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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 12 añosEl conocimiento de la memoria histórica facilita a los ciudadanos la creación de una identidad nacional basada en verdades y no en mitos. El establecimiento de un Museo de la Democracia por parte del Tribunal Electoral y su vinculación a la red internacional de museos de la democracia, nos permite dialogar con lo que está pasando en el mundo, en materia de elecciones y de realidades políticas. Nuestro estado de derecho y el correspondiente clima de libertades públicas requieren de una ciudadanía activa y comprometida, por lo que se necesita una fuente de referencia que nos sirva de antorcha, para aclarar e iluminar el pasado y para indicar el futuro. Para mantener este museo abierto y en crecimiento, debemos ejercer una ciudadanía informada y distinta, quizás esto salve a nuestra democracia. El reconocer el heroísmo cívico de quienes nos precedieron, al igual que saber de primera mano las trampas y las infamias políticas del pasado, es la mejor vacuna que podamos tener.

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Hace 12 añosLa organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras en su informe anual destaca las terribles condiciones en las que se desarrolla el trabajo periodístico en nuestro mundo. Los datos son en extremo preocupantes, con 66 periodistas asesinados, 119 secuestrados, 178 encarcelados, 853 detenidos, mil 846 amenazados o agredidos, y 139 que debieron exiliarse. Este es el resultado del riesgo que los medios de comunicación y los que trabajan en ellos toman cotidianamente para hacernos llegar la información más completa posible, y documentar con rigor abusos y atrocidades en todas partes del globo. No podemos descansar hasta que los responsables de la violencia contra los periodistas sean enjuiciados y condenados. Porque es que sin un periodismo libre es muy difícil sostener el Estado de derecho, así como las democracias, cuyos enemigos son justamente, los mismos que desean segar la vida de los periodistas, llevarlos a la cárcel, secuestrarlos o acabar con los medios donde trabajan. Si una sociedad desarrolla tolerancia a los abusos y crímenes contra los periodistas, entonces se condenará al oscurantismo.

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Hace 12 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) arrastra el legado de una crisis de ineptitud e improvisación. Esta entidad, tan importante para la salud y el bienestar familiar de la clase trabajadora y profesional del país, se ha visto afectada históricamente por administraciones interesadas en la politiquería, el negociado, y en resolverle los problemas fiscales del gobierno de turno. Desde el dietilene glycol, la KPC y las otras bacterias nosocomiales, hasta el envenenamiento de los bebés prematuros, la lista de los errores, defectos y anomalías que aquejan los servicios médicos de esta organización representan la más clara demostración de la incapacidad administrativa y de la negligencia médica generalizada que caracterizan a esta heroica institución. La respuesta de privatizar o tercerizar la atención de salud no corresponde a la realidad panameña, ya que se aumentarían aun más las inequidades y se restringiría excesivamente el acceso de los pobres a los servicios médicos de calidad. La salida es, entonces, de forma urgente, refundar la CSS con la meta central de servir a la salud del pueblo y a la paz social del país.

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Hace 12 añosLos diputados siguen a la deriva, como si nunca hubiesen escuchado lo que clama todo el mundo y la razón por la que fueron elegidos. Los panameños estamos necesitados de leyes que se cumplan, de disposiciones legales que eviten los abusos y que procuren nuestro bienestar a través de la ley. No están ahí para regalarnos jamones ni estufas, cosa que, encima, publicitan como si se tratara de dinero de sus bolsillos, cuando es dinero de todos nosotros. Aprobarse fondos para regalar es hacer lo mismo que aceptar como bueno lo que antes hacía el gobierno pasado. El asunto aquí no es que sea menos plata que antes; es un tema de principios, de que no importa cuánto repartan, lo hacen y ello no es más que clientelismo. Y de eso el que más sabe es el expresidente Ricardo Martinelli, quien destinó decenas de millones de dólares para ese despropósito. Pero ahora, sin ningún rubor, critica lo que antes presumía, de lo que enseñó con su descarado ejemplo. Si hay alguien que carece de moral para hablar de principios e institucionalidad es precisamente él. Su solicitud a los diputados de su partido de no recibir dinero sorprende, porque su cinismo no tiene límites.

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Hace 12 añosEl programa “Barrios seguros” busca romper los círculos viciosos que sirven de lastre a los jóvenes de comunidades vulnerables. Descubrir que una parte de los bonos de supermercados que reciben estos beneficiarios es negociada por ellos mismos con otras personas de sus comunidades para comprar cigarrillos y bebidas alcohólicas debe ser un llamado de atención para que se rediseñe el programa, de forma tal que reciban un acompañamiento real para sacarlos de las pandillas y reintegrarlos a la sociedad. En política social no se puede cerrar los ojos y pensar que tirando dinero a manos llenas los problemas se resuelven solos y más cuando tienen una complejidad enorme como los desafíos que enfrentan las comunidades y vecindarios de Panamá. Los adolescentes en riesgo también necesitan padrinos, tutores y mentores responsables.

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Hace 12 añosEl actual Presidente ha reconocido que él también fue víctima de espionaje telefónico, al igual que muchos otros ciudadanos panameños. Dentro de su vocación democrática, el mandatario deja el asunto en manos del Ministerio Público y del sistema de justicia, lo que, al parecer, es la única respuesta institucional válida. Sin embargo, quedan tareas pendientes que solo el Ejecutivo puede iniciar, desde la limpieza del Consejo de Seguridad Nacional hasta la redacción de una propuesta de ley que de una vez por todas proteja a la población de los abusos que, en materia de comunicación y de protección a la intimidad, pueden hacer los gobiernos y los poderosos. El gobernante debe convocar a un grupo de expertos nacionales e internacionales para que se haga una amplia consulta nacional que sirva de fundamento para establecer el marco jurídico que los panameños queremos para convivir en una sociedad democrática. Así, mientras el escándalo del espionaje sigue su camino en las esferas de la justicia penal, se previene que la actual y futuras administraciones cedan a la tentación totalitaria contra los ciudadanos.

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Hace 12 añosValter Lavítola ha sido condenado otra vez, pero en esta ocasión, no por un delito cometido en Italia, sino en Panamá. Cumplirá tres años de cárcel por ser parte de un esfuerzo para extorsionar a la empresa Impregilo a fin de que construyera un hospital en Veraguas. A pesar de que el fiscal solicitó una sentencia mínima para Lavítola, las magistradas que dieron el veredicto triplicaron la sanción, enviando un fuertísimo mensaje contra la corrupción internacional. La novela rosa de “babosadas” y mentiras de la “opo”–como solía referirse a estas investigaciones el expresidente Ricardo Martinelli– está llegando a su fin, y los socios panameños de Lavítola deben estar preocupados por las consecuencias que este fallo implica. Con esta sentencia y toda la evidencia que la sostiene no es de extrañar que los fiscales italianos abran una causa penal contra el socio más importante de Lavítola en Panamá. Corresponde a las autoridades judiciales panameñas buscar las evidencias disponibles en los expedientes italianos y empezar sus propios casos, no sea que el país pierda la gloria de encarcelar a sus propios corruptos, quienes enfrentarán la justicia aquí o en Italia.

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Hace 12 años¿Por qué mienten? Los altos funcionarios del aparato de seguridad del gobierno anterior han negado vehementemente que se haya comprado, pagado y recibido el equipo de espionaje israelí que les permitía escuchar conversaciones, leer mensajes electrónicos y penetrar las computadoras de numerosos ciudadanos. La comprobación de la existencia de un contrato del año 2010, firmado por el director del Fondo de Inversión Social (FIS) y refrendado por la contralora general de la República, sumado a otras evidencias, indican que la desaparición del equipo es un hecho y, además, muy grave. No queda la más mínima duda de que en el Consejo de Seguridad Nacional y, por ende, en el Palacio Presidencial, tenían claro que se violaba la intimidad de las comunicaciones de los panameños sin autorización judicial y por razones triviales, representativas de las ambiciones y codicias de quienes ejercían el poder público en ese momento. A todos los que sepan de este tema todavía están a tiempo de colaborar con la justicia, después puede que lo lamenten.

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Hace 12 añosEl discurso de los derechos humanos se inició en 1948 en reacción a los genocidios y abusos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de varias generaciones, estamos viviendo un tiempo de unificación de toda la humanidad alrededor del lenguaje universal de estas garantías. Las naciones que comparten este planeta distan mucho de ser perfectas, sin embargo se ha logrado reducir el espacio de impunidad, en el que, por ejemplo, podamos tolerar en silencio el encarcelamiento de Leopoldo López en Venezuela; la desaparición de los 43 estudiantes en México; la tortura de los supuestos terroristas en Guantánamo; o las quemaduras con ácido en los rostros de las niñas en Pakistán. Todas estas son claras demostraciones de la necesidad de que existan las más fuertes salvaguardas de los derechos humanos. Las tareas pendientes son enormes; los desafíos, inconmensurables, pero la recompensa de tener sociedades en las que sepamos convivir y respetar la honra, la dignidad, la vida y la esperanza de los demás es, sin lugar a dudas, la mejor utopía posible.

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Hace 12 añosLos intentos para desmantelar, vía judicial, el contrato entre la empresa Cobranzas del Istmo con el Estado panameño no han encontrado una respuesta decidida de la Corte Suprema de Justicia como era de esperarse después de que se declarara inconstitucional la otrora Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. Por otro lado, el actual director general de Ingresos canceló el oneroso contrato entre esta institución y dicha empresa. Sin embargo, la compañía apeló y corresponde ahora al ministro de Economía la decisión final. Más allá de los detalles del caso están los principios de gobierno y de gestión financiera del Estado, sin los cuales no tiene razón de ser la administración pública ni las normas. La mejor demostración de la capacidad gerencial de nuestro país es la Autoridad del Canal de Panamá. Una sociedad que tiene el talento para la operación de la vía interoceánica, también puede hacer tareas sencillas como cobrar impuestos y brindar buenos servicios públicos.

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