Hace 2 añosLa gestión del excontralor Gerardo Solís (2020-2024) enfrenta serias denuncias. Basándose en datos del propio Ministerio Público, el diputado Jhonathan Vega recuerda que existen 166 expedientes sin auditorías por parte de la Contraloría, posiblemente por negligencia o encubrimiento, generando un grave incumplimiento de los deberes públicos. En agosto de 2024, el diputado Ernesto Cedeño presentó una denuncia similar por abuso de autoridad e incumplimiento de funciones. Cedeño argumentó que Solís no remitió al Ministerio Público una serie de auditorías clave, lo que provocó el cierre de investigaciones de carácter penal y de la Fiscalía de Cuentas. La Contraloría sigue necesitando mucha más transparencia para cumplir con su papel fiscalizador. Esto incluye la publicación regular y accesible de los resultados de auditorías, el estado de las solicitudes, los refrendos, las planillas y los gastos del Estado en plataformas digitales de fácil acceso para la ciudadanía. El nuevo contralor se ha comprometido a corregir el rumbo, enfrentando el reto de recuperar la confianza ciudadana en esta institución. Aunque los desafíos son considerables, su éxito dependerá de convertir sus promesas en acciones concretas que evidencien un cambio real. La ciudadanía espera que estas medidas se traduzcan en resultados visibles y que al final de su gestión reciba merecidos aplausos ciudadanos por devolverle credibilidad a una institución fundamental para el país.
Hace 2 añosLa falta de pagos de Panama Ports Company (PPC) al Estado durante los últimos tres años pone en evidencia un grave incumplimiento de responsabilidades, exacerbado por la falta de transparencia en la administración de los recursos. La justificación de un adelanto de $35 millones realizado durante el gobierno de Laurentino Cortizo no solo carece de claridad sobre su destino, sino que también deja entrever una gestión financiera cuestionable en un tema de alta relevancia para la economía nacional. Es alarmante que, a pesar de haber renovado la concesión en 2022 por 25 años más, la administración pasada no haya exigido el cumplimiento de los términos contractuales establecidos. La falta de controles adecuados durante la gestión de Cortizo contribuye a este desajuste fiscal, afectando directamente las finanzas públicas del país. Es imperativo que el gobierno actual y las autoridades competentes actúen con firmeza para garantizar que PPC cumpla con sus obligaciones. Además, se requiere publicar la auditoría de PPC que la Contraloría utilizó para justificar la extensión del contrato y que, en su momento, se negó a divulgar, garantizando así la transparencia que el pueblo panameño merece.
