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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se mostró confiado en su decisión de suspender el contrato con la empresa Selex –filial del conglomerado italiano Finmeccanica–, a quien la anterior administración gubernamental adquirió radares por $125 millones de dólares.
“Siento que tenemos un caso muy fuerte, el contrato decía que [los radares] tenían que cubrir más de 40 kilómetros de costas y solo cubre 18 kilómetros los siete radares que se han probado”, añadió en un acto público en Santa Marta, distrito de San Miguelito.
Más temprano, en TVN Noticias, la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, también se refirió al deficiente alcance de los radares, señalando que actualmente cubren 18 “millas”, pero el contrato establece que deben ser 50 “millas”.
Todavía no se ha realizado una sola incautación de drogas producto de los radares, ya que estos no detectan las lanchas rápidas que utilizan los narcos para transportar su mercancía.
Varela sostuvo que el alcance actual de los radares no permite la reacción –a tiempo– de los estamentos de seguridad que luchan contra el crimen organizado.
Agregó que los siete radares que fueron probados durante el gobierno pasado demostraron “que no tienen la capacidad de los 40 kilómetros que pacta el contrato”.
Las declaraciones del Presidente se dieron durante el acto de destrucción de 100 armas de fuego, entregadas de forma voluntaria por pandilleros y jóvenes en riesgo social.
Al menos 403 vehículos que brindan el servicio de transporte colectivo de manera informal ('piratas') serán revisados esta semana por inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Las inspecciones tienen como objetivo comprobar si los propietarios de estos vehículos cumplen con las normas de seguridad permitidas para este tipo de transporte público.
El pasado sábado, agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito (DOT) entregaron 403 citaciones a los conductores de estos "buses piratas", tanto en el oeste como en el este de la capital y en el distrito de San Miguelito.
A partir de hoy, lunes, hasta el miércoles, los propietarios de estos transportes deberán presentarse con sus vehículos en la oficina de la entidad, ubicada en el centro comercial Los Pueblos, para su respectiva inspección.
El presidente de la Unión de Transportistas del Corredor Norte, S.A. (Ultracusa), Hugo Polo, dijo que la inspección resultará positiva para los transportistas de Torrijos Carter y Santa Librada, ya que cumplen con los requisitos que exige la ATTT.
La medida se toma a una semana de que un infante de 21 días de nacido y una mujer de 67 años fallecieran a consecuencia de un accidente de tránsito en un "bus pirata" de la ruta La Chorrera-Panamá.
