Alex E. HernándezHace 8 añosAdemás informó que el próximo 3 de julio hará una conferencia de prensa para la rendición de cuentas de sus años de gestión al frente de Tocumen, S.A.
Eliana Morales GilHace 8 añosWaked exige que se le pague ese dinero por “daños y perjuicios, más intereses”. El BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó dos de sus negocios: las tiendas Felix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. La estrategia fue adoptada por iniciativa de los bancos acreedores, después de que Waked y sus negocios fueron incluidos por el Departamento del Tesoro estadounidense en la lista Clinton de actividades sospechosas de lavado de dinero.
Aet Elisa Tejera C.Hace 8 añosEl plan del gobierno es hacer una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) para elevar en un punto porcentual el déficit fiscal de 2018, y que en lugar de 0.5% sea de 1.5%, para conseguir los $300 millones.
Serán deducibles los gastos de matrícula, mensualidad escolar, uniformes y transporte escolar.
Kelly GarcésHace 8 añosTodos los padres de familia que tienen hijos en escuelas y universidades particulares se beneficiarán con deducciones anuales del impuesto sobre la renta hasta por 3 mil 600 dólares por cada dependiente.
Andrea GalloHace 8 añosAl ser consultado ayer sobre el tema, Alemán no quiso brindar detalles y se limitó a decir que “en tiempo oportuno” el mandatario “anunciará cualquier cambio que se vaya a dar dentro del Consejo de Gabinete”.
Wilfredo JordánHace 8 añosLa derogación del contrato se propuso a través de un artículo presentado por el diputado Roberto Ayala el 18 de abril pasado, durante la discusión del proyecto de ley 53 sobre la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales.
PSA tiene la concesión para operar un puerto de contenedores en la antigua base naval de Rodman.
Redacción de La PrensaHace 8 añosLa Presidencia de la República explicó que la Constitución, en su artículo 276, prohíbe a la Asamblea expedir leyes que deroguen o modifiquen ingresos contemplados en el Presupuesto General del Estado. La concesión de PSA representa -según la Presidencia- un impuesto de $350 millones, "más unos $27 millones en concepto de tarifa, derecho de uso y muellaje".