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El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, presentó ayer la complicada realidad de las finanzas públicas que el nuevo Gobierno heredó de la administración de Ricardo Martinelli, como presidente, y Frank De Lima, como ministro de Economía.
De La Guardia no dudó en señalar que el presupuesto de 2014 fue manipulado con fines electorales. Ante un hemiciclo de la Asamblea semivacío, el ministro denunció que hubo varias omisiones al presupuesto de este ejercicio, marcado por las elecciones celebradas el pasado mes de mayo.
La anterior administración contempló ingresos que no se han concretado y no incluyó ciertos ingresos recurrentes, además, aprobó créditos extraordinarios sin contar con el respaldo financiero necesario, creando una presión adicional a las cuentas de este año.
Todos estos manejos, señaló, se hicieron para cuadrar el presupuesto. Entre las omisiones, De La Guardia mencionó que la Autoridad del Canal de Panamá había presupuestado aportes por $966 millones para este año, pero el MEF incluyó en el presupuesto ingresos por más de mil millones de dólares.
También se habrían sobreestimado los ingresos corrientes por encima de lo proyectado por parte de los funcionarios de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. La caída de ingresos tributarios en relación al presupuesto sería de $214.3 millones, mientras que las ventas de bienes estatales no realizadas e incluidas en el presupuesto ascenderían a $91.3 millones.
Esas cifras, unidas al desfase en los aportes del Canal, generan una sobreestimación total de ingresos de $335.2 millones.
A las deficiencias por el lado de los ingresos hay que sumar los gastos adicionales en los que incurrió la administración de Ricardo Martinelli durante sus últimos meses. En 2014 se aprobaron créditos extraordinarios por $608.5 millones que no contaban con los ingresos correspondientes porque están muy por debajo de lo que se había presupuestado.
Entre los créditos adicionales aprobados por la pasada administración se destacan $75 millones a favor de la Zona Libre de Colón para la ampliación de la avenida Ahmed Waked, $31.7 millones a favor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para subsidios a la tarifa del Metro Bus y el diésel, $18.9 millones para consultorías, mantenimiento y seguros de la Secretaría del Metro y otros $18.2 millones para la compra de energía eléctrica por parte de la Empresa de Generación Eléctrica, S.A.
De La Guardia también se refirió a la presión adicional que generará sobre el gasto el subsidio energético, que a falta de conocer la tarifa del segundo semestre del año también estará muy por encima de lo que se había presupuestado. En concreto, si no se modificara la tarifa eléctrica el subsidio ascendería a $475 millones, cuando solamente hay $165 millones contemplados en el presupuesto.
Unos ingresos por debajo de lo estimado y unos gastos superiores a lo presupuestado tienen como secuela directa el aumento del déficit fiscal y en consecuencia, del endeudamiento del país.
De La Guardia adelantó que completado el primer semestre del año el déficit fiscal asciende a $1,510.5 millones, cifra que equivale a un 3.2% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el cierre del año. La cifra supera ya el límite de déficit que tenía el gobierno para todo el ejercicio, que era de 2.7% del PIB, unos $1,330 millones. “Ya nos gastamos al 30 de junio todo el límite permitido por la ley... la deuda adicional que hay que contratar para hacerle frente al excesivo gasto público está por encima de lo que permite la ley”, explicó De La Guardia.
Con los gastos adicionales aprobados al presupuesto de 2014, el balance al cierre del ejercicio podría arrojar un déficit de $1,944.5 millones, equivalente al 4% del PIB. Este monto llevaría a Panamá a incumplir el límite de 2.7% establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
dispensa en el horizonte
Para remediar esta delicada situación de las finanzas, De La Guardia dijo que se van a evaluar mecanismos para aumentar los ingresos de capital, específicamente con la venta de propiedades por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, se van a suspender los créditos adicionales que no cuenten con respaldo financiero, se va a revisar la ejecución de las instituciones públicas y se presentará un plan de contención de gasto para recortar las partidas vinculadas a publicidad, viajes, aplicaciones informáticas, entre otras.
Si con estas medidas no se cumplen los objetivos señalados, el MEF adelanta que pedirá a la Asamblea Nacional una dispensa para poder elevar el límite del déficit fiscal por encima del 2.7% marcado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Sería una nueva modificación a los parámetros de una ley que Gobierno tras Gobierno, se ha demostrado incapaz de cumplir uno de los objetivos para los que se creó: contener el gasto público.
Además de las estrecheces fiscales con las que tendrá que lidiar este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá hacer frente a compromisos adquiridos por la pasada administración en contratos “llave en mano”.
A través de esta figura, las empresas encargadas de construir las obras son también las que aportan la financiación y el Gobierno paga el proyecto según un calendario pactado previamente.
El Ejecutivo de Ricardo Martinelli exprimió este mecanismo, ya que las deudas no figuraban en los balances públicos y dejaban espacio en el presupuesto para otro tipo de gastos.
La herencia que le ha quedado a la administración de Juan Carlos Varela asciende a $3,603.2 millones, reveló ayer el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El gobierno de Martinelli recurrió a los “llave en mano” principalmente para financiar su programa de inversión en infraestructuras.
Fueron el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud las dos entidades que ejecutaron la mayor cantidad de contratos bajo esta modalidad, señaló el MEF.
A pesar de que la publicidad estatal atribuyó a Martinelli la construcción de obras, todavía quedan pagos pendientes en la mayoría de sus proyectos insignia.
De la línea 1 del Metro de Panamá no se ha pagado la extensión a San Isidro ($211.6 millones pendientes). Faltan además $389 millones de la ciudad hospitalaria; $355.6 millones de la tercera fase de la cinta costera; $193.8 millones del centro de convenciones y $1,003 millones de la ampliación de la carretera Interamericana entre David, Chiriquí,y Santiago de Veraguas, entre otros.
Solamente para el próximo año hay comprometidos $1,593.9 millones, prácticamente el 40% del gasto de inversión proyectado para ese ejercicio.
El calendario de pagos, que irá reduciéndose paulatinamente, se extiende hasta 2019, último año de gestión de Varela.
Estas maniobras, según De La Guardia, limitan la capacidad de inversión del gobierno, que asumió el 1 de julio.
ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
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