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Los planes del Gobierno y de la Empresa Nacional de Autopistas para rellenar 40 hectáreas de lecho marino entre el centro de convenciones Atlapa y el antiguo aeropuerto Marcos A. Gelabert, y que en gran parte será utilizado para construir un desarrollo inmobiliario en la zona, empiezan a concretarse.
Ayer el titular de Obras Públicas, Jaime Ford, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto que facilitaría estos planes, adicionando solo un artículo a la Ley 5 de 15 de abril de 1988 que regula el sistema de ejecución de obras públicas.
Este artículo permitirá a los concesionarios a quienes el Estado les haya reconocido derechos de relleno del lecho marino, ceder dichos derechos sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios y agentes de garantía locales o internacionales, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para garantizar el financiamiento de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la concesión.
La norma propuesta establece que en el caso de concesionarios que sean directa o indirectamente propiedad del Estado, estos podrán ejercer los derechos de relleno de lecho marino que se le hayan reconocido, para los fines establecidos en el contrato de concesión correspondiente, así como ceder, disponer y transferir a terceros tales derechos, sujeto al cumplimiento de los fines establecidos en el contrato de concesión.
Con esta iniciativa la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), a la que el MOP en 2011 –durante la administración de Federico Suárez– le otorgó derechos para rellenar las 40 hectáreas de fondo marino, podrá ceder esta prerrogativa. Estas 40 hectáreas se adicionan a las otras 35 que ICA tiene, con derecho a rellenar, de acuerdo al contrato que mantiene con el Estado desde 1996 por la construcción y operación del Corredor Sur, pactada durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Ford no ofreció mayores detalles de los planes que existen para desarrollar inmobiliariamente estas hectáreas. Solo informó que producto de estos rellenos se espera que el Gobierno reciba $150 millones que serían utilizados para financiar la ampliación del Corredor Sur. “Estamos presentando este proyecto de ley para que la ampliación del Corredor Sur no tenga ningún costo (...) se va a financiar mediante el relleno de 40 hectáreas en las inmediaciones de Atlapa que está contemplado en el contrato con el cual se hizo originalmente el corredor”, explicó.
Será la misma empresa ICA la que estará a cargo de la construcción, mantenimiento y operación de la ampliación del Corredor Sur, la única autorizada de ejecutar las ampliaciones durante 30 años, como lo establece el contrato original.
Ford informó que se ampliará todo el Corredor Sur con dos carriles adicionales; incluyendo el tramo marino, se mejorarían las casetas en Atlapa, Llano Bonito y Ciudad Radial, para que las mismas sean más eficientes. “Ya la ampliación fue pactada con ICA”, enfatizó.
Caracterizado por un elevado nivel de ausentismo de los diputados y la aprobación de proyectos de ley con poco debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, clausuró ayer el quinto período ordinario de sesiones. Previo al final, el pleno aprobó, sin mayores objeciones, cuatro proyectos de ley en tercer debate.
Uno de ellos es el 676, que avala el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Vera Gold Corporation, para explotar la antigua mina de Santa Rosa, en la provincia de Veraguas.
Además pasó en tercer debate el 679, que dicta el marco regulatorio al sistema metro de transporte de personas que crea la empresa Metro de Panamá S.A. Además, la iniciativa legislativa 681, que modifica el Código Penal, que sanciona con pena de seis a ocho años de prisión a quienes cometan el delito de hurto pecuario.
Ayer, también fueron ratificados por el pleno el nuevo director de la Lotería Nacional de Beneficencia, Emilio Somoza, y Víctor Lewis, como miembro suplente, en representación de los empleadores, en la directiva de la Caja de Seguro Social. En esta legislatura se aprobaron 75 proyectos de ley en tercer debate, 22 presentados por diputados, 50 promovidos por el Ejecutivo, uno de la Procuraduría de la Nación, otro por el Tribunal Electoral y una propuesta a través de Participación Ciudadana.
GUSTAVO A. APARICIO O.
