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Un grupo de ciudadanos presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la "muerte civil" de aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública. La medida implica que aquellos condenados a cinco años o más por actos de corrupción sean inhabilitados para aspirar a cualquier cargo de elección popular, ejercer funciones públicas y contratar con el Estado.