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Los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia exigieron a la Asamblea Nacional que “actúe con transparencia” para que las bancadas identifiquen los nombres de los candidatos propuestos para ser el próximo contralor o contralora de la República.
La organización, que se pronunció anoche tras una reunión en el Colegio Nacional de Abogados mediante un comunicado, además pidió al Órgano Legislativo la apertura de un período para recibir hojas de vida de ciudadanos que quieran autonominarse o ser postulados por grupos de la sociedad civil para contralor.
También consideró importante que el tiempo para el escrutinio sea de por los menos 15 días antes de ser sometido a votación, para que exista la oportunidad de analizar las propuestas de todos los aspirantes.
PRECEDENTE NEGATIVO
El comunicado destaca que es necesario evitar “que se repita nuevamente la historia de un contralor sumiso que no es capaz de detener el despilfarro y mal uso de los fondos públicos” , lo que trae como consecuencia que la institución responda a los intereses del Presidente o del partido en el gobierno y no a los de los ciudadanos.
En el encuentro de anoche se hicieron alusiones a las omisiones en cuanto a fiscalización del gasto público y suministro de información por parte de la actual contralora Gioconda Torres de Bianchini, designada por el entonces presidente Ricardo Martinelli.
Uno de los participantes, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente, manifestó que era necesario reconstruir la entidad, ya que Torres de Bianchini había destruido la carrera institucional destituyendo a personas con experiencia y gran trayectoria. Dirigentes como Alberto Quirós Guardia, Guillermo Márquez A., Miguel Antonio Bernal y José Alberto Álvarez también hicieron uso de la palabra.
ALTO PERFIL
“El país necesita al frente de la Contraloría General de la República a un ciudadano o ciudadana panameña que tenga una conducta intachable, que vele por los intereses de todos los habitantes de la República y que investigue todo lo ocurrido durante la administración de la contralora Gioconda de Bianchini” estipula el comunicado, recomendando que, además de los requisitos constitucionales, la persona designada por la Asamblea debe acercarse al siguiente perfil: tener solvencia moral e idoneidad ética, no tener conflicto de intereses con ningún miembro del Consejo de Gabinete, ni de esta o la pasada administración gubernamental y no ser o haber sido miembro de la Asamblea Nacional, ya que el Órgano Legislativo es la autoridad nominadora.
Actualmente, el diputado perredista Leandro Ávila aspira a convertirse en candidato para contralor.
INCIDENCIA CIUDADANA
Para la Alianza, la ciudadanía no solo debe ser llamada a consultas cuando ya se haya acordado un nombre entre los miembros de las bancadas y los partidos políticos, como una mera espectadora, ya que “esto es contrario a la democracia participativa y al principio de transparencia y buen gobierno”.
La Alianza Ciudadana es una red de organizaciones de la sociedad civil, fundada en el año 2000, dedicada a promover la reforma de la justicia y a motivar la participación ciudadana.
Gremios profesionales y de la sociedad civil organizada se unieron hoy para expresar su preocupación por la “falta de decisión” sobre los más de 350 indultos que el expresidente Ricardo Martinelli otorgó el pasado 30 de junio, último día de su mandato.
Entre los indultados hay exministros del gabinete de Martinelli, exasesores, copartidarios, todos los candidatos a diputado impugnados en las pasadas elecciones, policías investigados por homicidio y otros procesados por delitos de corrupción.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, expresó que la Corte Suprema de Justicia está dando largas al trámite de las demandas presentadas contra los indultos de Martinelli, cuando ya existen dos precedentes en donde se establece la inconstitucionalidad de los perdones dados en casos por delitos comunes. Enfatizó que el propio presidente Juan Carlos Varela puede emitir un decreto derogando estos indultos, fundamentado en estos precedentes.
En una conferencia en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), los grupos -entre los que está la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- también advirtieron que darán seguimiento a las auditorías y denuncias anunciadas por el gobierno actual, “para que se investiguen los hechos de corrupción, peculado y malversación que se dieron en la pasada administración pública y que se inicien los procesos para recuperar por la vía judicial lo que fue malversado”.
También prometieron realizar un “inventario y seguimiento” de los casos vinculados a delitos contra la administración pública que se han reportado en la pasada administración “y los que surjan en la actual”.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, piden que se divulgue y audite la declaración patrimonial de los funcionarios y que se regule el financiamiento público y privado de los partidos políticos. Igualmente, reformar las normas de contratación pública para reducir la “discrecionalidad” en las compras directas.
Sobre la escogencia del contralor, el procurador y los magistrados piden que el proceso sea transparente y sometido al escrutinio público. También que se permita una “amplia participación ciudadana” en las consultas para una Constituyente.
