Hace 2 añosSon dos fuerzas —hasta ahora— las que se disputarán el control del Órgano Legislativo, a partir del próximo lunes: la que responde a los intereses del expresidente condenado y el establishment, y la de los independientes que adquirieron el compromiso de cambiar la forma de hacer política y legislar por el bien común, al margen de intereses particulares y mezquinos. La candidata de RM tiene pendiente ofrecer las explicaciones sobre los más de $10 millones que recibió durante el quinquenio 2009-2014, a través de una junta comunal en donde se ubica su circuito electoral, en la provincia de Coclé. Su figura representa todo lo que está mal en la política, en la Asamblea y hasta en el país. El futuro presidente se reunió con los diputados electos de todos los partidos para poner un alto a las “vagabunderías” de la Asamblea, pero luego envía a sus mensajeros a pedir el voto para una de las artífices de esas mismas bribonadas que supuestamente quiere combatir. Ojalá las bancadas de los partidos Panameñista y Cambio Democrático (que son los que tienen los votos para decidir quién presidirá el Legislativo) recapaciten y hagan un examen de conciencia para rescatar al primer órgano del Estado. El 1 de julio veremos si esta gente entendió el mensaje expresado en las urnas el 5 de mayo o si nos aguardan cinco años más bajo el mando de estos pandilleros.
Carlos FongHace 2 añosSeñor presidente, las bibliotecas, desde la mítica Alejandría, han resistido al fuego y las pestes, a las guerras y al saqueo. Las bibliotecas son organismos que sobreviven en el tiempo.
Carlos ParejaHace 2 añosDespués de muchos años escribiendo sobre la decadencia de la atención de salud pública, dejé de hacerlo dado que ninguna autoridad prestó atención. Con 50 años de experiencia como médico, he gestionado positivamente en docencia, atención y administración hospitalaria.
Hace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia finalmente declaró que los alcaldes y representantes que eran funcionarios al momento de ser electos deberán renunciar a su salario anterior y devengar el que les corresponde en el gobierno local. Aceptar que elijan su salario sería un privilegio frente a aquellos que son electos y trabajan en el sector privado, ya que estos últimos no tienen más opción que una licencia sin sueldo por dos años. El fallo, aprobado unánimemente, deroga parte de una ley aprobada por la Asamblea y sancionada por el jefe del Ejecutivo, que permitía a los funcionarios electos elegir el salario que más les convenía, en lugar del correspondiente al cargo de elección popular. Gracias a ello, muchos abusaron, llegando incluso a percibir ambos salarios, aumentando e incluso duplicando sus ingresos, todo con el beneplácito de un contralor al que muy poco le importa el manejo de los fondos públicos. Tanto es así que, en medio de una crisis económica y con un gobierno en números rojos, se aprobaron aumentos salariales en la Contraloría, probablemente merecidos pero en un momento inoportuno. Lejos de pensar en las consecuencias, este funcionario parece saber solo de despilfarro.
Redacción de La PrensaHace 2 añosSILLA. Hay un puesto de secretario general en la Asamblea Nacional, pero un montón de aspirantes a ese cargo: Fátima Agrazal, Cenobia Vargas, Alejandro Pérez, Alcibiades Vásquez y hasta Quibián Panay, quien pretende reelegirse por cinco años más. ¿Cuántos son candidatos de Martinelli?
Hace 2 añosEl procurador de la Administración ha emitido una opinión fundamentada sobre las indemnizaciones por mutuo acuerdo que han negociado gerentes y ejecutivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), para recibir elevadas compensaciones en momentos en que su salida del cargo es inminente, quieran o no. Según el procurador, estos acuerdos no son viables jurídicamente, es decir, no pueden ejecutarse, porque, entre otras razones, todos estos gerentes y directores asumieron sus cargos mediante nombramientos concurrentes con el quinquenio del gobierno en turno. Desde el momento de su designación, saben que al concluir el gobierno que los nombró, deben dejar sus cargos, ya que son posiciones de libre remoción y, por lo tanto, no tienen derecho a reclamar nada. El presidente electo y organizaciones de la sociedad civil han calificado estas indemnizaciones como un “atraco” al Estado y han instado al contralor a abstenerse de refrendarlas. Esta crítica debería extenderse también a los miembros de las juntas directivas que autorizan estos generosos beneficios. Seguramente, si se tratara de dinero de su propio bolsillo o el de sus empresas particulares, nunca habrían consentido este desembolso. El procurador también recuerda que los ejecutivos de empresas mixtas son funcionarios sujetos al derecho administrativo y pueden ser removidos en cualquier momento sin derecho a indemnización. Más claro ni el agua.