TEMA: Asamblea

El proyecto de ley 626, “que establece equiparación económica para las personas con discapacidad”, fue aprobado hoy, martes 22 de octubre, en primer debate por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia y remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate.

El documento, de nueve artículos, propone la creación de 19 beneficios directos (ver tabla) para las personas con discapacidad que se encuentren certificadas dentro del país por la Secretaría Nacional de Discapacidad; e instruye a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y a la Autoridad de los Servicios Públicos a sancionar a las personas naturales o jurídicas que se nieguen a “prestar los servicios en las condiciones y con las tarifas establecidas”.

Entre los beneficios que establece el proyecto están un descuento del 50% en el precio de entrada general o económica a actividades recreativas o de entretenimiento, y a las culturales y de beneficencia; así como un 20% de rebaja en los medicamentos, en los costos por servicios médicos y técnicos de la salud, en los honorarios por consultas de medicina general, especialidades y quirúrgicas, y en las tarifas por servicios de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, cuando estos sean prestados por centros especializados de rehabilitación privados.

También se establece un descuento del 25% en la facturación del consumo mensual de electricidad, de entidad pública o privada, hasta los 600 kilovatios hora y en el caso de que se exceda esa cifra; un 25% de descuento en la factura de cable tv y los servicios de internet del hogar y en la tarifa de consumo de agua hasta un máximo de 30 dólares.

Tanto en la tarifa de energía eléctrica como en la de agua, los excedentes serán facturados al precio de la tarifa normal.

El proyecto señala, para los servicios de agua, energía eléctrica, internet y cable tv que, en el caso de que la persona con discapacidad sea menor de edad, será necesario acreditar quién es la persona responsable del lugar donde esta reside.

La propuesta también contempla que al momento de alcanzar la edad de jubilación, las personas con discapacidad podrán acogerse a los beneficios que establece la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, que no estén contemplados en el proyecto que actualmente está en discusión.

El proyecto de ley 626 fue aprobado tras cuatro reuniones de trabajo, según señaló la diputada presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, Marilyn Vallarino.

Una de esas reuniones se produjo el pasado 1 de octubre, cuando representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad presentaron su posición sobre el proyecto original ante la comisión.

Dos días después, un grupo de las organizaciones se reunió en las oficinas de la Senadis para llegar a acuerdos sobre la diversidad de beneficios que se habían planteado en la reunión y establecer una lista que fuera viable ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de evitar que de aprobarse el proyecto en la Asamblea este fuera vetado por el Ejecutivo porque el departamento de asesoría legal del Ministerio de la Presidencia considerara que tenía visos de inconstitucionalidad, tal como lo señalaron asesores legales y diputados miembros de la comisión.

De hecho, el diputado Arosemena dijo ese día: “Yo creo que hay toda una serie de conquistas, diría yo, que son totalmente justas pero yo creo que tenemos que dejarlas para un segundo plato, para poder aprobar algo que pueda salir adelante, los pueda beneficiar y después poco a poco vamos analizando cómo vamos a sacar las otras iniciativas”.

Tras aprobarse el proyecto de ley en primer debate, Vallarino agradeció a los miembros de la sociedad organizada su participación.

“Creo que ustedes tienen sus inquietudes, sus necesidades y este es un proyecto de ley que va beneficiar a muchas personas que lo necesitan”, indicó la diputada al tiempo que señaló que llevaría de inmediato el proyecto al pleno para que quedara en agenda y dentro del orden del día para su segundo debate, de ser posible, este miércoles.

Por los grupos que participaron en la discusión, Fanny Wong dijo que había complacencia porque luego de varias jornadas de estudio se dio el primer debate al proyecto.

“Estos artículos recogen lo que se estableció en la reunión del 3 de octubre. Quedaron muchas de nuestras aspiraciones pendientes pero quisimos consensuar algo que fuera para adelante y no tuviera ningún obstáculo porque es un beneficio para las personas con discapacidad y una equiparación económica que de alguna manera busca que tengamos los mismos derechos y capacidades que los demás”, expresó.

Wong pidió a los diputados, en nombre de las agrupaciones, que los ayuden a que este proyecto de ley se materialice lo más pronto posible para aliviar un poco la carga de las familias.

El proyecto de ley 626 modifica el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 88 de 2002 que reglamentó la Ley 42 de 1999 de Equiparación de Oportunidades, a efectos de agregar que, además de los padres, madres y tutores -como lo dice taxativamente el decreto- las personas con discapacidad tienen derecho a 144 horas no computables como permisos personales e incapacidades, para asistir a citas médicas, tratamientos y terapias.