. Desde hace meses somos testigos de cómo el Ministerio Público ha emprendido acciones para dar con los corruptos. Y, aunque los funcionarios han sido mayormente blanco de la atención de los medios, no es menos importante el rol de los empresarios que se han quemado jugando con el fuego de la corrupción. Sus motivos fueron tan mezquinos, como desmedida y grosera su codicia. Ahora no pueden esconderse tras excusas de haber entregado contribuciones, beneficios o cuanta palabra bonita buscan para tratar de evitar de llamar las cosas por su nombre. Y es que pagaron coimas, que estas salían de escandalosos sobrecostos que no eran otra cosa que plata robada de nuestros impuestos. La justicia debe ser tan rigurosa y severa con los funcionarios que aceptaron el dinero mal habido, como con aquellos que –para engrosar sus cuentas bancarias– pagaron por su silencio, conciencia y fidelidad.

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Hace 11 añosPara nadie en Panamá es un secreto que el programa de regularización migratoria llamado Crisol de Razas se transformó de una buena iniciativa en un negociado más del pasado gobierno. Eso es cierto y debe ser corregido. Pero que varios diputados utilicen el pleno Legislativo y se tomen la discusión del proyecto de ley que pretende eliminar la norma que ampara dicho programa para atacar a las decenas de extranjeros -y de paso a sus descendientes- que año tras año llegan al país legalmente y contribuyen a robustecer la economía y a la sociedad misma, deja muchísimo que desear. Un país como Panamá, que históricamente se ha nutrido de la inmigración, abierto al tránsito y al comercio internacional como “puente del mundo”, no se puede permitir este tipo de actitudes que nos recuerdan a los ruidosos ultranacionalistas europeos. En Panamá no se debe tolerar la discriminación por ningún motivo.

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Hace 11 añosLa Constitución es clara: en Panamá está prohibida la reelección presidencial inmediata. Ni siquiera permite las artimañas y por ello establece taxativamente que no podrán ser elegidos presidentes “los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente de la República”. Pero el exmandatario Ricardo Martinelli y sus acólitos, con el visto bueno de algunos funcionarios del Tribunal Electoral y de la Procuraduría de la Administración, intentaron torcer este principio básico, que diferencia una monarquía de una República. Afortunadamente, el país lo entendió así el 4 de mayo de 2014 y rechazó, una vez más, la reelección disfrazada contenida en la fórmula presidencial José Domingo Arias-Marta Linares de Martinelli. La postulación de la esposa del presidente de turno en la nómina presidencial violó de forma flagrante la Constitución y así lo ha dejado claro un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 12 de febrero de 2015. No podía ser de otra manera. Se sienta un precedente para que a ningún gobernante se le ocurra perpetuarse en el poder a través de sus parientes, incluida su cónyuge.

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Hace 11 añosLa decisión del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia de declararse culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputan no hace más que confirmar lo que era un secreto a voces: la corrupción existente en el sistema judicial. La fiscalía especial que llevó el caso ha cumplido con su papel fiscalizador y se pone a tono con el clamor ciudadano de no más impunidad. Con ello se empieza a romper esa tendencia en la que magistrados y diputados se cuidaban las espaldas mutuamente para no enfrentar la justicia. A los ciudadanos y a la prensa independiente, por su parte, les debe quedar claro que cuando hacen una denuncia cumplen un rol vital en la sociedad y esta acción tiene consecuencias. Es importante señalar que con lo actuado se envía un mensaje a los funcionarios que infringen las normas, ya que nadie está por encima de la ley.

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Hace 11 añosEl Grupo de Acción Financiera determinará esta semana si Panamá ha avanzado en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La respuesta es que el país empieza a poner su casa en orden y los grandes intereses creados que bloqueaban muchas de las reformas necesarias están empezando a perder su poder y capacidad de afectar el devenir de los panameños. El cambio que acomete el país es histórico y alcanza sectores económicos que nunca tuvieron mayores regulaciones financieras. Así tenemos que actividades como los casinos, las joyerías, los servicios legales, las empresas de bienes raíces, entre otras, deberán cumplir con regulaciones para prevenir el lavado de dinero que, de paso, fomentarán la transparencia en múltiples negocios, incluyendo sectores tradicionalmente muy opacos. El momento de actuar es ahora, pero el Gobierno necesita mejorar la comunicación con los ciudadanos para realizar las transformaciones estructurales y sanear nuestros mercados. Los tiempos de una economía pirata y subterránea terminaron. Al país le toca vivir dentro de una era de legalidad y bajo un estado de derecho fuerte.

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