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El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, reiteró ayer que el Gobierno mantiene su intención de emprender acciones penales por corrupción, a nivel local o internacionalmente, en relación con el contrato para la instalación de 19 radares que en 2010 suscribieron Panamá y Selex, filial de Finmeccanica, por $125 millones.
Aguilera –que se reunió a puertas cerradas por más de cuatro horas con representantes del conglomerado italiano– fue enfático al señalar que “para Panamá, el tema de la corrupción internacional es prioritario y de dignidad, porque los panameños estamos ofendidos al ver tantas empresas que llegan al país y cobran precios abusivos y generan corrupción”.
En este encuentro no hubo acuerdos y Panamá reiteró que los equipos instalados no cumplen con el alcance pactado en dicho contrato, porque no detectan con suficiente antelación las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes.
Ante la falta de consenso, la compañía Selex –representada a nivel local por la firma Patton, Moreno & Asvat– propuso elaborar una hoja de ruta para discutir el tema de la supuesta corrupción internacional, posibles sobrecostos y las deficiencias de los radares.
Selex propuso modificar la ubicación actual de los radares y variar la altura a la que están instalados.
Al respecto, el ministro Aguilera dijo que el Gobierno de Panamá evaluará esa propuesta y dará una respuesta a Finmeccanica, una vez sea discutida con sus abogados en Italia.
Como se recordará, en el contrato original Selex se comprometió a instalar los 19 radares a más tardar en marzo de este año, pero en las postrimerías del gobierno de Ricardo Martinelli, el entonces ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino aprobó una adenda para entregar el proyecto el próximo mes de diciembre.
Aunque los representantes de la compañía Selex se retiraron sin brindar declaraciones, el titular de Seguridad Pública dijo que coincidieron en la importancia de “encontrar la verdad sobre los hechos ocurridos” y cooperar de manera que sean sancionados los responsables en caso de comprobarse anomalías.
En esta reunión, acompañaron al ministro Aguilera el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, representantes de la firma Tapia, Linares & Alfaro, apoderada del Ministerio de Seguridad Pública, y Gina Latoni, asesora de la vicepresidenta y canciller.
Por Selex asistieron Gianpiero Lorandi, director de Mercadeo; Paolo Laboni, vicepresidente de Seguridad Nacional; Federico Bonaiuto, secretario general de Selex. Mientras, Finmeccanica estuvo representada por Andrea Parrella, abogado general del grupo.
Sin acuerdos. Así concluyó hoy la reunión entre representantes del Gobierno panameño y Selex, subsidiaria del consorcio italiano Finmeccanica, referente a la compra de 19 radares por $125 millones, en el año 2010.
Tras varias horas de reunión, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, informó que la empresa propuso elaborar una hoja de ruta (“blue print”) para llegar a un acuerdo luego que el Gobierno se quejara por la inefectividad de los radares para detectar las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para transportar su mercancía.
Panamá, en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), adquirió los radares precisamente con el argumento de combatir el tráfico de estupefacientes. Aguilera sostuvo que Panamá mantiene su disposición de emprender acciones legales por “corrupción o cohecho, local o internacionalmente”, aunque considerará la propuesta planteada hoy por Finmeccanica.
“Para Panamá este no es solo un tema contractual, es también uno de orgullo y dignidad nacional en donde está en juego el respeto por nuestro país”, señaló el ministro, al término de la reunión.
Junto a Aguilera estuvo el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido. Igualmente participaron abogados de la firma forense Tapia, Linares y Alfaro como apoderados del Ministerio de Seguridad Pública; Gina Latoni, asesora de la vicepresidenta de la República y canciller, y Farah Urrutia, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por Selex participaron Gianpiero Lorandi y Paolo Laboni, directores de Mercadeo y de Seguridad Nacional, respectivamente, y su secretario general, Federico Bonaiuto.
Por Finmeccanica concurrieron Andrea Parrella, abogado general del grupo, y la firma local que los representa, Patton, Moreno y Asvat.
Representantes de Selex “recalcaron el interés y compromiso de la empresa en resolver los inconvenientes para detectar las embarcaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, que presenta el sistema contratado por la República de Panamá, en aras a que sea de utilidad”, comunicó el Ministerio de Seguridad, a través de una nota de prensa.
El ministro, por su lado, informó que darán una respuesta a la propuesta de Finmeccanica, una vez ésta sea discutida con sus abogados en Italia.
Actualmente, en el Tribunal de Roma, Italia, se lleva a cabo un proceso a Valter Lavítola por el presunto desvío de 25 millones de dólares en coimas por las adjudicaciones a Finmeccanica.
El juicio está convocado para la próxima semana. Además de los radares, el gobierno de Martinelli adquirió seis helicópteros y un mapa cartográfico digital, por un costo total de $250 millones.
El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, confirmó que el Gobierno panameño gestiona una reunión, para noviembre próximo, con representantes de la empresa Selex, filial de Finmeccanica, a fin de analizar un acuerdo en el tema de los radares.
Aguilera señaló que “uno de los objetivos es sancionar penalmente a cualquier persona que haya incurrido en corrupción internacional. El segundo, si hubo lesión al patrimonio del Estado, este debe ser puesto en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la celebración del contrato”.
El titular de Seguridad advirtió que si los radares no funcionan, se ordenará su retiro, y en caso de que se reparen se considerará mantenerlos en operación.
Anunció que en el encuentro participará personal de la Presidencia, de los ministerios de Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, y del Servicio Nacional Aeronaval.
