Mónica PalmHace 1 año(IN) SEGURO. Si usted se pregunta quién realmente necesita una póliza colectiva privada en el sector público, probablemente la primera opción en su lista sean los estamentos de seguridad. Pues sepa que esos son los únicos que la tienen vencida, según la lista que la Contraloría le entregó la semana pasada al diputado Ernesto Cedeño. En ella consta que la cobertura de la póliza que el Ministerio de Seguridad Pública tenía con Mapfre estuvo vigente hasta el 31 de mayo pasado. Es decir, que en junio, cuando varios agentes policiales fueron heridos de bala durante los actos vandálicos en Changuinola, no había un contrato en firme con la aseguradora. Que Dios los acoja confesados…
Hace 1 añoEl principio de legalidad en la gestión pública no admite atajos ni interpretaciones convenientes: ningún funcionario puede recibir un beneficio que no esté expresamente autorizado por la ley y contemplado en el presupuesto.
La advertencia de la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, sobre la pretensión de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de otorgar pólizas de vida a su junta directiva, incluidos miembros que ni siquiera son servidores públicos, confirma lo evidente: muchas de estas decisiones requieren una ley y, al no existir, resultan ilegales.
Catorce instituciones han destinado millones de dólares a este fin, mientras la gran mayoría de los funcionarios y ciudadanos deben cubrir de su bolsillo cualquier póliza. El contraste es obsceno y erosiona la confianza en el Estado.
Villalaz recordó que el principio de legalidad obliga a que cualquier gasto esté debidamente sustentado en norma y presupuesto. Por lo tanto, resoluciones que pretendan otorgar privilegios sin ese respaldo carecen de validez jurídica.
Ramón Varela MoralesHace 1 añoSin duda la democracia liberal, estándar de occidente, está pasando por un momento muy difícil, podríamos decir que crítico.
Aurelio Agustín TejeiraHace 1 añoNunca imaginé que el salario mínimo en Venezuela fuera equivalente a menos de B/.2.00 por mes (260 bolívares, en la llamada República Bolivariana de Venezuela).
Roberto Alfaro EstripeautHace 1 añoCincuenta años antes de nuestra condicionada independencia de Colombia, el istmo de Panamá ya se encontraba preautorizado a ser intervenido militarmente, de acuerdo con el tratado Mallarino-Bidlack de 1846
Bryan Townshend BahamónHace 1 añoLa confianza es ese recurso invisible que no se registra en los balances ni aparece en las estadísticas oficiales, pero que sostiene las relaciones humanas y la vida en sociedad.
Ramón Morales QuijanoHace 1 añoLos trabajadores de la empresa, en vez de ponderar las consecuencias de su acción, demostraron apego exclusivo a una dirigencia sindical política, notoriamente ajena a los intereses económicos, formativos y sociales comunes de sus afiliados.
Hace 1 añoLa reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar cinco denuncias contra diputados vuelve a encender un viejo debate en la vida institucional panameña: ¿se trata de justicia o de impunidad? Resulta llamativa la celeridad con la que el Pleno resolvió algunos de estos expedientes, contrastando con la lentitud que caracteriza otros procesos de alto interés público. Los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal se han convertido en un escudo que exige una prueba idónea que rara vez puede ser aportada por quienes presentan las denuncias. Este patrón de impunidad refleja un pacto tácito entre la Corte y la Comisión de Credenciales de la Asamblea: un acuerdo de no agresión que inicia y termina produciendo impunidad. Bajo este mecanismo, las investigaciones de fondo quedan bloqueadas y la percepción de privilegio crece en la opinión pública. La democracia exige igualdad ante la ley, transparencia y rendición de cuentas; no privilegios disfrazados de formalidad jurídica que socavan la confianza ciudadana.