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La contralora Gioconda Torres de Bianchini anunció que acudirá a la Asamblea el próximo 19 de agosto para atender una citación ante el pleno legislativo.
A través de un boletín de la Contraloría, Torres de Bianchini informó que comparecerá “tan pronto reciba oficialmente el llamado para atender el cuestionario”.
Más temprano, el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, informó que la contralora será citada para el 19 de agosto, luego que el pleno aprobara una propuesta al respecto, impulsada por el diputado panameñista Luis Barría.
Según Valderrama, ya se envió la notificación, junto con un cuestionario de siete preguntas, elaborada por las bancadas de los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD). (Ver las preguntas completas en PDF adjunto)
Entre otras cosas, a la contralora se le cuestiona por los contratos “llave en mano” que refrendó durante la pasada administración de Ricardo Martinelli. Torres de Bianchini prometió que "responderá todas las inquietudes" que tengan los diputados.
Valderrama también informó que el 11 de agosto deberá comparecer el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, y el 13 el saliente director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens.
De la Guardia deberá responder por la situación financiera del país, como el saldo de la deuda externa, el monto de los contratos “llave en mano” y los créditos extraordinarios aprobados en último momento por la pasada administración.
Por su parte, Sáez-Llorens será cuestionado sobre los procesos administrativos en sus cinco años de gestión, como el desabastecimiento de medicinas, la construcción de la ciudad hospitalaria y la situación de los salones de operación en el complejo hospitalario.
Sáez-Llorens dirigirá la CSS hasta el próximo 30 de septiembre.
El Gobierno panameño decidió suspender el contrato para la instalación de 19 radares, adquiridos por $125 millones a la empresa Selex Sistemi Integrati, filial del conglomerado italiano Finmeccanica, debido a "serias deficiencias en el desempeño de los equipos instalados".
La decisión fue adoptada esta tarde en Consejo de Gabinete y comunicada poco después de las 7:00 p.m. en una conferencia de prensa encabeza por la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel Saint Malo de Alvarado, y los ministros Rodolfo Aguilera, de Seguridad Pública, y Dulcidio de la Guardia, de Economía y Finanzas.
"Los análisis técnicos indican que los equipos instalados a la fecha no cumplen con el alcance pactado en dicho contrato para que puedan ser de utilidad a los estamentos de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y contra las actividades del crimen organizado", según un comunicado divulgado por la Presidencia de la República.
Aguilera informó que la administración de Ricardo Martinelli –presidente hasta el 1 de julio pasado- recibió y pagó siete de los 19 radares "sin objeción".
Aseguró que ahora el Ministerio de Seguridad Pública exigirá Selex que, a la mayor brevedad, habilite los siete radares ya instalados y que realice pruebas "para demostrar si las deficiencias en el alcance pactado de los radares pueden ser corregidas, o de lo contrario se requiere la instalación de un nuevo equipo".
Esta nueva acción del Gobierno impedirá al contratista presentar "nuevas cuentas por cobrar al Estado".
"Panamá compró un sistema con unas características y el que se está instalando no brinda hasta el momento las prestaciones que se exigen en el contrato", dijo Aguilera.
ACCIONES LEGALES
"Legalmente, el Gobierno de la República de Panamá ha estructurado un equipo de abogados especialistas para iniciar las acciones legales tanto en Panamá como en Italia, en atención a las situaciones descubiertas en la ejecución de este contrato. Separadamente, este equipo dará seguimiento y contribuirá con los procesos e investigaciones que se desarrollan en Italia en relación con el contrato entre Panamá y Selex/Finmeccanica, además de presentar otras acciones legales a las que haya lugar", destaca el boletín de la Presidencia.
El comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Joel Laniado, informó que a partir del 1 de abril de este año asumieron el mantenimiento y administración del personal que opera los radares.
Y que en abril, mayo y junio realizaron pruebas del alcance de los radares con embarcaciones de un tamaño determinado para conocer si "coincidían" las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato.
Ante la pregunta de si Senan no había sido tomado en cuenta antes del 1 de abril, Laniado respondió: "es correcto, al Senan no se le consultó sobre las especificaciones técnicas del radar".
La compra de los radares, por $125 millones, fue pactada como parte de un "memorando de entendimiento de cooperación técnica en materia de seguridad" entre los gobiernos de Italia y Panamá, suscrito el 30 de junio de 2010. El mismo también incluye la compra de un mapa cartográfico y seis helicópteros a las empresas Telespazio y Agusta Westland, ambas también del conglomerado Finmeccanica. En total, las compras del gobierno de Martinelli a Finmeccanica totalizaron $250 millones.
Las compras a Finmeccanica desataron uno de los mayores escándalos del gobierno de Martinelli, cuyo personaje principal, además del gobernante, es el italiano Valter Lavítola, quien pretendía el cobro de una comisión de $25 millones de estos contratos para ser depositados en cuentas a nombre de una compañía panameña llamada Agafia Corp.
El equipo de radares serían instalados en un radio de acción de 72.2 kilómetros (39 millas náuticas), y hasta 457.2 metros (mil 500 pies) de altura. El centro de operaciones está en la antigua base de Sherman.
El 30 de junio pasado, el último día de la administración Martinelli, el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, informó a los medios que ocho –no siete, como dice Aguilera- de los 19 radares habían sido instalados, mientras que los 11 restantes no han podido ubicarse por causas técnicas o del terreno de la zona que se les había destinado.
La semana pasada, Mulino pidió cortesía de sala en el Gabinete, para explicar el tema de los radares. Luego de conocer la decisión de suspender el contrato con Selex, opinó en su cuenta en Twitter que la decisión "se puede dar ya que Panamá debe aceptar al final su buen funcionamiento. Selex está al tanto".
Roberto Troncoso, representante del sector privado en la Comisión de Reformas Electorales, aseguró que el proyecto de reforma electoral que se presentó en la Asamblea Nacional debe ser discutido de manera amplia.
Agregó que de eso se trata la democracia, de incluir todos los sectores posibles a una discusión que tenga que ver con el sufragio.
Ayer, el Tribunal Electoral (TE) avaló el proyecto, que en un principio buscaba hacer efectiva la entrega de credenciales a los diputados que no se señalen en la impugnación de los circuitos plurinominales.
No obstante, el documento establece ahora que se hace innecesaria la celebración de nuevas elecciones en los procesos que el TE encuentre vicios tras analizar las respectivas impugnaciones y que las credenciales se entregarán al candidato que haya obtenido la segunda posición.
En la actualidad, el artículo 342 del Código Electoral establece que la nulidad de una elección conlleva a nuevas elecciones. El TE tiene previsto convocar la próxima semana a la Comisión de Reformas Electorales.
Maribel Jaén, coordinadora del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, prefirió no adelantar comentarios hasta tanto la comisión tome una decisión. Juan Carlos Varela, presidente de la República, tomó distancia de la propuesta. Dijo que respetará la decisión que asuma el TE.
El expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, quien está en Panamá, informó que se presentó una solicitud de fianza de excarcelación del exasambleísta de su país Tito Galo Lara Yépez, detenido en junio pasado y a la espera de ser extraditado a Quito.
En mayo pasado, Lara Yépez perdió su derecho de asilo en Panamá, otorgado en octubre de 2013, luego de que la Cancillería, basada en documentación remitida por Ecuador, revocó el beneficio al constatar “nuevos elementos procesales que dan certeza de la existencia de delitos comunes y no a una persecución política”.
El exparlamentario –que recientemente fue trasladado a la cárcel La Joya- es requerido en su país para que cumpla una condena de 10 años por complicidad en un triple homicidio.
En una conferencia de prensa en Panamá, Gutiérrez aseguró que Lara Yépez sí es un “perseguido político” del mandatario Rafael Correa, a quien el encarcelado político ha vinculado en “20 casos [denunciados] de corrupción”.
Según Gutiérrez, a Lara Yépez se le debe brindar refugio y pidió a las autoridades panameñas reconsiderar la decisión de retirarle asilo.
La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió los trámites de extradición luego de que los abogados del ecuatoriano presentaron ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 524 del Código Procesal Penal que trata sobre el procedimiento y posterior decisión de una solicitud formal de extradición por parte de la Cancillería. Gutiérrez gobernó Ecuador de 2003 al 2005, con su partido, el Sociedad Patriótica.
Lara Yépez fue asambleísta por ese partido en representación de la provincia de Los Ríos.
(Con información de Elio Nuñez)
Miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) realizan desde la mañana de hoy, 31 de julio, una serie de actos por el aniversario de la muerte del general Omar Torrijos.
A las 8:00 a.m. celebraron una misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Ancón, y auspiciada por la Fundación Omar Torrijos.
En tanto, el expresidente Martín Torrijos y su esposa Vivian Fernández participaron de los actos realizados en la sede de la fundación. Allí el expresidente dio un discurso en el que recordó el día de la muerte de su padre.
También hizo una reflexión sobre la crisis en la que se encuentra actualmente el PRD.
"Si nos preciamos de ser los herederos de Omar Torrijos, entonces no vale el individualismo, el egoísmo, el clientelismo, el pragmatismo y lo que ofende más la memoria de Omar Torrijos, no podemos aceptar que sea el sonido de las cajas registradoras lo que impida el desarrollo de lo que debemos ser", dijo. (Vea discurso adjunto)
Luego, a las 10:00 a.m., varios integrantes del partido, entre ellos Maribel Coco, Hermisenda Perea, entre otros dirigentes, participaron de una romería en el mausoleo del general en Amador.
A las 5:00 p.m., en el Auditorio Omar Torrijos, ubicado en la sede del PRD en la avenida México, se realizará un acto político-cultural en el que se "destaca una mesa redonda con expositores que disertarán sobre diversos temas", informaron dirigentes del partido.
El aniversario de la muerte de Torrijos sorprende al PRD –brazo político de la dictadura militar– en una profunda crisis, atizada por disputas internas desde que el colectivo sufriera una amarga derrota en las elecciones del pasado 4 de mayo.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció esta tarde en Tocumen que el Consejo de Gabinete hará un “análisis profundo” de todo el contrato relacionado con la empresa italiana Finmeccanica.
El Consejo Gabinete discutirá el tema la próxima semana. “Un análisis profundo del tema, de la inversión. De todo”, dijo.
Agregó también que evaluarán la eficacia y si se justificó o no el contrato.
“El Gabinete hará una revisión completa. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Nacional Aeronaval anunciarán al país los resultados”, de esa evaluación, expresó.
Finmeccanica firmó contratos en Panamá por la suma de 250 millones de dólares, que incluían la compra de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital.
En el primer Consejo de Gabinete, celebrado el pasado 2 de julio, se aprobó contratar una firma de abogados en Italia para que represente los intereses del país en los casos judiciales que involucran posibles lesiones patrimoniales al Estado.
Alma Cortés, exministra de Trabajo, aseguró hoy, 28 de julio, que la denuncia interpuesta en su contra esta mañana, por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), es una “persecución política”.
“Me da la impresión que este es un mandado que le hace [Luis Ernesto] Carles [ministro de Trabajo] al presidente, [Juan Carlos] Varela Rodríguez y es un pase de factura porque le hice pagar el salario mínimo”, dijo Cortés cuando salió del Ministerio Público tras notificarse de las denuncias.
Durante la gestión de Cortés -en la administración de Ricardo Martinelli-, el Mitradel se quejó que la empresa Varela Hermanos no le pagaba el salario mínimo a sus empleados.
Cortés agregó que esta denuncia “me da pena ajena. Es una denuncia ridícula, halada de los cabellos, no tiene ni son ni ton”.
El secretario general del Mitradel, Samuel Rivera, presentó, la mañana de este lunes, una querella penal contra Cortés y su hermana, diputada del Parlamento Centroamericano por Cambio Democrático, Lourdes Cortés.
Rivera alega supuesta "mala utilización de fondos públicos". Además, se presentó una tercera denuncia contra el funcionario Luis Alberto Gálvez "que cobró como botella más de 66 mil dólares".
De acuerdo con Rivera tras auditorías realizadas en la entidad que dirigía Cortés han encontrado que la exministra y otros funcionarios han causado una lesión patrimonial que ronda los 300 mil dólares.
Cortés, por su lado, aseguró que presentará una denuncia por calumnia e injuria porque esto es una “denuncia falsa”.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, aseguró hoy, 14 de julio, que un equipo legal del Ministerio de la Presidencia aún estudia los indultos concedidos por el expresidente, Ricardo Martinelli, al término de su gestión.
Explicó que se tenía prevista la discusión del tema en el Consejo de Gabinete, la semana pasada, pero que el equipo legal pidió más tiempo.
“Estoy siendo respetuoso... el equipo legal ha elevado consultas... se está revisando”, dijo Varela Rodríguez. “Queremos actuar acorde a la ley del país pero estamos viendo ese tema. Hay un equipo legal... y daremos nuestra posición muy pronto al país”, reiteró.
Martinelli, antes de abandonar el poder, indultó a 353 personas algunas muy allegadas a su gestión de gobierno.
Entre los indultados figuran miembros del partido Cambio Democrático que corrieron como diputados y fueron impugnados como Carlos Afú, Miguel Fanovich, Manuel Cohen, Porfirio Ellis y Ana Giselle Rosas de Vallarino.
De igual forma fue indultado un grupo de personas involucradas en la investigación por inundaciones en la barriada Prados del Este, incluido Bolívar Pariente, exgerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP) en el gobierno de Mireya Moscoso.
Muchos de los indultos concedidos fueron cuestionados por diversos sectores del país.
El de Juan Carlos Varela será un Gabinete predominantemente masculino.
Esta noche, el presidente de la República a partir del próximo martes presentó formalmente a sus ministros, en un acto en el hotel Sheraton. En total son 15, porque la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) será reconvertida en ministerio. Mientras tanto, la administradora designada Mirei Endara, tendrá rango de ministra.
Endara es una de las tres ministras del futuro gabinete. Las otras dos son Isabel Saint Malo, que además de vicepresidenta de la República, ejercerá como canciller, y Marcela Paredes, titular de Educación.
El resto del gabinete lo completan Dulcidio de la Guardia, en Economía y Finanzas; Rodolfo Aguilera; en Seguridad Pública; Milton Henríquez, en Gobierno; Álvaro Alemán, en Presidencia; Jorge Arango, en Desarrollo Agropecuario; Alcibiades Vásquez, en Desarrollo Social; Luis Ernesto Carles, en Trabajo y Desarrollo Laboral; Javier Terrientes, en Salud; Ramón Arosemena, en Obras Públicas; Mario Etchelecu, en Vivienda, y Melitón Arrocha, en Comercios e Indutrias.
Roberto Roy, actual ministro para Asuntos del Canal, se mantiene en el cargo.
Varela dijo que las designaciones se hicieron con todo el análisis y consenso, a fin de cumplir sus promesas de campaña.
"No será una tarea fácil, encontraremos obstáculos pero trabajaremos con honestidad y transparecia", dijo Varela.
También anunció como ministros consejeros al abogado Ramón Fonseca Mora –segundo vicepresidente del Partido Panameñista– y al empresario de la Zona Libre de Colón, Tarek Yaafar; como asesores tendrá a al médico Temístocles Díaz y al banquero Francisco Sierra.
El diputado panameñista José Luis Varela denunció que en la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) se armó un plan para engañar a la opinión pública y hacer frente a las denuncias de espionaje a políticos de oposición durante el periodo electoral, y que el propio director de la entidad dictó órdenes para no contestar preguntas de los medios de comunicación, incluyendo al diario La Prensa.
Varela divulgó un audio que llegó a sus manos en un sobre amarillo, en el que se escucha la supuesta voz de funcionarios de Anati –entre ellos presuntamente estaría el director Franklin Oduber-.
En la conversación, éstos discuten las reacciones derivadas del espionaje a las residencias playeras del entonces candidato presidencial Juan Carlos Varela, su hermano José Luis, el candidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro, y su compañero de nómina Gerardo Solís, así como las instalaciones de la Hacienda San Isidro, en Pesé, propiedad de la familia Varela.
“Cuando los medios los traten de agarrar, porque los van a tratar de agarrar de todas maneras, ustedes no hablen, digan ‘yo no sé, yo no tengo que ver nada’. Callados. Ustedes no están obligados a decir nada a nadie salvo a las autoridades. Hay unos medios que preguntan misa. El periódico La Prensa o cualquier medio no tienen ninguna razón para pedirle a ustedes una explicación a nada”, se escucha en el audio decir a una persona con voz muy parecida a la de Oduber.
El pasado 4 de diciembre, tres funcionarios de Anati participaron en un sobrevuelo a las propiedades de Juan Carlos Navarro, Gerardo Solís y los hermanos Varela.
El piloto Ricardo Garay declaró que el grupo –que fue despedido en el aeropuerto de Albrook por el subdirector de la entidad, Eric García- tomó fotografías de las residencias y no inspeccionó otras propiedades o sitios.
El periodista Álvaro Alvarado, conductor de Telemetro Reporta, telefoneó en la mañana de hoy al celular de Oduber, en presencia de Varela y los televidentes.
Después de varios intentos, el funcionario contestó. “Que [Varela] presente las denuncias y las pruebas, y yo también presentaré mis pruebas. No pretendo entrar en una disputa mediática. Creo que lo correcto, donde hay señalamientos en contra de funcionarios públicos, es manejarlo de la mejor manera, no en un canal de televisión”, señaló Oduber, vía telefónica.
“Cuando el señor Varela presente sus pruebas, yo presentaré mis respuestas. Lo que pasa señores que en este país tengo derechos. Hay leyes y las leyes sirven para todos. A mi no me pueden hacer juicio en una televisión”, recalcó.
Además, se negó en confirmar o desmentir que la voz del audio fuera la de él.
Oduber también dijo, en varias oportunidades, que entregó un informe de lo sucedido al Ministerio Público. Sin embargo, no consta que se esté adelantando algún proceso o diligencia judicial.
Varela dijo que ni él ni el piloto contratado para el sobrevuelo, Ricardo Garay, han sido llamados a declarar.
A propósito del Ministerio Público, en el audio supuestamente se escucha a Oduber decirle a su personal que no se preocupe por las investigaciones, porque no pasaría nada.
'ANDA CON ESA IMPUNIDAD'
Varela dijo que el 10 de diciembre de 2013, casi una semana después de haberse realizado el sobrevuelo, el presidente Ricardo Martinelli visitó la oficinas de Anati, pero para solicitar un avalúo voluntario de sus residencias en Altos del Golf, ciudad capital, luego que este diario publicara una investigación en la que consta que el valor de las propiedades no había sido actualizado en varios lustros.
“Vengo aquí como un ciudadano responsable, porque me he enterado por ahí, por un medio de la ‘opo’, que mi casa no se ha hecho un avalúo de 25 años y que tiene un valor… lo ponen demasiado alto”, dijo en ese momento el mandatario.
Varela cree que el audio que recibió anónimamente fue grabado ese día, ya que en él se escucha a los funcionarios comentar que a las 2:00 p.m. recibirían a Martinelli en sus oficinas.
De acuerdo con el diputado panameñista, la conversación es una prueba contundente para que la procuradora Ana Belfon investigue de manera serie el supuesto uso de recursos del Estado para espionaje político a opositores de Martinelli.
De hecho, posteriormente, el diario pro gubernamental Panamá América –en el que el Presidente ha reconocido tener intereses- publicó fotografías aéreas de las propiedades de los políticos presuntamente espiados por Anati.
“Lo que llama la atención es que [Oduber] dice [que] no se preocupen, que aquí no va a pasar nada, que lo van a pasar por la trituradora, y también da la impresión de que está protegido judicial y legalmente, de que allí no va a pasar nada con esa impunidad que preocupa”, agregó el diputado.
