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El eventual aumento de la tarifa eléctrica mantiene a la expectativa a los usuarios. Varios de ellos ya han empezado a tomar medidas en sus hogares para ahorrar energía.
Aunque todavía no se ha definido cuánto subirá la tarifa algunos ciudadanos consideran que esto afectará sus bolsillos pues se incrementarán los precios de los alimentos. Esta situación parece ser una de sus principales preocupaciones.
“El aumento de la luz no le conviene a nadie. Por un lado se nos baja la canasta [básica de alimentos] pero se nos sube la luz”, dijo una ciudadana consultada por este medio.
Aún el Gobierno no ha anunciado cómo atenderá la situación energética en el país, que fue considerada “crítica” por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.
El subsidio al que tendría que hacerle frente la actual administración gubernamental para evitar el incremento es de $475 millones. Sin embargo, solo se tiene presupuestado $165 millones.
Esto quiere decir que el aumento será “inevitable”. Así lo ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Luis Ford, luego de sostener una reunión con De la Guardia para abordar el tema.
En el video que acompaña esta información encontrará los testimonios de usuarios quienes aseguran que han tomado medidas de ahorro en sus hogares.
La denuncia penal contra la cantera y vertedero clandestino que administra la empresa Alfa, S.A., y que opera sin estudio de impacto ambiental (EIA) en el sector de Cárdenas, en Ancón, señala que esta empresa incurre en nueve delitos ambientales.
El abogado de la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas, Donaldo Sousa, quien presentó la denuncia, indicó que por estas anomalías el Código Penal establece penas de tres a seis años de cárcel.
Entre los delitos está la afectación al área protegida, daño directo a la cuenca hidrográfica, atentar contra un área declarada de especial valor biológico, histórico, arqueológico y científico, afectación a los recursos hídricos subterráneos, además del uso de explosivos que afecten la pesca en el área.
También se menciona el hecho de operar sin autorización, poner en peligro la salud y vida de las personas, falsear información sobre el EIA de la actividad y causar daños al ambiente.
La acción legal fue presentada el pasado miércoles en la Procuraduría General de la Nación en contra de las presentes y pasadas autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias, Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Ministerio de Salud, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Municipio de Panamá.
Sousa explicó que las pasadas autoridades son responsables por otorgar permisos ilícitos e incumplir las normas, y los nuevos funcionarios porque estando en el cargo no han procedido a tomar las medidas contra esta actividad ilícita.
Por otro lado, señaló que hasta la Secretaría del Metro de Panamá (SMP) ha lanzado desechos en el vertedero clandestino.
En tanto, la coordinadora de la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas, Sandra Tapia, sostuvo que la Alcaldía de Panamá tiene la voluntad de resolver este caso, pero hay otras instituciones que no se han querido involucrar, como la Anam, Unidad Administrativas de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entre otras.
De acuerdo con Tapia, “cuando hay intereses creados, esta es la actitud que asumen las autoridades”.
Al respecto, desde la ACP indicaron que aunque el área está fuera de compatibilidad con las operaciones del Canal y la cuenca hidrográfica, este tema les inquieta porque esta situación incide en el ambiente, los ríos y la comunidad, entre otros.
Ante la acusación del abogado de los residentes de áreas revertidas, la SMP comunicó que el Consorcio Línea Uno del Metro de Panamá deposita sus materiales o desechos en el vertedero de cerro Patacón y Rainforest Village, ambos autorizados por la Anam.
Sin embargo, agregaron que en la infraestructura también trabajan subcontratistas locales que ejecutan obras menores, “algunos de ellos cuentan con autorización para usar sitios alternos para sus proyectos”.
Este medio solicitó una versión de las autoridades de la Anam, pero por segundo día consecutivo no se pronunciaron al respecto.
