



Giancarlo Terán, uno de los imputados en la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de recursos estatales para la operación de un call center, se presentó hoy, viernes 12 de septiembre –por segunda vez en esta semana– a la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Esto, como parte de la declaración de indagatoria de la investigación por la supuesta instalación del centro de llamadas en el que se hacía campaña política a favor del partido Cambio Democrático (CD) con fondos de la Asamblea Nacional.
Terán estuvo acompañado por su representante legal Yocehil González, quien expresó que su defendido se presentará ante la fiscal para aclarar los acontecimientos que ha expuesto públicamente.
Por su parte, Terán se limitó en decir que su presencia en la fiscalía era solamente para aclarar lo antes dicho en los medios.
El pasado 8 de septiembre Terán fue ubicado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial en la residencia de su madre y llevado a la fiscalía para que rindiera declaración indagatoria por cargos contra la administración pública.
No obstante, Terán se acogió al artículo 25 de la Constitución, que establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
La investigación empezó luego de que Terán revelara que el call center, ubicado en un edificio de la Avenida Balboa, funcionaba con fondos de la Asamblea y que era manejado por la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.



Con cinco votos a favor y una abstención la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidió suspender formalmente el proyecto de ley 8 que reformaba algunos artículos del Código Electoral y que fue impulsado por diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El proyecto, de acuerdo a la comisión, sería incorporado al paquete de reformas electorales que presentaron el pasado 2 de septiembre los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
La propuesta suspendida establecía modificar los artículos 342 y 347 del Código Electoral para que el TE entregue las credenciales a los candidatos que no están directamente señalados en la impugnación de su circuito.
También aspiran a que cuando el TE determine que una elección estuvo viciada, se proclame como ganador al candidato que le siguió en votos al impugnado, según los resultados de las elecciones pasadas.
Actualmente, el Código Electoral contempla en los artículos mencionados la celebración de nuevas elecciones cuando se compruebe ilegalidad en una votación, y así mismo retiene las credenciales de los candidatos ganadores en un circuito que fue impugnado.
En estos momentos la Asamblea Nacional funciona con 57 de sus 71 diputados, ya que 9 de CD fueron impugnados y otros 5 que ganaron no se les ha entregado sus credenciales por la impugnación en el circuito.
ZULAY SE ABSTIENE
Zulay Rodríguez, diputada del PRD, se abstuvo durante la votación porque, a su juicio, no es viable que se le entregue la credencial a una persona que se le compruebe que utilizó recursos públicos para favorecerse.
De acuerdo con Rodríguez, quien pudo observar ayer la audiencia contra Carlos Afú, diputado proclamado de CD, cree que los magistrados del TE fallarán contra él y convocarían a nuevas elecciones.
Sin embargo, dijo, Afú tendrá otra oportunidad de postularse nuevamente, y esa gente que ayudó volverá a votar por él. “Y espero equivocarme”, sostuvo.
Votaron a favor los diputados Luis Barría, Luis Eduardo Quirós, del Partido Panameñista; Pedro Miguel González, Leandro Ávila, del PRD, y Ana Matilde Gómez, diputada independiente.
