Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
Ocho grupos de la sociedad civil organizada solicitaron este martes, 26 de agosto, al Ministerio Público que abra una investigación por los supuestos sobrecostos y actos de corrupción que salieron a relucir durante la pasada concurrencia de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y otros funcionarios en la Asamblea Nacional.
Asimismo, pidieron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice el inicio de la investigación contra la contralora y ordene su suspensión provisional del cargo.
Torres de Bianchini compareció el 19 y 20 de agosto pasado ante el pleno legislativo para contestar un cuestionario de siete preguntas previamente preparadas y atender otros cuestionamientos de los diputados.
En su intervención, la contralora repitió en varias oportunidades que la ley no la faculta a rechazar un contrato por considerar que hay algún “sobreprecio” en la compra o porque existe un conflicto de interés entre el proveedor y la entidad contratante.
A partir de ese momento, los diputados panameñistas –inicialmente con ayuda del perredista Pedro Miguel González– decidieron promover una resolución para que la CSJ destituya a la funcionaria por ineptitud y negligencia. Sin embargo, los panameñistas –que no tienen mayoría en la Asamblea– no han conseguido el apoyo de sus colegas del PRD, con quienes mantienen un pacto de “gobernabilidad”.
EXIGEN JUSTICIA
Irma Quirós, vocera del nuevo frente denominado “Liga contra la corrupción”, dijo que durante la comparecencia de Torres de Bianchini fue obvia la confesión de irregularidades, por lo que se exige justicia. Pidió a la población tener una actitud más vigilante, en particular ante la escogencia del procurador y contralor de la República.
Diógenes Galván, integrante del Movimiento Independiente por Panamá, remarcó que las distintas organizaciones civiles están pidiendo acciones frente a los señalamientos de la contralora en la Asamblea.
“Hay que investigar la acción de ella [la contralora] y la de todo su equipo de trabajo”, agregó.
En tanto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió que no queden impunes tantos "actos irregulares que han afectado el pecunio de todos nosotros”. No puede ser posible que se vaya a la Asamblea, se acepten sobrecostos y no ocurra nada, enfatizó. “Hay que acabar con la impunidad”, señaló.
En la conferencia estuvieron representantes del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional y el Colegio Nacional de Abogados.
Gremios profesionales y de la sociedad civil organizada se unieron hoy para expresar su preocupación por la “falta de decisión” sobre los más de 350 indultos que el expresidente Ricardo Martinelli otorgó el pasado 30 de junio, último día de su mandato.
Entre los indultados hay exministros del gabinete de Martinelli, exasesores, copartidarios, todos los candidatos a diputado impugnados en las pasadas elecciones, policías investigados por homicidio y otros procesados por delitos de corrupción.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, expresó que la Corte Suprema de Justicia está dando largas al trámite de las demandas presentadas contra los indultos de Martinelli, cuando ya existen dos precedentes en donde se establece la inconstitucionalidad de los perdones dados en casos por delitos comunes. Enfatizó que el propio presidente Juan Carlos Varela puede emitir un decreto derogando estos indultos, fundamentado en estos precedentes.
En una conferencia en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), los grupos -entre los que está la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- también advirtieron que darán seguimiento a las auditorías y denuncias anunciadas por el gobierno actual, “para que se investiguen los hechos de corrupción, peculado y malversación que se dieron en la pasada administración pública y que se inicien los procesos para recuperar por la vía judicial lo que fue malversado”.
También prometieron realizar un “inventario y seguimiento” de los casos vinculados a delitos contra la administración pública que se han reportado en la pasada administración “y los que surjan en la actual”.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, piden que se divulgue y audite la declaración patrimonial de los funcionarios y que se regule el financiamiento público y privado de los partidos políticos. Igualmente, reformar las normas de contratación pública para reducir la “discrecionalidad” en las compras directas.
Sobre la escogencia del contralor, el procurador y los magistrados piden que el proceso sea transparente y sometido al escrutinio público. También que se permita una “amplia participación ciudadana” en las consultas para una Constituyente.
